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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
Proyectos relacionados
Lo que debemos hacer para preservar nuestra biodiversidad y patrimonio natural
Enfrentamos como sociedad el grave riesgo de perder nuestro mundo natural, todo aquello que nos sostiene. Nuestras acciones están provocando la pérdida masiva y acelerada de entornos naturales, animales y plantas. Entre esas acciones están la creciente agricultura y ganadería, la destrucción de hábitats, la introducción de especies extrañas, la sobreexplotación directa de especies, la expansión de las áreas urbanas, la sobrepoblación y la contaminación. Así lo ha revelado el informe de la más reciente y más completa evaluación global sobre biodiversidad realizada hasta ahora. En el informe, elaborado por científicos de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), se evidencia que la capacidad de los ecosistemas de brindar beneficios a las personas ha disminuido drásticamente desde los años 70. Ello se debe a que los diferentes entornos se han reducido en 47% en promedio, a qué un 25% de las especies de flora y fauna está en peligro de extinción, a que la cobertura de arrecifes de coral es cada vez menor a causa del aumento de la temperatura en el agua y la acidificación de los océanos, fruto de la crisis climática y, entre otras cosas, a que un 33% de los recursos pesqueros se encuentran sobreexplotados. Pese a lo alarmante de las cifras, todavía podemos sacar al planeta de la situación de grave riesgo en la que lo hemos puesto. Sin embargo, ello requiere cambios radicales en diferentes ámbitos. El diagnóstico para América Latina Históricamente, el mundo ha pasado por cinco extinciones masivas que provocaron la pérdida de más del 70% de las formas de vida. La actual parece ser la sexta. Aunque la extinción de especies ocurre naturalmente, lo hace a un ritmo de una especie en un millón por año, pero el ritmo actual supera con creces el natural, pues se extinguen en un año al menos 100 especies por cada millón, algo que va en aumento. Otra forma de visualizar esta amenaza mundial es mediante el listado con el mayor número de especies en peligro de extinción. Cinco países de América Latina figuran entre los primero diez, siendo México el que lidera la lista con 665 especies amenazadas (71 especies de aves, 96 de mamíferos, 98 de reptiles, 181 de peces y 219 de anfibios). La situación de ese país se debe en gran medida a sus altas tasas de deforestación, práctica orientada a incrementar las áreas de cultivo y a cubrir su creciente demanda de alimentos. De hecho, América Latina y el Sudeste Asiático han perdido millones de hectáreas de ecosistemas terrestres y de agua dulce a causa del incremento de la agricultura (y del uso de fertilizantes en ella) y de la ganadería. Los otros cuatro países de la región con más especies amenazadas son Colombia (540 especies), Ecuador (436), Brasil (413) y Perú (385). La extinción de especies altera e impide que los ecosistemas, formados a partir de la interacción de distintas formas de vida, cumplan con funciones vitales como la producción de alimentos, el abastecimiento de agua, la regulación del clima y otros. Grandes cambios para asegurar nuestro futuro Aunque la vida en el planeta existe hace 4 mil millones de años, la humanidad, presente hace solo 200 mil años, ha logrado romper con el balance natural del mundo. Más allá de las implicaciones negativas, ello prueba la capacidad que tenemos de transformar nuestro entorno. El informe de la IPBES menciona las Metas de Aichi como acciones transformativas para proteger la biodiversidad. Una de ellas es la creación de áreas protegidas, medida que ha reducido los riesgos de extinción de especies de mamíferos y anfibios. Sin embargo, el informe enfatiza la necesidad de cambios drásticos en los valores y objetivos de los gobiernos para que las decisiones a nivel local, nacional e internacional estén alineadas para combatir las causas detrás de la degradación del planeta. En ese sentido y teniendo en cuenta también los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, necesitamos con urgencia orientar los esfuerzos a: Expandir y coordinar la red de áreas protegidas. Invertir en infraestructura verde. Producir alimentos, materiales y energía de forma sostenible. Consumir agua de manera racional y eficiente para un mayor aprovechamiento. Apoyar a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, quienes resguardan muchos de los últimos reductos naturales que tiene el planeta. Abordar adecuadamente el crecimiento de la población y los niveles de consumo. Crear nuevas normas ambientales y mejorar el cumplimiento de las que ya existen. Frenar la contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales. “La gente no debe entrar en pánico, pero debe comenzar a generar un cambio drástico. Hacer las cosas como hasta ahora, con pequeños ajustes, no será suficiente”, dijo Josef Settele, profesor del Centro Helmholtz de Investigación Ambiental de Alemania y copresidente de la IPBES. Nuestro aire, agua y alimentos dependen de la biodiversidad: la variedad de formas de vida del planeta y la interacción entre ellas. Cuidar ese patrimonio es una tarea común y más urgente que nunca.
