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Carta con preocupaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe por debilitamiento de las Políticas de Salvaguardas del Banco Mundial

En la carta, organizaciones de la sociedad civil consideran "indispensable que los miembros del Comité para la Efectividad del Desarrollo (CODE) regresen este primer borrador a la administración para que ésta pueda realizar las modificaciones necesarias. Sin cambios estructurales al borrador propuesto, cuestionamos la relevancia de llevar a cabo la segunda fase del proceso de revisión y consulta". "El debilitamiento de las Políticas Salvaguardas del Banco es evidente a lo largo del borrador de propuesta de Política Social y Ambiental y las Normas Ambientales y Sociales (ESSs, por sus siglas en inglés). En este sentido, una de nuestras principales preocupaciones se refiere a la flexibilización de requisitos básicos del Banco Mundial respecto a realizar la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales previamente a la aprobación del proyecto. La nueva propuesta aplaza la evaluación de estos riesgos e impactos, sin que sea una condicionante para la aprobación del proyecto, para el momento de la implementación", afirman.  Una segunda preocupación se refiere a que el primer borrador cambia significativamente la responsabilidad de la aplicación de las salvaguardas a los prestatarios, sin dejar claro cómo y cuándo se usarán los sistemas de los países prestatarios y sin establecer criterios claros sobre en qué casos esto será aceptable. No se explica cómo esta nueva propuesta ayudará a que el Banco y los prestatarios tomen decisiones para preparar o usar los sistemas de los países prestatarios, de tal manera que las salvaguardas puedan implementarse efectivamente en aquellos países que están inmersos en procesos de debilitamiento de sus marcos ambientales y sociales. "Además, consideramos que la propuesta de borrador deja pasar la oportunidad para cumplir con los más altos estándares internacionales. Sobre esto, nos preocupa que el borrador carece de lenguaje vinculante respecto a los estándares internacionales de derechos humanos y permite a los gobiernos “optar” en cuanto al cumplimiento de la Política de Pueblos Indígenas para proteger los derechos de estos pueblos. Lo anterior socava inequívocamente el consenso internacional con respecto a los derechos específicos y fundamentales de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, recursos y el curso de su propio desarrollo", expresan.

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Rio Samana
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Dando voz a las comunidades frente a proyectos hidroeléctricos

