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Foto: Carlos AguileraProtegiendo la abundante vida marina del arrecife de Cabo Pulmo
El arrecife de Cabo Pulmo, un tesoro ecológico de 20,000 años de edad ubicado en Baja California Sur, México, alberga a muchas de las 800 especies que habitan el Mar de Cortés.
La sobrepesca casi lo mató en la década de 1980. Pero el gobierno mexicano intervino declarándolo parque nacional en 1995. Desde entonces, el arrecife ha crecido, y los ecosistemas que lo rodean han florecido.
Empresas tratan repetidamente de construir megacomplejos turísticos en Cabo Pulmo. Las propuestas incluyen con frecuencia miles de habitaciones de hotel, campos de golf, un aeropuerto, clubes deportivos y más. Requieren además la construcción de viviendas para miles de empleados.
Arrecifes de coral como Cabo Pulmo son extremadamente vulnerables a los impactos de proyectos inadecuadamente planificados como los descritos. Las aguas residuales causan un aumento en el crecimiento de algas que bloquean la luz solar, provocando el blanqueamiento y muerte de los arrecifes.
Los fertilizantes, herbicidas y pesticidas de los campos de golf contaminan las corrientes oceánicas y alteran el delicado equilibrio ecológico del área. Además, la navegación, la pesca y el buceo causan estrés en los arrecifes y también los pueden romper.
En una zona donde el agua es escasa, los proyectos de infraestructura turística podrían sobreexplotar los acuíferos que ya de por sí sufren los estragos del cambio climático.
El trabajo de AIDA ha sido decisivo para garantizar la supervivencia y salud de los ecosistemas de Cabo Pulmo. Continuamos monitoreando la situación y trabajando con aliados nacionales para que el arrecife tenga protecciones legales permanentes y más fuertes.
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La Junta del Fondo Verde le dice "no, gracias," a la transparencia y a la participación de la sociedad civil
Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna Una vez más, las organizaciones de la sociedad civil expresaron su decepción ante la falta de transparencia y ante su limitada participación en la última reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde Climático (FVC), entidad operadora del mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Los 24 miembros de la Junta Directiva se reunieron entre el 25 y 28 de junio en Songdo, Corea del Sur, para acelerar el proceso de puesta en operación del FVC. El Fondo operará como un mecanismo de transferencia de recursos económicos de los países desarrollados hacia los países en desarrollo con el fin de ayudar a estos últimos a financiar la adaptación y las prácticas de mitigación del cambio climático. De forma reiterada, las organizaciones de la sociedad civil han solicitado a la Junta ser incluidas efectivamente en el proceso de toma de decisiones relativas al Fondo. Han enviado cartas a los miembros de la Junta, asesores y al Secretariado Interino del FVC. Sin embargo, los intentos de dirigir la atención y consideración hacia la sociedad civil no han conseguido resultado alguno. La Junta Directiva ha cerrado constantemente sus puertas a la participación activa y efectiva de ese grupo. En las reuniones de la Junta Directiva, la sociedad civil cuenta sólo con dos observadores activos dentro de la sala de reuniones, uno representando al norte y otro al sur, quienes tienen derecho a participar e intervenir en todas las reuniones formales pero no pueden votar en ellas. Los demás observadores acreditados se sientan en una sala paralela a ver la reunión. Los observadores activos sólo pueden intervenir en la reunión por invitación de los copresidentes de la Junta. Además, sólo pueden hacerlo una vez por cada punto del orden del día y por no más de tres minutos cada vez. En el último día de la reunión de la Junta Directiva en Songdo, los copresidentes restringieron la participación de la sociedad civil, argumentando la falta de tiempo. Irónicamente, la mayoría de las decisiones importantes se tomaron en esa oportunidad. Debido a las limitaciones impuestas por los copresidentes, los observadores activos se acercaron a varios miembros de la Junta para compartir puntos