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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
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Últimas Noticias
Defendiendo mi lugar en la lucha por el clima
Empecé en AIDA siendo una estudiante de Derecho que exploraba las posibilidades de trabajar usando el Derecho Ambiental. Cuatro años después, soy la abogada más joven del equipo legal de la organización, apoyando los esfuerzos del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera. El mes pasado, participé de la reunión preparatoria de la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tuvo lugar en Costa Rica. Fue mi primera experiencia en un evento de ese tipo. Siempre digo que la parte favorita de mi trabajo es estar rodeada de muchas mujeres jóvenes, poderosas y ejemplares. Sus enseñanzas han cimentado mi camino. Pero fue en la PreCOP25 cuando realmente sentí la fuerza femenina y la de las generaciones más jóvenes, unidas para exigir nuestro lugar en la mesa de discusión sobre las soluciones ante la crisis climática. En los últimos meses, hemos visto el apogeo de movimientos mundiales y regionales de jóvenes indignados por lo que consideran la inacción de gobiernos para frenar el calentamiento del planeta. En su mayoría, estos movimientos han sido liderados por mujeres jóvenes, adolescentes e incluso niñas. La reunión climática de Costa Rica no fue la excepción y reflejó el cambio generacional que estamos viviendo. En ese foro, jóvenes de diferentes segmentos, profesiones y aspiraciones hicimos nuestro reclamo y buscamos ser escuchados. Nos unía un propósito común: garantizar un futuro y ser mejores que las generaciones actuales en cumplir esa meta. Los mileniales (grupo generacional al que pertenezco) —personas nacidas aproximadamente en las dos últimas décadas del siglo veinte— y los centeniales (grupo generacional al que pertenece mi hermana de 13 años) —jóvenes que nacieron alrededor del nuevo siglo— somos quienes tendremos que vivir con las consecuencias de la inacción política frente a la emergencia climática. Es nuestro futuro el que está en juego. Además, las mujeres somos un grupo especialmente vulnerable a la degradación ambiental debido al rol especial que jugamos en el cuidado de los recursos naturales y de las personas que nos rodean. Por eso es una buena noticia que nos estemos levantando y exigiendo acciones claras, concretas y, sobre todo, urgentes. Esta PreCOP fue una oportunidad de mucho aprendizaje y crecimiento. Me sentí identificada con el énfasis que el gobierno de Costa Rica dio en la agenda del evento a la protección del océano y a las soluciones basadas en la naturaleza. Fue también un espacio de mucha inspiración al ver que cada vez somos más mujeres jóvenes tomando el timón de las acciones decididas y ambiciosas que la crisis ambiental y social del mundo nos exige adoptar.
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Pronunciamiento ante la suspensión de la COP25 en Chile
Lamentamos la decisión del gobierno chileno de cancelar la realización de la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, prevista para diciembre en Santiago. Al mismo tiempo, manifestamos nuestro apoyo al pueblo chileno ante la difícil situación que vive, la cual no garantiza la seguridad y por ende la participación que un evento de tal magnitud requiere. Hacemos un llamado especial al Estado chileno para que el proceso de cambio que vive el país se desarrolle respetando los derechos humanos de todas las personas involucradas. El abuso de la fuerza pública es inaceptable, sobre todo en un proceso que busca reparar las heridas sociales que empañan nuestras sociedades. El gobierno chileno debe cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Exhortamos también al Estado y al sector privado a dar pasos firmes hacia la transformación de Chile en un país con mayor justicia social, ambiental y climática; y a ser ejemplo para América Latina, región donde la desigualdad e injusticia solo se intensifican con los años. Bajo la crisis social en Chile, subyace una crisis ambiental gravísima que hace tiempo corroe la equidad y que es parte de la chispa que encendió el descontento social. Dos muestras de esa realidad inadmisible son las zonas de sacrificio, donde las termoeléctricas a carbón han condenado a familias a sufrir gran parte de la contaminación atmósferica del país, enfermando y viendo truncado su desarrollo; y la privatización del agua, que implica que Chile no reconozca el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, ni que priorice su uso para consumo humano y para el mantenimiento de ecosistemas. Problemas similares ocurren en otros países de la región. Esperamos que Chile continúe en su rol de Presidente de la COP, empujando con más fuerza que nunca compromisos climáticos ambiciosos, que nos ayudarán a mantener el calentamiento del planeta bajo control, mientras cumplimos con los objetivos del Acuerdo de París. Las experiencias del último mes evidencian claramente que, ante las crisis, los cambios deben venir desde la gente, protegiendo y favoreciendo a los segmentos más vulnerables —entre ellos los más pobres y los pueblos indígenas y comunidades rurales que pueden también contribuir a las soluciones— y que son los que más han sufrido las injusticias sociales y ambientales. Los esfuerzos de Chile y del mundo para combatir la crisis climática deben asegurar una transición energética justa, participativa y respetuosa de los derechos humanos. Chile tiene hoy la oportunidad de hacer historia, incluyendo la protección ambiental y la justicia climática como pilares en la construcción de un futuro más limpio, más justo y en equidad. Llamamos a la comunidad internacional a sumarse a esta señal de apoyo a la sociedad chilena. CONTACTO DE PRENSA: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107
