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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
Proyectos relacionados
Incorporando las necesidades de la gente en la lucha contra el cambio climático
Cada día escuchamos una nueva historia sobre una comunidad afectada por los cambios extremos en el clima. Son relatos de fuertes sequías que dejan sin alimento al ganado y sin agua a los cultivos, de lluvias que causan serias inundaciones o de olas de calor intenso que provocan incendios forestales. Esta realidad local no puede quedar al margen de las decisiones que se están tomando a nivel internacional sobre el financiamiento de actividades de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Como organización de la sociedad civil, AIDA trabaja para que las preocupaciones de las comunidades más afectadas por esa problemática global sean tomadas en cuenta por gobiernos e instituciones financieras. “Tenemos la capacidad técnica para apoyar las decisiones que los gobiernos deben tomar con relación al cambio climático. Ellos pueden apoyarse en nosotros para dar soluciones efectivas a esa problemática con base en ese conocimiento, investigación, experiencia de trabajo a nivel local y relacionamiento con las comunidades. Las decisiones internacionales tienen incidencia directa en el plano nacional y local porque los proyectos a financiar serán implementados en los países. Malas decisiones se traducirán en malos proyectos”, explica Andrea Rodríguez, abogada de AIDA. Nuestra intención de velar por los intereses de las comunidades más vulnerables nos ha llevado a seguir muy de cerca el desarrollo del Fondo Verde del Clima (FVC), una nueva institución que se espera canalice la mayor cantidad de recursos económicos para que los países en desarrollo enfrenten con éxito el cambio climático. Dada la importancia de integrar la voz local a las discusiones internacionales, nos interesa mucho contribuir a que la participación de la sociedad civil sea cada vez más óptima. En ese sentido, asistimos a la reunión anual de los Climate Investment Funds (CIF), realizada el pasado mes en Montego Bay, Jamaica. Los CIF son fondos multilaterales de financiamiento climático que otorgan recursos a 48 países en desarrollo para que enfrenten los efectos del cambio climático y reduzcan sus emisiones contaminantes. Operan hace seis años y son uno de los mayores fondos internacionales de financiamiento para el clima. Por ello nos pareció útil aprender de su trabajo con miras a fortalecer la participación pública en el FVC, el cual está muy próximo a entrar en operación. En la reunión anual de los CIF, compartimos con los asistentes nuestra experiencia como observadores de la sociedad civil en el Fondo Verde. Aunque aún no podemos acceder a toda la información relativa al Fondo, hemos logrado ser escuchados en consultas con el Secretariado de la institución. “Es importante compartir experiencias de lo que sirve y lo que no, asegurar que la sociedad civil replique las buenas experiencias y corrija las que no han funcionado. La sociedad civil no va a criticar los procesos porque comparte con los otros actores el objetivo común de conseguir un cambio paradigmático ante los impactos del clima”, afirma Rodríguez.
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Carta con preocupaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe por debilitamiento de las Políticas de Salvaguardas del Banco Mundial
En la carta, organizaciones de la sociedad civil consideran "indispensable que los miembros del Comité para la Efectividad del Desarrollo (CODE) regresen este primer borrador a la administración para que ésta pueda realizar las modificaciones necesarias. Sin cambios estructurales al borrador propuesto, cuestionamos la relevancia de llevar a cabo la segunda fase del proceso de revisión y consulta". "El debilitamiento de las Políticas Salvaguardas del Banco es evidente a lo largo del borrador de propuesta de Política Social y Ambiental y las Normas Ambientales y Sociales (ESSs, por sus siglas en inglés). En este sentido, una de nuestras principales preocupaciones se refiere a la flexibilización de requisitos básicos del Banco Mundial respecto a realizar la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales previamente a la aprobación del proyecto. La nueva propuesta aplaza la evaluación de estos riesgos e impactos, sin que sea una condicionante para la aprobación del proyecto, para el momento de la implementación", afirman. Una segunda preocupación se refiere a que el primer borrador cambia significativamente la responsabilidad de la aplicación de las salvaguardas a los prestatarios, sin dejar claro cómo y cuándo se usarán los sistemas de los países prestatarios y sin establecer criterios claros sobre en qué casos esto será aceptable. No se explica cómo esta nueva propuesta ayudará a que el Banco y los prestatarios tomen decisiones para preparar o usar los sistemas de los países prestatarios, de tal manera que las salvaguardas puedan implementarse efectivamente en aquellos países que están inmersos en procesos de debilitamiento de sus marcos ambientales y sociales. "Además, consideramos que la propuesta de borrador deja pasar la oportunidad para cumplir con los más altos estándares internacionales. Sobre esto, nos preocupa que el borrador carece de lenguaje vinculante respecto a los estándares internacionales de derechos humanos y permite a los gobiernos “optar” en cuanto al cumplimiento de la Política de Pueblos Indígenas para proteger los derechos de estos pueblos. Lo anterior socava inequívocamente el consenso internacional con respecto a los derechos específicos y fundamentales de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, recursos y el curso de su propio desarrollo", expresan.