A medida que los gobiernos buscan alimentar las economías en crecimiento, los proyectos hidroeléctricos en América Latina van en aumento. Pero, ¿a qué costo? Las represas pueden aprovechar la capacidad para generar energía de la corriente del agua, un recurso renovable. Pero las represas mal planificadas e implementadas, especialmente las grandes represas, pueden traer consigo innumerables daños al ambiente y a las comunidades. Afectan la calidad del agua y a los peces, y aumentan las emisiones de metano, un gas que contribuye al cambio climático.  Las inundaciones provocadas por las represas desplazan a personas de sus hogares y comunidades. Esto hace que pierdan su trabajo como agricultores, pescadores y cazadores y, para las comunidades étnicas y campesinas, incluso puede implicar la pérdida de su cultura y tradiciones. AIDA protege a individuos y comunidades de proyectos diseñados y desarrollados de forma inadecuada. Usamos la ley para defender su derecho a un ambiente sano. Este mes, AIDA y otras organizaciones presentamos un escrito (amicus curiae, en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil. El escrito demuestra que la autorización que el Congreso brasileño otorgó a la represa Belo Monte en 2005 es ilegal porque el gobierno no garantizó el derecho de las comunidades afectadas en el Amazonas a ser consultadas y a dar su consentimiento libre, previo e informado. Se llevaron a cabo algunas reuniones después de la aprobación del proyecto y en ellas se presentó  información escasa e incomprensible en un idioma ajeno al de las comunidades. El aviso para asistir a las reuniones se dio a conocer con muy poca anticipación. Fue como si te dijeran que el jardín de tu casa se convertirá en una calle después que las excavadoras ya han comenzado a remover el césped. Esta represa, que sería la tercera más grande del mundo, ya está en construcción y desplazando a personas sin que nadie les dé la oportunidad de decir no a un proyecto edificado en su propio jardín. “Esta es la primera vez que nuestros esfuerzos conjuntos han llegado al Tribunal Supremo para una decisión final sobre Belo Monte”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. Si el Tribunal determina la ilegalidad del proyecto, su construcción tendrá que parar y los daños por no haber consultado previamente a las comunidades tendrán que ser reparados. Si ocurre lo contrario, el proyecto continuará y también nosotros. Seguiremos brindando asistencia al Ministerio Público Federal siendo que ha interpuesto más de una docena de acciones contra Belo Monte. Se trata de casos que también pueden avanzar hacia la más alta instancia con el fin de proteger a las comunidades de ésta y otras represas en el Amazonas. Nuestros esfuerzos por ayudar a comunidades a luchar contra proyectos de represas están ganando atención. La Personería (representante del Ministerio Público) de San Carlos, municipio ubicado al noroeste de Colombia, contactó a AIDA para que proporcionemos nuestra experiencia en derecho internacional ambiental y de derechos humanos. La Personería quiere ayudar a evitar que se otorgue la licencia para la construcción de la hidroeléctrica El Porvenir II en el río Samaná Norte, el último libre de represas en el área. Ana María Mondragón, abogada de AIDA y becaria del Programa de Derechos Humanos y Ambiente, intervino en la audiencia pública ambiental sobre el proyecto. La buena noticia es que la represa no ha sido autorizada todavía, lo que significa que aún hay tiempo para que las comunidades averigüen qué podría pasar y expresen sus preocupaciones. El gobierno tendrá que tomar en cuenta la opinión de las comunidades antes de aprobar el proyecto, con la posibilidad de que la empresa tenga que enmendar sus planes de construcción o abandonarlos del todo. El Porvenir II afectará la pesca, principal fuente de trabajo y alimentación para la población mayoritariamente pobre de San Carlos. También inundará un área donde muchos colombianos están tratando de recuperar las tierras de las que fueron desplazados por la fuerza como resultado de un conflicto armado interno que se inició hace más de cinco décadas. “Nos hemos involucrado en una etapa temprana, antes de que el proyecto sea aprobado”, dijo Mondragón. “Participamos en la audiencia con el fin de evidenciar las inconsistencias del Estudio de Impacto Ambiental hecho por la empresa, y los impactos que la construcción de la represa El Porvenir II tendría en las comunidades.  Esperamos que esto ayude a las autoridades en su proceso de toma de decisión para que no otorguen la licencia”. Con tu ayuda, podremos seguir apoyando sin costo alguno a las comunidades de América Latina para que ejerzan su derecho a decidir qué sucede en sus tierras y utilicen la ley para defender sus derechos. 

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¿Quién nos acompaña en la defensa del ambiente?: Buscando nuevos aliados

