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Montreal y Kioto: Aprendiendo de las diferencias

Por Florencia Ortúzar, abogada de AIDA Recuerdo claramente mi primer "pánico ambiental". Fue a mediados de los 80 cuando de pronto fue noticia irrefutable que la capa de ozono, esa que nos protegía de los intensos rayos del sol, tenía un agujero a causa de ciertas sustancias que los humanos tirábamos a la atmósfera. Por el uso de clorofluorocarburos (CFC) para producir refrigerantes, disolventes y aerosoles, había que temerle al sol a riesgo de sufrir cáncer de piel y otros males. Por primera vez el mundo se vio aludido por un problema ambiental común. La Organización de las Naciones Unidas intervino y, en 1985, se realizó la Convención de Viena, la cual derivó en el Protocolo de Montreal, firmado en 1987 y que comenzó a regir en 1989. Más de veinte años después, el Protocolo de Montreal es considerado un ejemplo excepcional de cooperación internacional. Gracias a los compromisos que resultaron del mismo, la capa de ozono podría recuperarse del todo en 2050. Esta buena noticia fue difundida hace un mes durante el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, y certificada con una investigación avalada por la Organización Mundial de la Meteorología y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Grandes contradicciones Inevitablemente, el éxito del Protocolo de Montreal nos hace preguntarnos por el fracaso del Protocolo de Kioto, considerando que ambos tienen mucho en común. Fueron diseñados para enfrentar los dos desafíos ambientales más significativos por los que ha pasado la humanidad (el agotamiento de la capa de ozono y el calentamiento climático). Derivan de riesgos globales creados por diferentes naciones que deben abordarse mediante acuerdos internacionales. Y ambos elevan cuestiones sobre equidad internacional e intergeneracional: los países más afectados no son los que más han contribuido al problema; y mientras las futuras generaciones son las grandes afectadas, las actuales nos hemos beneficiado de las actividades que han generado el problema. Sin embargo, los resultados obtenidos por los dos acuerdos han sido dispares. El Protocolo de Montreal fue ratificado y cumplido por casi todas las naciones del mundo y está dando resultados. No ocurre así con el de Kioto, donde los mayores  responsables no están siendo obligados a cumplir y donde el problema que se buscaba afrontar ha empeorado. Para Cass R. Sunstein, autora de un artículo que analiza las diferencias entre ambos tratados, el punto clave está en los costos y beneficios para los actores que tienen la capacidad de marcar la diferencia. Tomemos el caso de Estados Unidos, actor clave para ambos tratados. Para Montreal, su acción unilateral le convenía. Por ello se esforzó en reducir emisiones y aportó tecnología para que otros países le siguieran. Para Kioto, no solo no aportó, sino que está obstaculizándolo. Y es que no es de los países más afectados por el cambio climático, pero sí tendría que asumir costos altos por hacerse cargo del problema. Algo similar ocurre con China, uno de los mayores generadores de gases de efecto invernadero (GEI). Tampoco es de los más afectados por el cambio climático y no ha sido obligado a reducir emisiones al no ser considerado país desarrollado. Los países de África, por otro lado, tienen mucho que perder con el cambio climático y mucho que ganar con su correcto abordaje. Pero no pueden hacer mucho porque no son grandes emisores y porque no tienen la capacidad para mitigar emisiones de forma importante. Entonces resulta que los países que más aportan al problema y tienen más capacidad para solucionarlo, tienen poco que perder con éste y, por tanto, menos incentivos para asumir en los costos de actuar; y los que menos aportan al problema y son incapaces de marcar alguna diferencia, son los más afectados por el mismo y los que más ganarían con una pronta solución. No todo es miel sobre hojuelas en Montreal Un efecto colateral del éxito de Montreal tiene que ver con los llamados hidrofluorocarbonos (HFC), los cuales han entrado al mercado con firmeza en reemplazo paulatino de los CFC. Aunque los HFC no dañan la capa de ozono, sí calientan la atmósfera y con una intensidad mucho más potente que la del CO2. Los HFC son uno de los cuatro gases considerados Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y que permanecen poco tiempo en la atmósfera una vez emitidos (a diferencia del CO2 que puede durar milenios). Revisa aquí un post anterior acerca de estos contaminantes. Según un informe del PNUMA, los HFC representan actualmente solo una pequeña fracción de los GEI, pero son fuente de preocupación porque se prevé que sus emisiones aumentarán significativamente si no se toman acciones para evitarlo. Afortunadamente, ya existen substitutos que no dañan la capa de ozono ni calientan la atmósfera. Se producen y usan efectivamente en varios países.  En conclusión En 2015 se realizará la Conferencia de las Partes (COP) sobre Cambio Climático en París, donde se espera diseñar un nuevo acuerdo climático que aborde con éxito la reducción de los GEI. Si bien el desafío es más difícil de lo que fue solucionar el problema de la capa de ozono en los 80, ello solo debería incentivarnos a esforzarnos más. Es cierto que no podemos replicar la historia de Montreal porque la esencia del problema es dispar, pero sí podemos unirnos nuevamente como humanidad para diseñar algo que funcione, aprovechando todos los avances tecnológicos y la amplia creatividad de nuestra especie. Considerando las lecciones aprendidas en Montreal, una de las claves del éxito es lograr un protocolo para reducir GEI que replique una cuestión fundamental: sus adherentes deben tener razones para creer que ganarán más de lo que perderán con su cumplimiento.

