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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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Retiran el proyecto Las Cruces de los planes de la Secretaría de Energía. El costo del proyecto pasó de $ 7,995 millones de pesos en 2012 a $ 13,300 millones de pesos en 2018. Sus impactos negativos en la salud y la economía local no se consideraron. Estos hechos se suman a la defensa del territorio y derechos humanos de comunidades indígenas de la cuenca del río San Pedro Mezquital. Tepic, Nayarit. El proyecto hidroeléctrico Las Cruces es inviable estratégica y financieramente, según concluye el estudio realizado por la Asociación Civil, SuMar-Voces por la Naturaleza. Dada esta situación, organizaciones de la sociedad civil piden al actual gobierno federal que anuncie la cancelación definitiva de dicho proyecto y que se dé paso a un proceso abierto de diálogo e inclusión con las comunidades para discutir alternativas de desarrollo que generen un verdadero desarrollo sustentable en la región. Representantes de organizaciones civiles señalaron que la Secretaría de Energía (Sener) ha retirado el proyecto hidroeléctrico Las Cruces del Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen 2016-2030); y en el Prodesen 2017-2031, propone en su lugar una diversificación de la matriz eléctrica con tecnología renovable. El estudio identifica que, en el nuevo contexto del sector energético, Las Cruces no es necesaria hoy, ni a futuro, para satisfacer los requerimientos del sistema eléctrico nacional. “La inversión en tecnologías renovables a pequeña escala y cerca del lugar de consumo, es más atractivo para los inversionistas, más estratégico para el sistema eléctrico nacional y más eficiente para las redes de distribución”, señaló Ernesto Bolado Martínez, director de SuMar. La apertura del sector eléctrico a la inversión privada y las tendencias internacionales de generación de energía con fuentes renovables, han cambiado las proyecciones de la Sener respecto al proyecto hidroeléctrico Las Cruces. Lo anterior aunado a un incremento de sus costos en más del 80 por ciento, tanto por el incremento de los materiales de construcción como de la variación en el tipo de cambio respecto al dólar, que elevó su costo a más de 13 mil millones de pesos. Según documentos de la Secretaría de Energía, el sistema eléctrico en México presenta una pérdida de energía por transmisión y distribución de aproximadamente del 13 por ciento, lo que a su vez representa pérdidas de $ 42,246 millones de pesos anuales. Estas pérdidas no se valoraron para el proyecto Las Cruces, que produciría energía en Nayarit, para enviarla a Jalisco, Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí, quienes demandarían el 73 por ciento de esta energía. Por otro lado, el proyecto hidroeléctrico Las Cruces se analizó bajo el enfoque de sustentabilidad financiera y ambiental, resultando que en su valoración no se consideraron los costos de impactos ambientales, sociales y económicos en localidades aguas abajo de la presa y sus respectivas medidas de mitigación. Tampoco se incluyeron los costos de operación, mantenimiento y abandono de las instalaciones durante y después de su vida útil. Otro factor que no se evaluó son los costos a la salud por el incremento de enfermedades relacionadas con la presa durante su construcción y operación. El estudio señala que las mujeres son las más vulnerables y los casos de diarrea se incrementan en un 60 por ciento durante el proceso de construcción. Además, se identifican al menos 12 localidades que deberían reubicarse por estar dentro de la zona de riesgo de contraer enfermedades transmitidas por mosquitos. Las hidroeléctricas no deberían considerarse fuentes de energía limpia, ya que una hidroeléctrica en un clima tropical, durante sus primeros 10 años de vida, emitirá cuatro veces más gases de efecto invernadero que una planta que funcione con combustibles fósiles, revela la investigación hecha por la asociación civil. Además, el cálculo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la emisión de gases de efecto de invernadero para Las Cruces es incorrecto. En septiembre de 2014, la Semarnat, autorizó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, promovido por la CFE. La autorización se otorgó de manera condicionada a cumplir con una serie de observaciones. En particular, la Condicionante I del resolutivo de Semarnat (Oficio No. SGPA/DGIRA/DG 07893), exige a la CFE, entre otros, el cumplimiento del artículo 120 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE, 2014), respecto a la obligación de presentar una evaluación de impacto social que “deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrán derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación correspondientes”. En rueda de prensa, representantes de organizaciones civiles y de las comunidades de la cuenca del río San Pedro, refrendaron su solicitud al gobierno federal para que confirme el retiro del proyecto hidroeléctrico Las Cruces de los planes de la Secretaría de Energía. Descargue el estudio completo. Contacto de prensa: Ernesto Bolado Martínez, [email protected]
