Aida Publication

Propuestas de la sociedad civil para la estrategia de la Unidad DESC de la CIDH

AIDA y organizaciones de la sociedad civil mexicanas presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) propuestas para la estrategia de su Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). El documento complementa y desarrolla aquellas propuestas planteadas durante la consulta de la CIDH en Ciudad de México, realizada el 16 de agosto de 2014. Las opiniones son producto de un proceso de reflexión sobre algunos aspectos relacionados con el funcionamiento de la Unidad y próxima Relatoría Especial DESC, e incluyen sugerencias de carácter temático y administrativo consideradas útiles para diseñar la estrategia de ésta a futuro.

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La Oroya (2007-2014)

Por Ana María Mondragón Duque, fellow de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA En 2002, AIDA y nuestros colegas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) publicamos el informe La Oroya No Espera. En él presentamos datos contundentes sobre las severas consecuencias en la salud de los habitantes de la ciudad de La Oroya a causa de la contaminación generada por el complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. Hicimos además un llamado a tomar medidas serias y oportunas para solucionar el problema.   Ese llamado ha sido reiterado por diversos actores nacionales e internacionales a lo largo de estos años. De hecho, La Oroya se ha convertido en un caso emblemático a nivel mundial de los impactos de la degradación ambiental en los derechos humanos, y la ciudad es tristemente célebre desde que fue catalogada como una de las diez más contaminadas del mundo en 2006. Por ello, mi interés de profundizar en el caso empezó mucho antes de trabajar con AIDA. Tenía una línea de tiempo en mi cabeza: "En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó 'medidas cautelares en favor de 65 moradores de la ciudad de La Oroya en Perú [por las] afectaciones a la salud a consecuencia de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua, [y la ausencia] de atención médica adecuada'. Ese mismo año, se presentó una petición inicial contra el Estado peruano por las violaciones de derechos humanos derivadas de la situación de contaminación. En 2009, la CIDH emitió el informe de admisibilidad en el caso. A la fecha, no se ha emitido el informe de fondo".  Esa línea de tiempo (2007 - 2014), vacía y abstracta, se llenó de contenido cuando empecé a trabajar con AIDA, y mucho más hace dos semanas, cuando visité por primera vez La Oroya. Las palabras que he leído durante años se convirtieron en rostros y colores desde el inicio del viaje. Al ingresar a La Oroya, la primera imagen es la de las montañas blancas monumentales que rodean la ciudad y conforman un paisaje único. En ese momento comenzaron mis preguntas y reflexiones. "¿Por qué las montañas son blancas?". "Porque están contaminadas por el plomo", me respondió el chofer del carro en el que viajaba. Fue triste, aunque dilucidador, pensar que, de la misma manera que las actividades del complejo metalúrgico modificaron radicalmente el paisaje de la ciudad y la naturaleza, también irrumpieron profundamente en la vida individual y social de sus pobladores. Sobre esos impactos informamos constante e incansablemente a la CIDH. Sin embargo, hay una parte de la historia que pude ver claramente al conocer a parte de las víctimas del caso y que es difícil poner en palabras de un escrito legal: El duro impacto que la espera por la justicia ha tenido en estas personas. Durante más de dos horas —junto con María José, mi colega de AIDA, y Christian, colega de APRODEH—, escuché atentamente narraciones sobre cómo las víctimas han visto pasar los años entre padecimientos de salud, enfermedades de sus hijos pequeños, y viendo partir a muchas compañeras y compañeros. Pero sobre todo escuché palabras que expresaban frustración, soledad y olvido al esperar una decisión de la Comisión Interamericana que todavía no llega.   Lo que hace siete años, con el otorgamiento de las medidas cautelares y la presentación del caso ante la CIDH, fue motivo de alegría y fuente de esperanza, hoy se ha convertido en un motivo más de dolor y duelo al temer que esa espera quizás no está próxima a terminar. Después de este viaje confirmé que parte de nuestra labor como defensoras y defensores de derechos humanos y del ambiente es seguir llenándonos de herramientas para comprender y acompañar a las víctimas, y para explicarles las oportunidades, pero también las limitaciones del derecho para satisfacer sus demandas de justicia. También debemos seguir explorando vías para usar estratégicamente los sistemas nacionales e internacionales en su favor, incluyendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Sin embargo, también es fundamental que los órganos del SIDH tomen medidas urgentes para fortalecerse institucionalmente y dirijan todos sus esfuerzos y recursos a optimizar sus procesos internos. Solo de esta manera podrán contribuir a llevar verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro continente.  Lamentablemente, el caso de La Oroya es solo uno de muchos en los que el proceso ante el SIDH está tendiendo a ser una forma de revictimización.  Las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas seguimos creyendo en las potencialidades del SIDH y estamos dispuestas a continuar aportando a su defensa y fortalecimiento. No obstante, hoy nos preguntamos seriamente cuál es el compromiso de la Comisión y la Corte Interamericana para dar pasos en la defensa de nuestros derechos de manera efectiva y eficiente. Seguimos esperando esta respuesta. Solo me queda reiterar lo que ya decíamos hace 12 años y que hoy conserva plena vigencia: La Oroya No Espera.    

