La autorización vulnera normas nacionales e internacionales porque las comunidades afectadas por el proyecto no fueron consultadas. La construcción de la represa avanza causando daños a personas, comunidades y al ecosistema en la Amazonía brasileña.
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Ana María Mondragón Duque, fellow de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA Después de dos años y medio de trabajar junto a un admirable grupo de personas y organizaciones de derechos humanos en defensa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), creo fielmente en el poder de la sociedad civil para influir en las decisiones que nos afectan a todas y todos. Hace tres años inició lo que se denominó el “Proceso de Fortalecimiento del Sistema Interamericano”. En realidad fue un ataque frontal contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los pilares del SIDH. Algunos Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), afectados por decisiones de la CIDH o inconformes con algunos de sus procedimientos, intentaron limitar sus funciones de protección de los derechos humanos en la región. Durante este tiempo, he sido testigo de la enorme cantidad de recursos, tiempo y energía que la sociedad civil ha destinado para conservar lo alcanzado con esfuerzo y por décadas. En definitiva, y pese a que no es perfecto, el SIDH representa la última esperanza en el continente para llevar justicia y reparación a miles de víctimas que no encuentran ello en sus países. Si bien el proceso de fortalecimiento culminó con la resolución aprobada en la Asamblea General Extraordinaria del 22 de marzo de 2013, y con la adopción de la reforma reglamentaria de la CIDH; lo sucedido en la última Asamblea General, celebrada en Asunción, Paraguay, el pasado 4 y 5 de junio, indica que los intentos de debilitar la CIDH continúan. Días antes del inicio de la Asamblea, ya rondaban aires de preocupación entre las organizaciones de derechos humanos. La Declaración de Haití, firmada apenas una semana antes en el marco de la IV Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, alertaba sobre la intención de Ecuador de presentar un proyecto de resolución con disposiciones que atentaban contra la autonomía e independencia de la CIDH. Se pretendía discutir de nuevo temas altamente conflictivos como el cambio de sede de la Comisión y la revisión de la estructura y financiamiento de sus Relatorías. En ese momento, AIDA, junto con colegas de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos de las Américas, emitimos un pronunciamiento manifestando nuestra preocupación por la situación y llamando a los Estados a no reabrir temas ya zanjados tras un largo proceso. Afortunadamente, en esta ocasión, algunos Estados cansados de ese desgastante proceso y otros más genuinamente comprometidos con el fortalecimiento de la CIDH, se mostraron reacios a respaldar la iniciativa. También fue novedosa la postura del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, quien en su discurso de apertura exhortó a reafirmar la autonomía de la CIDH “dejando de lado esfuerzos paralelos que solo sirven para debilitar a uno de los órganos principales de la OEA”. Finalmente, luego de presiones políticas y la presentación de un proyecto de resolución paralelo mucho más proteccionista de la CIDH por parte de Costa Rica, se renegoció la amenazante resolución, y se aprobó una que muchos han descrito irónicamente como un documento que “no aporta nada, pero que al menos no genera daños”. A pesar de la actitud menos agresiva de la mayoría de los Estados y un ambiente político más favorable, no podemos bajar la guardia. Queda claro que un grupo de países que arrastra hace años una agenda de críticas contra la CIDH busca desesperadamente estrategias para reavivar el debate. Lo hacen incluso en foros políticos sin ninguna legitimidad para tomar decisiones sobre el SIDH como la improvisada Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana o la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Debemos seguir con atención lo que se discute en todos esos foros y permanecer activos para visibilizar cualquier intento de debilitar la CIDH. Puedo decir sin lugar a dudas que sin la dedicación y entereza de las personas y organizaciones de la sociedad civil, estaríamos frente a una CIDH más debilitada. Nos hemos equivocado, pero también hemos aprendido a unirnos y a reivindicar espacios políticos de participación a todos los niveles para defender nuestros derechos. Ésa fue la gran lección que me dejó la última Asamblea General y un invaluable regalo. Fue gratificante ver en Paraguay la unión, fuerza y compromiso de organizaciones y grupos de víctimas, mujeres, indígenas, afro-descedientes, niños, niñas y adolescentes, comunidad LGBTTTI, defensores del ambiente, regionales, nacionales e internacionales. Vi una sociedad civil cada vez más empoderada para demandar a nuestros representantes un compromiso real con los intereses de nuestras sociedades. Esa experiencia me alejó de un escenario lleno de contradicciones y fríos intereses, y me hizo comprender la relevancia de no ceder estos espacios políticos a intereses contrarios a la protección de los derechos humanos. A ellas y ellos, a mis maestros y maestras, ¡gracias por seguir unidos por la defensa de los derechos humanos y por un genuino fortalecimiento del SIDH!
