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Belo Monte: ¡Nunca nos rendiremos!

Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi  No vamos a darnos por vencidos. Ese es el lema de AIDA en defensa de los derechos de los brasileños que se enfrentan a la reubicación forzosa a medida que la construcción de la mega-represa Belo Monte continúa avanzando en la Amazonía. El Gobierno de Brasil está construyendo la tercera represa más grande del mundo sobre el río Xingú bajo el pretexto de satisfacer una creciente demanda de energía. Uno de los costos de la represa es, según cifras oficiales, el desplazamiento de al menos 20,000 personas de comunidades indígenas y ribereñas. Sus tierras tradicionales serán inundadas y sus formas de vida, destruidas. Pero la gente del Xingú no se dejará acallar y se ha organizado para luchar por sus derechos. El gobierno está tan decidido que ha hecho uso de espías para infiltrarse en el movimiento que se opone a la represa. Ha desplegado a las fuerzas de seguridad pública para patrullar el sitio de construcción y disolver las protestas. Y planea reforzar los controles en junio y julio, cuando la atención del mundo se centrará en Brasil por la Copa Mundial de Fútbol.  Además, ahora el Gobierno brasileño quiere criminalizar las protestas contra proyectos de infraestructura, aun cuando las comunidades afectadas sólo están expresando su consternación tras habérseles negado el derecho constitucional básico e internacionalmente reconocido de manifestar su posición sobre lo que ocurre. ¿Tirar la toalla? Nosotros no. Con tus donativos, AIDA está trabajando para asegurar que a la gente del Xingú se le garantice el derecho a ser escuchada, a ser consultada, y a vivir en un ambiente sano.  Uno de los objetivos de la estrategia de AIDA es hacerle frente a un instrumento legal llamado Suspensión de Seguridad, establecido en Brasil durante la dictadura militar. Los Tribunales han utilizado dicho instrumento en reiteradas ocasiones para “proteger el interés público” e invalidar decisiones de tribunales inferiores que, como en el caso de Belo Monte, han ordenado detener la construcción de la represa hasta que el gobierno consulte a las comunidades afectadas y les brinde protección y compensación adecuadas. El 10 de marzo, en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Alexandre Sampaio, abogado de AIDA, explicará cómo Brasil está usando la Suspensión de Seguridad para violar los derechos humanos de los pueblos indígenas de Brasil. Además, a través de la preparación y presentación de escritos legales, estamos abogando para que el Supremo Tribunal rechace la aplicación de la Suspensión de Seguridad y determine que el proyecto Belo Monte fue ilegal desde el inicio. También hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que analice las implicaciones de la Suspensión de Seguridad para los derechos humanos. AIDA realiza todo este trabajo de forma gratuita para las personas a las que ayuda. Tus donaciones a través de Global Giving son un apoyo fundamental para que los abogados y abogadas de AIDA lleven adelante este importante y desafiante trabajo legal, el cual empodera a las comunidades amazónicas para que defiendan sus derechos.  Considera por favor hacer otro donativo en apoyo a este trabajo, ayudando a nuestra “nunca-nos-rendiremos” lucha contra Belo Monte. Con gran aprecio, El equipo de AIDA

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A platter of fresh seafood
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Pesca responsable: Garantía de alimento para esta y futuras generaciones

