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Acciones judiciales para proteger el ambiente en Colombia

By Hector Herrera, legal counsel of AIDA and coordinator of the Network for Environmental Justice in Colombia, @RJAColombia Every day, human activities impact the environment and biodiversity . They do so increasingly more intense and harmful , and effects as devastating as climate change or the disappearance of species such as the Andean Gadwall ( Podicepsandinus ). In Colombia, in this situation, the regulatory system has recognized the importance of protecting the environment and the right to a healthy environment in Article 79 of the Constitution, in national environmental law and in many other legal instruments. This time I will outline some of the most important legal actions that exist in Colombia to protect and realize the right to a healthy environment . Tutela It was created by the Constitution of 1991 and is applicable for protecting fundamental constitutional rights such as the right to life . Its relevance to protect the right to a healthy environment, the Constitutional Court of Colombia ruled in Judgment T-1527 of 2000: "Although the right to a healthy environment does not have the character of a fundamental right in our letter, but a collective right capable of being protected by popular actions (Article 88 CP) appropriate protection through exceptional mechanism tutela, when because of the act or omission of a public authority or a particular threaten or violate fundamental rights such as life, health, physical integrity, or affect the right of all people will enjoy a healthy environment . That is, it is a fundamental right for connectedness . " [1] Compared to other legal actions, the tutela is simpler in its procedures and expedite their time . popular action It is enshrined in the Constitution of Colombia, Article 88 and intended for the  protection of collective rights and interests related to the environment and public health , among others. Article 88 had its regulatory development of Law 472 of 1998, Article 4 contains a non - exhaustive list of collective rights and interests can be protected with this legal action in the public interest. Among them are  the enjoyment of a healthy environment, the existence of ecological balance and access to public services . The purpose of the popular action is  to end a danger, threat or violation of collective rights , and  restore things to their previous state  when possible. This action has a preventive, restitutionary compensation and character. In terms of implementation, an emblematic case was the popular action filed by the Corporation for the Sustainable Development of the San Andrés and Providencia (CORALINA) before the Administrative Tribunal of San Andres, Providencia and Santa Catalina to demand protection of the right to a healthy environment, the existence of an ecological balance, management and wise use of natural resources and the protection and care of species and ecosystems in the area to enable sustainable development of the community and the environment . The Court ruled in favor of CORALINA in a sentence that is available on this link . Action Group The Constitution enshrines this action under Article 88, which must be seen in conjunction with Article 79 which enshrines the right to a healthy environment. Regulatory developments in the Law 472 of 1998 makes Article 88, the group action is defined in Article 3. Unlike the popular action, which seeks to prevent injury to a public interest law, the group  seeks rather to financial compensation for the damage  that was caused to a group of people with similar characteristics regarding the activity that caused the damage. An emblematic case was the class action filed by farmers and fishermen affected by the oil spill of the trans - Andean pipeline, owned by Ecopetrol, which occurred in 2000 on the river Rosario in Nariño. The spill resulted in a severe environmental degradation . For a detailed explanation and understanding of the subject, I recommend directly consult the legal sources of the aforementioned actions . These include the Constitution, Law 472 of 1998 and the jurisprudence of the relevant Constitutional Court , among other legal instruments. [1] Judgment T-1527 2000 MP Alfredo Beltrán Sierra.  

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Grupo de científicos pide investigación de desarrollo costero en Golfo de California