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Organizaciones llaman la atención del Banco Mundial sobre riesgos de su inversión en proyecto minero en Colombia

Se reunieron con funcionarios del organismo internacional para explicar las ilegalidades y posibles daños al ambiente y a las personas que implica construir la mina Angostura de Eco Oro Minerals en Santurbán, Colombia, proyecto en el cual invirtió la Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial.

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Sin perder la esperanza…

Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi  Pensaba qué escribir para este post y me di cuenta que tenía muchas cosas que contar. Decidí centrarme en una de ellas. Es una realidad dolorosa sobre la cual es necesario reflexionar para tomar fuerzas y seguir adelante con nuestro trabajo: El avance de las obras de construcción de la represa Belo Monte en la Amazonía brasileña. Estuvimos allá en agosto junto con nuestros colegas co-peticionarios de las medidas cautelares y del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El panorama fue devastador. Visitamos comunidades indígenas que pronto perderán su acceso al río, a su modo de vida y a sus sitios sagrados. Hablamos con pescadores y ribereños que han sido desplazados y que han perdido sus hogares. En la ciudad de Altamira, la tensión y la violencia se sintieron en todo momento. Mis colegas vieron morir a una pareja, asesinada a 100 metros del lugar en el que cenaban. Nos sentimos seguidos, escuchados. Sentimos miedo de lo que nos podría pasar. La ciudad está militarizada en cada esquina. La policía estadual patrulla las calles constantemente, lo mismo que la Fuerza Nacional de Seguridad en los canteros de obras.  Mientras tanto, Dilma Rouseff, presidenta de Brasil y candidata a la reelección, presenta a Belo Monte como una de las obras de infraestructura más importantes de su gobierno. Sin haber puesto un pie en Altamira, la ciudad más afectada por las obras, y menos en las comunidades indígenas, Rouseff grabó un video de campaña en pleno cantero, halagando la magnitud de la construcción. El video impresiona por cómo en él se manipula la información para hacer ver a Belo Monte como algo grandioso, pasando por alto sus graves impactos. “Mucha gente en Brasil no sabe que estamos haciendo una obra de este tamaño”, dice Rouseff.  Detalla con orgullo que la cantidad de concreto utilizada serviría para construir 48 Maracanás, y que la excavación de rocas es mayor a la del Canal de Panamá. Todo en torno a Belo Monte es lo más grande del mundo. Pero a la presidenta le impresiona más el beneficio que la obra traerá a las personas que el tamaño de la misma. La luz eléctrica para millones de personas en Brasil “es lo que más importa”, dice. Sus prioridades están claras, aunque mucho se haya escrito sobre la ineficiencia energética de la represa Belo Monte. Entre esas prioridades, lamentablemente, no está el respeto a los derechos humanos de los afectados. Así, vale la pena recordar que en abril de 2011 la CIDH solicitó a Brasil “suspender inmediatamente el proceso de licenciamiento del proyecto […] Belo Monte e impedir la realización de cualquier obra material de ejecución hasta que [se] reali[cen] procesos de consulta, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Brasil, en el sentido de que la consulta sea previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, en relación con cada una de las comunidades indígenas afectadas, beneficiarias de las […] medidas cautelares.” La reacción de Brasil no se hizo esperar. Retiró a su Embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), suspendió sus contribuciones financieras a dicha organización y retiró a su candidato a la Comisión Interamericana. Meses después, la CIDH cambió el objeto de las medidas cautelares y solicitó al Estado proteger la vida, salud e integridad personal de las comunidades indígenas, así como una pronta finalización de los procesos de regularización de tierras indígenas de la cuenca del río Xingú. Asimismo, la modificación determinó que el debate sobre si se realizaron o no procesos de consulta previa y se obtuvo el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades era una cuestión de fondo. En vista de lo anterior, se retiró la suspensión del proceso de licenciamiento y ejecución de las obras y aquellas cuestiones relacionadas con la consulta previa y el consentimiento tendrían que ser analizadas en el caso que la CIDH tiene bajo su conocimiento y que está a la espera de iniciar su trámite formal.   Mientras aún se espera que avance el caso, las medidas cautelares siguen vigentes pero no se cumplen adecuadamente, la represa avanza a pasos acelerados y la decisión de la CIDH de analizar lo relacionado con la consulta previa y el consentimiento bajo el caso va perdiendo fuerza. Los daños se consolidan y no quisiéramos que cuando la CIDH determine que efectivamente no hubo consulta previa, la represa esté terminada y en operación. Nosotros visitamos la zona y documentamos la situación, nos solidarizamos con el dolor, la entereza, la paciencia y la espera de las personas afectadas, pero nuestros colegas defensores y defensoras de derechos humanos están ahí a diario, sufriendo por el hostigamiento y la represión. Las víctimas ven la creciente degradación de su río, la pérdida de sus recursos y el deterioro de sus hogares, temiendo perder completamente su modo de vida y su cultura.   Un día antes de viajar a Brasil, supe que estaba embarazada. En varios momentos de mi estadía, sentí miedo y angustia. Me preocupaba la seguridad de mis compañeros, la mía y la de la personita que crece dentro de mí. Pero, al mismo tiempo, no dejé de pensar que nuestro trabajo vale la pena. Merece la pena trabajar por un mundo más sano y justo, en memoria de todos los que ya se fueron sin haber logrado justicia, y por todos lo que estamos y los que vienen en camino. Por encima de la política está la vida y la integridad de las personas. ¡Me resisto a perder la esperanza de que las decisiones llegarán y que se hará justicia!