Por Gladys Martínez, asesora legal de AIDA ¡Qué delicia comer un cebichito peruano! ¡O pescado frito acompañado de patacones! Me declaro culpable: ¡Me encantan los mariscos! Por eso mismo, uno de los proyectos con el que más me identifico del Programa de Protección Marina de AIDA es la publicación Herramientas para la pesca sostenible y el manejo costero. Y es que, al igual que yo, más de 4.2 billones de personas consumen 15% de proteína en forma de mariscos. De ahí la importancia de implementar medidas para la pesca sostenible y la conservación de la biodiversidad marina. Luego de una investigación de más de diez años, AIDA ha desarrollado una compilación de once capítulos en la que se analiza la situación actual de los mares y las causas de la crisis de las pesquerías (las explotaciones pesqueras o pesquerías son los esfuerzos organizados para capturar peces u otras especies acuáticas mediante la pesca). La publicación presenta elementos que ayudarían a limitar tal efecto, así como casos de estudio de derecho comparado y un análisis de las obligaciones internacionales que tienen los Estados para proteger y conservar los mares y su biodiversidad. Los marcos regulatorios en ese ámbito también son objeto de estudio. En algunos capítulos se abordan los distintos instrumentos regulatorios usados para controlar el esfuerzo pesquero en diferentes países del mundo. Entre ellos están los programas para reducir licencias vigentes de barcos, aquellos para decomisar barcos, los de reentrenamiento de pescadores, y los de reducción del tiempo de lance (tiempo en el que permanece un arte pesca en el mar). Se menciona específicamente el fenómeno de la “captura incidental” (cuando la captura no discrimina entre las especies objetivo de las que no lo son), y se formulan algunas recomendaciones para reducir esa práctica dañina. Por otro lado, un capítulo de la publicación examina la figura de Áreas Marinas Protegidas (AMP) y explica sus beneficios como herramienta de conservación. Hace referencia a las categorías de AMP conforme a los ecosistemas protegidos y a las clasificaciones de organismos internacionales como UNESCO y la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Describe casos de AMP en México, Costa Rica y Brasil. El capítulo contiene medidas de protección de los recursos en alta mar mediante AMP transnacionales y finaliza abordando la diferencia entre áreas protegidas cerradas a la pesca y reservas pesqueras.  Dada la magnitud de los impactos de la pesca responsable, la compilación incluye en los últimos capítulos los principales instrumentos económicos que —aplicados y diseñados de manera eficiente— pueden promover la protección, restauración, preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. Estos instrumentos se dividen en tres categorías: de mercado (certificación de pesca y eco-etiquetado), fiscales (impuestos verdes, derechos y subsidios) y financieros (creación de fondos y préstamos). Los aspectos socio-ambientales del sector pesquero —crucial para una parte importante de la población mundial en términos de generación de empleo, seguridad alimentaria y potencial de superación de pobreza— también encuentran cabida en la publicación de AIDA. En ella se analiza la situación actual del sector, advirtiendo la pobreza que le rodea y las duras condiciones laborales de las personas que trabajan en el mismo.   Yo quiero seguir comiendo mariscos y que mi descendencia también pueda tener ese placer libre de remordimientos ¿Usted? En virtud de las luces que la compilación de AIDA arroja sobre el tema, me atrevo a decir que esa meta es posible. Si le gusta nuestro trabajo, ¡apóyenos por favor! Finalmente, Herramientas para la pesca sostenible presenta un análisis sobre la acuicultura en el continente americano: sus impactos, los riesgos que implica para la salud de las personas y los métodos alternativos. Ello se realiza incorporando ejemplos de distintos países de la región y el mundo para ilustrar lo que funciona y lo que no ha sido exitoso.  Lo anterior da pie a mencionar también los requisitos mínimos para desarrollar la acuicultura reduciendo sus impactos. Entre ellos están la adecuada zonificación de los proyectos y especies a cultivar, las técnicas apropiadas de alimentación y eliminación de desechos, y el monitoreo y vigilancia de los proyectos por parte de los Estados, entre otros. Adicionalmente, explicamos técnicas novedosas como el policultivo, el cultivo en tierra firma y la certificación ecológica. Todas ellas están siendo investigadas como una alternativa con menos impactos ambientales y humanos. 