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Lecciones para avanzar hacia un mundo sin combustibles fósiles
Por Javier Dávalos y Florencia Ortúzar El reciente conflicto social en Ecuador, desatado por la suspensión abrupta de los subsidios al diésel y la gasolina, evidenció una necesidad cada vez más urgente ante la crisis climática mundial: la transición energética, pero una que tenga en cuenta a las personas. Las medidas orientadas a poner fin al apoyo que gobiernos otorgan a la producción y uso de los combustibles fósiles deben ser progresivas y consensuadas con la población. La extracción de carbón, petróleo y gas produce emisiones significativas de dióxido de carbono y metano, causantes del calentamiento del planeta. Además, la quema de estos combustibles para producir energía contribuye enormemente a la contaminación del aire, que mata a millones de personas cada año. No obstante, a nivel mundial, los gobiernos gastan entre 160 y 400 mil millones de dólares cada año en subsidiar a la industria de los fósiles, según información de ONU Medio Ambiente. Por el contrario, el apoyo financiero total a la energía renovable llega sólo a 121 mil millones. Si realmente queremos combatir la crisis climática y la contaminación del aire, esta situación debe cambiar. Entendiendo los subsidios Los incentivos públicos a productores y consumidores de carbón, petróleo y gas natural incluyen pagos a consumidores o empresas y deducciones impositivas. De ese modo, aunque los precios de los combustibles aumenten constantemente, los subsidios los mantienen bajos de manera artificial. En consecuencia, los costos del transporte y del comercio son contenidos y permanecen competitivos internacionalmente. Estos subsidios implican un gran peso para las economías nacionales, que se quedan sin recursos que bien podrían destinarse a sectores como salud y educación. El apoyo a la industria de los combustibles fósiles profundiza nuestra dependencia de ellos y nos ata a un sistema económico del que tenemos que salir si queremos resolver la crisis social y ambiental en la que estamos metidos. Es importante entender que esa dependencia es mucho más aguda para las personas y familias más vulnerables, para las que cada moneda cuenta e influye en su calidad de vida. Una transición energética justa Lo ocurrido en Ecuador nos dejó una lección valiosa: un resultado deseable no justifica necesariamente la forma de llevarlo a cabo. En ese país, los subsidios al diésel y la gasolina fueron eliminados por decreto, de manera unilateral y sin un diálogo nacional previo, afectando a los sectores más pobres de la población. Ello provocó un conflicto social intenso y violento que obligó al gobierno a retroceder en su medida, la cual nunca tuvo como meta el combate a la crisis climática (y menos una transición energética justa). Acciones de este tipo, que impliquen cambios importantes en las necesidades básicas de la población —como el combustible necesario para su transporte y todos los bienes de consumo—, deben estar acompañadas de medidas de protección para los sectores vulnerables que resultarán afectados. Ya no es tiempo de subsidiar los combustibles fósiles. Pero su eliminación no resultará de seguir una receta. Debe estar enmarcada en planes serios que busquen un verdadero tránsito hacia un modo de vida bajo en carbono. Debe ir acompañada de otras acciones como el fomento a las economías locales, la protección de ecosistemas que regulan naturalmente el clima, la mejora efectiva de los sistemas de trasporte público y la inversión en fuentes de energía renovable. Solo así caminaremos en la dirección correcta, la de la justicia climática. Un nuevo pacto social para afrontar la desigualdad De otro lado, las protestas ciudadanas en Chile únicamente confirman que los segmentos más olvidados de la población no van a seguir soportando el peso de la inequidad y que llegó la hora de cambiar el rumbo. La crisis chilena no tiene que ver directamente con el subsidio a los combustibles fósiles, pero sí con un problema de fondo en América Latina: la abismal desigualdad social que por demasiado tiempo se ha ido intensificando en la región. En Chile, el profundo descontento social —contenido por demasiado tiempo— estalló cuando, sin pensar en las consecuencias sociales, se elevó el precio del transporte público. Cuando se elevan los precios de bienes básicos, los más débiles siempre serán los más afectados. Por ello, esos cambios deben incorporar acciones que cierren las brechas sociales en lugar de agravarlas. Al igual que Ecuador, el caso de Chile nos está demostrando que más allá de medidas paliativas que afectan los bolsillos de los más pobres, es hora de apuntar más lejos, en busca de un nuevo pacto social. La crisis ambiental y social que estamos viviendo puede ser tomada como una oportunidad única para dar un giro y construir una sociedad más justa y feliz, terminando con las inequidades más graves que aquejan a nuestras sociedades.
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