Por Caropna Herrera, especiapsta para Latinoamérica del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés). Este post fue pubpcado originalmente en Pulso Verde.  Veintisiete científicos expresaron su preocupación sobre el riesgo que la construcción de complejos turísticos de gran escala supone para los impresionantes ecosistemas marinos del Golfo de Capfornia. En una carta dirigida a la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norte América (CCA )**, este grupo de expertos marinos y de ciencias naturales de México, Estados Unidos y Costa Rica pidió que se elabore una investigación sobre el proceso de aprobación de proyectos turísticos que amenazaron a ecosistemas de manglares y arrecifes de coral vulnerables, así como a  la abundante y diversa vida marina del Golfo.  La CCA está actualmente evaluando una petición ciudadana presentada por once organizaciones de México y Estados Unidos, entre las que se incluye NRDC, que pone de repeve que durante la autorización de cuatro desarrollos turísticos de gran escala hubo una falta de cumppmiento de la normativa mexicana en materia de protección ambiental. La reciente carta es el último ejemplo de expertos científicos y ambientales expresando preocupación de que mega resorts al estilo de Cabo Cortés, que fue propuesto cerca del Parque Nacional de Cabo Pulmo, pueden ocasionar daños al hábitat marino. El grupo de científicos incluye destacados expertos de más de quince instituciones que llevan años estudiando la región del  Golfo de Capfornia. La psta de científicos incluye a la Dra. Sylvia Earle, oceanógrafa y exploradora residente del National Geographic Society, cuyas iniciativas han resaltado que el Golfo de Capfornia es un "punto de esperanza” – un lugar que es esencial para la salud del océano. En su carta a la CCA, los expertos científicos escriben que les "preocupa la amenaza a la integridad de sitos de gran importancia par la la biodiversidad en México, causada por la rápida expansión de infraestructura turística masiva". Además señalan que les alarma la aprobación de proyectos que demuestran tendencias inquietantes como evaluaciones de impacto ambiental que  ignoran cierta información científica, o que  incluso se basan en datos erróneos. La carta está disponible aquí. El uso de la mejor información disponible en las evaluaciones de impacto de los proyectos es requerido por la normativa mexicana. La falta de cumppmiento con este requisito es sólo uno de los problemas documentados en la petición ciudadana a la cual NRDC y nuestros apados nos unimos en abril de 2013. La petición presenta cuatro proyectos que recibieron autorizaciones a pesar de contar con evaluaciones ambientales que no cumplían con las leyes y reglamentos vigentes. Los grupos que presentaron la petición -ahora acompañados por los 27 científicos– quieren que la CCA inicie una investigación a fondo de la situación y elabore un expediente de hechos sobre la falta de appcación de protecciones ambientales durante el proceso de aprobación de cuatro proyectos: Entre Mares y Paraíso del Mar, ambos planificados en la Bahía de La Paz, que se considera entre las aguas más productivas del Golfo de Capfornia y que es un sitio clave para la anidación de aves. Playa Espíritu, que afectaría la reserva de Marismas Nacionales, el bosque de manglar más extenso y mejor conservado en la costa occidental de México. Cabo Cortés, que fue propuesto justo al norte y adyacente al Parque Nacional Cabo Pulmo, un refugio para los arrecifes de coral más importantes del Pacífico Americano que es reconocido como un Sitio del  Patrimonio Mundial por la UNESCO y como un Humedal Ramsar de Importancia Internacional. En el caso de Cabo Cortés, por ejemplo, se concedieron ciertos permisos importantes a pesar de que la manifestación de impacto ambiental era insuficiente y determinaba que el proyecto no afectaría al parque porque las corrientes de agua marinas sólo fluían de sur a norte. Esta conclusión se basó en datos pmitados e ignoró artículos científicos que demostraban que, de hecho, las corrientes en la zona fluyen en direcciones múltiples y varían según  las estaciones del año. La carta de este grupo de científicos no representa la primera ocasión en que los expertos internacionales consideran  los riesgos que los mega desarrollos turísticos pueden suponer para el Parque Nacional de Cabo Pulmo y otras zonas frágiles en el Golfo de Capfornia. En noviembre del  2011, una misión conjunta de Ramsar, la UNESCO y la UICN visitó el parque para evaluar el impacto potencial de la propuesta de Cabo Cortés. Su informe final señaló que en la evaluación de Cabo Cortés no se tuvieron en cuenta todos los impactos indirectos y acumulativos del proyecto y que, dada su magnitud y el alcance del proyecto, representaba una amenaza bajo pneamientos de la Convención Ramsar. Del mismo modo, en septiembre del 2012, el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN aprobó una resolución instando a México a garantizar la protección de Cabo Pulmo, incluida la protección ante arriesgados desarrollos turísticos e inmobiparios de gran escala. La misma resolución también sopcitó que México asegurase que las leyes ambientales son appcadas estrictamente en lo que respecta a los proyectos que puedan tener un impacto directo o indirecto en la salud de los ecosistemas circundantes. Una oportunidad para hacer lo correcto en el futuro La propuesta de Cabo Cortés, que amenazaba el ecosistema y la comunidad local de Cabo Pulmo fue, afortunadamente, eventualmente detenida por el expresidente Feppe Calderón en junio de 2012. Sin embargo, dos meses después de que se anunció la cancelación, un proyecto muy similar fue propuesto temporalmente en el mismo sitio. Esto indicó que el interés en desarrollar la zona aledaña al parque no había desaparecido. En el caso de que se vuelva a proponer otro proyecto cerca de Cabo Pulmo,  o cerca de otras zonas ecológicamente frágiles en el Golfo, será esencial que las autoridades mexicanas cumplan con sus responsabipdades y aseguren que la evaluación del impacto ambiental cumple con todas las leyes appcables y con las más altas normas técnicas y científicas. La CCA tiene ahora un trabajo importante que llevar a cabo. Al desarrollar y hacer púbpco un exhaustivo expediente de hechos sobre la falta de implementación efectiva de las protecciones ambientales de México en el Golfo de Capfornia, la CCA ayudará a arrojar luz sobre la forma en que México puede fortalecer su proceso de revisión ambiental para evitar que futuros proyectos de alto impacto dañen algunos de los lugares más emblemáticos del Golfo. Únete a los 27 científicos que han alzado la voz para proteger a Cabo Pulmo y otros tesoros naturales en el Golfo de Capfornia. Toma acción (en inglés) y pide a la CCA que investigue la falta de appcación de las leyes ambientales durante la aprobación de mega proyectos. ** La Comisión para la Cooperación Ambiental es un organismo internacional creado bajo el Acuerdo de pbre Comercio de Norteamérica para promover la cooperación entre Canadá, México y los EE.UU. en los asuntos ambientales de importancia continental.