Por Tania Paz, asistente general de AIDA, @TaniaNinoshka “La unión hace la fuerza”. Así versa el dicho popular. Quizás a ello se deba la fascinación del hombre por las historias de grupos como los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. También en grupo y a diario, hombres y mujeres trabajan arduamente en distintos niveles para que gocemos de nuestro derecho a un ambiente sano. Esta lucha, como muchas otras para reivindicar nuestros derechos, suele ser de largo plazo y riesgosa. Por ello no podemos emprenderla solos. ¿Cómo hacer que otras personas se unan a nuestra causa? ¿A quiénes queremos que nuestro mensaje llegue? ¿Quiénes pueden ser nuestros aliados? Niños, niñas  y adolescentes ¿Cómo ayuda un niño o niña a defender el ambiente? Es poco probable que done 50,000 dólares a una campaña o lidere una marcha para concientizar a la sociedad sobre los impactos del cambio climático. Sin embargo, si queremos tener ciudadanos informados y conscientes del futuro de nuestro planeta debemos apostar por educar, sensibilizar e involucrar a la niñez en los procesos de toma de decisiones y de consulta. En mayo pasado, el equipo de profesionales de AIDA se reunió en Colombia. Lo hizo en un eco hotel ubicado en la ciudad de Tabio, Cundinamarca. Un tarde en la que se celebraba una boda en el hotel, vi cuando una niña, invitada a la celebración, agarró a uno de los gatos del hotel y lo apretó tan fuerte que el felino maulló de dolor. Entonces otra niña le reclamó: “¿Es que no sabes que existe algo llamado derechos de los animales?”. Mi reacción y la de mis compañeros ante tal grado de sensibilidad fue de asombro. Incuso dijimos “¡deberíamos contratarla en AIDA!”. El anterior es un claro ejemplo de lo valioso de llevar nuestro mensaje a los niños y niñas. Es cierto que muchas de las acciones en defensa del ambiente buscan garantizar el derecho a la salud o el derecho a la alimentación. Ello impacta significativamente en el nivel de bienestar de la niñez. Pero ese segmento social también debe ser visto como aliado, como actor clave en la promoción de nuestra causa. En ese sentido, un caso emblemático es el de Severn Cullis-Suzuki, quien a sus 12 años provocó silencio total con el discurso que dio en la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas en 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Ella exhortó apasionadamente a los asistentes y al mundo a detener los daños causados al ambiente (bosques arrasados, especies extintas, ríos contaminados, etc.) si no era posible repararlos. El mensaje de Cullis-Suzuki ha inspirado a muchas personas a unirse a la defensa ambiental. Ella es hoy una de las activistas ambientales más conocidas, alguien que lucha por el futuro de sus hijos. Artistas  y personajes públicos  Los medios de comunicación informan con frecuencia de las diferentes campañas que PETA o Greenpeace realizan en favor de los animales. Entre sus activistas, esas organizaciones tienen a personas famosas, artistas de cine, músicos, etc. En México existen dos casos que ilustran la participación de ese tipo de actores emergentes en las luchas sociales y ambientales. Uno de ellos es el caso de Cabo Pulmo,  uno de los arrecifes de coral más importantes del mundo, ubicado en Baja California Sur, México. Ese ecosistema se ve amenazado desde 2011 por diferentes megaproyectos turísticos. En los esfuerzos por preservar Cabo Pulmo no solo ha estado involucrada AIDA, sino también actores del ámbito nacional y local, incluidos personajes del ambiente artístico mexicano. Todos nos unimos en la campaña llamada "Salvemos Cabo Pulmo". El otro ejemplo emblemático es la defensa de Wirikuta, lugar ubicado al norte de México que desde cientos de años es parte vital de la vida, cultura y tradición del pueblo Wixárika (huichol). La campaña en defensa del sitio sagrado, amenazado por concesiones mineras, incluyó un festival musical y artístico que llamó la atención de la sociedad mexicana y la unió en un solo grito: ¡Salvemos Wirikuta! La importancia de involucrar a estos personajes públicos en la lucha ambiental es su capacidad de llegar a todas los sectores sociales y de  replicar con eficacia los mensajes. Tenerlos como aliados implica llegar hasta donde nosotros no podemos. Mientras más claro e inspirador sea nuestro mensaje, llegaremos a un mayor audiencia y nuestros aliados serán cada vez más. Y tú, ¿te unís a nuestra lucha? ¡Te estamos esperando!

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La participación ambiental es vital

