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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo

Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.  

El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.

Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.

Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.

Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.

La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.

Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.

La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.

Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.

 


Organizaciones de la sociedad civil condenan el asesinato en Colombia de integrante del Movimiento Ríos Vivos

Nos solidarizamos con el Movimiento y solicitamos que el Estado colombiano investigue los hechos y que sancione ejemplarmente a los responsables. Pedimos además que adopte medidas urgentes y efectivas para frenar la violencia contra las y los defensores ambientales. Las organizaciones nacionales e internacionales abajo firmantes condenamos categóricamente el asesinato en Colombia del señor Hugo Albeiro George Pérez, integrante del Movimiento Ríos Vivos. El Movimiento Ríos Vivos denunció el homicidio del señor George, integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM) El Aro —grupo articulado al Movimiento Ríos Vivos Antioquia— y afectado junto a su familia por la construcción de la represa Hidroituango. El hecho, en el que también falleció Domar Egidio Zapata George, sobrino de Hugo Albeiro, ocurrió el pasado dos de mayo en Puerto Valdivia, Antioquia, en el contexto de movilizaciones de comunidades de la región ante los riesgos ambientales y sociales del represamiento del río Cauca. Hidroituango es la represa más grande de Colombia, con una altura de 225 metros, y una capacidad para contener 20 millones de metros cúbicos de agua. Afectará 12 municipios y tendrá impactos sobre miles de familias que dependen del río. El proyecto ha recibido un paquete de préstamos del BID Invest, el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado. El Movimiento Ríos Vivos ha sido objeto de múltiples amenazas, intimidaciones y violaciones a derechos humanos por su defensa del territorio y del río Cauca. Los propietarios del proyecto Hidroituango deben respetar los derechos humanos y actuar con debida diligencia frente a los impactos que genera el desarrollo de la  represa.  Ante lo ocurrido, expresamos nuestra solidaridad con el Movimiento Ríos Vivos y con la familia de Hugo Albeiro George Pérez. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación en Colombia que investigue el hecho de forma expedita y a los jueces competentes que sancionen a los responsables del mismo. Asimismo, y ante la creciente violencia contra defensores y defensoras del ambiente en la región, exigimos al gobierno garantizar un entorno seguro para el trabajo del Movimiento Ríos Vivos y tomar las medidas necesarias para frenar las amenazas, la intimidación y los asesinatos en contra de quienes defienden el ambiente y los territorios. Igualmente, solicitamos a las autoridades ambientales investigar los impactos que sufren las comunidades por el represamiento del río Cauca y al gobierno nacional atender a las familias afectadas. Accion Ecologica, RedLar Ecuador. Afro-Colombian Solidarity Network. Alianza Internacional de Habitantes. Alianza para la Conservación y el Desarrollo, Panamá. Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Lavida, México. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Bank Information Center. Bretton Woods Project, Londres. CEE Bankwatch Network, Hungría Center for International Environmental Law, Estados Unidos. Centro de Derechos Económicos y Sociales, Ecuador. Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, Coagret.   Colombia Grasssrooots Support, New Jersey, Estados Unidos. Colombia Human Rights Committee, Washington, DC, Estados Unidos. Colombia Land Rights Monitor. Consejo de los Pueblos Wuxtaj/CPO, Guatemala. Convergencia por los Derechos Humanos, Guatemala. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Perú. Due Process of Law Foundation, Estados Unidos. Earthrights International. Ecosistemas Chile, Chile. Environmental Investigation Agency, Estados Unidos. Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Argentina. Fundación Chile Sustentable, Chile. Fundar, Mexico. Front Line Defenders, Reino Unido. Global Witness, Reino Unido.   IISCAL, Estados Unidos.   International Accountability Project, Estados Unidos. International Labor Rights Forum. International Rivers. Latin America Working Group, Estados Unidos.   Movement for Peace in Colombia, New York, Estados Unidos.  Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, México. Movimiento Victoriano Lorenzo. Not1More. Oxfam. Plataforma Continental Somos una América. Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua.  Servicios para una Educación Alternativa, México. Taller de Comunicación Ambiental, Rosario. Washington Office on Latin America, Estados Unidos. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, +521 5570522107, [email protected]  

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Organizaciones de la sociedad civil condenan el asesinato en Colombia de integrante del Movimiento Ríos Vivos

