En una petición, dirigida a la Presidencia y al Ministerio de Ambiente, demandan que la definición de las fronteras de ese ecosistema se haga a escala 1:25.000, tal como lo manda la legislación colombiana.
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Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Mónica Valtierra, voluntaria de AIDA Varsovia, Polonia. La movilización de recursos públicos, la intención de los países desarrollados de crear nuevos mecanismos de mercado, y la urgente necesidad de tomar acciones respecto del cambio climático —al margen de seguirlas planificando—, fueron los temas centrales discutidos durante el evento ¿Qué esperar de las negociaciones en Varsovia?, realizado en el marco de la COP19. Bolivia. A criterio de René Orellana, quien lidera la delegación de Bolivia, la COP no debe convertirse en una conferencia de negocios. Dos de los tres días que duró la pre-COP, recordó, fueron dedicados al tema de negocios con el sector privado explicando su rol en la mitigación y adaptación al cambio climático. “La COP intenta vincular mercados con los compromisos financieros y ésa es la forma en la que los gobiernos pretenden hacerlo (…). Además, la transferencia de tecnología es otra de las cosas que planean discutir en Varsovia”, remarcó. Una de las principales preocupaciones a tratar en Varsovia, señaló Orellana, tiene que ver con el Fondo de Adaptación, el cual no cuenta con recursos necesarios para continuar financiando proyectos nacionales ni siquiera el próximo año. Según el representante de Bolivia, los países desarrollados tienden a poner más regulaciones a los países en desarrollo para otorgarles financiamiento. Es necesario erradicar la pobreza para lograr equidad y garantizar el derecho al desarrollo en los países pobres, subrayó. Finalmente, Orellana dijo que es esencial atender en la COP19 los impactos de eventos extremos causados por el cambio climático. Bolivia, detalló, propuso un mecanismo de no mercado llamado "Mitigación Conjunta" para el manejo de los bosques, planteamiento que ya está en las mesas de negociación de la COP. África. Tosi Mpanu Mpanu, representante de África y parte de la Junta Directiva del Fondo Verde Climático (FVC), remarcó que para la delegación africana, la COP19 representa “la COP del financiamiento” ya que dos de los temas centrales a discutir son el Financiamiento de “Rápido Inicio” y el Fondo de Adaptación. El FVC, agregó, es también un asunto relevante y es necesario que en Varsovia se trabaje para que “se convierta en un fondo operacional lo más pronto posible”. Mali. Su vocero señaló que el grupo africano busca concretar resultados en el área de financiamiento a largo plazo y sobre el Fondo Verde Climático. Respecto del primer punto, dijo que se precisa hacer una valoración del proceso e identificar los recursos que serán utilizados para financiar programas sobre cambio climático después del 2020. Acerca del FVC, destacó la necesidad de clarificar y establecer cuándo serán puestos en circulación los recursos financieros acordados. Filipinas. Yeb Sano, principal negociador de Filipinas en la COP19, apuntó a que en la toma de decisiones se necesita la participación de altos niveles de la política nacional. Los ministros deben decidir y hacerlo teniendo en cuenta que los países en desarrollo no deben ni pueden compartir el financiamiento de igual forma que los países desarrollados, expresó. En otro orden de ideas, indicó que el financiamiento a largo plazo puede ser discutido desde dos aproximaciones: la primera en términos de las decisiones hechas de forma rápida durante el proceso, y la segunda desde una perspectiva en la que las decisiones han sido tomadas sin las bases científicas necesarias y más bien desde un enfoque político. Durante su intervención, Sano, preguntó: “¿Qué pasaría en este año y en 2020?” Ese futuro es una gran preocupación para los países en desarrollo pues es necesario crear un camino y presionar para alcanzar los objetivos hechos a mediano plazo, contestó luego. Hay avances pequeños en el proceso, añadió. Por último, urgió a que las partes definan qué es el cambio climático para lograr acciones tangibles para combatirlo. Jubilee South - Asia/Pacific Movement on Debt and Development. Lidy Nacpil, su coordinadora, habló de las enormes diferencias que existen entre lo que se necesita que ocurra y lo que ya está ocurriendo. Jubilee South, señaló, moviliza la demanda de acciones concretas para reclamar poder y disminuir las inversiones en combustibles fósiles: - Los combustibles fósiles no deben promoverse. La mitigación es un tema que no se discutirá hasta que se cierren los proyectos de combustibles fósiles.