Por Héctor Herrera, asesor legal de AIDA y coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, @RJAColombia "Del 1950 al 2000, la población del mundo se duplicó, la producción agrícola se triplicó, el consumo de energía y la producción se cuadruplicaron, pero la generación de basura se quintuplicó". Tal descripción está contenida en el libro Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach (2006) de Jonathan M. Harris. Si vamos a ese ritmo, cabe preguntarse ¿cuál será la situación en el año 2050? Este planeta lo compartimos seres vivos animales y vegetales, incluida la especie humana. De lo que hasta ahora se conoce del universo, es el único planeta con las condiciones necesarias para albergar vida. Por eso nos toca compartirlo como un bote salvavidas en un océano inerte e infinito. Si le hacemos agujeros al bote, todas las criaturas a bordo naufragaremos. Nos guste o no, hacemos parte del planeta tierra, participamos de él. Ello se asemeja a cuando alguien tiene una participación en el capital de un negocio o una empresa y, como socio, participa procurando las mejoras decisiones. Por tanto, participar en las decisiones y acciones ambientales relativas a este planeta único es fundamental. La participación ambiental ha sido reconocida, protegida y promovida por instrumentos jurídicos desarrollados en espacios de decisión nacionales e internacionales. Un ejemplo de esto son las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocidas como Cumbres de la Tierra. En ellas, gobiernos y representantes de la sociedad civil de todo el mundo han aportado a la construcción de acuerdos sobre las políticas ambientales. La primera Cumbre de la Tierra fue en Estocolmo en 1972 y la segunda, en Río de Janeiro en 1992. De esa última resultó la Declaración de Río, la cual contiene 27 principios que promueven la protección de la integridad del sistema ambiental de la Tierra, nuestro hogar. El Principio 10 de la Declaración de Río proclama: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” Entonces, los tres pilares de la #ParticipaciónAmbiental son: acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia. En 2010, el Programa de las Naciones para el Medio Ambiente adoptó en Bali, Indonesia, las Guías para el Desarrollo de la Legislación Nacional en Acceso a la Información, Participación Pública, y Acceso a la Justicia en asuntos ambientales (en inglés). Se trata de pautas voluntarias para orientar a los Estados en la implementación de sus compromisos con el Principio 10. Asimismo, en el plano nacional, la mayoría de Constituciones Políticas han reconocido y protegido el derecho a un ambiente sano. Entre ellas podemos citar las de Bolivia (art. 33), Brasil (art. 225), Chile (art. 8), Colombia (art. 79), Costa Rica (art. 50), Cuba (art. 27), Ecuador (art. 14), México (art. 4), Nicaragua (art. 60), Perú (art. 68) y Uruguay (art. 47). En resumen, el esfuerzo por reconocer, proteger y promover la #ParticipaciónAmbiental continúa. Y tú ¿haces parte del planeta Tierra?, ¿cómo participas en la protección del ambiente?, ¿cómo cuidas nuestro hogar?, ¿cómo podemos pasar del reconocimiento jurídico a la protección efectiva del ambiente? Es de pensarse y, sobre todo, de actuar.

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Press releases Brasil

Organizaciones presentan ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil escrito que demuestra la ilegalidad de la autorización que el Congreso dio a la represa Belo Monte

La autorización vulnera normas nacionales e internacionales porque las comunidades afectadas por el proyecto no fueron consultadas. La construcción de la represa avanza causando daños a personas, comunidades y al ecosistema en la Amazonía brasileña.  