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Organizaciones alertan a Naciones Unidas sobre violaciones a derechos humanos de construirse la hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit, México

Piden a Relatores Especiales de la ONU exhortar al Estado mexicano a garantizar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas afectadas por el proyecto.

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Reunión Pública de (Des) información del proyecto Las Cruces

Por Diego Álvarez, pasante de AIDA La Comisión Federal de Electricidad (CFE) propone construir la hidroeléctrica Las Cruces sobre el caudal del río San Pedro Mezquital, en el Estado de Nayarit (México). La ejecución del proyecto tendrá consecuencias negativas sobre el medio ambiente y afectará la vida de los pueblos indígenas Cora, Tepehuanos, Mexicaneros y Huicholes que habitan esa región. El jueves 20 de febrero, en el poblado de San Pedro Ixcatán, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reapzó la Reunión Púbpca de Información relativa a Las Cruces. En la misma, la CFE debía exppcar los aspectos técnicos y ambientales del proyecto a los habitantes de la región afectada. A ello le seguiría la participación más de 60 exponentes autorizados y convocados previamente por la SEMARNAT. La jornada concluiría con una extensa sesión de preguntas y respuestas entre los asistentes y la CFE. Los objetivos de la reunión eran múltiples: informar sobre las consecuencias medioambientales del proyecto, permitir que los interesados presenten sus quejas y preguntas, y lograr que la SEMARNAT saque sus conclusiones sobre las medidas a tomar respecto del proyecto. La desinformación de los pueblos indígenas Los exponentes de la CFE aseguraron que todos los interesados habían sido debidamente informados del proyecto mediante campañas y reuniones púbpcas en las locapdades afectadas. Sin embargo, como ya señaló Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, en un post anterior, los pueblos indígenas afectados por la hidroeléctrica no fueron consultados previamente ni debidamente informados. Uno de los mayores fallos fue la incapacidad de la CFE de presentarles el proyecto en su lengua nativa. En la reunión fue posible evidenciar que si bien algunos miembros de las comunidades indígenas hablan español habitualmente, la mayoría de ellos tiene un vocabulario muy restringido para hablarlo y entenderlo. Además, si a un hispano-hablante puede tomarle hasta un par de semanas comprender todos los aspectos económicos, ecológicos y sociales de un proyecto de esta magnitud, es casi imposible pretender que personas que entienden poco el castellano puedan captar los detalles de un proyecto cuya exppcación no les fue dada en su lengua originaria. De igual manera, no se trata sólo de traducir, sino también de darle seguimiento al proceso de informar. Nos percatamos de ese detalle un día después de la reunión, cuando participamos en una asamblea extraordinaria en Rosarito, poblado habitado por miembros de la comunidad Cora. Allí constatamos que no se trata únicamente de pedir información. Se requiere además tiempo suficiente para entenderla. Estas personas no tienen internet. Algunos viven a más de dos horas caminando del centro del pueblo. No todos hablan español con frecuencia y ninguno es ingeniero medioambiental. ¿Cómo se puede afirmar que estas comunidades están informadas si no se ha reapzado un seguimiento apropiado del proceso? ¡No es obpgación del afectado buscar información, es deber de la CFE proporcionarla y garantizar su entendimiento! Las quejas de los participantes En su mayoría, los 66 exponentes —miembros de las comunidades indígenas, de organizaciones no gubernamentales, académicos, habitantes y trabajadores de la región— presentaron diversas quejas con relación al proyecto Las Cruces. Mientras que los miembros de las comunidades indígenas reclamaron respeto a sus derechos y pidieron que la hidroeléctrica no obtenga el permiso ambiental para su construcción, los representantes de las ONG y los académicos resaltaron las deficiencias de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto. Entre ellas figuran: El incumppmiento de obpgaciones internacionales y nacionales que protegen el área de Marismas Nacionales (apmentada por el río San Pedro Mezquital); El incumppmiento de obpgaciones internacionales y nacionales que reconocen el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas; Los fallos metodológicos en la obtención de información y en el anápsis de los impactos medioambientales. Por ejemplo, la MIA reporta sólo ocho  especies de anfibios afectados cuando en reapdad habrían unas 17, de las cuales cuatro son especies amenazadas; La ineficiencia del proyecto y, en consecuencia, su innecesaria ejecución. La falta de comunicación eficiente y completa sobre las medidas de mitigación. Por ejemplo, la CFE garantiza que el proyecto no alterará el caudal del río y que los niveles de agua serán los mismos después de su construcción, pero no presenta la información necesaria para determinar que ello será realmente así; Preguntas y ¿respuestas?  En el marco de la Reunión Púbpca de Información se organizó una sesión de preguntas y respuestas de más de dos horas de duración. La mayoría de los interesados no obtuvo respuestas satisfactorias. En múltiples ocasiones, los miembros de la CFE dieron respuestas vagas y poco detalladas a preguntas sumamente importantes y que en gran medida abordaban las quejas expuestas a lo largo de la reunión. Asimismo, muchas preguntas se referían a elementos exppcados en la MIA y las respuestas a ellas eran copias orales de lo expuesto en ese documento, algo que evidencia la ineficiencia de la CFE para poder (o querer) aclarar las dudas de los participantes. Por otra parte, la entidad estatal fue incapaz de resolver las inquietudes de los pueblos indígenas en cuanto a la afectación de sus sitios sagrados y ceremoniales, como es el caso de la Muxatena. Este punto no pasó desapercibido para los observadores de derechos humanos que asistieron a la reunión. La labor de la SEMARNAT La reunión de información debe permitir que la SEMARNAT decida si otorga o no el permiso ambiental para la construcción proyecto o, en su defecto, sopcite información suplementaria a quien promueve la hidroeléctrica. Dadas las irregularidades y fallas reveladas a lo largo de la Reunión Púbpca de Información, es de esperar que la SEMARNAT pida información suplementaria a la CFE antes de tomar una decisión. De igual manera, ahora es cuando cualquier persona interesada en Las Cruces puede presentar sus argumentos factuales y jurídicos para aclarar o refutar las informaciones, hechos y procesos presentados por la CFE en el ámbito medioambiental. Aunque dicho procedimiento busca informar a todos los interesados y afectados por el proyecto, cualquier información suplementaria y queja suministrada luego de la reunión no da lugar a una respuesta púbpca. Cualquier información nueva que suministre la CFE será confidencial. De ese modo, quien habiendo asistido a la reunión se vea afectado por el proyecto y tenga dudas sobre los diferentes aspectos y consecuencias de su ejecución, ¡no podrá saber más de las aspiraciones y propuestas de la CFE antes que la SEMARNAT tome una decisión!  ¡Al cabo de una reunión de información en donde reinó el descontento y la desinformación de los habitantes de la cuenca del río San Pedro Mezquital y ante las muchas irregularidades de la MIA, las múltiples violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y las irreparables consecuencias medioambientales que imppca el proyecto, es primordial sopcitar que la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces no sea autorizada! ¡No a la hidroeléctrica las Cruces!