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Manifestantes climáticos le dicen a líderes del mundo "no a la energía sucia en el Fondo Verde Climático"

Mientras los líderes mundiales se preparaban ayer para anunciar sus medidas sobre el clima, miles de personas inundaron las calles de la ciudad de Nueva York haciendo un llamado para que las naciones ricas pongan dinero en el Fondo, y demandando que nada del mismo vaya a financiar energía sucia.

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"Queremos que el Fondo Verde Climático se apegue a las reglas que ha adoptado para su funcionamiento"

AIDA estuvo presente en el Foro Latinoamericano del Carbono 2014 en Bogotá, Colombia. Allí, nuestra abogada Andrea Rodríguez participó como representante de la sociedad civil en un panel sobre el Fondo Verde del Clima (FVC), mecanismo que pronto movilizará grandes cantidades de recursos para apoyar actividades de adaptación y mitigación del cambio climático. A propósito de su intervención en el panel, Andrea responde a una serie de preguntas sobre la situación actual y las perspectivas del FVC. ¿Cuáles son las expectativas de la sociedad civil en torno al Fondo? Tenemos las mismas expectativas que el Fondo. Queremos que sea una institución transparente, inclusiva y que esté en constante aprendizaje, tal como lo establece el Artículo 3 de su instrumento de gobernanza. Su enfoque tiene que ser impulsado por cada país a la hora de determinar las prioridades de lo que se financiará. Debe otorgar un financiamiento balanceado para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Esperamos que el Fondo promueva cobeneficios sociales, ambientales, económicos y de desarrollo con un enfoque de género. Hombres y mujeres son perjudicados en igual grado por el cambio climático. En suma, queremos que el Fondo Verde del Clima se apegue a las reglas que ha adoptado para su funcionamiento. ¿Cómo asegurar el equilibro en el financiamiento para actividades de mitigación y adaptación? El financiamiento se está dando mayormente para actividades de mitigación a pesar de la gran necesidad que existe de financiar aquellas de adaptación al cambio climático. En Bali, Indonesia, durante la penúltima reunión de la Junta Directiva del Fondo, se decidió que 50% del financiamiento irá a mitigación  y el restante 50% para adaptación. Existe una decisión tomada y debemos asegurar que se cumpla. Además, en Latinoamérica, los planes de desarrollo y las estrategias de cambio climático que se han desarrollado, han establecido la adaptación como prioridad de financiamiento. ¿Cómo debe ser la participación de la sociedad civil en el Fondo? Debe ir más allá del diseño y llegar a la implementación. El instrumento de gobernanza del Fondo establece en su Artículo 71 que la Junta Directiva tiene que desarrollar mecanismos para promover la participación de todos los actores (grupos vulnerables, mujeres, sociedad civil y grupos indígenas.) en el diseño, desarrollo e implementación de proyectos y programas financiados por el Fondo Verde. Existe un mandato para que la sociedad civil participe en todas las etapas. El tema es relevante porque el Fondo entrará en operación pronto y tienen que darse estos mecanismos de participación a nivel nacional, particularmente cuando los países empiecen a nombrar a sus autoridades nacionales designadas (aquellas que avalarán los proyectos o actividades que el Fondo financiará). Es necesario que se institucionalicen estos procesos participativos. ¿Cómo se puede medir la efectividad de un proyecto a ser financiado? La definición de indicadores será uno de los temas a discutir en la próxima reunión de la Junta Directiva del Fondo, pero hay algunos que consideramos importantes. En adaptación, se debe considerar si un proyecto puede ayudar a reducir el grado de vulnerabilidad de una determinada comunidad ante el cambio climático. Y en cuanto a mitigación, se tiene que medir la cantidad de emisiones contaminantes que se van a lograr reducir. Pero el aspecto más importante a medir son los cobeneficios que puede generar un proyecto o actividad: si genera empleo, mejora la calidad de la vida de la gente, etc. Lo anterior se debe a que el Fondo Verde del Clima tiene como objetivo contribuir a un cambio paradigmático que promueva el desarrollo sostenible. Ayudar a mejorar la calidad de vida constituye un cambio de esa naturaleza. Muchas veces, proyectos que tienen beneficios climáticos positivos generan problemáticas sociales, ambientales y económicas. Es esencial que los beneficios adicionales sean evidentes en términos sociales, ambientales, económicos.