clave sobre diferentes documentos desde la perspectiva de la sociedad civil. No obstante, los copresidentes sancionaron esta acción y les prohibieron hablar con los miembros de la Junta. A pesar de la frustración por haber sido socavada y excluida, la sociedad civil esperaba ganar al menos una batalla: conseguir que la Junta se decida a favor del "webcasting" otransmisión en vivo de sus reuniones. El "webcasting" muestra un compromiso con la responsabilidad y la transparencia. Brinda la oportunidad de que la gente sin recursos para viajar a las reuniones de la Junta esté al tanto de lo que ocurre en ellas. Al mismo tiempo, limita la cantidad de emisiones de CO2 mediante la reducción del número de vuelos internacionales que se toman para asistir a dichas reuniones. El "webcasting" es ampliamente utilizado por otros fondos climáticos, incluso por la CMNUCC, el tratado internacional del cual el FVC es parte. En Songdo, la Junta del FVC votó en contra del "webcasting" argumentando que sería demasiado costoso: de USD 20,000 a USD 30,000 por reunión transmitida. Sin embargo, los precios de referencia utilizados por la Junta son mucho más elevados que los precios promedio del mercado, de USD 1,200 por día. Según la Secretaría del Fondo de Adaptación (AF, del inglés Adaptation Fund) y sus proveedores del servicio “webcast”, las transmisiones en vivo de las reuniones de la Junta del AF cuestan entre USD 1,000 y USD 1,250 por día según los problemas que puedan surgir en cada lugar. En lugar del "webcasting", la Junta del FVC decidió que las grabaciones de las reuniones sean accesibles al público tres semanas después de realizadas las mismas y bajo registro. Las organizaciones de la sociedad civil creen que esta demora de tres semanas les impide incidir en los temas relacionados con los debates y decisiones que realiza la Junta. El Fondo Verde Climático ha decidido tener un enfoque estratégico en la mitigación y adaptación al cambio climático y en buscar un mayor desarrollo sostenible. Sin embargo, es difícil entender cómo el Fondo podrá alguna vez maximizar el "desarrollo sostenible" si sus decisiones no se hacen con el apoyo, participación e involucramiento efectivo de diferentes actores durante todo el proceso.
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Hay una mancha en medio del mar…
Por Florencia Ortúzar, asesora legal de AIDA La primera vez que escuché acerca de la misteriosa “isla de basura” me sorprendí muchísimo. ¿Cómo puede una enorme mole flotante, tan grande como un país, pasar desapercibida en el océano sin que esté en boca de todos? Increíblemente muchas personas ni siquiera han oído de la existencia de este “séptimo continente” que crece cada día, convirtiéndose en el vertedero más grande del planeta. ¿Una sopa de qué? El Gran Parche de Basura del Pacífico, como se le conoce oficialmente, es uno de los cinco vertederos flotantes que pululan en el mar. Fue el primero en ser descubierto y el más grande. Se ubica en medio del Océano Pacífico, entre los estados de Hawaii y California (Estados Unidos), a unos mil kilómetros de la costa de Hawái. El tamaño de la mancha es difícil de determinar: los estimados van desde los 15 mil kilómetros cuadrados (equivalentes a la superficie de la Antártida y a un 8.1% de la superficie del Océano Pacífico) hasta los 700 mil kilómetros cuadrados (casi la superficie de Chile). Pero permítanme explicar un poco más este insólito y triste fenómeno. La “isla de basura” no se asemeja a una isla sólida como tal, ni a una sábana flotante. Se trata más bien de una sopa de partículas plásticas flotando en lento espiral. Lo que sucede es que por las corrientes del océano las miles de toneladas de basura que llegan al mar, especialmente plástico, se juntan y rotan, formando una especie de remolino gigantesco que gira lentamente impidiendo que la basura se disperse. Esta sopa tiene de todo: redes de pesca abandonadas, botellas de plástico, tapas, cepillos de dientes y zapatos, entre otros desperdicios. Pero en su mayoría está compuesta por pequeñas partículas de plástico que se han generado a partir de pedazos más grandes por la degradación que causan las olas y el sol. Esta gigantesca masa se mantiene