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En una carta al Congreso de la República del Perú, AIDA expresa su "profunda preocupación por las propuestas de reforma legal que se discuten actualmente en el Congreso Peruano para reactivar la economía. Consideramos que la aprobación e implementación de dichas propuestas tendría serias consecuencias para la institucionalidad peruana, así como para la protección ambiental y para la protección de los derechos humanos. Dichas modificaciones podrían a la larga, tener impactos negativos en la economía y por lo tanto, tener el efecto contrario de su objetivo." Solicitamos respetuosamente al honorable Congreso que en el análisis del paquete de medidas para reactivar la economía tenga en cuenta nuestros argumentos y considere la integralidad de los impactos que dichas medidas podrían causar en el país. AIDA pide además "que la evaluación de estas medidas se lleve a cabo de manera participativa, asegurando que la sociedad civil y los actores interesados puedan tener acceso oportuno y efectivo a la información de las propuestas, así como participar efectivamente en los procesos decisorios. Esto podría garantizar una decisión benéfica para los intereses del Perú, hacia el verdadero camino del equilibrio y de la protección del interés público nacional."
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Los arrecifes de coral son importantes criaderos de peces y, por tanto, vitales para la alimentación humana. Los bosques de manglar nos ayudan a combatir el cambio climático al absorber gran parte del dióxido de carbono de la atmósfera y proteger a las comunidades costeras de tormentas cada vez más intensas. Sin embargo, ambos ecosistemas se ven amenazados por grandes proyectos de infraestructura que pasan por alto sus bondades. Cuando se trata de proteger legalmente estos y otros humedales, librar la batalla en el ámbito local de cada país no es suficiente. En AIDA contribuimos a que la defensa de esos ecosistemas suba de nivel y sea más efectiva. Lo hacemos al involucrar en el debate a autoridades internacionales y al poner sobre la mesa las obligaciones que los países tienen a nivel mundial para preservar sus entornos marino-costeros. “Lo que se logra con estas acciones legales internacionales es tejer una estrategia que interrelaciona los diferentes aspectos del caso: el legal, el político, el científico y el mediático. Así conseguimos que el tema no sólo le interese a los tomadores de decisión locales, sino también a autoridades internacionales; que la opinión pública se dispare y que instancias o expertos certificados se pronuncien al respecto”, explicó Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. México, país rico en humedales, es un ejemplo del uso de esta estrategia de defensa del ambiente. En mayo alertamos al Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, del posible incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano si permite la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit, al noroeste del país. Entre otros daños, el proyecto alteraría el curso del río San Pedro Mezquital, del cual se alimenta Marismas Nacionales, uno de los sistemas de manglar más extensos de Norteamérica, enlistado como humedal de importancia prioritaria internacional por Ramsar. En 2010, diplomáticos de la Convención Ramsar recomendaron al Gobierno mexicano abogar por el uso sostenible del humedal al evaluar la viabilidad del proyecto Las Cruces. Nosotros le hemos hecho saber a Ramsar que sus recomendaciones podrían ser ignoradas si México da luz verde a un proyecto que dañaría irreversiblemente a Marismas Nacionales, así como a la biopersidad y a las comunidades que dependen de ese entorno. Al llamar la atención de instancias internacionales, AIDA fortalece los esfuerzos de sus organizaciones aliadas a nivel local. Así ocurre en la defensa de Marismas Nacionales y también en la de Cabo Pulmo, arrecife de coral único en el mundo ubicado en Baja California Sur. Nos encargamos de recordarles a las autoridades mexicanas que, desde 2012, tanto la Convención Ramsar como el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco pidieron tener en cuenta los impactos acumulativos e indirectos de proyectos de desarrollo turístico propuestos cerca del arrecife. Nuestros argumentos se sumaron a los presentados por nuestros socios en México a la hora de evitar la autorización de Cabo Dorado, el tercer intento de los desarrolladores turísticos por construir junto a Cabo Pulmo. La construcción de ese mega resort implicaba la creación de una nueva ciudad en torno al arrecife, algo fatal para su sobrevivencia. En un contexto de lucha que sobrepasó las fronteras mexicanas, el Gobierno de ese país decidió, el 29 de mayo, negar el permiso ambiental para Cabo Dorado. Con tu ayuda continuaremos llevando la voz de las comunidades locales a foros internacionales. Seguiremos agregando valor y apoyando su lucha por preservar entornos marinos y costeros que nos benefician a tod@s.