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Organización trinacional pide investigar a México por la autorización de megaresorts que amenazan ecosistemas, especies y comunidades en el Golfo de California

El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) recomendó una investigación a fondo sobre el incumplimiento de la legislación ambiental mexicana en la entrega de permisos a tres proyectos turísticos planeados en una zona vital para ecosistemas vulnerables, especies en peligro y comunidades locales.

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Brasil protege las obras de Belo Monte, pero no los derechos humanos de los afectados

El tiempo no se detiene y, lamentablemente, tampoco la construcción de la represa Belo Monte sobre el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Las obras avanzan a un grado que impresiona, 65% al momento, y con ellas el deterioro del ecosistema y de la vida de las personas que habitan la zona. La gigantesca edificación principal de la represa se abre paso entre la vegetación del lugar. Verla desde el aire no provoca más que impotencia. Y en tierra, es frustrante evidenciar que la situación de los pueblos indígenas, las comunidades ribereñas y residentes de la ciudad de Altamira empeora. María José Veramendi Villa y Alexandre Andrade Sampaio, abogados de AIDA, visitaron la zona y estuvieron en la comunidad indígena Arara, asentada en la Volta Grande del río Xingú. Una vez que Belo Monte aprisione el río, su caudal se reducirá drásticamente y la pesca, medio de sustento de las personas del lugar, ya no será posible. Además, los Arara perderán la vía que los lleva a sus sitios sagrados. Esperan la llegada de vehículos, la construcción de una carretera y también de un pozo adecuado, pues la calidad del agua que beben no es la mejor. En Altamira, la situación de deterioro es similar. AIDA también estuvo allí. A raíz de la construcción de la represa, la población de esa ciudad creció masivamente. Ello ocasionó la saturación de los servicios de salud y saneamiento básico, así como un incremento en los casos de violencia sexual y trata de personas. Al pagar más por unas tierras que por otras, Norte Energía, el consorcio de empresas estatales y privadas a cargo de la construcción de la represa, ha provocado pisiones entre la población afectada.  Son muchas las personas que se vieron obligadas a vender sus hogares a un precio mínimo ante la amenaza del desalojo. Y las casas destinadas a la reubicación de familias desplazadas no cumplen las condiciones de una vivienda adecuada. La reubicación implica además un cambio en el modo de vida: de la pesca a la agricultura o a cargar bolsas de cemento. "Todo esto genera la descomposición del tejido social. Trabajamos diariamente, junto con nuestros colegas de Brasil, para hacer visible en el país y a nivel internacional que lo que está sucediendo en torno a Belo Monte son violaciones de derechos humanos. Estamos trabajando constantemente para que el Gobierno de Brasil cumpla con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", explica Veramendi. El 1º de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas para proteger la vida, la salud, y la integridad personal y cultural de las comunidades indígenas en aislamiento voluntario; la salud de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto; y la demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Nuestro trabajo, así como el de defensores del ambiente y los derechos humanos a quienes apoyamos en Brasil, no es fácil. La zona de construcción de la represa y Altamira están resguardadas por fuerzas de seguridad del Estado. "Nos sentimos rodeados, intimidados y hostigados; no hay garantías para nuestro trabajo", señala Sampaio. Con tu ayuda seguiremos luchando para que el caso Belo Monte avance en la CIDH y para que el Gobierno de Brasil cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en lugar de hacer campaña electoral con la inmensidad de la represa y a costa de los daños presentes y futuros al ambiente y a las personas.

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Científicos y fotógrafos presentan el video "Ríos Libres"

Buscan conservar uno de los últimos ríos libres de México. El San Pedro, amenazado por la construcción de presas.