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Tabla de casos sobre derechos humanos y ambiente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

A fin de ayudar a organizaciones e individuos a obtener información sobre la protección del ambiente en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, AIDA ha creado un cuadro de casos sobre la temática ante el Sistema.    El cuadro presenta la información de manera esquemática y organiza los casos según su estado procesal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y/o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; identificando las fechas de las decisiones de Admisibilidad, Fondo, Solución Amistosa y/o Sentencia emitida por la Corte Interamericana, otorgamiento de medidas cautelares y/o provisionales, según corresponda.   Finalmente, el cuadro presenta un resumen de la decisión más reciente en el cual destaca el estándar fijado por la Comisión o la Corte según el caso. Esperamos que el cuadro sea de utilidad para los usuarios del Sistema y todas aquellas personas y organizaciones que busquen conocer más acerca de la protección internacional del ambiente. 

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México actúa para proteger sus humedales del desarrollo no sostenible

AIDA y los miembros del Comité Nacional de Humedales han obtenido una gran victoria tras años de trabajo para proteger legalmente a los humedales —zonas terrestres inundables de manera permanente o intermitente como esteros (desembocaduras de ríos en el mar), arrecifes, manglares, entre otras— de México. El 4 de febrero de 2014, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) presentó la nueva Política Nacional de Humedales, un marco legal que nosotros habíamos estado pidiendo desde 2009. “No es la panacea, pero es un buen comienzo”, dice Sandra Moguel, abogada de AIDA que participó en el Comité Nacional de Humedales, un grupo liderado por la CONANP que ayudó a desarrollar la política. México es rico en humedales. El país ocupa el segundo lugar, después del Reino Unido, en el número de zonas de humedales protegidas bajo la Convención Ramsar, un tratado internacional para la conservación y el uso sostenible de esos ecosistemas. Los arrecifes de coral, con siglos de antigüedad, sirven como áreas de reproducción para peces que alimentan a la población y deleitan a los buzos. Los bosques de manglar albergan especies en peligro de extinción y brindan servicios ambientales cada vez más importantes: absorben las emisiones de carbono, y protegen a las costas de tormentas, mismas que son más severas debido al cambio climático. Pero muchos arrecifes, manglares, esteros  y ríos han sido víctimas de desarrollos pobremente planeados. En el Golfo de California, por ejemplo, planes de mega resorts nos han mantenido ocupados defendiendo el arrecife de coral Cabo Pulmo y, ahora, una propuesta de expansión portuaria está amenazando los arrecifes de Veracruz. Para defender estos y otros humedales, hemos tenido que recurrir a una maraña de leyes y políticas. Pero ya no más. Ahora contamos con un instrumento específico y además acorde a las leyes y políticas referidas a la protección de humedales. La nueva política establece acciones, metas y prioridades para el manejo y protección de los humedales. Es un gran avance. Si bien una política nacional de humedales es un requisito para Ramsar, la de México se distingue de muchas otras en el mundo por establecer no sólo principios y lineamientos, sino también un plan de acción para llevarlos a cabo. Por ejemplo, el gobierno pronto establecerá y mantendrá niveles mínimos de agua para preservar los manglares. Otras acciones garantizarán el uso razonable de los humedales. La pesca, el turismo y otras actividades que dependen de los manglares deben realizarse de manera sostenible. Si se producen daños, el Estado debe garantizar la restauración de estos ecosistemas. Un elemento clave que AIDA impulsó es el principio de progresividad ambiental. La nueva política impide al gobierno continuar modificando y reduciendo áreas naturales protegidas para dar paso a grandes proyectos de infraestructura, o beneficiar intereses privados. Ahora las autoridades deben preservar y promover la progresividad ambiental respetando los estatus de áreas protegidas y mejorando las salvaguardas. Estamos emocionados. Este principio podría ayudar a AIDA en su batalla legal para detener la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el río San Pedro Mezquital. La hidroeléctrica reduciría el flujo de agua y los sedimentos que alimentan y sostienen a los manglares de Marismas Nacionales, una zona protegida de humedales en el Golfo de California. La construcción de la hidroeléctrica revertiría claramente el progreso ambiental. La nueva política tiene puntos débiles. Por ejemplo, no establece fechas para revisar el progreso del plan de acción, y las acciones podrían complementarse para que sean más efectivas, pero, comparativamente, está a la vanguardia de las políticas de humedales en América Latina. “México está poniendo el ejemplo”, dice Moguel. “Esperemos que esto aliente a otros países a hacer lo mismo”. Tus contribuciones nos han ayudado a presionar para el desarrollo de esta nueva política, y a realizar aportes a la misma. Y con tu apoyo constante seremos capaces de ayudar a México en sus esfuerzos por proteger sus vitales humedales.