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En una carta, 57 organizaciones y personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos y del ambiente expresan su profunda preocupación por la detención del señor Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) el pasado 17 de junio, por parte de miembros de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE). Hacemos un llamado para que el Estado mexicano tome medidas urgentes y efectivas para garantizar los derechos humanos del señor Suástegui y el adecuado ejercicio de la importante labor que éste realiza en defensa del río Papagayo. En particular, consideramos fundamental que el Estado: Tome medidas para que las autoridades competentes garanticen el derecho de defensa y debido proceso del señor Marco Antonio Suástegui, y se revoque cualquier acto en el marco del procedimiento de detención y posteriores traslados que adolezca de ilegalidades, Tome medidas para garantizar su integridad física y psíquica, y Tome todas las medidas necesarias para garantizar la labor de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente que lleva a cabo Marco Antonio Suástegui, y asuma una posición activa evitando cualquier acto que obstaculice el proceso de defensa del río Papagayo.
Leer másLas firmas fueron entregadas a la SEMARNAT. Pueblos indígenas y comunidades ribereñas esperan que esa entidad niegue el permiso ambiental a un proyecto que pone en peligro su economía y cultura.
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Por Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes La semana pasada fue inolvidable para el movimiento ambiental en América Latina. Recibimos tres grandiosas noticias desde Chile, Paraguay y México que nos hicieron llorar de emoción. Aunque muchos están al tanto, quiero dedicar este post a esas historias de éxito que son una brisa de esperanza. Lo hago en honor de queridas y queridos colegas a quienes he visto trabajar sin descanso para lograr esos avances. A cada una de esas personas, GRACIAS por las lecciones aprendidas y por demostrarnos que sí podemos alcanzar los cambios necesarios. ¡Ríos libres en la Patagonia chilena! El 10 de junio, el Comité de Ministros de Chile rechazó el proyecto HidroAysén, con el cual se buscaba construir cinco represas en los ríos Baker y Pascua, en la Patagonia chilena. La decisión puso fin a 35 acciones presentadas contra la autorización del proyecto, 34 por la ciudadanía y una por la empresa. Así termina, por ahora, una controversia de más de ocho años sobre la viabilidad o no de represas en una zona única en belleza, biodiversidad, reservas de agua dulce y bosques. Para quienes trabajamos en la protección de los ríos y en la búsqueda de alternativas a su represamiento y destrucción, la experiencia del grupo de organizaciones y ciudadanos Patagonia Sin Represas ha sido ejemplar. Al proyecto se opusieron primero las comunidades de Aysén, región de la Patagonia. A ellas se unieron organizaciones chilenas e internacionales creando una increíble coalición de aproximadamente setenta organizaciones. La causa contagió a todo al país y al mundo. El gobierno rechazó el proyecto al concluir que sus impactos negativos no habían sido adecuadamente evaluados. En particular, no se evaluaron los cambios en los ríos y en la fauna de la región. De haberse ejecutado HidroAysén, el hogar del ciervo huemul, emblema nacional y uno de los preciosos animales que habita la zona, habría sido gravemente afectado. Según el Ministro de Ambiente Pablo Bardenier, la decisión demuestra que el gobierno toma en serio la evaluación de impactos ambientales y que “hay una institucionalidad ambiental que funciona, que va a seguir funcionando y que da garantías