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Grandes represas: Elefantes blancos, caros y hasta premiados. ¿Aprenderemos la lección?

Por Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes Cualquier tonto inteligente puede hacer cosas más grandes, más complejas y más violentas. Se necesita un toque de genialidad —y mucho coraje— para moverse en la dirección opuesta. (Albert Einstein) La semana pasada y en el marco de la Semana Mundial del Agua, Estocolmo entregó como cada año el Premio del Agua. En esta ocasión, el galardonado fue el profesor John Briscoe “por su sin igual contribución al manejo global y local del agua”. Briscoe es uno de los mayores promotores de las grandes represas en el mundo. Ha sido asesor de diferentes gobiernos, director de la oficina en Brasil del Banco Mundial y Gerente de Agua de esa institución. Al ser entrevistado sobre el premio, el ahora profesor de Harvard declaró estar sorprendido y dijo que se trata de “un reconocimiento a un grupo de personas que trabaja en manejo del agua” combinando investigación y aplicación de políticas públicas. Confieso que, al igual que Briscoe, yo también recibí con sorpresa la noticia. Me sorprendió profundamente porque Estocolmo es una ciudad que se precia de ser sustentable. Es la capital de Suecia, un país que lleva más de 40 años sin construir una gran represa, cuyos cuatro ríos principales están protegidos, y que prohíbe mayores desarrollos. Me sorprendió además que se premie al Sr. Briscoe pese a toda la evidencia científica y empírica que demuestra que las grandes represas no son un buen negocio, que causan graves daños ambientales y a las comunidades, cuyos costos superan los beneficios que brindan, y que contribuyen seriamente al cambio climático. Aclaro que se no trata de algo personal contra el Sr. Briscoe. Es mas bien un asunto de coherencia. Me desconcierta que un galardón creado para honrar las contribuciones a la conservación y protección de los recursos de agua fresca y al mejoramiento del bienestar de las personas y ecosistemas, haya laureado precisamente la promoción de las grandes represas.  Me sorprende que tecnología y soluciones de energía del siglo pasado, cuya ineficiencia e inviabilidad económica se ha demostrado sistemáticamente, aún sea motivo de premios. Me preocupa además que como sociedad no hayamos aprendido la lección y estemos encaminados a seguir promoviendo masivamente este tipo de infraestructura. En AIDA llevamos más de 10 años trabajando en casos de impactos por grandes represas.  Asesoramos a comunidades afectadas y ayudamos a gobiernos e instituciones internacionales a identificar mejores soluciones. En 2009, publicamos el informe Grandes Represas en América: ¿peor el remedio que la enfermedad?, el cual demuestra, a partir de cinco estudios de caso en diferentes países, que en América Latina estos proyectos ignoran las normas nacionales e internacionales, destruyen el ambiente y violan derechos humanos.  Además, junto con colegas de Brasil, representamos a comunidades afectadas por la represa Belo Monte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso triste, emblemático y una prueba sólida de lo que no debe hacerse para producir energía. Es la punta del iceberg de lo que ocurre en América Latina, donde cientos de represas —casi 100 solo en la Amazonía— están planeadas para los próximos años. El Premio del Agua 2014 también me recordó el estudio de la Universidad de Oxford ¿Deberíamos seguir construyendo más grandes represas?, publicado en marzo. En él se analizan a profundidad 245 grandes represas construidas entre 1934 y 2007 en 65 países de los cinco continentes. Los investigadores concluyen que “incluso sin contabilizar los impactos negativos en la sociedad humana y el ambiente, los costos reales de las grandes represas son demasiado altos para brindar un retorno [de inversión] positivo”. Este estudio demostró que el 96% de las grandes represas cuesta más de lo inicialmente presupuestado y que ocho de cada 10 de ellas superan el tiempo previsto de construcción.  Los sobrecostos y las demoras se aplican sin importar el lugar del mundo donde se implementen, la entidad que las financia o cuándo se construyeron. Es decir que, en 70 años de desarrollo de las represas analizadas, no hemos aprendido de los errores del pasado. Pero nunca es tarde y ahora es el momento perfecto. Así lo ha demostrado otro gran gurú de la construcción de represas: el Sr. Thayer Scudder, con casi 60 años de carrera profesional. Tras haber sido un férreo defensor de los beneficios que en su criterio las grandes represas traen, en especial a las comunidades más pobres, Scudder cambió de opinión. A sus 84 años, reconoció que “las grandes represas no solo no valen lo que cuestan, sino que muchas de las que están en construcción ‘tendrían desastrosas consecuencias ambientales y socio-económicas’”. Así lo admitió hace poco según lo escrito por Jacques Leslie en su editorial del New York Times.  El giro de 180º de Scudder me lleva a otra de las conclusiones del estudio de Oxford: Una de las razones por las que los costos y tiempo de construcción de las grandes represas son subvalorados es el excesivo positivismo de quienes las planean. Entiendo que las personas seamos positivas. Sin embargo, negar la realidad es otra cosa y premiar esa negación, supera los límites. Así que felicito al Sr. Briscoe por un premio que sorprendió a más de uno. Lo hago solo con la esperanza de que este premio sea el comienzo del fin de las grandes represas. El galardón otorgado la semana pasada debería ser lo último que veamos en la promoción de las grandes represas. Espero, por el contrario, que ahora y por fin tengamos la genialidad y el coraje de considerar las verdaderas oportunidades viables de energía que existen, aquellas que en el mediano y largo plazo son más baratas y que realmente podrían contribuir a solucionar las emergencias energéticas que enfrentamos. Que así sea para que el remedio no resulte peor que la enfermedad.

