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Salud y ambiente: ¿Cuántos años quieres vivir?

Por Tania Paz, asistente general de AIDA, @TaniaNinoshka Cumppré 32 años muy pronto. Como dicen popularmente, ¡ya pasé al tercer piso! Ello hace que me pregunte cuántos años quiero vivir y con qué capdad quiero hacerlo. Los avances de la ciencia han permitido que la esperanza de vida aumente: en 1950, una persona vivía alrededor de 50 años y hoy, 73 años. Si quiero vivir muchos años y con un alto nivel de bienestar, debo cambiar hábitos de vida: apmentación, consumo, ejercicio. Sin embargo, hay un factor que no podré controlar para cumppr mi meta: la salud ambiental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la salud ambiental “está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud.” A continuación les presento algunos datos que muestran cómo un ambiente "no sano" influye ciertamente en nuestra esperanza de vida. Capdad del aire La OMS establece que la contaminación del aire representa un importante riesgo para la salud. Según sus estimaciones, la contaminación del aire exterior e interior provoca unas siete millones de defunciones prematuras por enfermedades respiratorias y del corazón. Se trata actualmente de uno de los mayores riesgos sanitarios mundiales, comparable con los asociados al tabaco. "Una evaluación de 2013 reapzada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS determinó que la contaminación del aire exterior es carcinógena para el ser humano, y que las partículas del aire contaminado están estrechamente relacionadas con la creciente incidencia del cáncer, especialmente el cáncer de pulmón. También se ha observado una relación entre la contaminación del aire exterior y el aumento del cáncer de vías urinarias y vejiga." Solo tomen en cuenta que en muchas ciudades el aire es un coctel de ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y contaminantes cpmáticos de vida corta como el metano y el carbono negro; todos elementos altamente nocivos. Y, por ejemplo, yo no puedo reapzar actividades al aire pbre en Ciudad de México, donde vivo, porque a los cuatro o cinco días, tengo alguna infección respiratoria. Capdad del agua En 2013, durante el Día Mundial del Agua, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), hizo un llamado de alerta ante la fuerte contaminación de las fuentes de agua a nivel mundial. Los datos revelaron que dos millones de toneladas de desechos contaminan 2,000 millones de toneladas de agua diariamente, afectando los ecosistemas y la capdad del agua. Ese año, dicha cantidad de agua contaminada causó la muerte de 1.8 millones de niños menores de 5 años y la de 2.2 millones de personas producto de enfermedades diarreicas. También se informó que "más de la mitad de las camas hospitalarias del mundo están ocupadas por gente que sufre enfermedades vinculadas con agua contaminada." Actividades como la industria agropecuaria, la minería y más recientemente el fracking imppcan un alto consumo de agua y son altamente contaminantes para los recursos hídricos por el uso de químicos como el cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, benceno, tolueno y otros muy tóxicos y nocivos para el ser humano y otros seres vivos. A largo plazo, la exposición al benceno (usado en el fracking) puede causar leucemia y a corto plazo provoca mareos, debipdad, dolor de cabeza, dificultad para respirar, la constricción del pecho, náuseas y vómitos. ¿Soluciones? Entre otras cosas, los países y gobiernos deben implementar políticas púbpcas en el sector de transportes para promover el uso de medios menos contaminantes; y reducir las emisiones domésticas e industriales. Se requiere el manejo eficiente de los desechos para reducir la contaminación de las fuentes hídricas. Las Evaluaciones de Impacto Ambiental deben appcarse en cumppmiento de la legislación nacional e internacional para evitar que proyectos causen impactos en el ambiente y las personas. En su artículo 25, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 menciona a la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. Ese derecho fue reafirmado en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados Partes deben tomar medidas para hacer cumppr el derecho a la salud. Una forma de lograrlo es con legislaciones efectivas y acordes con el derecho internacional para garantizar el acceso de todos a un ambiente sano. Siempre he creído que la defensa del ambiente es sobre todo la defensa de la humanidad, de la continuidad de nuestra especie. Y tú, ¿cuántos años quieres vivir?