a todas las partes reclamantes”. Se trata de un gran mensaje sobre el cumplimiento de las normas y la seguridad que tanto necesita nuestra región. ¡La lucha no ha sido fácil, pero sí exitosa! Patagonia Sin Represas demostró que la ciudadanía es poderosa y fuerte con argumentos legales y científicos sólidos, y con una estrategia de comunicación efectiva. Evidenció que construir cinco represas y una inmensa infraestructura de tendido eléctrico en la Patagonia chilena era un error garrafal para el ambiente y el desarrollo del país. Demostró que hay formas más efectivas de conseguir energía. El seguimiento a las acciones también es necesario pues no es la primera victoria que Aysén consigue ante amenazas de fuerte impacto ambiental. AIDA trabajó hace más de diez años para proteger esa región de la construcción de Alumysa, una inmensa planta de aluminio que hubiera causado importantes impactos ambientales y sociales. Dicho proyecto también fue evitado. ¡No fracking en Cuetzalan! Cuetzalan es un Pueblo Mágico ubicado en la Sierra de Puebla, México. Es famoso por su mercado en el que los domingos se ofrecen productos de la región como vainilla, café y pimienta. Allí se quiere implementar un proyecto de fracking (fractura hidráulica para la extracción de gas). La semana pasada, la empresa mexicana PEMEX reconoció que el Plan de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Cuetzalan solo autoriza actividades de microindustria y pequeña industria. Por tanto, el fracking no es una actividad permitida. La noticia es positiva dados los impactos del fracking en el ambiente y la salud humana, los cuales incluyen la grave contaminación del agua dulce y el aumento en el riesgo de terremotos. El proyecto aún no ha sido cancelado. Es solo un paso del largo camino que las personas de Cuetzalan comienzan a transitar. Hasta ahora van bien. Esperamos que PEMEX y el Gobierno nacional continúen respetando la decisión del gobierno local de no permitir minería ni fracking en su región. De lo contrario, las consecuencias económicas, sociales y ambientales serían nefastas. ¡Tierra para Sawhoyamaxa en Paraguay! Tras décadas de luchar por la recuperación de sus tierras, la comunidad de Sawhoyamaxa finalmente recibió la ley del gobierno paraguayo que se las restituye. La decisión llegó siete años después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyera que Paraguay era responsable por la violación de los derechos de la comunidad al no protegerlos del despojo de sus tierras por parte de colonos. Reconozco que una ley no asegura la recuperación de las tierras. Pero sí es un gran avance en ese proceso y en el cumplimiento de una decisión judicial regional. La ley evidencia la voluntad de un gobierno por restituir los derechos violados en el pasado. Un aspecto a resaltar en cada uno de estos esfuerzos es que el trabajo constante, estratégico y dedicado de personas, comunidades y organizaciones da resultados. Estas historias demuestran una vez más que la defensa inteligente del ambiente es posible cuando hay comunidades comprometidas e involucradas, apoyadas por organizaciones, y que prueban sus posiciones con argumentos científicos y técnicos. Al final, es claro también que gobiernos que conocen las normas y tienen la voluntad política de hacerlas cumplir pueden en efecto hacer una diferencia positiva. Lo mejor de todo es que al final, ¡todos ganamos: las comunidades, los gobiernos y especialmente el ambiente, que es de todos! Monti, Rodrigo, Patricio, Juan Pablo, Sara, Claudia y cada una de las personas que trabajaron y siguen trabajando en estos casos, ¡GRACIAS por darnos esperanza y demostrar que protegiendo el ambiente podemos avanzar exitosamente como sociedad!