debajo de la superficie del agua, formando una columna que se estima alcanza los 30 metros de profundidad. Paradójicamente, resulta que a pesar de su enorme extensión, la mancha de basura no es fácil de visualizar y de hecho no ha sido captada en imágenes satelitales. El colmo es que al encontrarse en aguas internacionales, ninguna nación se hace cargo del fenómeno. Los buques turísticos le hacen el quite y sólo quedan ambientalistas y científicos preocupados por la situación. Se trata, por tanto, de un gigante desapercibido que crece lenta y constantemente en tierra de nadie, sin Dios ni ley. Un descubrimiento casual En 1988, expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Gobierno de EEUU predijeron la existencia de la mancha de basura en el Pacífico Norte por el sistema de corrientes marinas del lugar. Sin embargo, fue el investigador oceánico Charles Moore quien, una década más tarde, certificaría su presencia real y la bautizaría como la "Eastern Garbage Patch" ("Mancha de Basura Oriental"). En julio de 1997, el capitán Moore navegaba la zona en su velero cuando se encontró con kilómetros y kilómetros de hojuelas sintéticas e inmensas masas de basura flotando en el mar. El estadounidense tardó una semana en atravesar la acumulación de desechos. Moore, que en 1994 había fundado la fundación Algalita Marine Research (en inglés) —enfocada en la protección y restauración de los bosques de algas y humedales de la costa de California—, cambió drásticamente de rumbo, tras su descubrimiento, para dedicarse a la difusión y concientización respecto de la mancha de basura (Vea la charla de Moore en TED, en inglés). Expediciones a la isla olvidada Desde su descubrimiento, ha habido varias expediciones científicas a ésta y las demás islas de basura. Lamentablemente, lo denunciado luego de esos viajes aún no ha tenido suficiente repercusión fuera del ámbito ecológico. Nadie parece hacerse responsable ni emprender acción alguna. La última expedición se realizó el pasado mayo en un buque llamado L´Elan y con integrantes de la Sociedad de Exploradores de Francia (en francés), asesorados por el Capitán Moore, a bordo. Los resultados de la misión aún no se han publicado. Esperemos que ahora, gracias a la eficiencia de las redes sociales para difundir información, el tema cause revuelo y sirva para que cada quien contribuya haciéndose consciente del plástico que consume. ¿Qué podemos hacer? Como ya dijimos, la mayoría de la basura que conforma la mancha se ha convertido en miles de millones de hojuelas de plástico, demasiado pequeñas para ser vistas. Ello hace muy difícil que se puedan limpiar los mares. Habría que pasar una red muy fina por toda la superficie, lo que perturbaría los ecosistemas llevándose también elementos cruciales como el plancton, alimento base de la vida marina. Además, para acceder a la zona contaminada se requieren recursos humanos y materiales costosos, pues estamos hablando de un minucioso trabajo que debe realizarse en pleno mar abierto. La tarea se torna más improbable si recordamos que la mancha está en aguas internacionales, donde ningún país es soberano (la tragedia de los comunes). Por ahora, y hasta dar con una tecnología que nos permita regresar en el tiempo, lo mejor y más sensato es dejar de producir tanta basura, limitando en especial nuestro consumo de plástico desechable. También es importante contribuir al conocimiento del problema para que la gente tome consciencia de los efectos del consumismo reinante, cambie su estilo de vida y eduque a los que en el futuro estarán a cargo del planeta. El plástico que abunda en la isla es un material que revolucionó al mundo en su momento. Hoy estamos rodeados del mismo: comemos y bebemos de él, lo usamos a diario y a cada momento, y está presente en casi todos nuestros artefactos. El plástico es un material casi milagroso: barato, efectivo y virtualmente indestructible. No se deshace, sólo se desintegra en partes cada vez más pequeñas. Su durabilidad significa que casi todas las moléculas de plástico que han sido fabricadas en la tierra permanecen en algún lugar del planeta. Ahora al menos tenemos una mejor idea de a dónde van a parar: a la isla de basura.
