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Foto: Programa de Aceleração do Crescimento.Poniendo un alto a la implementación de grandes represas en el continente
Mientras más aprendemos, más claro es que las grandes represas no son fuentes de energía sostenible.
Desde las tierras altas de México hasta la cuenca del río Amazonas, megaproyectos hidroeléctricos están agravando el cambio climático, destruyendo ecosistemas clave y amenazando derechos humanos y culturas indígenas.
En octubre de 2016, una investigación de la Universidad del Estado de Washington encontró que, a nivel mundial, los embalses de las represas generan 1,3% de todos los gases de efecto invernadero (¡más que las emisiones de toda Canadá!). Esto confirma el daño que las represas causan en el clima.
Las grandes represas no tienen lugar en un planeta tan cambiante como el nuestro. En tiempos de cambio climático, con sequías intensas, muchos países vulnerables y dependientes de la hidroelectricidad, están enfrentando además escasez de energía. Y a medida que los fenómenos naturales extremos aumentan en todo el mundo, el peligro inherente a las grandes represas, que pueden colapsar, es cada vez más evidente.
En la construcción de Belo Monte, la tercera represa más grande del mundo, hemos visto de primera mano los impactos graves que estos proyectos tienen en los ecosistemas donde son construidos. Hemos sido testigos de la vulneración de derechos que implican para comunidades indígenas y ribereñas, cuya cultura y medios de vida están ligados estrechamente a la naturaleza.
Pese a ello, en América Latina y en todo el mundo, las grandes represas aún son promovidas como fuentes de energía “limpia y verde”; recibiendo apoyo de iniciativas climáticas nacionales e internacionales.
En parte debido a ese apoyo, más de 3.700 grandes represas están siendo planificadas o construidas actualmente en todo el mundo, y más de 400 de ellas han sido propuestas en la cuenca del río Amazonas, un entorno vital.
En AIDA nos enorgullece ser parte de un grupo que lidera la lucha contra las grandes represas en y fuera de América Latina.
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Pronunciamiento de AIDA, APRODEH y Justiça Global sobre la grave crisis financiera que afecta a la CIDH
Las organizaciones consideran el hecho una afrenta a la protección de los derechos humanos en la región e instan a los Estados miembros de la OEA a cumplir su responsabilidad de financiar adecuadamente a la Comisión. Washington, Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció en un comunicado el día de ayer, que la grave crisis financiera por la que atraviesa la ha llevado a suspender todas las visitas previstas para este año, las audiencias de julio y octubre y a la inminente pérdida del 40% de su personal. La CIDH lleva casi dos décadas gestionando que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo del que es parte, le garanticen un presupuesto estable que le permita realizar su labor de forma efectiva. En su comunicado, la CIDH hace un llamado a que en la Asamblea General de la OEA, a llevarse a cabo en junio en República Dominicana, los Estados miembros adopten “una decisión histórica y trascendental, que refleje [su] compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región”, aumentando radicalmente el presupuesto del fondo regular de la OEA y asignando a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en general los recursos necesarios para el cumplimiento del mandato asignado por los propios Estados. La Comisión es un órgano autónomo de la OEA. Su mandato es promover la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente americano. Conforma, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), el cual constituye en muchos casos la última esperanza para aquellas personas y comunidades cuyos derechos humanos han sido vulnerados y no encuentran verdad, justicia y reparación en la administración de justicia de sus propios países. Este es el pronunciamiento acerca del tema de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú y Justiça Global de Brasil: “La inminente pérdida de casi la mitad del personal de la CIDH, es un serio agravio para la protección de los derechos humanos en la región y refleja la falta de voluntad política de los Estados miembros de la OEA con la Comisión Interamericana. La Comisión ya enfrentaba serias limitaciones de recursos financieros y humanos para el cumplimiento de su labor, ahora, con casi la mitad su personal, su efectividad se verá seriamente afectada. Miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en el hemisferio han depositado su confianza y sus últimas esperanzas de justicia en la CIDH y en el Sistema. Es el caso de las personas intoxicadas por metales pesados en La Oroya, Perú, quienes, tras haber presentado su denuncia en 2006, aún esperan un informe de fondo. También están las comunidades que han perdido su modo de vida a causa de la construcción de la represa Belo Monte en Brasil, quienes pese a la inauguración de la represa continúan esperando que el caso avance en la Comisión y se haga justicia por la violación a sus derechos. Al no financiar adecuadamente un órgano que ellos mismos crearon, los Estados ponen un obstáculo más para que estas personas accedan a la justicia. Hacemos un llamado a los Estados miembros de la OEA a que, en tanto la Asamblea General atiende esta situación, hagan inmediatamente una contribución voluntaria de emergencia que permita a la CIDH mantener a su personal, realizar las visitas que tenía previstas, así como llevar a cabo sus periodos de sesiones de julio y octubre. Los Estados miembros tienen una responsabilidad con el Sistema Interamericano. Esperamos que cumplan con ella, no a través de discursos y resoluciones de buenas intenciones, sino con acciones concretas e inmediatas de financiamiento.”