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Belo Monte: ¡Nunca nos rendiremos!

Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi  No vamos a darnos por vencidos. Ese es el lema de AIDA en defensa de los derechos de los brasileños que se enfrentan a la reubicación forzosa a medida que la construcción de la mega-represa Belo Monte continúa avanzando en la Amazonía. El Gobierno de Brasil está construyendo la tercera represa más grande del mundo sobre el río Xingú bajo el pretexto de satisfacer una creciente demanda de energía. Uno de los costos de la represa es, según cifras oficiales, el desplazamiento de al menos 20,000 personas de comunidades indígenas y ribereñas. Sus tierras tradicionales serán inundadas y sus formas de vida, destruidas. Pero la gente del Xingú no se dejará acallar y se ha organizado para luchar por sus derechos. El gobierno está tan decidido que ha hecho uso de espías para infiltrarse en el movimiento que se opone a la represa. Ha desplegado a las fuerzas de seguridad pública para patrullar el sitio de construcción y disolver las protestas. Y planea reforzar los controles en junio y julio, cuando la atención del mundo se centrará en Brasil por la Copa Mundial de Fútbol.  Además, ahora el Gobierno brasileño quiere criminalizar las protestas contra proyectos de infraestructura, aun cuando las comunidades afectadas sólo están expresando su consternación tras habérseles negado el derecho constitucional básico e internacionalmente reconocido de manifestar su posición sobre lo que ocurre. ¿Tirar la toalla? Nosotros no. Con tus donativos, AIDA está trabajando para asegurar que a la gente del Xingú se le garantice el derecho a ser escuchada, a ser consultada, y a vivir en un ambiente sano.  Uno de los objetivos de la estrategia de AIDA es hacerle frente a un instrumento legal llamado Suspensión de Seguridad, establecido en Brasil durante la dictadura militar. Los Tribunales han utilizado dicho instrumento en reiteradas ocasiones para “proteger el interés público” e invalidar decisiones de tribunales inferiores que, como en el caso de Belo Monte, han ordenado detener la construcción de la represa hasta que el gobierno consulte a las comunidades afectadas y les brinde protección y compensación adecuadas. El 10 de marzo, en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Alexandre Sampaio, abogado de AIDA, explicará cómo Brasil está usando la Suspensión de Seguridad para violar los derechos humanos de los pueblos indígenas de Brasil. Además, a través de la preparación y presentación de escritos legales, estamos abogando para que el Supremo Tribunal rechace la aplicación de la Suspensión de Seguridad y determine que el proyecto Belo Monte fue ilegal desde el inicio. También hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que analice las implicaciones de la Suspensión de Seguridad para los derechos humanos. AIDA realiza todo este trabajo de forma gratuita para las personas a las que ayuda. Tus donaciones a través de Global Giving son un apoyo fundamental para que los abogados y abogadas de AIDA lleven adelante este importante y desafiante trabajo legal, el cual empodera a las comunidades amazónicas para que defiendan sus derechos.  Considera por favor hacer otro donativo en apoyo a este trabajo, ayudando a nuestra “nunca-nos-rendiremos” lucha contra Belo Monte. Con gran aprecio, El equipo de AIDA