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Perú y sus conflictos socioambientales
Por María José Veramendi Villa, asesora legal de AIDA, @MaJoVeramendi “En el Perú, el escenario general de los confpctos sociales está fuertemente influenciado por la dinámica de crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años, la cual no ha imppcado, necesariamente, el establecimiento de medidas que generen una percepción de bienestar social y de representatividad política de ciertos sectores de la sociedad”. (Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial No. 156: Violencia en los confpctos sociales / Marzo de 2012) Perú es un país rico en recursos naturales, entre ellos minerales. Una muestra de ello es que, a junio de 2012, el 20.3% del territorio nacional estaba concesionado para actividades mineras, según un informe de la ONG Cooperación elaborado con datos del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). Hace algunas semanas, la Defensoría del Pueblo de Perú dio a conocer su Reporte Mensual de Confpctos Sociales Nº 112 correspondiente a junio de 2013. El informe da cuenta que en el país se registraron 223 confpctos sociales: 170 activos (76,2%) y 53 en estado latente (23,8%). A pesar de que hubo una disminución en el número de confpctos, respecto del mes anterior, el dato más revelador y consistente es que los confpctos socioambientales aún son los más numerosos: 145 a junio. De esa cifra —se detalla en el reporte— 105 casos están relacionados con minería, 18 con hidrocarburos, 8 con actividades energéticas y 4 con actividades forestales, entre otros. La Defensoría del Pueblo define el confpcto social como “un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”. Sobre las causas En su informe Los Confpctos Socioambientales por Actividades Extractivas en el Perú, presentado en 2007, la Defensoría del Pueblo identificó al menos cinco causas de los confpctos de ese tipo: Temor justificado de la población a la potencial contaminación que pueden ocasionar las actividades extractivas; Situación de vulnerabipdad de las comunidades que habitan en las zonas donde se desarrollan esas actividades; Falta de confianza por parte de la población en la capacidad del Estado para prevenir la contaminación y la degradación de su espacio vital; Actividades extractivas débilmente reguladas y controladas que pueden ser fuentes de contaminación que, muchas veces, se traducen en daños colaterales a terceros, imponiendo cargas o sobrecostos a actividades como la agricultura, cuya existencia y desarrollo pueden pepgrar por la disminución de la capdad y/o cantidad de agua disponible; e Impactos negativos de las actividades extractivas. Esas causas siguen tan vigentes hoy como en 2007. Sin embargo, las autoridades parecen ignorar tal situación y, por mencionar sólo algunos factores, el temor justificado de la población y la desconfianza en el Estado se siguen agudizando. Un ejemplo reciente: la implementación de la consulta previa En Perú, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entró en vigor el 2 de febrero de 1995. Desde entonces nuestro país está obpgado a cumppr con sus disposiciones, mismas que garantizan, entre otros, el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta sobre temas que les afecten. El Convenio dispone también que estos pueblos pueden participar de manera previa, pbre e informada en los procesos de desarrollo y formulación de políticas que les afecten. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional peruano, el Convenio tiene rango constitucional. Sin embargo, su implementación era inexistente al punto de ser un derecho negado sistemáticamente en el país. Ante ello, el 23 de agosto de 2011, el Congreso peruano aprobó la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, promulgada y pubpcada el 6 de septiembre de 2011 y vigente desde diciembre de ese año. El Reglamento a la norma se pubpcó el 3 de abril de 2012 y entró en vigor un día después. No obstante, dichos instrumentos legales, que podrían ser vistos como actos de buena fe para implementar un derecho que ya existía en nuestro ordenamiento jurídico, han sido duramente criticados por tener falencias técnicas y por reducir los estándares de protección alcanzados tras muchos años de lucha de los pueblos indígenas que se vieron cristapzados en el Convenio 169 de la OIT (1989), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y en la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, en especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero destacar dos hechos en torno a esas falencias: De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Consulta, éste appca sólo en actos posteriores a su aprobación. Esto quiere decir que durante los 16 años que transcurrieron entre la aprobación del Convenio 169 y la Ley de Consulta y su Reglamento, este último era un simple instrumento decorativo. Lo anterior desconoce además la Sentencia 00025-2009-PI/TC del Tribunal Constitucional, la cual señala específicamente que “[l]a exigibipdad del derecho a la consulta está vinculada con la entrada en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico del Convenio 169 de la OIT”. Funcionarios del gobierno han señalado que la Ley de Consulta Previa no es vinculante. El propio Presidente de la Repúbpca dijo que esa norma “debe ser tomada como un instrumento que permite legitimar una inversión y no verse como un obstáculo”. Recordemos que en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que la consulta es un principio general de derecho internacional. Es momento de estar alertas. La adecuada implementación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, pbre e informado es clave para avanzar hacia una protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas. En un país donde los confpctos socioambientales, cuyas causas —algunas de ellas— fueron identificadas líneas arriba, están a la orden del día, es vital generar confianza y certidumbre en la población sobre la salvaguarda de sus derechos. De lo contrario, que no nos sorprenda el surgimiento de nuevos confpctos.
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