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Pronunciamiento regional por el Día Mundial contra el Fracking

El desarrollo de la fracturación hidráulica tendrá desastrosas consecuencias para el medio ambiente, la población y la sostenibilidad energética de América Latina por lo que no debe ser permitida - En el marco del Día Mundial contra el Fracking (Global Frackdown)  organizaciones de la sociedad civil latinoamericana alertamos sobre los impactos irreversibles que tendrá la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking en los territorios y poblaciones de la región. - Hacemos un llamado urgente para que los gobiernos latinoamericanos impidan el desarrollo de esta actividad en sus territorios y demuestren así su compromiso con la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad energética de la región. - Existen alternativas energéticas sustentables, más baratas y eficientes que, asegurando el pleno respeto de las comunidades en las que éstas se desarrollan, deben ser fomentadas e impulsadas por los Estados para asegurar la provisión de energía futura y la sostenibilidad ambiental. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) se estima que diversos países de América Latina cuentan con recursos prospectivos de hidrocarburos de lutitas en sus territorios.[1] Es el caso de Argentina, México, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile, en los que el desarrollo de la técnica de la fracturación hidráulica o fracking se encuentra en diversas fases. Por ejemplo en Argentina ha habido un mayor desarrollo de proyectos de este tipo. Mientras otros países como México, Colombia, Bolivia y Brasil se encuentran en fase prospectiva o exploratoria,  y pretenden desarrollar ampliamente esta técnica en los próximos años. La fracturación hidráulica consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se encuentran atrapados el gas y el petróleo. Para ello, primero es necesario realizar una perforación vertical hasta alcanzar la profundidad a la que se encuentran estas formaciones geológicas (entre uno y cinco kilómetros) y luego una serie de perforaciones horizontales de 1 a 5 km de extensión. El uso de esta técnica traerá, como ya se ha demostrado en EE.UU., fuertes impactos sobre al ambiente, la salud y calidad de vida de la población, ya sumamente castigados. Debido a su gran complejidad, esta actividad implica una serie de daños en su mayoría inevitables e irreversibles, como son: - Uso intensivo y contaminación del agua. La fracturación de un solo pozo de fracking requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua que queda completamente inservible para otros usos. Esto se debe a los 300,000 litros de químicos que se le añaden para la fracturación y por los metales pesados y radioactivos presentes en el subsuelo. Este líquido, se filtra a los flujos de agua subterránea y superficial contaminándola, dejando a las poblaciones sin agua potable.[2] - Supone graves afectaciones a la salud.[3] Estudios científicos realizados en Estados Unidos muestran que 75% de los químicos utilizados en el líquido de perforación afecta directamente la piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal; 40-50% afecta al sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular y los riñones; mientras que 37% afecta el sistema endocrino y 25% provoca cáncer y mutaciones.[4] - Genera impactos de cambio climático. Pese a lo que las empresas petroleras y algunos gobiernos de la región están señalando, la explotación del gas mediante fracking no es una opción para la lucha contra el cambio climático. En estos proyectos hasta 8 por ciento de la producción de gas natural (metano) se escapa directamente a la atmósfera con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono. Debido a ello, en 20 años el impacto sobre el cambio climático de la generación eléctrica a través del gas extraído por fracking superaría en 20% el del carbón.[5] - La reinyección de las aguas residuales en el subsuelo están directamente vinculadas con la inestabilidad sísmica y generación de sismos, que han llegado a alcanzar 5.7° de magnitud. Esto es sumamente grave, ya que pone en riesgo a la población y la infraestructura de las regiones donde tienen lugar.[6] - Todas estas afectaciones e impactos suponen violaciones a los derechos humanos, derechos que los Estados latinoamericanos tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, así como de prevenir sus violaciones. Entre otros, vulneran la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento, a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, de los derechos laborales y otros derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos como el derecho de acceso a la información, al consentimiento previo, libre e informado, y a la participación. - Por último, la explotación de hidrocarburos a través del fracking no es una opción energética sustentable. Las altas tasas de declinación de los pozos (entre 29 y 52% anual), la escasa recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos (de entre el 4.7 y 10%) y los altos costos que conlleva esta tecnología, la hacen inviable para la generación de energéticos en el mediano y largo plazo. Por todas estas razones, las organizaciones firmantes exigimos a los gobiernos de los países latinoamericanos: - Exigimos a los gobiernos latinoamericanos que impidan el uso de la fracturación hidráulica en sus territorios, y aseguren la protección de los recursos hídricos y de la salud de las personas. - Demandamos a nuestros Estados la generación y divulgación de información exhaustiva e imparcial sobre las características de los procesos, volúmenes y origen de agua usada  y sustancias empleadas en el fracking y sus impactos en las personas y el ambiente con un horizonte de largo plazo, a fin de garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras. - Resaltamos que las poblaciones y gobiernos locales tienen el pleno derecho de negar actividades de fracking que puedan afectar sus entornos.    - Demandamos la implementación de políticas públicas que permitan la transición energética hacia fuentes de energía verdaderamente sustentables, en pleno respeto a los derechos humanos, que aseguren la provisión energética futura. - Instamos a los Estados que garanticen que las políticas energéticas de la región respeten  los derechos humanos, aseguren la protección ambiental y social, y contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Para sumarse a este posicionamiento, escribir a [email protected] Alianza Mexicana contra el Fracking formada por: 132 Ambiental Amigos del Río San Rodrigo Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS) Asociación Humanitaria Internacional Gilberto Bosques Blue Planet Project Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR) Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) Chihuahua vs Fracking Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua Comcausa Consejo Ecológico de Participación Ciudadana de Coahuila Región Carbonífera (CEPACI) Consejo Tiyat Tlali Conservación Humana AC DECA Equipo Pueblo El Barzón Chihuahua El Barzón Nacional El Poder del Consumidor Encuentro Ciudadano Lagunero Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Espacio DESC Food and Water Watch Frente Amplio Ambientalista Fundar Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales (GEA) Guardianes de los Volcanes Hij@s de la Tierra La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) Medio Ambiente y Sociedad Organización Mexicana para la Conservación del medio Ambiente (OMCA) Oxfam México PODER Radio Huayacocotla, de Fomento Cultural y Educativo, A.C. Red de Acción por el Agua (FAN-México) Red Unidos por los Derechos Humanos Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (Sendas AC) Y otras organizaciones 350.org Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, Argentina Asamblea de Cooperación e Integración de Territorios Libres de Fracking desde los Concejos Deliberantes para América Latina, Argentina Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional BiosIguana, México Censat, Agua Viva - Amigos de la Tierra, Colombia Observatorio Petrolero Sur, Argentina Otros Mundos, Chiapas - Amigos de la Tierra, México Ríos Vivos, Colombia Unión de Asambleas Patagónicas, Argentina Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, Perú   [1] http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf [2] http://www.foodandwaterwatch.org/reports/fracking-the-new-global-water-crisis-europe/ [3] http://www.propublica.org/article/drilling-for-certainty-the-latest-in-fracking-health-studies [4] http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=18376 [5] http://www.eeb.cornell.edu/howarth/Howarth%20et%20al%20%202011.pdf. [6] http://concernedhealthny.org/wp-content/uploads/2014/07/CHPNY-Fracking-Compendium.pdf  