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Sobre los glaciares y su incipiente protección legal

Sobre los glaciares y su incipiente protección legal Por Florencia Ortúzar, asesora legal de AIDA Además de gigantes y majestuosos, los glaciares son cruciales para la supervivencia de nuestra especie, al ser la reserva de agua dulce más importante del planeta. Sólo 3% del agua en el mundo es dulce y de ese porcentaje, más del 70% está congelada en glaciares[1]. También son nuestro seguro frente a sequías. Cuanto menos lluvia y nieve caiga en invierno, los glaciares entregarán más agua a los ríos, manteniendo los caudales en verano y épocas secas. Su derretimiento implica no sólo problemas por falta de agua, sino también un aumento en los niveles del mar. De hecho, si todo el hielo glaciar se derritiese, los mares subirían 70 metros en promedio, ocasionando catástrofes inimaginables para la humanidad[2]. Parece increíble entonces que, aún siendo los guardianes del líquido más preciado para los seres humanos, la protección de los glaciares sea casi inexistente en el mundo. Pero ¿qué son exactamente? Los glaciares son enormes cuerpos de hielo formados lentamente por la caída de nieve que se comprime en grandes masas congeladas. Para que se forme un glaciar, es necesario que pasen cientos de años y que las temperaturas se mantengan durante un tiempo suficiente para que la nieve se acumule y se transforme en hielo. Inventariar los glaciares del mundo es una tarea considerada inconclusa. Pero según aproximaciones, los glaciares ocupan hoy unos 33 millones de km2 (10%) de la superficie terrestre. Aunque hay glaciares en todos los continentes, excepto Australia, el 90% está distribuido entre la Antártida y Groenlandia. En Sudamérica, los glaciares cubren 25.500 km2. De esa superficie, 75% está en Chile y 15% en Argentina[3]. Gigantes amenazados Las amenazas más peligrosas que los glaciares enfrentan actualmente son el cambio climático y las actividades industriales que el ser humano realiza cerca de ellos, en especial la minería. El cambio climático ha generado la disminución de nieve y de precipitaciones, así como el aumento de la temperatura, algo que reduce la acumulación de hielo e incrementa el derretimiento de los glaciares. La minería —en sus fases de exploración y explotación— afecta a los glaciares con la construcción de caminos, la perforación y uso de explosivos, el levantamiento de polvo que se deposita sobre ellos y acelera su derretimiento, y con el empleo de materiales tóxicos o de descarte que provocan su remoción. Según datos de la organización Chile Sustentable, que dedica grandes esfuerzos a protegerlos, desde principios del siglo XX y con pocas excepciones, los glaciares de todo el mundo han estado retrocediendo a un ritmo sin precedentes. Algunos han desaparecido durante este siglo y muchos lo harán en cuestión de décadas. Vea impactantes imágenes del derretimiento de glaciares, extractos del documental Chasing Ice, un proyecto que comprimió años de filmación en segundos, capturando el derretimiento de enormes montañas de hielo. ¿Quién los protege? No existe a la fecha un tratado internacional referido específicamente a la preservación de los glaciares, ni un proyecto que lo esté considerando. Aquellos que podría decirse que los protegen tangencialmente son el Tratado Antártico