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AIDA —junto con CEDHA, CEMDA y la RedRacc— elaboró un documento informativo sobre los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) a ser presentado en la 19ª Conferencia de las Partes (COP19) sobre Cambio Climático, evento que se realizará del 11 al 22 de noviembre en Varsovia, Polonia.Los CCVC son agentes que contribuyen al calentamiento global y cuya vida útil en la atmósfera es relativamente breve (entre unos pocos días y unas pocas décadas), a diferencia del CO2, que permanece en la atmósfera durante siglos o milenios después de ser emitido. Se estima que el aporte del CO2 al calentamiento global va del 55 al 60%, mientras que el restante 40 a 45% es consecuencia de la emisión de los CCVC. Estos últimos afectan gravemente la salud humana y la de los ecosistemas, por lo que su reducción traería además importantes beneficios sociales. El hecho de que estos contaminantes permanezcan por poco tiempo en la atmósfera significa que su mitigación traería beneficios en el corto plazo, favoreciendo especialmente a aquellas regiones del planeta que son más vulnerables y que ya se están siendo afectadas por el cambio climático. Por ello la reducción de los CCVC representa una oportunidad que debemos aprovechar en la lucha contra los efectos de este desafío global. El documento informativo que será distribuido en Varsovia explica qué son los CCVC, describe los CCVC más relevantes, expone las razones por las cuales debemos actuar por su regulación y reducción, y ofrece algunas recomendaciones para abarcar el reto. Lee y descarga la hoja informativa
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Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Marcus Pearson, voluntario de AIDA (artículo publicado originalmente en inglés en Respond/RTCC Magazine) El Fondo Verde Climático (FVC) fue creado como respuesta efectiva a los impactos del cambio climático mediante la canalización de recursos financieros de países desarrollados a países en desarrollo. ¿Será una realidad? En noviembre, la Conferencia de las Partes (COP) brindará a los países en desarrollo la oportunidad de presionar al mundo desarrollado por compromisos financieros significativos para asegurar la viabilidad a largo plazo del FVC. El Fondo Verde Climático (FVC) fue creado en 2010 durante la 16a Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Su misión es canalizar recursos financieros públicos y privados a países en desarrollo para ayudarlos a mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático mediante programas bajos en emisiones y resilientes al clima. Sin embargo, casi cuatro años después de su creación, el FVC aún no tiene recursos para desembolsar. La Junta del FVC se ha reunido cuatro veces y sólo con resultados limitados. En la primera reunión, celebrada en Ginebra en agosto del 2012, la Junta eligió a dos copresidentes interinos: Zaheer Fakir de Sudáfrica y Ewen McDonald de Australia. Conformó además comités, designó al Banco Mundial como Fideicomisario Provisional, y aceptó invitar a organizaciones observadoras a participar, aunque de forma limitada. La falta de consenso estancó las decisiones en la reunión de octubre de 2012 en Corea del Sur, donde el único movimiento importante fue hacer de Songdo, Corea del Sur, la sede del FVC. Mayores avances ocurrieron en la reunión de febrero de 2013 en Berlín. La Junta adoptó reglas de procedimiento para regir sus acciones, regular la selección de miembros, y definir la participación y el rol de los observadores de la sociedad civil. Ello sentó las bases para que el FVC lleve a cabo su misión. En la reunión de junio de 2013 en Corea del Sur, la Junta discutió el modelo de negocio (BMF por sus siglas en inglés) del FVC, así como las políticas, directrices y estructuras organizacionales requeridas para que sus operaciones comiencen. Además, la Junta escogió la estructura de gobernanza de la facilidad para el sector privado (PSF por sus siglas en inglés) [i] y nombró a Hela Cheikhrouhou, de Túnez, Directora Ejecutiva de la Secretaría del FVC. La quinta reunión en París podría abordar las muchas cuestiones aún pendientes para que el FVC entre en funcionamiento efectivo. Para ello, la Junta debe superar su hasta ahora percibida ineficacia. Preocupaciones de la sociedad civil Las organizaciones de la sociedad civil (CSOs) están preocupadas por el futuro y el proceso de toma de decisiones del FVC. La incertidumbre sobre el financiamiento es quizás la principal cuestión. La Junta Directiva del FVC ha empezado