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Dando voz a las comunidades frente a proyectos hidroeléctricos
A medida que los gobiernos buscan alimentar las economías en crecimiento, los proyectos hidroeléctricos en América Latina van en aumento. Pero, ¿a qué costo? Las represas pueden aprovechar la capacidad para generar energía de la corriente del agua, un recurso renovable. Pero las represas mal planificadas e implementadas, especialmente las grandes represas, pueden traer consigo innumerables daños al ambiente y a las comunidades. Afectan la calidad del agua y a los peces, y aumentan las emisiones de metano, un gas que contribuye al cambio climático. Las inundaciones provocadas por las represas desplazan a personas de sus hogares y comunidades. Esto hace que pierdan su trabajo como agricultores, pescadores y cazadores y, para las comunidades étnicas y campesinas, incluso puede implicar la pérdida de su cultura y tradiciones. AIDA protege a individuos y comunidades de proyectos diseñados y desarrollados de forma inadecuada. Usamos la ley para defender su derecho a un ambiente sano. Este mes, AIDA y otras organizaciones presentamos un escrito (amicus curiae, en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil. El escrito demuestra que la autorización que el Congreso brasileño otorgó a la represa Belo Monte en 2005 es ilegal porque el gobierno no garantizó el derecho de las comunidades afectadas en el Amazonas a ser consultadas y a dar su consentimiento libre, previo e informado. Se llevaron a cabo algunas reuniones después de la aprobación del proyecto y en ellas se presentó información escasa e incomprensible en un idioma ajeno al de las comunidades. El aviso para asistir a las reuniones se dio a conocer con muy poca anticipación. Fue como si te dijeran que el jardín de tu casa se convertirá en una calle después que las excavadoras ya han comenzado a remover el césped. Esta represa, que sería la tercera más grande del mundo, ya está en construcción y desplazando a personas sin que nadie les dé la oportunidad de decir no a un proyecto edificado en su propio jardín. “Esta es la primera vez que nuestros esfuerzos conjuntos han llegado al Tribunal Supremo para una decisión final sobre Belo Monte”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. Si el Tribunal determina la ilegalidad del proyecto, su construcción tendrá que parar y los daños por no haber consultado previamente a las comunidades tendrán que ser reparados. Si ocurre lo contrario, el proyecto continuará y también nosotros. Seguiremos brindando asistencia al Ministerio Público Federal siendo que ha interpuesto más de una docena de acciones contra Belo Monte. Se trata de casos que también pueden avanzar hacia la más alta instancia con el fin de proteger a las comunidades de ésta y otras represas en el Amazonas. Nuestros esfuerzos por ayudar a comunidades a luchar contra proyectos de represas están ganando atención. La Personería (representante del Ministerio Público) de San Carlos, municipio ubicado al noroeste de Colombia, contactó a AIDA para que proporcionemos nuestra experiencia en derecho internacional ambiental y de derechos humanos. La Personería quiere ayudar a evitar que se otorgue la licencia para la construcción de la hidroeléctrica El Porvenir II en el río Samaná Norte, el último libre de represas en el área. Ana María Mondragón, abogada de AIDA y becaria del Programa de Derechos Humanos y Ambiente, intervino en la audiencia pública ambiental sobre el proyecto. La buena noticia es que la represa no ha sido autorizada todavía, lo que significa que aún hay tiempo para que las comunidades averigüen qué podría pasar y expresen sus preocupaciones. El gobierno tendrá que tomar en cuenta la opinión de las comunidades antes de aprobar el proyecto, con la posibilidad de que la empresa tenga que enmendar sus planes de construcción o abandonarlos del todo. El Porvenir II afectará la pesca, principal fuente de trabajo y alimentación para la población mayoritariamente pobre de San Carlos. También inundará un área donde muchos colombianos están tratando de recuperar las tierras de las que fueron desplazados por la fuerza como resultado de un conflicto armado interno que se inició hace más de cinco décadas. “Nos hemos involucrado en una etapa temprana, antes de que el proyecto sea aprobado”, dijo Mondragón. “Participamos en la audiencia con el fin de evidenciar las inconsistencias del Estudio de Impacto Ambiental hecho por la empresa, y los impactos que la construcción de la represa El Porvenir II tendría en las comunidades. Esperamos que esto ayude a las autoridades en su proceso de toma de decisión para que no otorguen la licencia”. Con tu ayuda, podremos seguir apoyando sin costo alguno a las comunidades de América Latina para que ejerzan su derecho a decidir qué sucede en sus tierras y utilicen la ley para defender sus derechos.
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