y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto. Dentro del llamado “Sistema del Tratado Antártico”, especial mención merece el “Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico” que, acordado en 1991, busca la protección integral del medio ambiente antártico y sus ecosistemas, regulando las actividades que se lleven a cabo en la zona para evitar impactos en el clima y en el entorno glacial. Aunque la CMNUCC (1992) y su Protocolo de Kioto (1997)  no mencionan directamente a los glaciares, hielos marinos, plataformas, ni capas de hielo, intentan controlar un calentamiento global que claramente los afecta. A nivel regional, una iniciativa interesante fue la Ley Marco de Protección a los Glaciares, aprobada unánimemente en 2011 por el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), organismo regional integrado por los Parlamentos nacionales de América Latina. En el artículo primero se señala que “los Estados latinoamericanos deben proteger y conservar las áreas y ecosistemas de glaciares, nevados y de los denominados hielos eternos para garantizar la regulación hídrica y las reservas de agua dulce”. Aunque la iniciativa no es vinculante, otorga sugerencias a los estados miembros para que sus principios sean armonizados con las respectivas legislaciones nacionales. Argentina, ¡a la vanguardia! El 30 de septiembre de 2010, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en promulgar una ley para proteger sus glaciares. Se trata del “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, una norma constitucional con jerarquía superior al resto de la legislación nacional y provincial. Entre sus principales puntos, la ley dispone la elaboración de un inventario nacional de glaciares, y establece una serie de actividades prohibidas que afectan a los glaciares (entre ellas la minería), así como la obligación de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales para evitar el daño a glaciares.  El logro no fue fácil. En 2008, una primera versión de la ley fue aprobada por unanimidad y sin mayores debates en el Congreso argentino. Pero su vigencia duró poco tiempo, ya que la empresa canadiense Barrick Gold, al enterarse que su proyecto Pascua-Lama (emplazado cerca de tres glaciares) tendría irreconciliables problemas con la norma, consiguió un veto de la presidenta argentina Cristina Fernández argumentando la afectación al desarrollo económico por minería de ciertas provincias. El veto derivó en la renuncia de Romina Picolotti, Secretaria de Ambiente de la Nación, quien había apoyado la ley; y detonó además un movimiento social nacional para defender los glaciares argentinos. Dos años de amplio debate en el Congreso dieron paso a la promulgación de una nueva y mejorada ley de protección a los glaciares en septiembre de 2010. Chile promete ser el siguiente Chile posee la mayor superficie de glaciares de Sudamérica con un área aproximada de 21,000 km2, distribuidos en miles de glaciares que van desde las cumbres del Altiplano hasta el extremo austral del continente. El país carece de un marco jurídico vinculante que los proteja, pero no está del todo dormido: existe un proyecto de ley que se cocina hace años y que podría concretarse pronto. El primer intento por promulgar una ley para protección de glaciares fue en 2006. Estuvo impulsado por la aprobación del proyecto minero Pascua-Lama, que amenaza a los glaciares