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Colombia da un paso correcto al suspender proyecto de fracking
Basándose en una reciente orden judicial, la autoridad ambiental del país suspendió el trámite de un proyecto en el Magdalena Medio. La decisión representa un avance en los esfuerzos para frenar la expansión del fracking en América Latina. Bogotá. En un avance para los esfuerzos contra la expansión del fracking en América Latina, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia suspendió el trámite de permiso ambiental de un proyecto de fracking en el Magdalena Medio. Con esta decisión, Colombia se une a la creciente lista de comunidades, municipios y regiones de América Latina y el mundo que han logrado detener el avance del fracking en sus territorios, muchos de ellos mediante el establecimiento de prohibiciones o moratorias. “La decisión de la autoridad ambiental es un ejemplo positivo para las naciones de la región y para el mundo”, dijo Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Es el resultado de un movimiento cívico admirable y del uso del principio de precaución como una herramienta para proteger la salud humana y los ecosistemas, y para enfrentar la crisis climática”. La decisión, que puso freno al proyecto “APE Guane A” de la empresa Ecopetrol, tiene como fundamento la suspensión del marco regulatorio del fracking en el país, realizada en noviembre de 2018 por el Consejo de Estado. AIDA apoya la medida adoptada por el Consejo de Estado y considera que al acatar esa orden judicial la ANLA dio un paso en la dirección correcta. “Al no existir normas vigentes para regular el fracking, en Colombia tenemos una moratoria judicial que implica que no se puede implementar ningún proyecto que busque explotar yacimientos no convencionales de gas y petróleo mediante esa técnica”, explicó Juana Hofman, abogada de AIDA. “Por ello, todo trámite orientado al desarrollo de actividades de fracking debe ser suspendido”. En su decisión, la ANLA señala que “la suspensión provisional de las disposiciones antes mencionadas se traduce en que las mismas se encuentran temporalmente fuera del ordenamiento jurídico, lo que de manera consecuente trae consigo que esta Autoridad Ambiental no cuenta con normativa técnica que le permita contrastar las medidas de manejo que deben ser incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental EIA para ser analizadas dentro del procedimiento de evaluación ambiental, y por ende, no podría determinar si es viable o no el otorgamiento de la licencia ambiental requerida para los nuevos proyectos de yacimientos no convencionales.” El proyecto suspendido contempla el uso de fracking en un complejo cenagoso localizado entre los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches, en el norte de Colombia. El fracking o fracturamiento hidráulico es una técnica muy perjudicial para el agua, la calidad del aire, la salud humana y el clima. Genera emisiones de metano, un contaminante fuertemente asociado al calentamiento global. Debido a sus impactos negativos en el ambiente y en las personas, el fracking ha sido prohibido por vía judicial o legislativa en muchas comunidades, regiones y países del mundo, como Esocia, el estado de Nueva York (Estados Unidos) y la provincia de Quebec (Canadá). Los esfuerzos para frenar la expansión del fracking han asido ampliamente liderados por la ciudadanía y por preocupaciones sobre los riesgos que esa técnica implica para el clima, el ambiente y la salud pública. La Alianza Colombia Libre de Fracking se ha mantenido firme en su compromiso por detener el avance del fracking en Colombia y merece ser felicitada por este importante paso hacia adelante. AIDA llama al gobierno colombiano a continuar por el camino de la prevención, cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia ambiental para enfrentar la crisis climática y para proteger el agua, los territorios y a las comunidades. Por ello le instamos a que se abstenga de autorizar operaciones de fracking en el país. “El fracking es un procedimiento que nos aleja de nuestras metas climáticas, y de la ruta energética que todos los países deben seguir”, señaló Puentes Riaño. “Decisiones como la tomada son invitaciones para buscar energías renovables que son opciones deseables para nuestras comunidades y para el planeta, en Colombia y en todo el mundo”. Contactos de prensa: Carlos Lozano Acosta (Colombia), AIDA, [email protected], +57 (300) 564 0282 Juana Hofman (Colombia), AIDA, [email protected], +57 (310) 884 6715