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Correspondencia con el Banco Mundial respecto de Berta Cáceres y las Grandes Represas
El 11 de mayo, más de 300 organizaciones de todas partes del mundo enviaron una carta al Dr. Jim Yong Kim, Presidente del Banco Mundial, en respuesta a sus declaraciones del pasado 6 de abril, en un evento realizado en el Seminario de la Unión Teológica de Nueva York. Durante su presentación, y ante una pregunta sobre los impactos de las grandes represas evidenciados por el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, el Dr. Kim, entre otras cosas, respondió: “No se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer y no tener algunos de estos incidentes". Las organizaciones firmantes de la carta consideran que las declaraciones del Presidente del Banco Mundial son inaceptables, por lo que le instan a disculparse públicamente y a realizar una rectificación inmediata. La intervención del Dr. Kim está disponible en el siguiente video (minuto 53 en adelante). CONSULTA la carta enviada al Presidente del Banco Mundial en ESPAÑOL e INGLÉS. El 11 de mayo, el Banco Mundial respondió a la carta de las organizaciones con una Hoja Informativa pública sobre Honduras y las poblaciones indígenas, la cual está disponible en su sitio web. A su vez, el 13 de mayo, una comisión redactora de la coalición de organizaciones respondió al Banco Mundial tomando nota de la condena que hizo el Presidente del Banco Mundial del asesinato de Berta Cáceres. Puntualizaron además que la referencia del Presidente a graves violaciones de derechos humanos causadas por represas, como el desplazamiento involuntario, es preocupante y que el tema debe ser atendido. Reiteraron la existencia de alternativas a las grandes hidroeléctricas y la necesidad de implementarlas. Las organizaciones concluyeron que: "En honor a su compromiso de 'escuchar las voces de las Berta Cáceres del mundo', quedamos atentos a los avances del Grupo del Banco Mundial para impulsar alternativas que efectivamente respeten los derechos humanos de personas y comunidades; y que sean más eficientes, menos costosas y que protejan el planeta y a las comunidades que dependen de éste. Es la única forma de lograr prosperidad común para todos y todas." LEE la respuesta de las organizaciones al Banco Mundial en ESPAÑOL e INGLÉS.
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La CIDH pide a Perú proteger a otras 14 personas afectadas por contaminación en La Oroya
Lo hizo al ampliar la medida cautelar otorgada originalmente en 2007. La decisión llegó después de seis años de ser solicitada y ratifica que el deterioro de la salud de las personas beneficiadas es grave, que su vida e integridad continúan en riesgo y que requieren atención adecuada e urgente por parte del Estado peruano. Washington D.C., Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano proteger la vida e integridad de otras 14 personas afectadas por contaminación tóxica en la ciudad de La Oroya, las cuales se suman a las 65 personas incluidas en la medida cautelar que el organismo internacional otorgó en 2007. La decisión ratifica que el deterioro de la salud de las personas beneficiadas es grave, que continúan en riesgo y que requieren que el gobierno de su país les brinde atención adecuada y pronta. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) —junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y Earthjustice— representa ante la CIDH a las víctimas del caso y beneficiarias y beneficiarias de la medida cautelar. Expresamos nuestra satisfacción por la decisión adoptada por la Comisión, la cual llegó después de seis años de ser solicitada. La contaminación con metales pesados en La Oroya proviene de las operaciones de la fundidora de la empresa Doe Run Perú. La Comisión estableció que la falta de atención médica integral y especializada, así como el deterioro de su salud con el paso del tiempo, podrían afectar el derecho a la vida e integridad de las personas beneficiadas con la medida cautelar, las cuales ahora son 79 en total. “La ampliación de la medida cautelar reafirma de forma importante la situación grave y urgente de la vida e integridad de las personas de La Oroya. Esperamos que el Estado cumpla plenamente lo dispuesto en favor de todas y todos los beneficiarios, brindándoles atención médica adecuada y especializada”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. La decisión de la Comisión dispone que el Estado peruano debe realizar las valoraciones médicas necesarias para determinar los niveles de plomo, cadmio y arsénico en la sangre de las personas afectadas a fin de suministrarles una atención médica adecuada, acorde a estándares internacionales. Debe además informar sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron lugar a la ampliación de la medida cautelar y así evitar su repetición. Por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de las personas afectadas, existe un caso en trámite ante la Comisión cuya decisión final está pendiente. AIDA y APRODEH esperan que la misma responsabilice al Estado peruano por dichas violaciones.
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