montañosos del norte del país. La iniciativa no prosperó y fue archivada en 2007. El proyecto fue reactivado en 2013 y el Senado se encuentra hoy en proceso de perfeccionar el texto para avanzar en su promulgación. En cumplimiento de esa tarea, los senadores de la Comisión de Medio Ambiente han escuchado a las partes interesadas, incluidas organizaciones ambientalistas, mineras y representantes del sector público. En enero de este año, la Comisión recibió al glaciólogo Alexander Brenning, académico de la Universidad de Waterloo, Canadá. El experto les presentó su ponencia La criósfera de Chile central bajo la influencia del cambio climático y de las actividades mineras, la cual aborda la forma en la que los glaciares de Chile y el mundo están siendo afectados  por el cambio climático y por la actividad minera. Pascua-Lama, el proyecto que puso el tema sobre la mesa El polémico proyecto bi-nacional Pascua-Lama, ubicado entre Chile y Argentina, sirvió como detonador de los avances legislativos que ambos países han realizado en materia de glaciares. El proyecto está actualmente paralizado y la firma a cargo del mismo, la canadiense Barrick Gold, enfrenta costos ambientales gigantescos: ni la inmensa riqueza de la que quería echar mano fue suficiente para sobrellevar el daño ambiental inherente. En Chile, la autoridad ambiental y la justicia ordenaron la suspensión del proyecto debido a los impactos en los glaciares. El fallo se mantendrá hasta que no se hagan las reparaciones y obras necesarias para proteger las aguas y glaciares. En Argentina, Pascua-Lama no fue suspendido. Las autoridades de ese país han ignorado los riesgos e impactos en glaciares y se resisten a implementar la ley. Sin embargo, lo ocurrido en Chile implica que el proyecto no puede avanzar tampoco en Argentina, por lo que la empresa decidió suspenderlo indefinidamente. Lea sobre los traspiés ambientales del proyecto en Chile en un post anterior de este blog y consulte Los Glaciares de Barrick Gold, un informe completo y detallado del caso (hasta mayo de 2013) elaborado por la ONG argentina CEDHA. En las conclusiones del informe de CEDHA, surge la siguiente interrogante: ¿por qué Barrick Gold no tomó las medidas necesarias para evitar el impacto en los glaciares? Es posible, por un lado, que las multas que enfrenta la empresa sean inferiores al valor del oro que yace debajo de los glaciares, y que no esperaba una clausura total de su proyecto. La otra explicación es que simplemente no se pueda evitar la contaminación en los glaciares, que ésta sea inseparable de la forma de explotación del mineral. La organización concluye que, al final de cuentas, la minería a gran escala es incompatible con la presencia de glaciares. El futuro de estos gigantes y sensibles guardianes del agua del mundo aún está por verse. Lo que está claro es que la tarea de reconocerlos, valorarlos y protegerlos tiene años de retraso. El que las primeras iniciativas legales en su defensa vengan de nuestra parte del planeta es razón para enorgullecernos, pero también nos obliga a implementar efectivamente esos escudos y a seguir trabajando para extender la preservación de los glaciares a todo el planeta. [1] Según datos del Global Water Partnership: http://www.gwp.org/ [2] Según datos del US Geological Survey: http://www.usgs.gov/ [3] http://www.glaciares.org.ar/paginas/index/inventario