a identificar áreas de proyecto y a definir criterios para asignar recursos, pero los países desarrollados todavía tienen que comprometer recursos significativos. Compromisos concretos son esenciales para asegurar la disponibilidad de recursos previsibles y necesarios para lograr resultados a largo plazo para mitigar y protegerse de los impactos del cambio climático. Las CSOs también temen que la falta de transparencia y rendición de cuentas debilitará el FVC. La transparencia no parece ser una prioridad para la Junta. Por ejemplo, la Junta ha decidido no transmitir en vivo sus reuniones, aunque la CMNUCC comúnmente sí lo hace, lo que ayudaría a reducir costos y emisiones de carbono asociadas con los viajes. Si el FVC ya transmite las reuniones a los observadores sentados en una sala anexa, ¿por qué no transmitirlas en vivo? El temor de las CSOs es que la Junta no quiera realizar reuniones abiertas al público. La falta de rendición de cuentas continúa siendo una preocupación, particularmente debido a la poca oportunidad brindada a la sociedad civil para participar en el proceso de toma de decisiones. El FVC movilizará recursos financieros de ambos sectores, el público y el privado, y la vigilancia de la sociedad civil es necesaria para asegurar que las políticas no respondan a los intereses de inversión del sector privado, sino a las necesidades de los más vulnerables. Más aún, la Junta no concede oportunidades de participación significativas a las CSOs. El FVC publica documentos antes de las reuniones, pero sin dar el tiempo suficiente para que muchas CSOs revisen y comenten las propuestas [ii]. Entretanto, sólo dos representantes de las CSOs pueden participar activamente y en persona de las reuniones de la Junta y, aun así, es posible que no se les permita hablar o acercarse a los miembros de la Junta [iii]. Estas prácticas ponen en duda la legitimidad del FVC. A nivel global, las CSOs juegan un rol vital en el desarrollo de políticas de cambio climático ya que informan a los tomadores de decisiones sobre problemáticas y necesidades locales, y proporcionan ejemplos sobre mejores prácticas para la asignación de recursos. Dado que el mandato del FVC hace hincapié en la rendición de cuentas, las CSOs deberían tener acceso a los representantes de gobiernos y a la información en reuniones abiertas y transparentes. COP19: ¿Una oportunidad para el FVC? La COP19, a celebrarse en noviembre en Varsovia, mostrará al mundo si el FVC puede convertirse en un motor eficaz para el financiamiento al cambio climático en los países en desarrollo. En esta conferencia, los países en desarrollo deben lograr compromisos concretos y firmes para la adaptación y mitigación al cambio climático. Sólo un financiamiento garantizado permitirá a la Junta tomar decisiones efectivas respecto de la distribución de recursos, o proporcionar a los países en desarrollo un panorama claro de la cantidad de recursos disponibles. La Junta Directiva del FVC debe buscar –y recibir– orientación ya que muchos de los asistentes a la COP se beneficiarán de los recursos del Fondo. Los países pueden usar la COP para dar consejos sobre las políticas del FVC, compartir sus necesidades prioritarias de financiamiento, y recomendar criterios para garantizar el acceso a los recursos. La COP también dará a los representantes de las CSOs la oportunidad de plantear preguntas y resaltar prácticas contraproducentes. Conclusiones La COP representa una oportunidad para que los países desarrollados se comprometan con los objetivos establecidos por el FVC, y otorguen el financiamiento que desesperadamente se requiere. Las partes y las CSOs deben usar la COP –el órgano de monitoreo del FVC– como una herramienta para mejorar la responsabilidad, la inclusión y la transparencia del Fondo, de modo tal que el FVC pueda realmente trabajar en beneficio de las poblaciones más vulnerables en los países en desarrollo. La COP debería ser un punto de referencia para el avance del FVC en lugar de un evento más en el que los países desarrollados se feliciten a sí mismos por los poco significativos avances. [i] El PSF permitirá al FVC financiar directa o indirectamente las actividades de mitigación y adaptación del sector privado a nivel nacional, regional e internacional. [ii] En la reunión de junio en Corea del Sur, los documentos fueron publicados menos de dos semanas antes de la reunión, en lugar de 21 días antes como se indica en la decisión sobre reglas adicionales de procedimiento tomada en Berlín. [iii] Fue el caso del último día de reunión en Songdo.