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Salud y ambiente: ¿Cuántos años quieres vivir?

Por Tania Paz, asistente general de AIDA, @TaniaNinoshka Cumppré 32 años muy pronto. Como dicen popularmente, ¡ya pasé al tercer piso! Ello hace que me pregunte cuántos años quiero vivir y con qué capdad quiero hacerlo. Los avances de la ciencia han permitido que la esperanza de vida aumente: en 1950, una persona vivía alrededor de 50 años y hoy, 73 años. Si quiero vivir muchos años y con un alto nivel de bienestar, debo cambiar hábitos de vida: apmentación, consumo, ejercicio. Sin embargo, hay un factor que no podré controlar para cumppr mi meta: la salud ambiental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la salud ambiental “está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud.” A continuación les presento algunos datos que muestran cómo un ambiente "no sano" influye ciertamente en nuestra esperanza de vida. Capdad del aire La OMS establece que la contaminación del aire representa un importante riesgo para la salud. Según sus estimaciones, la contaminación del aire exterior e interior provoca unas siete millones de defunciones prematuras por enfermedades respiratorias y del corazón. Se trata actualmente de uno de los mayores riesgos sanitarios mundiales, comparable con los asociados al tabaco. "Una evaluación de 2013 reapzada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS determinó que la contaminación del aire exterior es carcinógena para el ser humano, y que las partículas del aire contaminado están estrechamente relacionadas con la creciente incidencia del cáncer, especialmente el cáncer de pulmón. También se ha observado una relación entre la contaminación del aire exterior y el aumento del cáncer de vías urinarias y vejiga." Solo tomen en cuenta que en muchas ciudades el aire es un coctel de ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y contaminantes cpmáticos de vida corta como el metano y el carbono negro; todos elementos altamente nocivos. Y, por ejemplo, yo no puedo reapzar actividades al aire pbre en Ciudad de México, donde vivo, porque a los cuatro o cinco días, tengo alguna infección respiratoria. Capdad del agua En 2013, durante el Día Mundial del Agua, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), hizo un llamado de alerta ante la fuerte contaminación de las fuentes de agua a nivel mundial. Los datos revelaron que dos millones de toneladas de desechos contaminan 2,000 millones de toneladas de agua diariamente, afectando los ecosistemas y la capdad del agua. Ese año, dicha cantidad de agua contaminada causó la muerte de 1.8 millones de niños menores de 5 años y la de 2.2 millones de personas producto de enfermedades diarreicas. También se informó que "más de la mitad de las camas hospitalarias del mundo están ocupadas por gente que sufre enfermedades vinculadas con agua contaminada." Actividades como la industria agropecuaria, la minería y más recientemente el fracking imppcan un alto consumo de agua y son altamente contaminantes para los recursos hídricos por el uso de químicos como el cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, benceno, tolueno y otros muy tóxicos y nocivos para el ser humano y otros seres vivos. A largo plazo, la exposición al benceno (usado en el fracking) puede causar leucemia y a corto plazo provoca mareos, debipdad, dolor de cabeza, dificultad para respirar, la constricción del pecho, náuseas y vómitos. ¿Soluciones? Entre otras cosas, los países y gobiernos deben implementar políticas púbpcas en el sector de transportes para promover el uso de medios menos contaminantes; y reducir las emisiones domésticas e industriales. Se requiere el manejo eficiente de los desechos para reducir la contaminación de las fuentes hídricas. Las Evaluaciones de Impacto Ambiental deben appcarse en cumppmiento de la legislación nacional e internacional para evitar que proyectos causen impactos en el ambiente y las personas. En su artículo 25, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 menciona a la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. Ese derecho fue reafirmado en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados Partes deben tomar medidas para hacer cumppr el derecho a la salud. Una forma de lograrlo es con legislaciones efectivas y acordes con el derecho internacional para garantizar el acceso de todos a un ambiente sano. Siempre he creído que la defensa del ambiente es sobre todo la defensa de la humanidad, de la continuidad de nuestra especie. Y tú, ¿cuántos años quieres vivir?