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Lideresa indígena condena violaciones de derechos por parte de Brasil ante las Naciones Unidas

Ponentes destacan violaciones derivadas de la construcción de represas en la Amazonía en el Consejo de Derechos Humanos.

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Otra vez La Oroya…

By María José Veramendi Villa, senior lawyer AIDA, @MaJoVeramendi  During the last three months I have been writing an article on the  Metallurgical Complex of La Oroya , in Peru, which has taken me back in time, until 1922, when it became operational. I could make a mental journey through the mining of those years in the Central Sierra Peru, the nationalization of the complex in 1974 and its privatization and purchase in 1997 by the company Doe Run. I also remembered how AIDA came to work in La Oroya and I thought about how, today, we continue steadfast in the struggle for the rights of its inhabitants. This journey leads me to this day: the 85th birthday of my grandmother Carmen . She is a woman with a physical and mental strength enviable, traveling as if thirty years and sports as if I were twenty. In each of their birthdays, I secretly wish reach eighty-something with his lucidity and strength. But what relationship does my grandmother with La Oroya? She was born in Callao in 1929, seven years after it began operating the metallurgical complex. He lived several years of his childhood and adolescence in Huancayo, capital of the province of Junin, when his father was General Count Irrigation Mantaro river.  My grandmother remembers , and since then,  the heaviness of the air -  a symptom of pollution - rail passing by La Oroya during his trips between Lima and Huancayo. Since that time the contamination was present!  What followed is history: nationalization, privatization  Adjustment Program and Environmental Management (PAMA) ,  breach of environmental obligations , extensions,  damage to life and health ; and high levels of lead, cadmium and arsenic in the population. There were and there are  human rights violations ,  stigma and violence against defenders of their right to live in a healthy environment ,  proceedings before the Inter - American System of Protection of Human Rights , and more extensions. The  story  is completed by the  repeated failure  of the company and the State of its obligations under the PAMA, recurring failure of the State of  timely and appropriate health care of the population , the liquidation of the company, its restructuring, administration temporary, and the  demand for international arbitration of the company against the State in order to manipulate their interests . Thus, the list could go on ... Last week it was published in the  press  statements by the  Technical Group of the Air Quality La Oroya  indicating that, after visiting the metallurgical complex, it had reduced its air emissions, which greatly improved the air quality in the area. How did that happen? How indicators based on what? The visit took place on February 4 and 3 and 5 were recorded situations  care  about the  level of sulfur dioxide in the air  in one of the monitoring stations of La Oroya (Union).  Additionally, the press picked up the concern of Mrs.  Rosa Amaro , the  Movement for the Health of La Oroya (MOSAO) , who indicated that fugitive emissions are not completed to remove. Recall that the  fugitive emissions  "are those that escape the general atmosphere during the casting process or handling of concentrates and products,  bypassing the checkpoints  emissions" (Cederstav and Barandiaran:  La Oroya Can not Wait ). The response of the representative of the company Doe Run to such concern was surprising : "studies are performed to solve this problem definitively and is considered in the investments to be made ​​in the process of restructuring the company." Are they still doing studies? How long? For more than a decade fugitive emissions are discussed and control is a priority . Improvements in air quality in La Oroya always be welcome. But they must be backed with real indicators , so it is an urgent priority that people have all the information on the actual situation of air quality , information that also have the right . Air pollution has serious impacts on the health of the population and access to information is vital to a population that has suffered for many years hiding what was really happening in their city and, consequently, of the causes of their health problems. Happy Birthday to my grandmother Carmen! I hope your great - grandchildren come to see a country where the contamination in La Oroya is a distant memory , where children grow up with health, where seniors can age with dignity, and where people can develop their life normally, breathing clean air .

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Organizaciones hacen un llamamiento a las Naciones Unidas a fin de detener el inminente desalojo forzoso de familias indígenas Ngöbe

Acción urgente busca detener el desalojo de una comunidad indígena en Panamá.

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Científicos piden a organismo internacional investigar autorización de proyectos turísticos en el Golfo de California

En una carta a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), expresan su preocupación por la aprobación de mega resorts que podrían dañar ecosistemas costeros de la zona.

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¡Feliz Día Mundial de los Humedales para la Bahía de Panamá!