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Por Héctor Herrera, asesor legal de AIDA y coordinador de la Red de Justicia Ambiental en Colombia, @RJAColombia El cambio climático global, causado por la humanidad, es una realidad que impacta e impactará seriamente en las poblaciones humanas del continente americano y del mundo. Muchos ya creen en el fenómeno y en sus probables efectos. Muchos otros simplemente no le prestan atención o lo niegan. De hecho, la iniciativa “Climate Name Change” hizo una lista de los senadores “negacionistas (en inglés)” de Estados Unidos, país con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero en el hemisferio. Vea el video Climate Name Change (en inglés). Fuente: YouTube Una nueva prueba científica contundente fue publicada este año: la primera parte del quinto reporte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), comisionado por los gobiernos de 195 países y en el que participaron más de 800 científicos del sur y el norte global. Entre otras realidades, el reporte más reciente del IPCC (en inglés) evidencia: · Que el cambio climático es “inequívoco”, · Que la certeza sobre la responsabilidad humana en el tema es del 95%, · Que la temperatura del planeta aumentó 0,85ºC entre 1880 y 2012, · Que el nivel del mar subió 0,19 metros entre 1901 y 2010, · Que la temperatura del planeta podría subir entre 1,5ºC y 4,5ºC para el 2100, y · Que el nivel del mar podría subir entre 26 y 82 centímetros para 2100. Existe entonces unanimidad científica acerca del cambio climático, el cual incide negativamente en los derechos humanos como expongo enseguida. Vale la pena recordar que, en 2008, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigar la relación entre el cambio climático y los derechos humanos. En ese marco, AIDA publicó en 2011 el informe Cambio Climático y Derechos Humanos en América Latina: Una Crisis Humana. En él se explica cómo los impactos del cambio climático afectan el ejercicio de los derechos humanos en América Latina. La conclusión principal de ese informe es que la CIDH debe reconocer las implicaciones negativas del cambio climático sobre los derechos humanos y realizar recomendaciones a los Estados miembros de la OEA para que cumplan con sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos frente a dicho fenómeno. Entre los efectos nocivos del cambio climático, el informe de AIDA menciona, entre otros, la pérdida de recursos de agua dulce y sequías, las tormentas e inundaciones extremas, la elevación del nivel del mar, y el incremento de incendios forestales y de enfermedades transmitidas por el calor y por vectores. Estos impactos, evidencia el documento, afectarán negativamente el disfrute de derechos humanos como el derecho a un ambiente sano, a una vida digna, a la salud, a la alimentación, a la vivienda adecuada, y al agua de millones de personas en todo el continente americano. Ante tal escenario, AIDA señala la importancia de reconocer que hay comunidades más vulnerables que otras por estar en situación de pobreza o por haber sido discriminadas históricamente. Apunta además a que la responsabilidad de los Estados es compartida pero diferenciada. Ello quiere decir que tienen más responsabilidad los Estados que históricamente han contaminado más. En su parte final, el informe de AIDA recomienda que los Estados y otros actores relevantes, como organizaciones intergubernamentales e instituciones financieras internacionales, adopten y promuevan medidas para evitar que los impactos del cambio climático violen los derechos humanos. Lo cual, claro, alude a un nivel institucional, pero en un plano personal también se puede actuar: informarse, participar, emprender acciones para reducir las propias emisiones de gases de efecto invernadero: por ejemplo caminar más y andar en bicicleta, reducir el consumo de electricidad o de carne, etc. En suma, la comunidad científica tiene certeza sobre la realidad del cambio climático de origen humano. Además, como demuestra AIDA en su informe, los impactos del cambio climático afectarán los derechos humanos en América Latina. ¡Es hora de actuar! Para conocer más información relevante sobre el tema, puede consultar la sección correspondiente en el sitio web de AIDA.