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La sociedad civil impulsa el verdadero proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Ana María Mondragón Duque, fellow de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA Después de dos años y medio de trabajar junto a un admirable grupo de personas y organizaciones de derechos humanos en defensa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), creo fielmente en el poder de la sociedad civil para influir en las decisiones que nos afectan a todas y todos. Hace tres años inició lo que se denominó el “Proceso de Fortalecimiento del Sistema Interamericano”. En realidad fue un ataque frontal contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los pilares del SIDH. Algunos Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), afectados por decisiones de la CIDH o inconformes con algunos de sus procedimientos, intentaron limitar sus funciones de protección de los derechos humanos en la región. Durante este tiempo, he sido testigo de la enorme cantidad de recursos, tiempo y energía que la sociedad civil ha destinado para conservar lo alcanzado con esfuerzo y por décadas.  En definitiva, y pese a que no es perfecto, el SIDH representa la última esperanza en el continente para llevar justicia y reparación a miles de víctimas que no encuentran ello en sus países. Si bien el proceso de fortalecimiento culminó con la resolución aprobada en la Asamblea General Extraordinaria del 22 de marzo de 2013, y con la adopción de la reforma reglamentaria de la CIDH; lo sucedido en la última Asamblea General, celebrada en Asunción, Paraguay, el pasado 4 y 5 de junio, indica que los intentos de debilitar la CIDH continúan.   Días antes del inicio de la Asamblea, ya rondaban aires de preocupación entre las organizaciones de derechos humanos. La Declaración de Haití, firmada apenas una semana antes en el marco de la IV Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, alertaba sobre la intención de Ecuador de presentar un proyecto de resolución con disposiciones que atentaban contra la autonomía e independencia de la CIDH. Se pretendía discutir de nuevo temas altamente conflictivos como el cambio de sede de la Comisión y la revisión de la estructura y financiamiento de sus Relatorías. En ese momento, AIDA, junto con colegas de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos de las Américas, emitimos un pronunciamiento manifestando nuestra preocupación por la situación y llamando a los Estados a no reabrir temas ya zanjados tras un largo proceso.  Afortunadamente, en esta ocasión, algunos Estados cansados de ese desgastante proceso y otros más genuinamente comprometidos con el fortalecimiento de la CIDH, se mostraron reacios a respaldar la iniciativa. También fue novedosa la postura del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, quien en su discurso de apertura exhortó a reafirmar la autonomía de la CIDH “dejando de lado esfuerzos paralelos que solo sirven para debilitar a uno de los órganos principales de la OEA”.   Finalmente, luego de presiones políticas y la presentación de un proyecto de resolución paralelo mucho más proteccionista de la CIDH por parte de Costa Rica, se renegoció la amenazante resolución, y se aprobó una que muchos han descrito irónicamente como un documento que “no aporta nada, pero que al menos no genera daños”. A pesar de la actitud menos agresiva de la mayoría de los Estados y un ambiente político más favorable, no podemos bajar la guardia. Queda claro que un grupo de países que arrastra hace años una agenda de críticas contra la CIDH busca desesperadamente estrategias para reavivar el debate. Lo hacen incluso en foros políticos sin ninguna legitimidad para tomar decisiones sobre el SIDH como la improvisada Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana o la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Debemos seguir con atención lo que se discute en todos esos foros y permanecer activos para visibilizar cualquier intento de debilitar la CIDH.   Puedo decir sin lugar a dudas que sin la dedicación y entereza de las personas y organizaciones de la sociedad civil, estaríamos frente a una CIDH más debilitada. Nos hemos equivocado, pero también hemos aprendido a unirnos y a reivindicar espacios políticos de participación a todos los niveles para defender nuestros derechos. Ésa fue la gran lección que me dejó la última Asamblea General y un invaluable regalo. Fue gratificante ver en Paraguay la unión, fuerza y compromiso de organizaciones y grupos de víctimas, mujeres, indígenas, afro-descedientes, niños, niñas y adolescentes, comunidad LGBTTTI, defensores del ambiente, regionales, nacionales e internacionales. Vi una sociedad civil cada vez más empoderada para demandar a nuestros representantes un compromiso real con los intereses de nuestras sociedades. Esa experiencia me alejó de un escenario lleno de contradicciones y fríos intereses, y me hizo comprender la relevancia de no ceder estos espacios políticos a intereses contrarios a la protección de los derechos humanos. A ellas y ellos, a mis maestros y maestras, ¡gracias por seguir unidos por la defensa de los derechos humanos y por un genuino fortalecimiento del SIDH!

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Carta al Congreso de la República del Perú sobre propuestas de reforma legal

En una carta al Congreso de la República del Perú, AIDA expresa su "profunda preocupación por las propuestas de reforma legal que se discuten actualmente en el Congreso Peruano para reactivar la economía. Consideramos que la aprobación e implementación de dichas propuestas tendría serias consecuencias para la institucionalidad peruana, así como para la protección ambiental y para la protección de los derechos humanos. Dichas modificaciones podrían a la larga, tener impactos negativos en la economía y por lo tanto, tener el efecto contrario de su objetivo." Solicitamos respetuosamente al honorable Congreso que en el análisis del paquete de medidas para reactivar la economía tenga en cuenta nuestros argumentos y considere la integralidad de los impactos que dichas medidas podrían causar en el país. AIDA pide además "que la evaluación de estas medidas se lleve a cabo de manera participativa, asegurando que la sociedad civil y los actores interesados puedan tener acceso oportuno y efectivo a la información de las propuestas, así como participar efectivamente en los procesos decisorios. Esto podría garantizar una decisión benéfica para los intereses del Perú, hacia el verdadero camino del equilibrio y de la protección del interés público nacional."