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A platter of fresh seafood
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Pesca responsable: Garantía de alimento para esta y futuras generaciones

Por Gladys Martínez, asesora legal de AIDA ¡Qué delicia comer un cebichito peruano! ¡O pescado frito acompañado de patacones! Me declaro culpable: ¡Me encantan los mariscos! Por eso mismo, uno de los proyectos con el que más me identifico del Programa de Protección Marina de AIDA es la publicación Herramientas para la pesca sostenible y el manejo costero. Y es que, al igual que yo, más de 4.2 billones de personas consumen 15% de proteína en forma de mariscos. De ahí la importancia de implementar medidas para la pesca sostenible y la conservación de la biodiversidad marina. Luego de una investigación de más de diez años, AIDA ha desarrollado una compilación de once capítulos en la que se analiza la situación actual de los mares y las causas de la crisis de las pesquerías (las explotaciones pesqueras o pesquerías son los esfuerzos organizados para capturar peces u otras especies acuáticas mediante la pesca). La publicación presenta elementos que ayudarían a limitar tal efecto, así como casos de estudio de derecho comparado y un análisis de las obligaciones internacionales que tienen los Estados para proteger y conservar los mares y su biodiversidad. Los marcos regulatorios en ese ámbito también son objeto de estudio. En algunos capítulos se abordan los distintos instrumentos regulatorios usados para controlar el esfuerzo pesquero en diferentes países del mundo. Entre ellos están los programas para reducir licencias vigentes de barcos, aquellos para decomisar barcos, los de reentrenamiento de pescadores, y los de reducción del tiempo de lance (tiempo en el que permanece un arte pesca en el mar). Se menciona específicamente el fenómeno de la “captura incidental” (cuando la captura no discrimina entre las especies objetivo de las que no lo son), y se formulan algunas recomendaciones para reducir esa práctica dañina. Por otro lado, un capítulo de la publicación examina la figura de Áreas Marinas Protegidas (AMP) y explica sus beneficios como herramienta de conservación. Hace referencia a las categorías de AMP conforme a los ecosistemas protegidos y a las clasificaciones de organismos internacionales como UNESCO y la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Describe casos de AMP en México, Costa Rica y Brasil. El capítulo contiene medidas de protección de los recursos en alta mar mediante AMP transnacionales y finaliza abordando la diferencia entre áreas protegidas cerradas a la pesca y reservas pesqueras.  Dada la magnitud de los impactos de la pesca responsable, la compilación incluye en los últimos capítulos los principales instrumentos económicos que —aplicados y diseñados de manera eficiente— pueden promover la protección, restauración, preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. Estos instrumentos se dividen en tres categorías: de mercado (certificación de pesca y eco-etiquetado), fiscales (impuestos verdes, derechos y subsidios) y financieros (creación de fondos y préstamos). Los aspectos socio-ambientales del sector pesquero —crucial para una parte importante de la población mundial en términos de generación de empleo, seguridad alimentaria y potencial de superación de pobreza— también encuentran cabida en la publicación de AIDA. En ella se analiza la situación actual del sector, advirtiendo la pobreza que le rodea y las duras condiciones laborales de las personas que trabajan en el mismo.   Yo quiero seguir comiendo mariscos y que mi descendencia también pueda tener ese placer libre de remordimientos ¿Usted? En virtud de las luces que la compilación de AIDA arroja sobre el tema, me atrevo a decir que esa meta es posible. Si le gusta nuestro trabajo, ¡apóyenos por favor! Finalmente, Herramientas para la pesca sostenible presenta un análisis sobre la acuicultura en el continente americano: sus impactos, los riesgos que implica para la salud de las personas y los métodos alternativos. Ello se realiza incorporando ejemplos de distintos países de la región y el mundo para ilustrar lo que funciona y lo que no ha sido exitoso.  Lo anterior da pie a mencionar también los requisitos mínimos para desarrollar la acuicultura reduciendo sus impactos. Entre ellos están la adecuada zonificación de los proyectos y especies a cultivar, las técnicas apropiadas de alimentación y eliminación de desechos, y el monitoreo y vigilancia de los proyectos por parte de los Estados, entre otros. Adicionalmente, explicamos técnicas novedosas como el policultivo, el cultivo en tierra firma y la certificación ecológica. Todas ellas están siendo investigadas como una alternativa con menos impactos ambientales y humanos. 