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Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel LaIniciativa Internacional de Arrecifes de Coral(ICRI por sus siglas en inglés) —integrada por representantes de gobiernos, científicos y sociedad civil— se reúne cada año y constituye un foro de discusión y acuerdo sobre temas prioritarios para la protección de los arrecifes de coral en el mundo. En esta ocasión, la cita tuvo lugar en la ciudad de Belice del 14 al 17 de octubre bajo el auspicio de los gobiernos de Australia y Belice, a cargo del Secretariado de la ICRI. La ICRI también puede ser definida como una plataforma informal entre Estados y organizaciones. Fue creada ante la preocupación por la degradación que los corales están sufriendo, principalmente a causa de actividades humanas como la contaminación terrestre y el anclaje, entre otros. Su trabajo gira en torno a los siguientes objetivos: 1) Exhortar a la adopción de mejores prácticas de manejo de arrecifes de coral y ecosistemas asociados; 2) Crear capacidades; y 3) Incrementar el conocimiento sobre la importancia de los arrecifes de coral y los servicios ambientales que prestan. A pesar que las decisiones de la ICRI no son vinculantes entre sus integrantes, éstas han sido cruciales a la hora de resaltar la importancia de los servicios ambientales que los arrecifes de coral y sus ecosistemas relacionados proporcionan para garantizar sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria, así como bienestar social y cultural. Documentos de Naciones Unidas retoman y mencionan el trabajo de la ICRI, con lo cual se reconoce su labor de cooperación en la arena internacional. El trabajo de AIDA no es ajeno a este contexto. Una de las metas de su Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera es lograr que los arrecifes de América Latina estén legalmente protegidos y sean manejados de tal manera que se asegure su integridad biológica. Por ello decidimos solicitar la membrecía a la ICRI y formar parte de esta plataforma de diálogo. Con nuestra participación en Belice, buscamos identificar oportunidades para expandir nuestro trabajo a países de alta prioridad e islas del continente americano. También consideramos importante poner a consideración de la ICRI nuestro expertise en derecho internacional y las alianzas con nuestras organizaciones participantes para incorporar el tema legal a la discusión de la Iniciativa. Existen en ella comités ad hoc muy interesantes. Nos interesó particularmente el de valoración económica de los servicios ambientales de los arrecifes y ecosistemas adyacentes, el cual aborda además la compensación; y el comité de aplicación de la ley, mismo que realiza investigaciones sobre la valoración de evidencia y la estandarización de las normas en los diversos países. Colombia, Costa Rica, Granada y Panamá —así como la Asociación de Servicios Ecosistémicos Marinos (MESP por sus siglas en inglés) — se sumaron como integrantes de la ICRI durante la reunión en Belice. En el encuentro se hizo la presentación formal de la Estrategia Regional para el Control del Pez León [1] Invasor en el Gran Caribe, liderada por el representante de México ante la ICRI, Ricardo Gómez. Por otro lado, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) presentó la publicación Status y Tendencias de los Arrecifes de Coral del Caribe (Status and Trends of Caribbean Coral Reefs: 1970-2012), editado por Jeremy Jackson, Mary Donovan y otros. En ese documento se estudian patrones de cambio en los arrecifes como la sobrepesca, la contaminación costera, el calentamiento global y las especies invasoras, entre otros. El análisis concluye que la sobrepoblación turística y la sobrepesca son los dos principales indicadores del decline de la cobertura de coral en los últimos 40 años. La contaminación costera se ha incrementando indudablemente, pero no se tienen datos específicos para realizar una estimación al respecto. El calentamiento global es una amenaza, aunque de importancia limitada y local por ahora. A raíz del estudio, los delegados de la ICRI aprobaron una Recomendación para exhortar a los países a prohibir todo tipo de arte de pesca de pez loro en arrecifes de corales (en inglés) y ecosistemas adyacentes, y proveer de alternativas económicas a los pescadores afectados. También se impulsó una propuesta para incrementar los acuerdos de co-manejo entre gobiernos y sociedad civil. En la reunión se habló además de una simplificación y estandarización del monitoreo de arrecifes y de hacer disponibles los resultados una través de una base de datos anual que facilite el manejo adaptativo. Ello estaría acompañado de un intercambio de datos para que los manejadores locales se beneficien de las experiencias de otros. En el cierre del evento, se revisó el Plan de Acción (en inglés) de la ICRI y tuvo lugar la ceremonia de traslado del Secretariado a Japón y posiblemente a Tailandia, quienes tendrán a su cargo la administración de la ICRI a partir de 2014. Disfruté mucho de la compañía y del trabajo en equipo de mi colega y amiga Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA, con quien me comunico a diario, aunque no la vea físicamente. Me gustó mucho discutir aspectos científicos y de manejo con expertos en áreas marinas protegidas de distintos países. Pese a que se enfrentan a problemas similares, éstos se resuelven de diferente forma y las soluciones no siempre son replicables. Desde mi perspectiva, el mayor reto para la ICRI es el financiamiento de la plataforma. También me parece importante invitar a nuevos integrantes para que exista mayor representatividad tanto de los gobiernos como de los demás sectores: científicos y sociedad civil. Ver post El Pez León y la necesidad de combatir especies invasoras(20-noviembre-2012)
Leer másDecisión sin precedentes llama a la transparencia en el uso del dinero de los contribuyentes, sostienen los críticos.