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Miles de personas se congregaron en la capital de Colombia por la Acción Climática Mundial

Por Seble Gameda, geógrafa  Sonidos de instrumentos de viento, tambores, campanas de bicicleta y cantos, llenaron las calles de Bogotá, Colombia, el domingo 21 de septiembre. Ese día, más de tres mil personas —llevando pancartas, carteles, banderas y pintura en la cara— se congregaron por la acción climática urgente como parte de la Marcha Internacional de la Gente por el Clima. "Estamos haciendo una petición global a los jefes de Estado para que firmen un tratado vinculante que responda a la crisis climática, y necesitamos que los gobiernos locales y nacionales se comprometan también", dijo Ana Sofía Suarez, Coordinadora de Campaña del movimiento ciudadano internacional Avaaz, y Coordinadora de la Marcha de la Gente por el Clima en Bogotá.  Más de 100 líderes mundiales se reunieron en la ciudad de Nueva York para discutir la crisis climática y la reducción de emisiones de carbono, tan solo unos meses antes de la Conferencia de las Partes (COP) 20, la cual tendrá lugar en Lima, Perú, como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Se tiene previsto que un acuerdo vinculante sea firmado en la COP21 en París en diciembre de 2015. La Cumbre del Clima de las Naciones Unidas en Nueva York también se centró en el Fondo Verde Climático, en el cual los países desarrollados tienen como objetivo recaudar 100 mil millones de dólares al año para el 2020 en financiamiento climático con el fin de ayudar a los países en desarrollo hacia "un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima". Héctor Herrera, Coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, habló de la importancia de que los países desarrollados participen en las marchas por el clima, afirmando que "aunque el norte es el principal responsable del cambio climático, nosotros en el sur somos los más afectados, y los menos preparados para adaptarnos a un clima cambiante." Se organizaron manifestaciones en todo el mundo para mostrar el poder del movimiento por el clima de la gente. "Somos la primera generación que está realmente consciente del cambio climático, pero somos los últimos en poder hacer algo al respecto", afirmó Juan David García, de la organización ambiental 350.org. La Marcha por el Clima de Bogotá estuvo llena de diversidad: artistas, profesores, jóvenes, banqueros, ciclistas, ancianos. Como Suarez comentó, "en estos espacios en los que todos se reúnen, comienzas a darte cuenta que no estás solo, que somos muchos soñando algo diferente, y que si empezamos a exigir cambios, entonces podemos hacer que ese sueño se haga realidad". El cambio climático ya no es una cuestión aislada de científicos y ambientalistas, estamos alcanzando una masa crítica, mostrando una vez más que la protesta es poderosa; es el movimiento de la gente el que genera el cambio: antibélico, por los derechos civiles, la salud, la educación, y…la justicia climática.

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Autorización de hidroeléctrica Las Cruces es ilegal

El permiso otorgado por la Semarnat para la construcción del proyecto sobre el río San Pedro Mezquital, en Nayarit, viola normas nacionales e internacionales en materia ambiental y de derechos humanos.

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Carta abierta a organismos internacionales, gobiernos e instituciones financieras para que dejen de considerar a las grandes represas como energía limpia e implementen soluciones reales al cambio climático