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Miles de personas se congregaron en la capital de Colombia por la Acción Climática Mundial

Por Seble Gameda, geógrafa  Sonidos de instrumentos de viento, tambores, campanas de bicicleta y cantos, llenaron las calles de Bogotá, Colombia, el domingo 21 de septiembre. Ese día, más de tres mil personas —llevando pancartas, carteles, banderas y pintura en la cara— se congregaron por la acción climática urgente como parte de la Marcha Internacional de la Gente por el Clima. "Estamos haciendo una petición global a los jefes de Estado para que firmen un tratado vinculante que responda a la crisis climática, y necesitamos que los gobiernos locales y nacionales se comprometan también", dijo Ana Sofía Suarez, Coordinadora de Campaña del movimiento ciudadano internacional Avaaz, y Coordinadora de la Marcha de la Gente por el Clima en Bogotá.  Más de 100 líderes mundiales se reunieron en la ciudad de Nueva York para discutir la crisis climática y la reducción de emisiones de carbono, tan solo unos meses antes de la Conferencia de las Partes (COP) 20, la cual tendrá lugar en Lima, Perú, como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Se tiene previsto que un acuerdo vinculante sea firmado en la COP21 en París en diciembre de 2015. La Cumbre del Clima de las Naciones Unidas en Nueva York también se centró en el Fondo Verde Climático, en el cual los países desarrollados tienen como objetivo recaudar 100 mil millones de dólares al año para el 2020 en financiamiento climático con el fin de ayudar a los países en desarrollo hacia "un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima". Héctor Herrera, Coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, habló de la importancia de que los países desarrollados participen en las marchas por el clima, afirmando que "aunque el norte es el principal responsable del cambio climático, nosotros en el sur somos los más afectados, y los menos preparados para adaptarnos a un clima cambiante." Se organizaron manifestaciones en todo el mundo para mostrar el poder del movimiento por el clima de la gente. "Somos la primera generación que está realmente consciente del cambio climático, pero somos los últimos en poder hacer algo al respecto", afirmó Juan David García, de la organización ambiental 350.org. La Marcha por el Clima de Bogotá estuvo llena de diversidad: artistas, profesores, jóvenes, banqueros, ciclistas, ancianos. Como Suarez comentó, "en estos espacios en los que todos se reúnen, comienzas a darte cuenta que no estás solo, que somos muchos soñando algo diferente, y que si empezamos a exigir cambios, entonces podemos hacer que ese sueño se haga realidad". El cambio climático ya no es una cuestión aislada de científicos y ambientalistas, estamos alcanzando una masa crítica, mostrando una vez más que la protesta es poderosa; es el movimiento de la gente el que genera el cambio: antibélico, por los derechos civiles, la salud, la educación, y…la justicia climática.

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Autorización de hidroeléctrica Las Cruces es ilegal

El permiso otorgado por la Semarnat para la construcción del proyecto sobre el río San Pedro Mezquital, en Nayarit, viola normas nacionales e internacionales en materia ambiental y de derechos humanos.