Nos solidarizamos con el Movimiento y solicitamos que el Estado colombiano investigue los hechos y que sancione ejemplarmente a los responsables. Pedimos además que adopte medidas urgentes y efectivas para frenar la violencia contra las y los defensores ambientales. Las organizaciones nacionales e internacionales abajo firmantes condenamos categóricamente el asesinato en Colombia del señor Hugo Albeiro George Pérez, integrante del Movimiento Ríos Vivos. El Movimiento Ríos Vivos denunció el homicidio del señor George, integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM) El Aro —grupo articulado al Movimiento Ríos Vivos Antioquia— y afectado junto a su familia por la construcción de la represa Hidroituango. El hecho, en el que también falleció Domar Egidio Zapata George, sobrino de Hugo Albeiro, ocurrió el pasado dos de mayo en Puerto Valdivia, Antioquia, en el contexto de movilizaciones de comunidades de la región ante los riesgos ambientales y sociales del represamiento del río Cauca. Hidroituango es la represa más grande de Colombia, con una altura de 225 metros, y una capacidad para contener 20 millones de metros cúbicos de agua. Afectará 12 municipios y tendrá impactos sobre miles de familias que dependen del río. El proyecto ha recibido un paquete de préstamos del BID Invest, el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado. El Movimiento Ríos Vivos ha sido objeto de múltiples amenazas, intimidaciones y violaciones a derechos humanos por su defensa del territorio y del río Cauca. Los propietarios del proyecto Hidroituango deben respetar los derechos humanos y actuar con debida diligencia frente a los impactos que genera el desarrollo de la  represa.  Ante lo ocurrido, expresamos nuestra solidaridad con el Movimiento Ríos Vivos y con la familia de Hugo Albeiro George Pérez. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación en Colombia que investigue el hecho de forma expedita y a los jueces competentes que sancionen a los responsables del mismo. Asimismo, y ante la creciente violencia contra defensores y defensoras del ambiente en la región, exigimos al gobierno garantizar un entorno seguro para el trabajo del Movimiento Ríos Vivos y tomar las medidas necesarias para frenar las amenazas, la intimidación y los asesinatos en contra de quienes defienden el ambiente y los territorios. Igualmente, solicitamos a las autoridades ambientales investigar los impactos que sufren las comunidades por el represamiento del río Cauca y al gobierno nacional atender a las familias afectadas. Accion Ecologica, RedLar Ecuador. Afro-Colombian Solidarity Network. Alianza Internacional de Habitantes. Alianza para la Conservación y el Desarrollo, Panamá. Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Lavida, México. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Bank Information Center. Bretton Woods Project, Londres. CEE Bankwatch Network, Hungría Center for International Environmental Law, Estados Unidos. Centro de Derechos Económicos y Sociales, Ecuador. Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, Coagret.   Colombia Grasssrooots Support, New Jersey, Estados Unidos. Colombia Human Rights Committee, Washington, DC, Estados Unidos. Colombia Land Rights Monitor. Consejo de los Pueblos Wuxtaj/CPO, Guatemala. Convergencia por los Derechos Humanos, Guatemala. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Perú. Due Process of Law Foundation, Estados Unidos. Earthrights International. Ecosistemas Chile, Chile. Environmental Investigation Agency, Estados Unidos. Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Argentina. Fundación Chile Sustentable, Chile. Fundar, Mexico. Front Line Defenders, Reino Unido. Global Witness, Reino Unido.   IISCAL, Estados Unidos.   International Accountability Project, Estados Unidos. International Labor Rights Forum. International Rivers. Latin America Working Group, Estados Unidos.   Movement for Peace in Colombia, New York, Estados Unidos.  Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, México. Movimiento Victoriano Lorenzo. Not1More. Oxfam. Plataforma Continental Somos una América. Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua.  Servicios para una Educación Alternativa, México. Taller de Comunicación Ambiental, Rosario. Washington Office on Latin America, Estados Unidos. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, +521 5570522107, [email protected]  

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Comunidades en Chile avanzan hacia la protección de la Patagonia de los daños de la salmonicultura

Consiguieron el congelamiento temporal de las concesiones para nuevas granjas de salmón en la Región de Magallanes. Desde AIDA consideramos que es una señal positiva para la protección de esa zona prístina de los daños ya documentados de la industria del salmón. Instamos al gobierno a seguir ese camino. Santiago de Chile. Según informaron medios locales, la entrega de concesiones por parte del gobierno para la instalación de nuevas granjas de salmón en la Región de Magallanes, en plena Patagonia, quedó congelada temporalmente debido a que comunidades Kawésqar solicitaron un nuevo Espacio Costero Marino Protegido para Pueblos Originarios, instrumento contemplado en la legislación nacional, en gran parte de las aguas de la zona. “Aunque se trata de una medida provisional, es una señal positiva hacia la protección de la región más prístina de Chile”, dijo Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. “El logro de las comunidades va en línea con el trabajo que estamos haciendo y con la evidencia científica sobre los daños ya causados por la producción industrial de salmón en Magallanes”. En mayo del año pasado, AIDA presentó una una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile, solicitando que investigue los daños que la industria del salmón está generando en esa región y que sancione a las empresas responsables. Y en enero de este año, difundió un informe científico, elaborado para la organización por un experto, que presenta un análisis detallado de la situación. Entre otras cosas, el documento evidencia que las granjas ubicadas en Magallanes fueron autorizadas sin evaluaciones científicas previas para asegurar que no causarían daños a la vida marina. Concluye además que más de la mitad de las granjas que están actualmente en operación, han generado la falta total o parcial de oxígeno en las aguas, lo que afecta gravemente la vida marina; y que al menos nueve de ellas están ubicados en áreas naturales protegidas. “Esperamos que, inspirado por la fuerza con la que las comunidades defienden su entorno natural, el gobierno chileno garantice la protección duradera de las aguas de la Patagonia”, señaló Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Para ello es necesario investigar y sancionar los daños causados por la industria salmonera y anteponer la preservación de ecosistemas únicos a intereses económicos particulares”. Encuentra aquí más información del caso.    

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