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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
Proyectos relacionados
Cuatro recomendaciones para la Cumbre de las Américas
La inequidad en América Latina ha aumentado escandalosamente en los últimos años. Esto impide el ejercicio de la democracia. La región todavía es la más desigual del planeta y si queremos acercarnos al desarrollo, debemos actuar seriamente al respecto. Justamente "Prosperidad con Equidad" es el tema de la VII Cumbre de las Américas de la OEA que tendrá lugar el 10 y 11 de abril en Panamá. En la Cumbre se reúnen Jefes de Estado y de Gobierno para comprometerse en acciones concertadas a nivel nacional y regional para enfrentar los desafíos del continente. El reto principal, pienso, es dejar de hacer ciertas cosas o al menos actuar diferente. Bien lo decía Eli, una indígena Ngobe en Panamá. "Con que nos dejen tranquilos quedo contenta", respondió cuando le preguntamos qué quería del gobierno. Aprovechando la consulta con la sociedad civil que hizo la OEA, en AIDA analizamos dos de los ocho Mandatos para la Acción, el documento que negociarán los Estados en la Cumbre de las Américas. Hicimos recomendaciones sobre los mandatos relacionados con energía y medio ambiente: 1. Dejar de considerar a las represas fuente de energía sostenible Los Mandatos de la Cumbre establecen que los países se acogerán a la iniciativa de Naciones Unidas de Energía Sustentable para Todos (SE4ALL). Dado que el sector energético es clave para atacar la desigualdad y avanzar hacia la sostenibilidad, recomendamos acoger esta iniciativa siempre y cuando las represas hidroeléctricas no sean consideradas como energía limpia. Entre otras cosas, las represas: Producen gases de efecto invernadero, agravando el cambio climático, especialmente en regiones tropicales. Causan daños irreparables al ambiente y pueden generar violaciones a los derechos humanos. Terminan costando casi el doble de lo presupuestado, incluso sin considerar los daños socioambientales. Además, construir estos dinosaurios de la energía toma más tiempo del previsto. Tres represas cuyas obras están actualmente suspendidas lo demuestran: Belo Monte (Brasil), suspendida por protestas de comunidades afectadas cuyas compensaciones se han incumplido. Lleva un año de retraso y enfrenta multas y el posible pago de intereses adicionales por préstamos del BNDES. El Quimbo (Colombia), cuyo llenado está suspendido por orden judicial por la falta de evaluación de impactos al sector pesquero. Barro Blanco (Panamá), suspendida por orden del gobierno mientras se revisen —y esperamos remedien— las irregularidades del estudio de impacto ambiental. Ante ello, le recordamos a la Cumbre que en diciembre pasado, más de 200 organizaciones, redes y movimientos del mundo solicitamos que gobiernos, organismos internacionales e instituciones financieras dejen de considerar a las represas fuente de energía sostenible e implementen soluciones realmente sostenibles. 2. Reconocer el impacto del cambio climático en los derechos humanos La Cumbre considera el cambio climático como punto prioritario de su agenda, lo cual es positivo. Se debería incorporar la relación con los derechos humanos y el compromiso de respetarlos en todas las acciones climáticas. El cambio climático causa y causará serios impactos en América Latina que están comprometiendo el goce de los derechos humanos. Naciones Unidas y la Asamblea General de la OEA han reconocido que el respeto y disfrute de los derechos humanos están intrínsecamente conectados con el cambio climático. El Banco Mundialconcluyó que el cambio climático complica los esfuerzos para acabar con la pobreza, algo con clara implicación en los derechos humanos. Incluso el reciente borrador del texto de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático contempla la necesidad de respetar los derechos humanos. Por tanto, la Cumbre debería considerar que el vínculo entre cambio climático y derechos humanos debe ser incorporado a todas las acciones que pretendan combatir la inequidad y promover mejores estándares de vida. 3. Incluir el compromiso de implementar acciones de mitigación Considerando el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, todos los Estados deben mostrar voluntad para implementar acciones de mitigación frente a los impactos del cambio climático. De esta manera, aunque no les corresponde mitigarlos en la misma medida, todos los países deberían contribuir a esa tarea. Los Mandatos para la Acción de la Cumbre se refieren a acciones de adaptación al cambio climático. Pero las tareas de mitigación no deberían quedar fuera. Ello reflejaría la realidad de la región, en la que se están desarrollando importantes esfuerzos para enfrentar el problema. 4. Reconocer que la corrupción atenta contra la equidad e incluir acciones para erradicarla Los Mandatos para la Acción reconocen los impactos de la corrupción en cuanto al uso de la tecnología para mejorar la participación. Pero la corrupción es un problema estructural en la regióny las acciones para enfrentarla deben ser parte de la gobernabilidad democrática. La corrupción tiene una relación directa con la inequidad en la región, impidiendo el verdadero avance y la lucha contra la pobreza.