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Nuestra lucha para defender arrecifes de coral y manglares en México traspasa fronteras

Los arrecifes de coral son importantes criaderos de peces y, por tanto, vitales para la alimentación humana. Los bosques de manglar nos ayudan a combatir el cambio climático al absorber gran parte del dióxido de carbono de la atmósfera y proteger a las comunidades costeras de tormentas cada vez más intensas. Sin embargo, ambos ecosistemas se ven amenazados por grandes proyectos de infraestructura que pasan por alto sus bondades. Cuando se trata de proteger legalmente estos y otros humedales, librar la batalla en el ámbito local de cada país no es suficiente. En AIDA contribuimos a que la defensa  de esos ecosistemas suba de nivel y sea más efectiva. Lo hacemos al involucrar en el debate a autoridades internacionales y al poner sobre la mesa las obligaciones que los países tienen a nivel mundial para preservar sus entornos marino-costeros.   “Lo que se logra con estas acciones legales internacionales es tejer una estrategia que interrelaciona los diferentes aspectos del caso: el legal, el político, el científico y el mediático. Así conseguimos que el tema no sólo le interese a los tomadores de decisión locales, sino también a autoridades internacionales; que la opinión pública se dispare y que instancias o expertos certificados se pronuncien al respecto”, explicó Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. México, país rico en humedales, es un ejemplo del uso de esta estrategia de defensa del ambiente. En mayo alertamos al Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, del posible incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano si permite la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit, al noroeste del país. Entre otros daños, el proyecto alteraría el curso del río San Pedro Mezquital, del cual se alimenta Marismas Nacionales, uno de los sistemas de manglar más extensos de Norteamérica, enlistado como humedal de importancia prioritaria internacional por Ramsar. En 2010, diplomáticos de la Convención Ramsar recomendaron al Gobierno mexicano abogar por el uso sostenible del humedal al evaluar la viabilidad del proyecto Las Cruces. Nosotros le hemos hecho saber a Ramsar que sus recomendaciones podrían ser ignoradas si México da luz verde a un proyecto que dañaría irreversiblemente a Marismas Nacionales, así como a la biopersidad y a las comunidades que dependen de ese entorno. Al llamar la atención de instancias internacionales, AIDA fortalece los esfuerzos de sus organizaciones aliadas a nivel local. Así ocurre en la defensa de Marismas Nacionales y también en la de Cabo Pulmo, arrecife de coral único en el mundo ubicado en Baja California Sur. Nos encargamos de recordarles a las autoridades mexicanas que, desde 2012, tanto la Convención Ramsar como el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco pidieron tener en cuenta los impactos acumulativos e indirectos de proyectos de desarrollo turístico propuestos cerca del arrecife. Nuestros argumentos se sumaron a los presentados por nuestros socios en México a la hora de evitar la autorización de Cabo Dorado, el tercer intento de los desarrolladores turísticos por construir junto a Cabo Pulmo. La construcción de ese mega resort implicaba la creación de una nueva ciudad en torno al arrecife, algo fatal para su sobrevivencia. En un contexto de lucha que sobrepasó las fronteras mexicanas, el Gobierno de ese país decidió, el 29 de mayo, negar el permiso ambiental para Cabo Dorado. Con tu ayuda continuaremos llevando la voz de las comunidades locales a foros internacionales. Seguiremos agregando valor y apoyando su lucha por preservar entornos marinos y costeros que nos benefician a tod@s.

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Carta sobre detención del defensor de derechos humanos y del ambiente Marco Antonio Suástegui Muñoz

En una carta, 57 organizaciones y personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos y del ambiente expresan su profunda preocupación por la detención del señor Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) el pasado 17 de junio, por parte de miembros de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE). Hacemos un llamado para que el Estado mexicano tome medidas urgentes y efectivas para garantizar los derechos humanos del señor Suástegui y el adecuado ejercicio de la importante labor que éste realiza en defensa del río Papagayo. En particular, consideramos fundamental que el Estado:   Tome medidas para que las autoridades competentes garanticen el derecho de defensa y debido proceso del señor Marco Antonio Suástegui, y se revoque cualquier acto en el marco del procedimiento de detención y posteriores traslados que adolezca de ilegalidades, Tome medidas para garantizar su integridad física y psíquica, y Tome todas las medidas necesarias para garantizar la labor de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente que lleva a cabo Marco Antonio Suástegui, y asuma una posición activa evitando cualquier acto que obstaculice el proceso de defensa del río Papagayo.

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Press releases México

Más de 49,000 firmas respaldan la defensa del río San Pedro Mezquital frente al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit

Las firmas fueron entregadas a la SEMARNAT. Pueblos indígenas y comunidades ribereñas esperan que esa entidad niegue el permiso ambiental a un proyecto que pone en peligro su economía y cultura.

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