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Carta abierta a organismos internacionales, gobiernos e instituciones financieras para que dejen de considerar a las grandes represas como energía limpia e implementen soluciones reales al cambio climático

(VERSIÓN EN PORTUGUÉS DE LA CARTA) 57 ORGANIZACIONES Y COALICIONES DE AMÉRICA LATINA INSISTIMOS QUE LAS GRANDES REPRESAS NO SON ENERGÍA LIMPIA Y SOLICITAMOS A LOS GOBIERNOS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ENTIDADES FINANCIERAS IMPLEMENTAR VERDADERAS SOLUCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO Es tiempo de aprender del pasado e implementar alternativas acordes a nuestros tiempos Según el Informe de la Comisión Mundial de Represas, al año 2000 ya se habían construido en el mundo más de 50 mil represas, interrumpiendo más del 60% de los ríos existentes[1].  Hoy en día sólo en América Latina existen 973 represas en operación, de todos los tamaños, y aproximadamente 1603 más están en proceso de construcción o planeación, de las cuales 254 se concentran en la cuenca Amazónica[2]. La evidencia científica ha demostrado que las grandes represas: producen emisiones de gases de efecto invernadero incluyendo de metano, que agravan el cambio climático, especialmente en regiones tropicales[3], y dificultan la adaptación al mismo; cuestan casi el doble de lo presupuestado, causando estragos económicos en las comunidades y los países donde se implementan[4]; tardan tanto en ser operativas, que resultan ineficientes para resolver las crisis energéticas urgentes que pretenden abordar[5]; pueden causar graves e irreparables daños ambientales; su inadecuada implementación puede generar violaciones de derechos humanos y empobrecimiento de las comunidades afectadas. Sin embargo, continúan siendo promovidas como alternativas de energía limpia, ante la creciente demanda energética[6]. ¿Por qué las represas no son energía limpia y hay que pensar en alternativas? 1. Porque producen emisiones de gases efecto invernadero incluyendo metano, que agravan el cambio climático, especialmente en regiones tropicales, y dificultan la adaptación al mimso La construcción y operación de grandes represas en zonas tropicales genera la emisión de CO2 y metano por las grandes cantidades de material orgánico inundado y retenido en los estanques y la destrucción de amplias extensiones de tierra necesarias para construir estas infraestructuras.  El metano es un gas de efecto invernadero 20 a 40 veces más potente que el CO2[7]. Las represas no son flexibles para soportar los cambios del clima.  Al contrario, son ineficientes ante sequías e inseguras frente a inundaciones, aumentando riesgos de desastres.  Más aún, ponen en riesgo todo el sistema hídrico al servicio de las comunidades, destruyen ecosistemas claves y pesquerías, lo que compromete la posibilidad de adaptación de las comunidades. 2. Por los sobrecostos, demoras y pérdidas económicas que implican La evidencia demuestra que la mayoría de las represas que se han construido terminan costando aproximadamente 96% más de lo presupuestado, lo que se ha vinculado con el aumento de la deuda pública y crisis económicas de varios países[8].  3. Porque tardan tanto en ser operativas, que resultan ineficientes para resolver crisis energéticas urgentes La construcción de grandes represas toma aproximadamente 8.6 años, sumado al tiempo de su implementación[9], para una vida útil en promedio de apenas 50 años[10].  Expertos documentaron que ocho de cada diez represas exceden el tiempo de construcción, y que se requiere aproximadamente 44% más tiempo al estimado inicialmente[11].  Esto implica que no son una solución adecuada para la creciente y urgente demanda de energía ni tampoco para enfrentar los impactos del cambio climático.  4. Porque pueden causar graves e irreparables daños ambientales Los daños ambientales que causan las grandes represas en ríos, cuencas hidrográficas y ecosistemas aledaños incluyen: empeoramiento de la calidad de las aguas de los ríos; degradación de ecosistemas acuáticos y desaparición de cuantiosos ecosistemas ribereños; y graves impactos a la biodiversidad, incluyendo extinción de especies[12]. 5. Porque los daños ambientales que producen pueden generar violaciones de derechos humanos y empobrecimiento en las comunidades afectadas Los derechos humanos de las personas afectadas por grandes represas han sido sistemáticamente desconocidos causando desplazamientos forzados[13]; afectaciones a la salud; pérdida de fuentes de alimentación y formas de vida tradicionales; empobrecimiento de comunidades[14]; y criminalización de la protesta social.  Además, los procesos de licenciamiento muchas veces son defectuosos, otorgándose permisos sin evaluaciones de impacto ambiental y social integrales ni mecanismos adecuados de participación y consulta pública. HOY existen alternativas limpias, más eficientes, menos costosas y más rápidas para responder a la demanda energética, por lo que EXIGIMOS a los Gobiernos, organismos internacionales y entidades financieras que de inmediato: Dejen de considerar las grandes represas como energía limpia, debido a los impactos probados y mencionados aquí y éstos impactos se consideren integralmente. Incorporen en la planeación de nuevas represas: la evidencia científica sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo el metano generado por embalses; la inestabilidad que el cambio climático genera en el régimen hidrológico; las lecciones aprendidas, particularmente respecto a costos y tiempos reales de implementación de grandes represas; la valoración integral de los impactos socioambientales a causar; una planeación energética integral y realista a través de un proceso de Planificación Integrada de Recursos Energéticos para el Sector Eléctrico; y de esta manera tomen decisiones que consideren los impactos sobre el ambiente, los derechos humanos y el cambio climático, para la implementación de verdaderas soluciones energéticas que demuestren ser efectivas y que no causen más daños que los beneficios que prometen. 