(VERSIÓN EN PORTUGUÉS DE LA CARTA) 57 ORGANIZACIONES Y COALICIONES DE AMÉRICA LATINA INSISTIMOS QUE LAS GRANDES REPRESAS NO SON ENERGÍA LIMPIA Y SOLICITAMOS A LOS GOBIERNOS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ENTIDADES FINANCIERAS IMPLEMENTAR VERDADERAS SOLUCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO Es tiempo de aprender del pasado e implementar alternativas acordes a nuestros tiempos Según el Informe de la Comisión Mundial de Represas, al año 2000 ya se habían construido en el mundo más de 50 mil represas, interrumpiendo más del 60% de los ríos existentes[1].  Hoy en día sólo en América Latina existen 973 represas en operación, de todos los tamaños, y aproximadamente 1603 más están en proceso de construcción o planeación, de las cuales 254 se concentran en la cuenca Amazónica[2]. La evidencia científica ha demostrado que las grandes represas: producen emisiones de gases de efecto invernadero incluyendo de metano, que agravan el cambio climático, especialmente en regiones tropicales[3], y dificultan la adaptación al mismo; cuestan casi el doble de lo presupuestado, causando estragos económicos en las comunidades y los países donde se implementan[4]; tardan tanto en ser operativas, que resultan ineficientes para resolver las crisis energéticas urgentes que pretenden abordar[5]; pueden causar graves e irreparables daños ambientales; su inadecuada implementación puede generar violaciones de derechos humanos y empobrecimiento de las comunidades afectadas. Sin embargo, continúan siendo promovidas como alternativas de energía limpia, ante la creciente demanda energética[6]. ¿Por qué las represas no son energía limpia y hay que pensar en alternativas? 1. Porque producen emisiones de gases efecto invernadero incluyendo metano, que agravan el cambio climático, especialmente en regiones tropicales, y dificultan la adaptación al mimso La construcción y operación de grandes represas en zonas tropicales genera la emisión de CO2 y metano por las grandes cantidades de material orgánico inundado y retenido en los estanques y la destrucción de amplias extensiones de tierra necesarias para construir estas infraestructuras.  El metano es un gas de efecto invernadero 20 a 40 veces más potente que el CO2[7]. Las represas no son flexibles para soportar los cambios del clima.  Al contrario, son ineficientes ante sequías e inseguras frente a inundaciones, aumentando riesgos de desastres.  Más aún, ponen en riesgo todo el sistema hídrico al servicio de las comunidades, destruyen ecosistemas claves y pesquerías, lo que compromete la posibilidad de adaptación de las comunidades. 2. Por los sobrecostos, demoras y pérdidas económicas que implican La evidencia demuestra que la mayoría de las represas que se han construido terminan costando aproximadamente 96% más de lo presupuestado, lo que se ha vinculado con el aumento de la deuda pública y crisis económicas de varios países[8].  3. Porque tardan tanto en ser operativas, que resultan ineficientes para resolver crisis energéticas urgentes La construcción de grandes represas toma aproximadamente 8.6 años, sumado al tiempo de su implementación[9], para una vida útil en promedio de apenas 50 años[10].  Expertos documentaron que ocho de cada diez represas exceden el tiempo de construcción, y que se requiere aproximadamente 44% más tiempo al estimado inicialmente[11].  Esto implica que no son una solución adecuada para la creciente y urgente demanda de energía ni tampoco para enfrentar los impactos del cambio climático.  4. Porque pueden causar graves e irreparables daños ambientales Los daños ambientales que causan las grandes represas en ríos, cuencas hidrográficas y ecosistemas aledaños incluyen: empeoramiento de la calidad de las aguas de los ríos; degradación de ecosistemas acuáticos y desaparición de cuantiosos ecosistemas ribereños; y graves impactos a la biodiversidad, incluyendo extinción de especies[12]. 5. Porque los daños ambientales que producen pueden generar violaciones de derechos humanos y empobrecimiento en las comunidades afectadas Los derechos humanos de las personas afectadas por grandes represas han sido sistemáticamente desconocidos causando desplazamientos forzados[13]; afectaciones a la salud; pérdida de fuentes de alimentación y formas de vida tradicionales; empobrecimiento de comunidades[14]; y criminalización de la protesta social.  Además, los procesos de licenciamiento muchas veces son defectuosos, otorgándose permisos sin evaluaciones de impacto ambiental y social integrales ni mecanismos adecuados de participación y consulta pública. HOY existen alternativas limpias, más eficientes, menos costosas y más rápidas para responder a la demanda energética, por lo que EXIGIMOS a los Gobiernos, organismos internacionales y entidades financieras que de inmediato: Dejen de considerar las grandes represas como energía limpia, debido a los impactos probados y mencionados aquí y éstos impactos se consideren integralmente. Incorporen en la planeación de nuevas represas: la evidencia científica sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo el metano generado por embalses; la inestabilidad que el cambio climático genera en el régimen hidrológico; las lecciones aprendidas, particularmente respecto a costos y tiempos reales de implementación de grandes represas; la valoración integral de los impactos socioambientales a causar; una planeación energética integral y realista a través de un proceso de Planificación Integrada de Recursos Energéticos para el Sector Eléctrico; y de esta manera tomen decisiones que consideren los impactos sobre el ambiente, los derechos humanos y el cambio climático, para la implementación de verdaderas soluciones energéticas que demuestren ser efectivas y que no causen más daños que los beneficios que prometen. 