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Aida Publication

Tabla de casos sobre derechos humanos y ambiente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

A fin de ayudar a organizaciones e individuos a obtener información sobre la protección del ambiente en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, AIDA ha creado un cuadro de casos sobre la temática ante el Sistema.    El cuadro presenta la información de manera esquemática y organiza los casos según su estado procesal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y/o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; identificando las fechas de las decisiones de Admisibilidad, Fondo, Solución Amistosa y/o Sentencia emitida por la Corte Interamericana, otorgamiento de medidas cautelares y/o provisionales, según corresponda.   Finalmente, el cuadro presenta un resumen de la decisión más reciente en el cual destaca el estándar fijado por la Comisión o la Corte según el caso. Esperamos que el cuadro sea de utilidad para los usuarios del Sistema y todas aquellas personas y organizaciones que busquen conocer más acerca de la protección internacional del ambiente. 

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México actúa para proteger sus humedales del desarrollo no sostenible

AIDA y los miembros del Comité Nacional de Humedales han obtenido una gran victoria tras años de trabajo para proteger legalmente a los humedales —zonas terrestres inundables de manera permanente o intermitente como esteros (desembocaduras de ríos en el mar), arrecifes, manglares, entre otras— de México. El 4 de febrero de 2014, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) presentó la nueva Política Nacional de Humedales, un marco legal que nosotros habíamos estado pidiendo desde 2009. “No es la panacea, pero es un buen comienzo”, dice Sandra Moguel, abogada de AIDA que participó en el Comité Nacional de Humedales, un grupo liderado por la CONANP que ayudó a desarrollar la política. México es rico en humedales. El país ocupa el segundo lugar, después del Reino Unido, en el número de zonas de humedales protegidas bajo la Convención Ramsar, un tratado internacional para la conservación y el uso sostenible de esos ecosistemas. Los arrecifes de coral, con siglos de antigüedad, sirven como áreas de reproducción para peces que alimentan a la población y deleitan a los buzos. Los bosques de manglar albergan especies en peligro de extinción y brindan servicios ambientales cada vez más importantes: absorben las emisiones de carbono, y protegen a las costas de tormentas, mismas que son más severas debido al cambio climático. Pero muchos arrecifes, manglares, esteros  y ríos han sido víctimas de desarrollos pobremente planeados. En el Golfo de California, por ejemplo, planes de mega resorts nos han mantenido ocupados defendiendo el arrecife de coral Cabo Pulmo y, ahora, una propuesta de expansión portuaria está amenazando los arrecifes de Veracruz. Para defender estos y otros humedales, hemos tenido que recurrir a una maraña de leyes y políticas. Pero ya no más. Ahora contamos con un instrumento específico y además acorde a las leyes y políticas referidas a la protección de humedales. La nueva política establece acciones, metas y prioridades para el manejo y protección de los humedales. Es un gran avance. Si bien una política nacional de humedales es un requisito para Ramsar, la de México se distingue de muchas otras en el mundo por establecer no sólo principios y lineamientos, sino también un plan de acción para llevarlos a cabo. Por ejemplo, el gobierno pronto establecerá y mantendrá niveles mínimos de agua para preservar los manglares. Otras acciones garantizarán el uso razonable de los humedales. La pesca, el turismo y otras actividades que dependen de los manglares deben realizarse de manera sostenible. Si se producen daños, el Estado debe garantizar la restauración de estos ecosistemas. Un elemento clave que AIDA impulsó es el principio de progresividad ambiental. La nueva política impide al gobierno continuar modificando y reduciendo áreas naturales protegidas para dar paso a grandes proyectos de infraestructura, o beneficiar intereses privados. Ahora las autoridades deben preservar y promover la progresividad ambiental respetando los estatus de áreas protegidas y mejorando las salvaguardas. Estamos emocionados. Este principio podría ayudar a AIDA en su batalla legal para detener la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el río San Pedro Mezquital. La hidroeléctrica reduciría el flujo de agua y los sedimentos que alimentan y sostienen a los manglares de Marismas Nacionales, una zona protegida de humedales en el Golfo de California. La construcción de la hidroeléctrica revertiría claramente el progreso ambiental. La nueva política tiene puntos débiles. Por ejemplo, no establece fechas para revisar el progreso del plan de acción, y las acciones podrían complementarse para que sean más efectivas, pero, comparativamente, está a la vanguardia de las políticas de humedales en América Latina. “México está poniendo el ejemplo”, dice Moguel. “Esperemos que esto aliente a otros países a hacer lo mismo”. Tus contribuciones nos han ayudado a presionar para el desarrollo de esta nueva política, y a realizar aportes a la misma. Y con tu apoyo constante seremos capaces de ayudar a México en sus esfuerzos por proteger sus vitales humedales.