3. Adopten procesos de decisión participativos y transparentes, considerando todo el espectro de alternativas energéticas.   Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C., México Alianza de Comunidades y Usuarios en Defensa del Río Biobos-Nautla, México Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), Panamá Amazon Watch, Estados Unidos Amazónicos por la Amazonía (AMPA), Perú Amigos del Río San Rodrigo, México Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), México Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia Asociación Amigos de los Parques Nacionales (AAPN), Argentina Asociación Ceiba, Guatemala Asociación de Ecología Social (AESO), Costa Rica Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Regional Asociación Palmareña para la Recuperación del Ambiente (APRA), Costa Rica Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, Perú Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú Asociación Proyectos Alternativos para Desarrollo Social (PROAL), Costa Rica Bloque Verde, Costa Rica Centro de Desarrollo Étnico (CEDET), Perú Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador Centro de Estudios para la Justicia Social "Tierra Digna", Colombia Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos Arequipa (CEPRODEH), Perú Centro Humboldt, Nicaragua Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), México Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA-UPCH), Perú Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, México Comisión de Derechos Humanos de Ica, Perú Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador Comité por los Derechos en América Latina (CEDHAL), Canadá Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota  (CECOP), México Coordinadora de Afectados por Embalses y Trasvases (COAGRET), España Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú Derechos Humanos y Medio Ambiente, Perú Ecologia E Ação (ECOA), Brasil Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), Costa Rica Finca Amalur, Costa Rica Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), Chile Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FORO), Argentina Fórum Solidaridad Perú, Perú Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Argentina Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Perú Fundación GaiaPacha, Bolivia Fundación POPOL NA, Nicaragua Fundar, México Grupo Ecologista Cuña Pirú, Argentina Instituto Madeira Vivo (IMV), Brasil International Rivers, Estados Unidos JASS, Asociadas por lo Justo, México Justicia para la Naturaleza, Costa Rica  María Esperanza Alonso, especialista de Derecho Ambiental, Argentina Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Perú Oilwatch Mesoamérica, Costa Rica Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional), Ecuador Programa Chile Sustentable, Chile Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, México Red Jurídica Amazónica (RAMA), Bolivia Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Perú Unión Norte por la Vida, Costa Rica   Para mayor información: AIDA sobre represas: http://www.aida-americas.org/es/project/grandesrepresas International Rivers: http://www.internationalrivers.org/ Informe: Grandes Represas en América: ¿Peor el Remedio que la Enfermedad? Blog de interés: Desmantelando el mito de las represas, Grandes represas elefantes blancos, Las represas no resolverán los problema en energía de África   [1]Informe de la Comisión Mundial de Represas. http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/wcd_espanol.pdf [2] State of the World’s Rivers. http://www.internationalrivers.org/worldsrivers/ [3]2013 IPCC Supplement to the 2006 Guidelines for National GHG Inventories: Wetlands http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/wetlands/ [4]Ansar, Atif and Flyvbjerg, Bent and Budzier, Alexander and Lunn, Daniel, Should We Build More Large Dams? The Actual Costs of Hydropower Megaproject Development (March 10, 2014). Energy Policy, March 2014, pp.1-14. [5] Ibid [6] Directions for the World Bank Group’s Energy Sector. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/SDN/energy-2013-0281-2.pdf [7] Climate and Clear Air Coalition. Short-Lived Climate Pollutants. (2011).  http://www.unep.org/ccac/ShortLivedClimatePollutants/tabid/101650/Default.aspx. [8] Ansar, A et al. Además el Tribunal de Cuentas de Brasil investigó las obras energía implementadas entre 2005 y 2012 concluyendo que casi el 80% de las hidroeléctricas no cumplirán cronograma previsto http://oglobo.globo.com/economia/tcu-constata-atrasos-nas-obras-de-energia-leiloadas-pelo-governo-de-2005-2012-13822128. [9] Ansar, A., et al. [10] Friends of the Earth, et al. Dam Removal Success Stories. (1999). http://www.michigandnr.com/publications/pdfs/fishing/dams/SuccessStoriesReport.pdf http://www.teachengineering.org/view_lesson.php?url=collection/cub_/lessons/cub_dams/cub_dams_lesson08.xml [11] Ansar, A., et al. [12] AIDA. Grandes Represas en América: ¿Peor el remedio que la enfermedad? http://www.aida-americas.org/sites/default/files/InformeAIDA_GrandesRepreseas_BajaRes_1.pdf [13] Según la Comisión Mundial de Represas, entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas por grandes represas, lo que equivale aproximadamente a una de cada cien personas vivas hoy en día. [14] Thayer Scudder, Instituto de Tecnología de California, promovió la construcción de represas durante 58 años, considerándolas una opción para el alivio de la pobreza. A sus 84 años cambió de opinión públicamente, declarando que las grandes represas no valen lo que cuestan y que muchas de las que están en construcción tendrán consecuencias desastrosas. New York Times. http://www.nytimes.com/2014/08/24/opinion/sunday/large-dams-just-arent-worth-the-cost.html?emc=eta1&_r=3 (inglés).