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Por Pedro Pablo Cortés, Reporte Indigo Texto publicado originalmente en Reporte Indigo. La principal fuente de ingresos de cerca de 33 mil habitantes de una ciudad peruana también se ha convertido en su mayor condena. La contaminación de una planta metalúrgica de la empresa estadounidense Doe Run ha provocado que casi todos los niños de La Oroya presenten en la sangre altos niveles de plomo, zinc y otros metales peligrosos. María José Veramendi, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), denuncia en entrevista con Reporte Indigo que el Gobierno de Perú no ha actuado para frenar la polución del complejo. Veramendi expone que el Gobierno peruano estableció en 1997 que Doe Run debía seguir los lineamientos del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que obligaban a la compañía a controlar sus emisiones de contaminantes. "El problema", señala, "es que ninguno de los dos, ni el Estado ni la compañía, han cumplido con esas obligaciones y eso ha producido que el complejo metalúrgico opere de una manera no adecuada y cause serios problemas de salud en los habitantes". "En los momentos más críticos de operaciones del complejo, los niveles de plomo y de otros metales en la sangre, en los organismos de los habitantes de La Oroya, eran altísimos". Estudios independientes recogidos por AIDA revelan que el 99 por ciento de los menores de 5 años y el 98 por ciento de los niños de entre 7 y 12 años presentan altos niveles de plomo en la sangre, aunque la OMS informa que cualquier nivel es peligroso para el ser humano. El Instituto Blacksmith, con sede en Nueva York, califica a La Oroya como la quinta ciudad más contaminada del mundo y la segunda en Latinoamérica. Veramendi asevera que la inacción de las autoridades constituye una violación a las garantías de los pobladores, por lo que, junto con otras organizaciones, AIDA ha llevado el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Con todos estos años de permitir que la empresa pida prórrogas para cumplir con sus obligaciones ambientales y un poco permitir esta operación incontrolada del complejo metalúrgico ha ocasionado que el Estado peruano viole los derechos humanos de las personas que viven en La Oroya", apunta. "Del grupo que representamos, hay personas que han fallecido por diversas dolencias que uno podría relacionar con las afectaciones que causa el plomo y otros metales". La solución de cerrar la planta no es tan viable, pues 70 por ciento de sus empleados son habitantes de La Oroya. Por ello, AIDA demanda que el Gobierno peruano controle de inmediato las emisiones, pues ni siquiera ha invertido en la Estrategia de Metales Pesados, que busca controlarlas. "Que proteja la salud de los habitantes, que controle las emisiones y operaciones del complejo, que haga cumplir la Ley", pide Veramendi.
Leer másColombia enfrenta una elección crucial para su futuro. Debe escoger entre proteger sus páramos, fuente de agua para millones de personas, o autorizar minería a gran escala en esos frágiles ecosistemas. AIDA, junto con sus organizaciones aliadas, está trabajando para convencer a las autoridades de elegir el agua. Esta causa ha ganado recientemente un nuevo seguidor: Al Gore. El exvicepresidente de EE.UU., laureado con el Premio Nobel de la Paz por su éxito en crear conciencia sobre el cambio climático, sacó a relucir el tema de la minería en los páramos, ecosistemas de alta montaña, en abril. “Colombia tiene que escoger entre el oro en los páramos y ganancias para unos cuantos, o el agua potable que abastece a todos sus ciudadanos”, dijo en una cumbre internacional sobre el ambiente en Bucaramanga, una ciudad ubicada al noreste de Colombia que obtiene su agua del Páramo de Santurbán. Hemos instado al Gobierno colombiano a proteger éste y otros páramos de la minería debido a que de ellos proviene el 85% del agua del país. ¿Será posible que ello ocurra? Por ley, el gobierno debe mantener a la minería fuera de los páramos. Pero para hacer esto, los límites de esos ecosistemas deben ser delimitados en un mapa. Esto plantea un problema. En abril, el gobierno dio a conocer un mapa que muestra que el Páramo de Santurbán se extiende sobre 42,000 hectáreas. Eso es más que las 11,000 hectáreas de estimaciones previas, pero solo cerca de la mitad de las 82,000 hectáreas medidas por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, un centro independiente de investigación que empleó un mapa de escala mayor que el gobierno. Esa escala proporciona mayores detalles y da cuenta que el páramo se extiende mucho más allá. El gobierno no ha adoptado una medición oficial, dejando partes importantes del páramo abiertas a la minería, una industria que se promueve para impulsar el crecimiento económico. ¿Pero a qué costo? La minería a gran escala causará daños irreversibles a estos páramos ricos en flora que no sólo proveen agua a millones de personas, sino que además ayudan a mitigar los efectos del cambio climático al capturar emisiones de carbono. Gore fue claro respecto de la elección que recomienda para Colombia y para cualquier país que se debata entre cuestiones de crecimiento económico y la protección del ambiente. “Sin planeta, no hay economía que valga la pena”, dijo. Tú puedes ayudarnos a difundir este mensaje haciendo un donativo y firmando nuestra petición para que podamos continuar nuestra lucha para salvar los páramos colombianos. ¡Gracias!
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