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Sobre los glaciares y su incipiente protección legal

Sobre los glaciares y su incipiente protección legal Por Florencia Ortúzar, asesora legal de AIDA Además de gigantes y majestuosos, los glaciares son cruciales para la supervivencia de nuestra especie, al ser la reserva de agua dulce más importante del planeta. Sólo 3% del agua en el mundo es dulce y de ese porcentaje, más del 70% está congelada en glaciares[1]. También son nuestro seguro frente a sequías. Cuanto menos lluvia y nieve caiga en invierno, los glaciares entregarán más agua a los ríos, manteniendo los caudales en verano y épocas secas. Su derretimiento implica no sólo problemas por falta de agua, sino también un aumento en los niveles del mar. De hecho, si todo el hielo glaciar se derritiese, los mares subirían 70 metros en promedio, ocasionando catástrofes inimaginables para la humanidad[2]. Parece increíble entonces que, aún siendo los guardianes del líquido más preciado para los seres humanos, la protección de los glaciares sea casi inexistente en el mundo. Pero ¿qué son exactamente? Los glaciares son enormes cuerpos de hielo formados lentamente por la caída de nieve que se comprime en grandes masas congeladas. Para que se forme un glaciar, es necesario que pasen cientos de años y que las temperaturas se mantengan durante un tiempo suficiente para que la nieve se acumule y se transforme en hielo. Inventariar los glaciares del mundo es una tarea considerada inconclusa. Pero según aproximaciones, los glaciares ocupan hoy unos 33 millones de km2 (10%) de la superficie terrestre. Aunque hay glaciares en todos los continentes, excepto Australia, el 90% está distribuido entre la Antártida y Groenlandia. En Sudamérica, los glaciares cubren 25.500 km2. De esa superficie, 75% está en Chile y 15% en Argentina[3]. Gigantes amenazados Las amenazas más peligrosas que los glaciares enfrentan actualmente son el cambio climático y las actividades industriales que el ser humano realiza cerca de ellos, en especial la minería. El cambio climático ha generado la disminución de nieve y de precipitaciones, así como el aumento de la temperatura, algo que reduce la acumulación de hielo e incrementa el derretimiento de los glaciares. La minería —en sus fases de exploración y explotación— afecta a los glaciares con la construcción de caminos, la perforación y uso de explosivos, el levantamiento de polvo que se deposita sobre ellos y acelera su derretimiento, y con el empleo de materiales tóxicos o de descarte que provocan su remoción. Según datos de la organización Chile Sustentable, que dedica grandes esfuerzos a protegerlos, desde principios del siglo XX y con pocas excepciones, los glaciares de todo el mundo han estado retrocediendo a un ritmo sin precedentes. Algunos han desaparecido durante este siglo y muchos lo harán en cuestión de décadas. Vea impactantes imágenes del derretimiento de glaciares, extractos del documental Chasing Ice, un proyecto que comprimió años de filmación en segundos, capturando el derretimiento de enormes montañas de hielo. ¿Quién los protege? No existe a la fecha un tratado internacional referido específicamente a la preservación de los glaciares, ni un proyecto que lo esté considerando. Aquellos que podría decirse que los protegen tangencialmente son el Tratado Antártico y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto. Dentro del llamado “Sistema del Tratado Antártico”, especial mención merece el “Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico” que, acordado en 1991, busca la protección integral del medio ambiente antártico y sus ecosistemas, regulando las actividades que se lleven a cabo en la zona para evitar impactos en el clima y en el entorno glacial. Aunque la CMNUCC (1992) y su Protocolo de Kioto (1997)  no mencionan directamente a los glaciares, hielos marinos, plataformas, ni capas de hielo, intentan controlar un calentamiento global que claramente los afecta. A nivel regional, una iniciativa interesante fue la Ley Marco de Protección a los Glaciares, aprobada unánimemente en 2011 por el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), organismo regional integrado por los Parlamentos nacionales de América Latina. En el artículo primero se señala que “los Estados latinoamericanos deben proteger y conservar las áreas y ecosistemas de glaciares, nevados y de los denominados hielos eternos para garantizar la regulación hídrica y las reservas de agua dulce”. Aunque la iniciativa no es vinculante, otorga sugerencias a los estados miembros para que sus principios sean armonizados con las respectivas legislaciones nacionales. Argentina, ¡a la vanguardia! El 30 de septiembre de 2010, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en promulgar una ley para proteger sus glaciares. Se trata del “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, una norma constitucional con jerarquía superior al resto de la legislación nacional y provincial. Entre sus principales puntos, la ley dispone la elaboración de un inventario nacional de glaciares, y establece una serie de actividades prohibidas que afectan a los glaciares (entre ellas la minería), así como la obligación de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales para evitar el daño a glaciares.  