Leer másPor Jessica Lawrence, anapsta investigadora de Earthjustice Una de las metas constantes de Earthjustice y de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ha sido alertar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en tribunales nacionales y foros internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre violaciones ambientales y de derechos humanos asociadas con minas y represas. Los pueblos indígenas son particularmente vulnerables a los efectos nocivos que las industrias extractivas y energéticas tienen en sus territorios. El pasado abril, Earthjustice y AIDA proporcionaron evidencia de esos daños, así como recomendaciones acerca sobre cómo evitarlos, al experto en derechos indígenas de la ONU James Anaya, quien recientemente pubpcó un informe sobre las industrias extractivas y energéticas y los pueblos indígenas. Los comentarios (en inglés)de Earthjustice y AIDA se enfocaron en el cierre de minas, describiendo cómo el inadecuado cierre, restauración o monitoreo puede causar una contaminación ambiental severa y de largo plazo, y violar derechos humanos e indígenas. Identificamos las medidas que los países pueden adoptar para prevenir esos problemas, incluyendo la promulgación de leyes estrictas sobre la responsabipdad de los operadores mineros, y la exigencia de que éstos brinden garantías financieras para asegurar una adecuada pmpieza durante y después del cierre de una mina. Dichas medidas pueden ayudar a proteger los derechos humanos a la salud, al agua potable y a un ambiente sano, así como los derechos indígenas a la cultura, apmentación y medios de subsistencia, sus tierras y recursos naturales. El informe de Anaya incluye una serie de recomendaciones que tienen imppcaciones ambientales y de salud. Las recomendaciones clave incluyen: Garantizar el derecho de las comunidades indígenas a oponerse a proyectos extractivos y energéticos sin miedo a represapas, violencia o consultas coercitivas. Si un gobierno decide continuar un proyecto sin su consentimiento, las comunidades indígenas deben ser capaces de impugnar esa decisión ante las cortes. Las Evaluaciones de impacto ambiental rigurosas deben ser una precondición. Las comunidades indígenas deben tener la oportunidad de participar en esas evaluaciones, y tener acceso total a la información recabada. Los gobiernos deben garantizar la objetividad de las evaluaciones de impacto, ya sea a través de revisiones independientes o asegurando que las evaluaciones no son controladas por los promotores del proyecto. Las medidas para prevenir los impactos ambientales, particularmente aquellas que impactan en la salud o la subsistencia, deben incluir monitoreos con la participación del púbpco, así como medidas que aborden el cierre del proyecto. Si los gobiernos y los operadores de los proyectos siguieran las recomendaciones de Anaya, se reducirían sustancialmente los daños ocasionados a pueblos indígenas por la conducta frecuentemente vergonzosa e irresponsable de las industrias extractivas y energéticas. AIDA, a quien Earthjustice brinda apoyo significativo, trabaja con comunidades locales para responder ante violaciones a derechos humanos derivadas de las industrias extractivas en todo el hemisferio, incluyendo los casos de la represa Barro Blanco en Panamá, la represa Belo Monte en Brasil, la represa La Parota en México, y las minas en ecosistemas andinos de Colombia.