3. Adopten procesos de decisión participativos y transparentes, considerando todo el espectro de alternativas energéticas.   Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C., México Alianza de Comunidades y Usuarios en Defensa del Río Biobos-Nautla, México Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), Panamá Amazon Watch, Estados Unidos Amazónicos por la Amazonía (AMPA), Perú Amigos del Río San Rodrigo, México Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), México Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia Asociación Amigos de los Parques Nacionales (AAPN), Argentina Asociación Ceiba, Guatemala Asociación de Ecología Social (AESO), Costa Rica Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Regional Asociación Palmareña para la Recuperación del Ambiente (APRA), Costa Rica Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, Perú Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú Asociación Proyectos Alternativos para Desarrollo Social (PROAL), Costa Rica Bloque Verde, Costa Rica Centro de Desarrollo Étnico (CEDET), Perú Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador Centro de Estudios para la Justicia Social "Tierra Digna", Colombia Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos Arequipa (CEPRODEH), Perú Centro Humboldt, Nicaragua Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), México Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA-UPCH), Perú Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, México Comisión de Derechos Humanos de Ica, Perú Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador Comité por los Derechos en América Latina (CEDHAL), Canadá Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota  (CECOP), México Coordinadora de Afectados por Embalses y Trasvases (COAGRET), España Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú Derechos Humanos y Medio Ambiente, Perú Ecologia E Ação (ECOA), Brasil Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), Costa Rica Finca Amalur, Costa Rica Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), Chile Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FORO), Argentina Fórum Solidaridad Perú, Perú Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Argentina Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Perú Fundación GaiaPacha, Bolivia Fundación POPOL NA, Nicaragua Fundar, México Grupo Ecologista Cuña Pirú, Argentina Instituto Madeira Vivo (IMV), Brasil International Rivers, Estados Unidos JASS, Asociadas por lo Justo, México Justicia para la Naturaleza, Costa Rica  María Esperanza Alonso, especialista de Derecho Ambiental, Argentina Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Perú Oilwatch Mesoamérica, Costa Rica Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional), Ecuador Programa Chile Sustentable, Chile Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, México Red Jurídica Amazónica (RAMA), Bolivia Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Perú Unión Norte por la Vida, Costa Rica   Para mayor información: AIDA sobre represas: http://www.aida-americas.org/es/project/grandesrepresas International Rivers: http://www.internationalrivers.org/ Informe: Grandes Represas en América: ¿Peor el Remedio que la Enfermedad? Blog de interés: Desmantelando el mito de las represas, Grandes represas elefantes blancos, Las represas no resolverán los problema en energía de África   [1]Informe de la Comisión Mundial de Represas. http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/wcd_espanol.pdf [2] State of the World’s Rivers. http://www.internationalrivers.org/worldsrivers/ [3]2013 IPCC Supplement to the 2006 Guidelines for National GHG Inventories: Wetlands http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/wetlands/ [4]Ansar, Atif and Flyvbjerg, Bent and Budzier, Alexander and Lunn, Daniel, Should We Build More Large Dams? The Actual Costs of Hydropower Megaproject Development (March 10, 2014). Energy Policy, March 2014, pp.1-14. [5] Ibid [6] Directions for the World Bank Group’s Energy Sector. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/SDN/energy-2013-0281-2.pdf [7] Climate and Clear Air Coalition. Short-Lived Climate Pollutants. (2011).  http://www.unep.org/ccac/ShortLivedClimatePollutants/tabid/101650/Default.aspx. [8] Ansar, A et al. Además el Tribunal de Cuentas de Brasil investigó las obras energía implementadas entre 2005 y 2012 concluyendo que casi el 80% de las hidroeléctricas no cumplirán cronograma previsto http://oglobo.globo.com/economia/tcu-constata-atrasos-nas-obras-de-energia-leiloadas-pelo-governo-de-2005-2012-13822128. [9] Ansar, A., et al. [10] Friends of the Earth, et al. Dam Removal Success Stories. (1999). http://www.michigandnr.com/publications/pdfs/fishing/dams/SuccessStoriesReport.pdf http://www.teachengineering.org/view_lesson.php?url=collection/cub_/lessons/cub_dams/cub_dams_lesson08.xml [11] Ansar, A., et al. [12] AIDA. Grandes Represas en América: ¿Peor el remedio que la enfermedad? http://www.aida-americas.org/sites/default/files/InformeAIDA_GrandesRepreseas_BajaRes_1.pdf [13] Según la Comisión Mundial de Represas, entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas por grandes represas, lo que equivale aproximadamente a una de cada cien personas vivas hoy en día. [14] Thayer Scudder, Instituto de Tecnología de California, promovió la construcción de represas durante 58 años, considerándolas una opción para el alivio de la pobreza. A sus 84 años cambió de opinión públicamente, declarando que las grandes represas no valen lo que cuestan y que muchas de las que están en construcción tendrán consecuencias desastrosas. New York Times. http://www.nytimes.com/2014/08/24/opinion/sunday/large-dams-just-arent-worth-the-cost.html?emc=eta1&_r=3 (inglés).