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Propuestas de la sociedad civil para la estrategia de la Unidad DESC de la CIDH

AIDA y organizaciones de la sociedad civil mexicanas presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) propuestas para la estrategia de su Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). El documento complementa y desarrolla aquellas propuestas planteadas durante la consulta de la CIDH en Ciudad de México, realizada el 16 de agosto de 2014. Las opiniones son producto de un proceso de reflexión sobre algunos aspectos relacionados con el funcionamiento de la Unidad y próxima Relatoría Especial DESC, e incluyen sugerencias de carácter temático y administrativo consideradas útiles para diseñar la estrategia de ésta a futuro.

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La Oroya (2007-2014)

Por Ana María Mondragón Duque, fellow de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA En 2002, AIDA y nuestros colegas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) publicamos el informe La Oroya No Espera. En él presentamos datos contundentes sobre las severas consecuencias en la salud de los habitantes de la ciudad de La Oroya a causa de la contaminación generada por el complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. Hicimos además un llamado a tomar medidas serias y oportunas para solucionar el problema.   Ese llamado ha sido reiterado por diversos actores nacionales e internacionales a lo largo de estos años. De hecho, La Oroya se ha convertido en un caso emblemático a nivel mundial de los impactos de la degradación ambiental en los derechos humanos, y la ciudad es tristemente célebre desde que fue catalogada como una de las diez más contaminadas del mundo en 2006. Por ello, mi interés de profundizar en el caso empezó mucho antes de trabajar con AIDA. Tenía una línea de tiempo en mi cabeza: "En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó 'medidas cautelares en favor de 65 moradores de la ciudad de La Oroya en Perú [por las] afectaciones a la salud a consecuencia de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua, [y la ausencia] de atención médica adecuada'. Ese mismo año, se presentó una petición inicial contra el Estado peruano por las violaciones de derechos humanos derivadas de la situación de contaminación. En 2009, la CIDH emitió el informe de admisibilidad en el caso. A la fecha, no se ha emitido el informe de fondo".  Esa línea de tiempo (2007 - 2014), vacía y abstracta, se llenó de contenido cuando empecé a trabajar con AIDA, y mucho más hace dos semanas, cuando visité por primera vez La Oroya. Las palabras que he leído durante años se convirtieron en rostros y colores desde el inicio del viaje. Al ingresar a La Oroya, la primera imagen es la de las montañas blancas monumentales que rodean la ciudad y conforman un paisaje único. En ese momento comenzaron mis preguntas y reflexiones. "¿Por qué las montañas son blancas?". "Porque están contaminadas por el plomo", me respondió el chofer del carro en el que viajaba. Fue triste, aunque dilucidador, pensar que, de la misma manera que las actividades del complejo metalúrgico modificaron radicalmente el paisaje de la ciudad y la naturaleza, también irrumpieron profundamente en la vida individual y social de sus pobladores. Sobre esos impactos informamos constante e incansablemente a la CIDH. Sin embargo, hay una parte de la historia que pude ver claramente al conocer a parte de las víctimas del caso y que es difícil poner en palabras de un escrito legal: El duro impacto que la espera por la justicia ha tenido en estas personas. Durante más de dos horas —junto con María José, mi colega de AIDA, y Christian, colega de APRODEH—, escuché atentamente narraciones sobre cómo las víctimas han visto pasar los años entre padecimientos de salud, enfermedades de sus hijos pequeños, y viendo partir a muchas compañeras y compañeros. Pero sobre todo escuché palabras que expresaban frustración, soledad y olvido al esperar una decisión de la Comisión Interamericana que todavía no llega.   Lo que hace siete años, con el otorgamiento de las medidas cautelares y la presentación del caso ante la CIDH, fue motivo de alegría y fuente de esperanza, hoy se ha convertido en un motivo más de dolor y duelo al temer que esa espera quizás no está próxima a terminar. Después de este viaje confirmé que parte de nuestra labor como defensoras y defensores de derechos humanos y del ambiente es seguir llenándonos de herramientas para comprender y acompañar a las víctimas, y para explicarles las oportunidades, pero también las limitaciones del derecho para satisfacer sus demandas de justicia. También debemos seguir explorando vías para usar estratégicamente los sistemas nacionales e internacionales en su favor, incluyendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Sin embargo, también es fundamental que los órganos del SIDH tomen medidas urgentes para fortalecerse institucionalmente y dirijan todos sus esfuerzos y recursos a optimizar sus procesos internos. Solo de esta manera podrán contribuir a llevar verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro continente.  Lamentablemente, el caso de La Oroya es solo uno de muchos en los que el proceso ante el SIDH está tendiendo a ser una forma de revictimización.  Las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas seguimos creyendo en las potencialidades del SIDH y estamos dispuestas a continuar aportando a su defensa y fortalecimiento. No obstante, hoy nos preguntamos seriamente cuál es el compromiso de la Comisión y la Corte Interamericana para dar pasos en la defensa de nuestros derechos de manera efectiva y eficiente. Seguimos esperando esta respuesta. Solo me queda reiterar lo que ya decíamos hace 12 años y que hoy conserva plena vigencia: La Oroya No Espera.    

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