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DR. JIM YONG KIM PRESIDENT THE WORLD BANK GROUP Dear Dr. Kim: We are writing to express our deepest concern regarding the World Bank Group decision to start financing and promoting large hydroelectric projects as “sustainable energy.” We urge you to review the information about negative impacts that large dams have had on the environment and human rights in the Americas, and to reconsider that decision. Large dams commonly cause severe harm to the environment. Underwater decomposition of trees and plants releases major quantities of methane, contributing to climate change. Large dams degrade water quality and sanitation both upstream and downstream from the artificial modification of river systems. Degradation of aquatic ecosystems leads to loss of biodiversity. Seismic instability is another common consequence of dam construction. These environmental harms often violate human rights protected by international legal instruments. These projects repeatedly generate health risks, block access to traditional food sources, and interfere with the ability to earn a livelihood. They displace entire communities, interfering with the human rights to freedom of movement, property, housing, and just compensation. State sponsors of large dams routinely fail to produce comprehensive environmental and social impact assessments, which are required by international law. Access to the information that should be provided by such an assessment is essential to ensuring the human rights to informed consent and prior consultation. Specific international laws and standards that apply to indigenous, afro-descendant and tribal peoples are routinely ignored. In some cases, public protest to ill-considered dam projects is criminalized, contrary to international human rights law. Many organizations and institutions, including the World Commission on Dams, have identified these negative consequences. AIDA has also produced a report analyzing the effects of large dams on the environment and human rights, “Large Dams in the Americas.” The executive summary of the report (in English) and the full version (in Spanish) are attached to this letter. AIDA stands with the World Bank Group in supporting development in Latin America. But that development should be sustainable. It should not come at the expense of the environment and human rights. Promotion of truly renewable resources, including wind, solar, and geothermal energy, can also encourage development that sustains growing economies, thriving environments, and respect for human rights. We insist that the World Bank Group finance only projects that abide by international law and standards, and give due and full consideration to alternative energy sources and efficiency measures. We would be more than happy to help the World Bank Group to drive true, sustainable development and to promote projects that increase human well-being while also protecting the environment and human rights. We hope you find this information useful and incorporate it into World Bank policy.
Leer másPor Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes ¡El 1º de noviembre cumplo 10 años trabajando con AIDA! Ha transcurrido una década desde que en el Valle de Antón, Panamá, la Junta Directiva decidió muy generosamente contratarme. Recibí la decisión con mucha alegría, pues desde que era estudiante de derecho en Colombia y asistente en Fundepúbpco, participé de la fundación de AIDA y de la organización de su primera reunión en 1998. En este tiempo he tenido la fortuna de conocer personas maravillosas y visitar rincones de nuestra región tan increíbles y persos como La Oroya, Iquitos, Altamira, los Altos de Japsco, La Parota y Córdoba, entre muchos otros. Así que hoy agradezco, celebro y renuevo mi compromiso de aprender y dar lo mejor de mí para que sigamos creciendo y en especial para que AIDA siga siendo efectiva en aportar positivamente a la región. No puede ser de otra manera, ¡AIDA era y es el trabajo de mis sueños! Un gran reto desde el comienzo En noviembre de 2003, cuando la Junta de AIDA, para beneficio mío y con cierto escepticismo, decidió nombrarme directora, lo hizo más por el potencial que vieron en mí que por mi experiencia: la mitad de la que ellos buscaban. Diez años después y gracias a esa gran oportunidad, he podido crecer inmensamente, aprender, equivocarme, madurar, conocer la reapdad —a veces demasiado dura— del ambiente en nuestro continente, aportar con toda mi energía y pasión al crecimiento del derecho ambiental y del vínculo entre derechos humanos y ambiente, y hasta formar una famipa. Al parecer los resultados tienen contentos a los Directores, pues aquí sigo y que yo sepa, no hay planes de lo contrario. ¡Cuánto hemos crecido! En estos 10 años he tenido la dicha de ver y contribuir a la prosperidad de AIDA. He crecido con ella. Cuando llegué éramos sólo Anna Cederstav (co-directora) y yo, con un presupuesto