El logro no fue fácil. En 2008, una primera versión de la ley fue aprobada por unanimidad y sin mayores debates en el Congreso argentino. Pero su vigencia duró poco tiempo, ya que la empresa canadiense Barrick Gold, al enterarse que su proyecto Pascua-Lama (emplazado cerca de tres glaciares) tendría irreconciliables problemas con la norma, consiguió un veto de la presidenta argentina Cristina Fernández argumentando la afectación al desarrollo económico por minería de ciertas provincias. El veto derivó en la renuncia de Romina Picolotti, Secretaria de Ambiente de la Nación, quien había apoyado la ley; y detonó además un movimiento social nacional para defender los glaciares argentinos. Dos años de amplio debate en el Congreso dieron paso a la promulgación de una nueva y mejorada ley de protección a los glaciares en septiembre de 2010. Chile promete ser el siguiente Chile posee la mayor superficie de glaciares de Sudamérica con un área aproximada de 21,000 km2, distribuidos en miles de glaciares que van desde las cumbres del Altiplano hasta el extremo austral del continente. El país carece de un marco jurídico vinculante que los proteja, pero no está del todo dormido: existe un proyecto de ley que se cocina hace años y que podría concretarse pronto. El primer intento por promulgar una ley para protección de glaciares fue en 2006. Estuvo impulsado por la aprobación del proyecto minero Pascua-Lama, que amenaza a los glaciares montañosos del norte del país. La iniciativa no prosperó y fue archivada en 2007. El proyecto fue reactivado en 2013 y el Senado se encuentra hoy en proceso de perfeccionar el texto para avanzar en su promulgación. En cumplimiento de esa tarea, los senadores de la Comisión de Medio Ambiente han escuchado a las partes interesadas, incluidas organizaciones ambientalistas, mineras y representantes del sector público. En enero de este año, la Comisión recibió al glaciólogo Alexander Brenning, académico de la Universidad de Waterloo, Canadá. El experto les presentó su ponencia La criósfera de Chile central bajo la influencia del cambio climático y de las actividades mineras, la cual aborda la forma en la que los glaciares de Chile y el mundo están siendo afectados  por el cambio climático y por la actividad minera. Pascua-Lama, el proyecto que puso el tema sobre la mesa El polémico proyecto bi-nacional Pascua-Lama, ubicado entre Chile y Argentina, sirvió como detonador de los avances legislativos que ambos países han realizado en materia de glaciares. El proyecto está actualmente paralizado y la firma a cargo del mismo, la canadiense Barrick Gold, enfrenta costos ambientales gigantescos: ni la inmensa riqueza de la que quería echar mano fue suficiente para sobrellevar el daño ambiental inherente. En Chile, la autoridad ambiental y la justicia ordenaron la suspensión del proyecto debido a los impactos en los glaciares. El fallo se mantendrá hasta que no se hagan las reparaciones y obras necesarias para proteger las aguas y glaciares. En Argentina, Pascua-Lama no fue suspendido. Las autoridades de ese país han ignorado los riesgos e impactos en glaciares y se resisten a implementar la ley. Sin embargo, lo ocurrido en Chile implica que el proyecto no puede avanzar tampoco en Argentina, por lo que la empresa decidió suspenderlo indefinidamente. Lea sobre los traspiés ambientales del proyecto en Chile en un post anterior de este blog y consulte Los Glaciares de Barrick Gold, un informe completo y detallado del caso (hasta mayo de 2013) elaborado por la ONG argentina CEDHA. En las conclusiones del informe de CEDHA, surge la siguiente interrogante: ¿por qué Barrick Gold no tomó las medidas necesarias para evitar el impacto en los glaciares? Es posible, por un lado, que las multas que enfrenta la empresa sean inferiores al valor del oro que yace debajo de los glaciares, y que no esperaba una clausura total de su proyecto. La otra explicación es que simplemente no se pueda evitar la contaminación en los glaciares, que ésta sea inseparable de la forma de explotación del mineral. La organización concluye que, al final de cuentas, la minería a gran escala es incompatible con la presencia de glaciares. El futuro de estos gigantes y sensibles guardianes del agua del mundo aún está por verse. Lo que está claro es que la tarea de reconocerlos, valorarlos y protegerlos tiene años de retraso. El que las primeras iniciativas legales en su defensa vengan de nuestra parte del planeta es razón para enorgullecernos, pero también nos obliga a implementar efectivamente esos escudos y a seguir trabajando para extender la preservación de los glaciares a todo el planeta. [1] Según datos del Global Water Partnership: http://www.gwp.org/ [2] Según datos del US Geological Survey: http://www.usgs.gov/ [3] http://www.glaciares.org.ar/paginas/index/inventario

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