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Propuestas de la sociedad civil para la estrategia de la Unidad DESC de la CIDH

AIDA y organizaciones de la sociedad civil mexicanas presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) propuestas para la estrategia de su Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). El documento complementa y desarrolla aquellas propuestas planteadas durante la consulta de la CIDH en Ciudad de México, realizada el 16 de agosto de 2014. Las opiniones son producto de un proceso de reflexión sobre algunos aspectos relacionados con el funcionamiento de la Unidad y próxima Relatoría Especial DESC, e incluyen sugerencias de carácter temático y administrativo consideradas útiles para diseñar la estrategia de ésta a futuro.

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La Oroya (2007-2014)

Por Ana María Mondragón Duque, fellow de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA En 2002, AIDA y nuestros colegas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) publicamos el informe La Oroya No Espera. En él presentamos datos contundentes sobre las severas consecuencias en la salud de los habitantes de la ciudad de La Oroya a causa de la contaminación generada por el complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. Hicimos además un llamado a tomar medidas serias y oportunas para solucionar el problema.   Ese llamado ha sido reiterado por diversos actores nacionales e internacionales a lo largo de estos años. De hecho, La Oroya se ha convertido en un caso emblemático a nivel mundial de los impactos de la degradación ambiental en los derechos humanos, y la ciudad es tristemente célebre desde que fue catalogada como una de las diez más contaminadas del mundo en 2006. Por ello, mi interés de profundizar en el caso empezó mucho antes de trabajar con AIDA. Tenía una línea de tiempo en mi cabeza: "En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó 'medidas cautelares en favor de 65 moradores de la ciudad de La Oroya en Perú [por las] afectaciones a la salud a consecuencia de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua, [y la ausencia] de atención médica adecuada'. Ese mismo año, se presentó una petición inicial contra el Estado peruano por las violaciones de derechos humanos derivadas de la situación de contaminación. En 2009, la CIDH emitió el informe de admisibilidad en el caso. A la fecha, no se ha emitido el informe de fondo".  Esa línea de tiempo (2007 - 2014), vacía y abstracta, se llenó de contenido cuando empecé a trabajar con AIDA, y mucho más hace dos semanas, cuando visité por primera vez La Oroya. Las palabras que he leído durante años se convirtieron en rostros y colores desde el inicio del viaje. Al ingresar a La Oroya, la primera imagen es la de las montañas blancas monumentales que rodean la ciudad y conforman un paisaje único. En ese momento comenzaron mis preguntas y reflexiones. "¿Por qué las montañas son blancas?". "Porque están contaminadas por el plomo", me respondió el chofer del carro en el que viajaba. Fue triste, aunque dilucidador, pensar que, de la misma manera que las actividades del complejo metalúrgico modificaron radicalmente el paisaje de la ciudad y la naturaleza, también irrumpieron profundamente en la vida individual y social de sus pobladores. Sobre esos impactos informamos constante e incansablemente a la CIDH. Sin embargo, hay una parte de la historia que pude ver claramente al conocer a parte de las víctimas del caso y que es difícil poner en palabras de un escrito legal: El duro impacto que la espera por la justicia ha tenido en estas personas. Durante más de dos horas —junto con María José, mi colega de AIDA, y Christian, colega de APRODEH—, escuché atentamente narraciones sobre cómo las víctimas han visto pasar los años entre padecimientos de salud, enfermedades de sus hijos pequeños, y viendo partir a muchas compañeras y compañeros. Pero sobre todo escuché palabras que expresaban frustración, soledad y olvido al esperar una decisión de la Comisión Interamericana que todavía no llega.   Lo que hace siete años, con el otorgamiento de las medidas cautelares y la presentación del caso ante la CIDH, fue motivo de alegría y fuente de esperanza, hoy se ha convertido en un motivo más de dolor y duelo al temer que esa espera quizás no está próxima a terminar. Después de este viaje confirmé que parte de nuestra labor como defensoras y defensores de derechos humanos y del ambiente es seguir llenándonos de herramientas para comprender y acompañar a las víctimas, y para explicarles las oportunidades, pero también las limitaciones del derecho para satisfacer sus demandas de justicia. También debemos seguir explorando vías para usar estratégicamente los sistemas nacionales e internacionales en su favor, incluyendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Sin embargo, también es fundamental que los órganos del SIDH tomen medidas urgentes para fortalecerse institucionalmente y dirijan todos sus esfuerzos y recursos a optimizar sus procesos internos. Solo de esta manera podrán contribuir a llevar verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro continente.  Lamentablemente, el caso de La Oroya es solo uno de muchos en los que el proceso ante el SIDH está tendiendo a ser una forma de revictimización.  Las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas seguimos creyendo en las potencialidades del SIDH y estamos dispuestas a continuar aportando a su defensa y fortalecimiento. No obstante, hoy nos preguntamos seriamente cuál es el compromiso de la Comisión y la Corte Interamericana para dar pasos en la defensa de nuestros derechos de manera efectiva y eficiente. Seguimos esperando esta respuesta. Solo me queda reiterar lo que ya decíamos hace 12 años y que hoy conserva plena vigencia: La Oroya No Espera.    