de aproximadamente US$300 mil, una oficina y media dentro de Earthjustice en Capfornia y unos cuatro casos en marcha. Teníamos muchos sueños y planes para AIDA. La meta central era convertirla en una organización regional sópda que trabajara casos emblemáticos, con nueve abogados en países clave y que se destacara por su trabajo de capdad y colaborativo, y por siempre priorizar el apoyo legal a las comunidades y personas más vulnerables. Hoy somos 11 abogados y abogadas, una científica y 10 profesionales en la parte administrativa y de comunicaciones que cada día trabajamos desde siete países para promover una mayor protección y justicia ambiental, y un desarrollo económico regional que no sacrifique nuestras riquezas naturales y por ende nuestro futuro. Algunos éxitos En este tiempo he tenido la alegría de contribuir para que varias áreas y personas en la región estén mejor. Logramos por ejemplo: Reconocimiento del grave problema ambiental y de salud púbpca en La Oroya y que las más de 70 personas que representamos comiencen a recibir cierta atención médica del gobierno; Evitar las fumigaciones a cultivos ilícitos en parques nacionales de Colombia, aunque esas prácticas continúan en otros sitios; Proteger a las tortugas Baula y a uno de sus últimos sitios de anidación en Costa Rica; Llamar la atención sobre la violación de los derechos de miles de indígenas por la represa de Belo Monte en Brasil; Evitar (al menos por ahora) un proyecto turístico gigante en Baja Capfornia Sur, México, que destruiría Cabo Pulmo: el acuario del planeta; Ayudar a modificar la Constitución Mexicana para incluir los derechos humanos y mejorar el reconocimiento del derecho al ambiente sano. Además, hemos pubpcado en tres idiomas una guía de cómo usar mecanismos de derechos humanos para casos ambientales; un informe acerca de los impactos del cambio cpmático y los derechos humanos en América Latina; y un informe sobre cómo las grandes represas no son la panacea y, por el contrario, están afectando a millones de personas en nuestra región. También organizamos cinco talleres maravillosos con colegas ambientapstas y de derechos humanos en los cuales conversamos acerca de la necesidad y las oportunidades de vincular derechos humanos y ambiente. Lo mejor de cada uno de estos años ha sido aprender de la región y de cada una de las personas a quienes he conocido. Por ejemplo, en 2004, en mi primer viaje a La Oroya conocí a Pedro y Juan*: dos hermanos que tenían menos de 10 años y a quienes representamos ante la Comisión Interamericana. Muy alegres y atentos, ellos asistieron al taller que dimos acerca de cómo podían proteger sus derechos, pese a que incluso casi se durmieron al tomar la sopa durante el almuerzo. Hoy son adolescentes comenzando a planear su futuro profesional. Juan está prestando su servicio miptar. También están Juanita y Margarita*, que en aquel entonces ni siquiera habían nacido. Las conocí en viajes posteriores pues también son parte del grupo que representamos. Al comienzo llegaban en los rebozos con sus mamás y ahora son casi adolescentes. Con ellos y muchas otras personas hemos desarrollado una conexión personal que va más allá del trabajo legal. No todo ha sido color de rosa No todo ha sido alegría y celebración. En esta década he visto con tristeza: Construir la represa Baba en Ecuador pese a una sentencia del Tribunal Constitucional que obpgaba a rehacer el estudio de impacto ambiental por las violaciones constitucionales y al derecho internacional del proyecto; Construir la represa del Zapotillo en los Altos de Japsco, aunque por ahora parece que Temaca, uno de los pueblos a inundar, no será destruido; Iniciar la construcción del monstruo de Belo Monte en Brasil incluso en contra de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana que, meses después, fueron sorpresivamente modificadas; Multippcar exponencialmente los proyectos de minería, incluso en zonas de páramo: las adoradas fábricas de agua en Colombia. Lo que viene El balance en general es positivo. Por ahora gran parte del sueño se ha vuelto reapdad. Sin embargo, hoy los retos y necesidades son mucho mayores. También lo son mi compromiso y nuestros objetivos para la región. Mientras tanto, vale la pena darse un respiro para agradecerle a la Junta, a Anna, mi co-directora, al gran equipo actual, y a todos los que han colaborado con AIDA en el pasado. Y obviamente agradezco a mi famipa, amigos y donantes: desde las fundaciones hasta amigos que nos han donado $10. Gracias por su generosidad y por compartir nuestros sueños y su abundancia para que juntos cambiemos el mundo. Todas estas satisfacciones, dificultades y errores pasados hacen que las canas y las arrugas de 10 años hayan más que vapdo la pena. ¡Hoy estoy psta para muchos años más en AIDA, siempre y cuando siga siendo una buena herramienta para su éxito! *Tuve que cambiar estos nombres para proteger su seguridad.
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