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Foto: #RealChileProtegiendo los mares de la Patagonia chilena de la industria del salmón
En la región de Magallanes, ubicada en plena Patagonia chilena, está el mayor número de áreas naturales protegidas del país. Glaciares, lagos, ríos y mares —alimentados por nieves permanentes— conforman paisajes únicos que son hogar de muchas especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras.
Las frías aguas de este rincón alejado del mundo son aún prístinas y, por tanto, menos resistentes a la presencia de actividades humanas de alto impacto. Esa fragilidad está siendo de a poco invadida por la industria del salmón, que ya ha causado estragos ambientales en otras regiones del país.
En Chile, los criaderos de salmón se han multiplicado en condiciones dañinas para la naturaleza y sin una regulación y supervisión adecuada por parte de las autoridades. Las empresas de esa industria han sobrepasado el número de peces que las aguas pueden soportar y las han llenado de cantidades enormes de antibióticos y otros químicos con los que alimentan a los salmones. Esos desechos, junto con las heces de los propios animales, provocan, entre otros daños, la falta parcial o completa de oxígeno, lo cual amenaza toda forma de vida en el mar.
Las grandes salmoneras han puesto ahora los ojos en la región de Magallanes, causando ya daños verificados. Según una auditoría gubernamental, más de la mitad de las granjas de salmón que operan allí actualmente están afectando la disponibilidad de oxígeno de la zona, algo que no ocurría antes de su llegada.
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Lineamientos Básicos para la Evaluación de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros: Términos de referencia recomendados
Para muchas comunidades, el agua es un recurso escaso y por tanto valioso. El acceso a ese recurso se complica si sus ríos, lagos u otras fuentes de agua son contaminadas o usadas en exceso, riesgos con frecuencia asociados a proyectos mineros cuyos impactos no fueron adecuadamente evaluados antes de ser autorizados. En AIDA queremos contribuir a evitar o minimizar los daños de la actividad minera en el ambiente y las personas. Por ello, con ayuda de científicos y técnicos experimentados, elaboramos una guía con la información mínima que la Evaluación de Impacto Ambiental de un proyecto minero debe tener para que permita analizar a profundidad sus impactos. El documento está dirigido tanto a autoridades como a comunidades y organizaciones de la sociedad civil. Esta guía recomienda que, en todas sus secciones, la Evaluación de Impacto Ambiental de un proyecto minero contenga información detallada que aborde desde los aspectos generales del mismo hasta sus impactos ambientales y sociales, y las medidas para prevenirlos o mitigarlos. Lee y descarga el informe
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La COP20 falló en dar certeza sobre financiamiento y derechos humanos
La 20ª Conferencia de Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) realizada en Lima, Perú, tenía la oportunidad de elaborar un borrador que estableciera bases adecuadas para el nuevo acuerdo climático que será firmado el 2015 en la COP de París. Sin embargo, la conferencia concluyó con un acuerdo poco ambicioso que falló en dos tareas clave: brindar certeza sobre la movilización de fondos para combatir el cambio climático e incluir la protección de los derechos humanos en las acciones climáticas. Para AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil, era importante que el acuerdo de Lima determinara un mapa o ruta acerca de cómo y cuándo los gobiernos cumplirán su compromiso de aportar 100 mil millones de dólares por año a partir del 2020 para financiar actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. "Los países en desarrollo necesitan saber con certeza con cuánto dinero cuentan y cuál será la fuente del mismo para planificar su lucha contra el cambio climático", señaló Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA. La conferencia no dio esa certidumbre. Un claro ejemplo es que la parte del acuerdo de Lima referida a las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) —los aportes concretos de cada país— dejó por fuera los compromisos de financiamiento y adaptación, aspectos clave para los países más vulnerables a los cambios extremos en el clima. El acuerdo de Lima solo incluyó las contribuciones para mitigación. Y, aún en ese tema, el documento no contiene indicaciones específicas sobre el tipo de aportes, su plazo y el carácter obligatorio o no de éstos. Por otra parte, durante la conferencia, AIDA y organizaciones aliadas a nivel global, exhortamos a los Estados parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para que el borrador del nuevo acuerdo incluya lenguaje específico sobre la protección, promoción, respeto y cumplimiento de los derechos humanos en todas las acciones climáticas. Como resultado del esfuerzo colectivo, Filipinas, México y Ghana hicieron llamados específicos para que la decisión adoptada en Lima y el acuerdo a ser aprobado en 2015 incorpore esas referencias. "No hay duda que el cambio climático interfiere con el goce de los derechos humanos. La decisión adoptada en Lima no incorpora una referencia a los derechos humanos, pero trabajaremos arduamente para lograr su plena inclusión en el acuerdo de París, no solo desde el punto de vista formal sino también operativo", señaló María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA. No todo fue malo. Desde AIDA destacamos que en el marco de la conferencia en Lima, el Fondo Verde Climático haya incrementado sus fondos a 10,2 mil millones de dólares. Resaltamos el impulso de América Latina a ese logro con las acciones adoptadas por países como Perú, Colombia, México y Panamá, quienes a pesar de ser países en desarrollo hicieron el esfuerzo de contribuir. "Aunque todos los aportes son bien recibidos, es importante recalcar que el monto recaudado todavía no cubre las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo", indicó Rodríguez. La conferencia también sirvió para conocer las acciones de financiamiento climático de gobiernos y actores no gubernamentales de la región. Así ocurrió en el Día de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe, evento organizado por AIDA y organizaciones aliadas. El evento facilitó un diálogo sobre los avances de la región en la preparación para acceder a recursos, el creciente involucramiento del sector privado en actividades que combaten el cambio climático y las condiciones que ese tipo de apoyo requiere: la certeza jurídica, uno de ellos. También ese día, la sociedad civil compartió sus experiencias sobre transparencia y rendición de cuentas, tareas fundamentales no solo para obtener mayores recursos, sino también para su uso efectivo. AIDA informó sobre la oportunidad que el Fondo Verde del Clima brinda para que los países del continente mejoren la participación pública en el diseño, desarrollo y ejecución de políticas y proyectos climáticos. La participación pública y la preparación son pasos previos y necesarios para acceder a recursos del Fondo. Aun queda mucho por hacer para encontrar soluciones efectivas al cambio climático. ¡Seguiremos contribuyendo al logro de ese objetivo!
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