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Manifestantes climáticos le dicen a líderes del mundo "no a la energía sucia en el Fondo Verde Climático"

Mientras los líderes mundiales se preparaban ayer para anunciar sus medidas sobre el clima, miles de personas inundaron las calles de la ciudad de Nueva York haciendo un llamado para que las naciones ricas pongan dinero en el Fondo, y demandando que nada del mismo vaya a financiar energía sucia.

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"Queremos que el Fondo Verde Climático se apegue a las reglas que ha adoptado para su funcionamiento"

AIDA estuvo presente en el Foro Latinoamericano del Carbono 2014 en Bogotá, Colombia. Allí, nuestra abogada Andrea Rodríguez participó como representante de la sociedad civil en un panel sobre el Fondo Verde del Clima (FVC), mecanismo que pronto movilizará grandes cantidades de recursos para apoyar actividades de adaptación y mitigación del cambio climático. A propósito de su intervención en el panel, Andrea responde a una serie de preguntas sobre la situación actual y las perspectivas del FVC. ¿Cuáles son las expectativas de la sociedad civil en torno al Fondo? Tenemos las mismas expectativas que el Fondo. Queremos que sea una institución transparente, inclusiva y que esté en constante aprendizaje, tal como lo establece el Artículo 3 de su instrumento de gobernanza. Su enfoque tiene que ser impulsado por cada país a la hora de determinar las prioridades de lo que se financiará. Debe otorgar un financiamiento balanceado para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Esperamos que el Fondo promueva cobeneficios sociales, ambientales, económicos y de desarrollo con un enfoque de género. Hombres y mujeres son perjudicados en igual grado por el cambio climático. En suma, queremos que el Fondo Verde del Clima se apegue a las reglas que ha adoptado para su funcionamiento. ¿Cómo asegurar el equilibro en el financiamiento para actividades de mitigación y adaptación? El financiamiento se está dando mayormente para actividades de mitigación a pesar de la gran necesidad que existe de financiar aquellas de adaptación al cambio climático. En Bali, Indonesia, durante la penúltima reunión de la Junta Directiva del Fondo, se decidió que 50% del financiamiento irá a mitigación  y el restante 50% para adaptación. Existe una decisión tomada y debemos asegurar que se cumpla. Además, en Latinoamérica, los planes de desarrollo y las estrategias de cambio climático que se han desarrollado, han establecido la adaptación como prioridad de financiamiento. ¿Cómo debe ser la participación de la sociedad civil en el Fondo? Debe ir más allá del diseño y llegar a la implementación. El instrumento de gobernanza del Fondo establece en su Artículo 71 que la Junta Directiva tiene que desarrollar mecanismos para promover la participación de todos los actores (grupos vulnerables, mujeres, sociedad civil y grupos indígenas.) en el diseño, desarrollo e implementación de proyectos y programas financiados por el Fondo Verde. Existe un mandato para que la sociedad civil participe en todas las etapas. El tema es relevante porque el Fondo entrará en operación pronto y tienen que darse estos mecanismos de participación a nivel nacional, particularmente cuando los países empiecen a nombrar a sus autoridades nacionales designadas (aquellas que avalarán los proyectos o actividades que el Fondo financiará). Es necesario que se institucionalicen estos procesos participativos. ¿Cómo se puede medir la efectividad de un proyecto a ser financiado? La definición de indicadores será uno de los temas a discutir en la próxima reunión de la Junta Directiva del Fondo, pero hay algunos que consideramos importantes. En adaptación, se debe considerar si un proyecto puede ayudar a reducir el grado de vulnerabilidad de una determinada comunidad ante el cambio climático. Y en cuanto a mitigación, se tiene que medir la cantidad de emisiones contaminantes que se van a lograr reducir. Pero el aspecto más importante a medir son los cobeneficios que puede generar un proyecto o actividad: si genera empleo, mejora la calidad de la vida de la gente, etc. Lo anterior se debe a que el Fondo Verde del Clima tiene como objetivo contribuir a un cambio paradigmático que promueva el desarrollo sostenible. Ayudar a mejorar la calidad de vida constituye un cambio de esa naturaleza. Muchas veces, proyectos que tienen beneficios climáticos positivos generan problemáticas sociales, ambientales y económicas. Es esencial que los beneficios adicionales sean evidentes en términos sociales, ambientales, económicos.