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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), parte del Banco Mundial, declinó aceptar un escrito legal (Amicus Curiae) que iba a ser presentado por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y organizaciones internacionales aliadas. Bucaramanga, Bogotá, Washington, Ottawa, Ámsterdam. Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil rechazaron la respuesta negativa del Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a aceptar un escrito legal (Amicus Curiae) dentro del proceso del arbitraje internacional de Eco Oro Minerals Corp. contra Colombia. En esa instancia cursa una demanda de arbitraje internacional contra la nación andina por parte de la empresa canadiense en mención, que pretende ejecutar el proyecto de minería aurífera Angostura en el páramo de Santurbán, ubicado al nororiente del país. La demanda cuestiona las decisiones adoptadas por el Estado colombiano para proteger sus páramos, humedales de alta montaña que son fuente natural de agua para el 70% de sus habitantes. El arbitraje fue iniciado ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial que está a cargo de la resolución de controversias entre inversionistas y Estados. Colombia podría ser condenada a pagar $746 millones de dólares, una sanción sin precedentes para el país. “En el momento en que los Estados de Latinoamérica acogen los principios de democracia ambiental con la adopción del Acuerdo de Escazú, el CIADI va en dirección contraria. Es lamentable que ante el movimiento regional por transparencia y participación el CIADI se constriña aún más, solo generando más ira y desconfianza, no solo ante este mecanismo, sino frente al sistema de arbitraje de inversores contra Estados a nivel mundial”, declaró Carla García Zendejas, abogada del Center for International Environmental Law (CIEL). “Las comunidades afectadas por la minería en Santurbán deben ser escuchadas y pueden aportar elementos cruciales para el caso”, sostuvo Carlos Lozano, abogado sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Las organizaciones consideran que el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán tiene un interés significativo en el resultado del proceso, y que la experticia que habrían podido proveer al Tribunal habría sido de ayuda para una mejor decisión del caso. Del mismo modo, urgen al CIADI a ampliar la participación ciudadana y transparentar sus procedimientos para la toma de decisiones, trascendentales para el interés público de los países cuyos Estados son sometidos a su jurisdicción. Encuentre aquí más información. Contactos de prensa: Alix Mancilla, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, [email protected], +14373459881 Kristen Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272, Manuel Perez Rocha, Institute for Policy Studies, [email protected] +1 240 838 6623
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Los peces herbívoros tienen colores vibrantes y se alimentan de macroalgas, principalmente de las macroalgas que cubren a los arrecifes de coral. Juegan un rol fundamental en la salud de esos entornos marinos, pues los limpian de las algas que les quitan luz y oxígeno. Este papel se considera vital para el mantenimiento de su equilibrio ecológico y para su sobrevivencia. Recomendaciones para su preservación Es urgente implementar medidas orientadas a mantener e incrementar la salud y capacidad de recuperación de los arrecifes de coral, y a preservar a las comunidades de peces herbívoros que son vitales para ello. Se requiere: Establecer y adoptar estrategias firmes de gestión de pesca y conservación que lleven a la recuperación de poblaciones de peces herbívoros, en particular de peces loro. Esto incluye iniciativas de ordenamiento pesquero, entre ellas el establecimiento de vedas temporales y espaciales, así como cuotas estrictas de pesca. Otras medidas incluyen la diversificación pesquera. En el Caribe, se podría promover la pesca del pez león, una especie invasora, como alternativa económica para cientos de comunidades pesqueras. Establecer áreas protegidas marinas o zonas de recuperación pesquera donde se prohíba la captura de peces a fin de brindar una protección más efectiva. Estas áreas o zonas, e incluso hábitats críticos deben decretarse con la urgencia y pertinencia debido a que son considerados un refugio para ejemplares juveniles y adultos. Esto permitiría que especies funcionales, como los peces herbívoros, logren completar su ciclo de vida y contribuyan así a la resiliencia de entornos marinos claves como los arrecifes de coral. Estandarizar el monitoreo de la población de peces e implementar alternativas de manejo. Esto permitiría contar con información óptima sobre la población de peces herbívoros, lo que facilitaría su manejo. Entre las alternativas a considerar está la restauración de arrecifes, medida ya adoptada en varias zonas de México. Promover una gestión integral regional que involucre a las autoridades locales para compartir experiencias y establecer herramientas compartidas de manejo y conservación. Crear e implementar normas y leyes que permitan la conservación de arrecifes y peces herbívoros, el manejo pesquero adecuado y el combate efectivo de amenazas originadas en la sobrepesca, el turismo y el desarrollo costero de bajo impacto, que cuente además con una planificación técnica y científica.
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