Por Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA El pasado 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales. Para el Humedal Bahía de Panamá, el festejo comenzó mucho antes. El 23 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia de ese país declaró legal la norma que crea el Refugio de Vida Silvestre Bahía de Panamá. Así, se puso fin a casi cuatro años de incertidumbre sobre la condición jurídica de este importante sitio ecológico y se marcó un precedente de protección ambiental en la región. El Humedal Bahía de Panamá es un ecosistema rico en biodiversidad, lugar de anidación de aves y hábitat para muchas especies. Se estima que de ahí proviene al menos 60% de la pesca panameña. Sus manglares protegen a la costa de la erosión causada por el oleaje y son una barrera contra fenómenos naturales como tornados y huracanes. Además, el sitio es un “Humedal de Importancia Internacional” bajo la Convención Ramsar y es reconocido especialmente como hábitat de aves acuáticas.   Conscientes de esta importancia, muchas organizaciones —entre ellas AIDA, CIAM y MarViva— han trabajado para asegurar la protección del humedal en beneficio de presentes y futuras generaciones. La denuncia que motivó este caso fue presentada por un particular en 2012, pero los hechos relacionados con el mismo se remontan a varios años atrás. Resumo los principales a continuación: 1989: Panamá firma la Convención Ramsar comprometiéndose a proteger los humedales que por sus características y relevancia deban incluirse en la psta de humedales de importancia internacional. 2003: Panamá incluye en esa psta al Humedal Bahía de Panamá, declarándolo Sitio Ramsar por su importancia económica para los pobladores del lugar y por sus funciones ecológicas, entre ellas la de ser sitio de descanso para aves playeras migratorias. 2008: Tras visitar el país, una misión de asesoramiento de la Convención Ramsar asegura que la Bahía de Panamá está en pepgro debido a las alteraciones ecológicas causadas por la canapzación de ríos, los drenajes y el relleno de humedales para la expansión urbana. 2009: La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá siguiendo las recomendaciones de la misión, y reconociendo la importancia ecológica y los servicios ambientales del lugar. 2010: La compañía Rosas y Rosas presenta una acción contra la resolución de creación del área protegida argumentando la falta de consulta participativa previa. La empresa sopcita que, por precaución, se suspenda la condición de área protegida hasta que la Corte emita un fallo. 2011: AIDA presenta un amicus curiae (escrito legal respaldando los argumentos de una de las partes) contra la suspensión del área protegida basándose en los compromisos internacionales de Panamá, el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equipbrado, y estudios de caso en otros países de la región.  2011: La empresa desiste de la acción legal al darse cuenta que su propiedad se encuentra fuera del área protegida. 2012: Un particular presenta una nueva acción contra la creación del área protegida utipzando los mismos argumentos de Rosas y Rosas. 2012: CIAM, MarViva y otras organizaciones presentan en el proceso argumentos defendiendo la legapdad de la declaratoria de área protegida. MarViva rescata los argumentos de AIDA (2011) y los presenta en su escrito. 2013: La Corte declara la legapdad de la creación del área protegida. La sentencia de la Corte contiene muchos elementos que sentaron un precedente para el Estado panameño. El desarrollo de la Bahía de Panamá debe ser sostenible y con una visión de largo plazo. Considero que hay dos temas a resaltar del fallo: la importancia del derecho internacional para resolver casos ambientales, y la appcación del principio de no regresión. El derecho internacional: Los Magistrados reafirman los compromisos internacionales que el Estado panameño adquirió al ratificar la Convención Ramsar. Uno de ellos es promover el uso racional de todos los humedales mediante la normativa adecuada. La sentencia cita jurisprudencia de otros países como Costa Rica en la que se ha establecido la prioridad del uso racional y la preservación de las áreas protegidas. El principio de no regresión: De acuerdo con el Profesor Mario Peña Chacón, éste imppca que la norma y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto conlleva un detrimento de los niveles de protección alcanzados. Este principio busca respetar el nivel de protección ambiental existente, incrementarlo, no disminuirlo; prohibiendo al Estado implementar políticas regresivas. En este caso, la Corte exppcó que si se anula la declaración del área protegida se dejarían sin efecto los avances alcanzados hasta ahora en la protección de la Bahía de Panamá.  Sin duda, la Bahía tiene muchas razones para seguir festejando su día, pero no debemos bajar la guardia. Tan sólo un día después de recibir la sentencia de la Corte, el Gobierno panameño pubpcó una norma que permite la modificación de los límites de las áreas protegidas atendiendo únicamente supuestos técnicos y legales que la ANAM estime vápdos.  La ANAM mantiene un proceso abierto para reducir los límites del área protegida Humedal Bahía de Panamá. Debemos mantenernos alerta y procurar que la decisión de la Corte Suprema sea un precedente para evitar a toda costa la reducción del nivel de protección del humedal. Ojalá que nuestros hijos (as) y sus hijos (as) aún disfruten de los beneficios generosos que este ecosistema brinda. 

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