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Organización trinacional pide investigar a México por la autorización de megaresorts que amenazan ecosistemas, especies y comunidades en el Golfo de California

El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) recomendó una investigación a fondo sobre el incumplimiento de la legislación ambiental mexicana en la entrega de permisos a tres proyectos turísticos planeados en una zona vital para ecosistemas vulnerables, especies en peligro y comunidades locales.

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Brasil protege las obras de Belo Monte, pero no los derechos humanos de los afectados

El tiempo no se detiene y, lamentablemente, tampoco la construcción de la represa Belo Monte sobre el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Las obras avanzan a un grado que impresiona, 65% al momento, y con ellas el deterioro del ecosistema y de la vida de las personas que habitan la zona. La gigantesca edificación principal de la represa se abre paso entre la vegetación del lugar. Verla desde el aire no provoca más que impotencia. Y en tierra, es frustrante evidenciar que la situación de los pueblos indígenas, las comunidades ribereñas y residentes de la ciudad de Altamira empeora. María José Veramendi Villa y Alexandre Andrade Sampaio, abogados de AIDA, visitaron la zona y estuvieron en la comunidad indígena Arara, asentada en la Volta Grande del río Xingú. Una vez que Belo Monte aprisione el río, su caudal se reducirá drásticamente y la pesca, medio de sustento de las personas del lugar, ya no será posible. Además, los Arara perderán la vía que los lleva a sus sitios sagrados. Esperan la llegada de vehículos, la construcción de una carretera y también de un pozo adecuado, pues la calidad del agua que beben no es la mejor. En Altamira, la situación de deterioro es similar. AIDA también estuvo allí. A raíz de la construcción de la represa, la población de esa ciudad creció masivamente. Ello ocasionó la saturación de los servicios de salud y saneamiento básico, así como un incremento en los casos de violencia sexual y trata de personas. Al pagar más por unas tierras que por otras, Norte Energía, el consorcio de empresas estatales y privadas a cargo de la construcción de la represa, ha provocado pisiones entre la población afectada.  Son muchas las personas que se vieron obligadas a vender sus hogares a un precio mínimo ante la amenaza del desalojo. Y las casas destinadas a la reubicación de familias desplazadas no cumplen las condiciones de una vivienda adecuada. La reubicación implica además un cambio en el modo de vida: de la pesca a la agricultura o a cargar bolsas de cemento. "Todo esto genera la descomposición del tejido social. Trabajamos diariamente, junto con nuestros colegas de Brasil, para hacer visible en el país y a nivel internacional que lo que está sucediendo en torno a Belo Monte son violaciones de derechos humanos. Estamos trabajando constantemente para que el Gobierno de Brasil cumpla con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", explica Veramendi. El 1º de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas para proteger la vida, la salud, y la integridad personal y cultural de las comunidades indígenas en aislamiento voluntario; la salud de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto; y la demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Nuestro trabajo, así como el de defensores del ambiente y los derechos humanos a quienes apoyamos en Brasil, no es fácil. La zona de construcción de la represa y Altamira están resguardadas por fuerzas de seguridad del Estado. "Nos sentimos rodeados, intimidados y hostigados; no hay garantías para nuestro trabajo", señala Sampaio. Con tu ayuda seguiremos luchando para que el caso Belo Monte avance en la CIDH y para que el Gobierno de Brasil cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en lugar de hacer campaña electoral con la inmensidad de la represa y a costa de los daños presentes y futuros al ambiente y a las personas.

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