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Afectados por contaminación ambiental en La Oroya esperan hace siete años que el Estado garantice sus derechos

En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano adoptar medidas cautelares en favor de esas personas. Éstas aún no han sido implementadas plenamente y la salud de los afectados continúa en deterioro. La CIDH aún no toma una decisión final sobre el caso. 

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Creando lazos de cooperación para enfrentar el cambio climático

Hablar de los cambios extremos en el clima nos concierne a todos y todas y, por tanto, la lucha para hacerles frente debe ser conjunta. En AIDA partimos de esa premisa para contribuir a la obtención de respuestas efectivas al cambio climático en favor de las comunidades más vulnerables al mismo. Las decisiones al respecto son negociadas a nivel internacional. En ese sentido, la generación de espacios previos de colaboración y consenso es vital. Uno de ellos fue el taller de fortalecimiento de capacidades organizado el 8 y 9 de agosto en Lima, Perú, por AIDA y por las principales redes y organizaciones de América Latina que inciden en las negociaciones sobre cambio climático. El evento congregó a representantes del gobierno y de la ciudadanía de 11 países de la región, entre ellos a negociadores de los gobiernos de Brasil, Chile, México y Perú. Ambos sectores compartieron sus preocupaciones sobre lo que es importante resolver en aspectos como pérdidas y daños, adaptación y mitigación, financiamiento, preparación para la obtención de recursos, y el impacto del cambio climático en los derechos humanos, entre otros. "Los participantes conocieron lo que se está promoviendo en las negociaciones para asegurar que las prioridades de todos sean tomadas en cuenta y crear un lazo de colaboración entre negociadores y sociedad civil. Tratamos de abarcar la persidad de temas y de información de forma práctica para que todos estemos en la misma página", explica Andrea Rodríguez, abogada de AIDA. Asimismo, el taller creó el terreno para que gobiernos y ciudadanos continúen trabajando unidos con  miras a su participación en la 20ª versión de la Conferencia de las Partes (COP), la principal sesión de negociación climática y la cual se realizará en diciembre en Lima. "El hecho de que la pelota se juegue en casa es una oportunidad para mostrar lo que se está haciendo en América Latina y para que trabajemos juntos en la elaboración del nuevo acuerdo climático, el cual será firmado en París en 2015, pero cuyo borrador saldrá de Lima", destaca Rodríguez. ¡En nuestra página de internet encontrarás videos, presentaciones y toda la información relativa al taller! También en agosto, Lima es sede de la "Semana del financiamiento climático", evento organizado por el Gobierno de Perú. En el mismo se abordan tres temas claves para la planificación y desarrollo de acciones de adaptación y mitigación del cambio climático: financiamiento proveniente del sector privado, transparencia en el uso del dinero, y preparación necesaria para acceder al mismo. Junto con organizaciones aliadas, AIDA brindó apoyo técnico al Gobierno peruano y, en el marco del evento, organizó una cena con actores involucrados en el financiamiento climático (gobiernos, inversionistas, instituciones financieras y sociedad civil) a fin de que los mismos encuentren puntos en común para colaborar y asegurar el flujo de recursos y su uso efectivo para combatir el cambio climático.

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