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Los grandes aliados de los corales
Varios estudios han demostrado que los peces herbívoros desempeñan un papel fundamental en la salud y sobrevivencia de los arrecifes de coral al limpiarlos de las algas que les quitan luz y espacio. Pero las poblaciones de estos peces están disminuyendo drásticamente por diversas causas, todas de origen humano, lo que termina dañando a los corales. En el Caribe mexicano, por ejemplo, el 60% de los arrecifes está en mal estado o en estado crítico de salud. Existe una gran diversidad de especies de peces herbívoros, agrupadas en varias familias que a su vez se dividen en varios grupos de acuerdo con sus modos de alimentación y su rol en controlar el crecimiento de algas, principalmente macroalgas. Las familias de peces loro o pericos son de las más importantes. Su fuerte dentadura les permite limpiar gran cantidad de macroalgas y mantener sanos a los arrecifes coralinos. Los peces herbívoros viven en aguas tropicales y subtropicales, entre ellas las de varios países de América Latina y el Gran Caribe —Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Jamaica, entre otros—, contribuyendo a la salud de ecosistemas de coral vitales como el Sistema Arrecifal Mesoamericano y otros de la región. Pero la relación entre peces herbívoros y arrecifes de coral está en riesgo. Pese a servir de criaderos de peces y barreras naturales contra huracanes —entre otras funciones clave—, los arrecifes de coral son muy frágiles y vulnerables a la crisis climática que enfrentamos, cuyas consecuencias incluyen la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar y la proliferación de algas. Y, según expertos, ante la menor presencia de peces herbívoros, los ecosistemas arrecifales pierden su capacidad de recuperarse del embate de fenómenos naturales como los huracanes, que son cada vez más intensos debido al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. La disminución de las poblaciones de peces herbívoros es evidente en la región Caribe, donde comunidades pesqueras han comenzado a capturar peces loro tras sobreexplotar especies comerciales de peces. Ello ha resultado directamente en un incremento de la cobertura de macroalgas en varios arrecifes coralinos de la zona, algo que representa una amenaza seria a su supervivencia. Otra amenaza es la destrucción y fragmentación de hábitats, como manglares y pastizales marinos, que afecta el ciclo de vida de varias especies de pez loro. Además, la degradación de entornos incrementa la sedimentación y concentración de nutrientes, causando el aumento de macroalgas. El crecimiento de algas, así como el incremento de enfermedades en los corales, también se debe a la contaminación proveniente del manejo inadecuado de aguas residuales y de la creciente agricultura. El panorama descrito requiere la implementación urgente de medidas orientadas a preservar a las poblaciones de peces herbívoros y con ello a mantener la salud y capacidad de recuperación de los arrecifes de coral. Esas acciones deben incluir el establecimiento y adopción de estrategias firmes de gestión de pesca y conservación para la recuperación de poblaciones de peces herbívoros, particularmente de peces loro; así como la creación de áreas protegidas marinas o zonas de recuperación pesquera en entornos clave y donde se prohíba la captura de peces. Se requiere también estandarizar el monitoreo de las poblaciones de peces en toda la región e implementar alternativas de manejo, promover una gestión regional e integral que involucre a las autoridades locales para compartir experiencias, y establecer herramientas comunes de manejo y conservación. Finalmente, es necesario crear e implementar legislación que permita conservar arrecifes y peces herbívoros, combatir la sobrepesca y las malas prácticas turísticas, así como promover un desarrollo costero de bajo impacto. En el mundo natural, abundan relaciones vitales como las de los peces herbívoros y los corales. Aprendamos a reconocerlas y valorarlas. La naturaleza nos cuida y debemos cuidarla también.
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