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Cinco razones para donar a AIDA
Todos debemos dejar un legado en y para el mundo, decía mi abuelito. Para él —más allá de ser esposos y esposas amorosos, padres y madres comprometidos, hijos e hijas responsables, amigos fieles y trabajadores cumplidos—, uno debe contribuir con algo al beneficio de la humanidad. Las sabias palabras de mi abuelo guiaron mi vida profesional. En nueve años de tener el privilegio de trabajar en AIDA, he tenido grandes satisfacciones al ver avances en casos que hemos liderado en diferentes países de Latinoamérica. Ello me da la energía para entregar la milla extra cada vez que es necesario. Sin embargo, muchas veces he sentido frustración al ver tantos sitios y personas que requieren nuestra ayuda, y no tener los recursos financieros y humanos suficientes. Si usted piensa también que no hay nada más valioso que contribuir a la construcción de un mejor hogar, un lugar más habitable para las generaciones futuras, le tengo una sugerencia: ¡Considere por favor apoyar el trabajo de AIDA mediante una donación! Y para que tome una decisión informada al respecto, le presento cinco razones por las cuales apoyarnos es una buena idea: Somos una organización internacional sin fines de lucro que tiene más de 15 años de experiencia al servicio de una misión fundamental: usar la ley para proteger el ambiente en el continente americano, en especial en América Latina. "Protegiendo nuestro derecho a un ambiente sano" es el lema que guía nuestras acciones. Somos un grupo de abogados y abogadas latinoamericanos que trabajamos de forma comprometida. Nuestra experiencia nos permite desarrollar estrategias ante instancias y organismos internacionales para hacer que que los Estados cumplan sus obligaciones con el ambiente y los derechos humanos. Trabajamos en alianza con organizaciones nacionales, fortaleciendo y complementando sus esfuerzos. Creemos firmemente en la participación pública y la construcción de capacidades para lograr mayor impacto y resultados de largo aliento. Por ello compartimos nuestros conocimientos con aliados y comunidades, con quienes trabajamos de la mano. Tenemos el mayor cuidado con la inversión de nuestros fondos. Trabajamos de manera eficiente y efectiva. Escogemos cuidadosamente los casos para que éstos puedan sentar un precedente legal y servir de ejemplo para la defensa ambiental en diferentes países de la región. Nuestro trabajo tiene un impacto global, presente y futuro. Nuestra labor apunta al bien común: aire puro y agua limpia, recursos vitales y necesarios para todos. Consideramos a nuestros donantes parte integral de nuestro equipo. Sin su contribución, nos sería imposible, por ejemplo, brindar asesoría legal de forma gratuita a comunidades que luchan por defender su entorno natural y sus derechos básicos: agua, alimentación, vivienda, cultura, etc. Con su apoyo seguiremos velando por la protección de los recursos marinos y costeros, la preservación de las fuentes de agua, la lucha efectiva contra el cambio climático y la defensa del derecho humano a un ambiente sano. Apoyarnos es muy sencillo y seguro: ¡Hágalo aquí! ¡GRACIAS por creer en nuestro trabajo!
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Proyecto Barro Blanco, registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU, es suspendido por incumplimiento de su Evaluación de Impacto Ambiental
Ciudad de Panamá, Panamá y Ginebra, Suiza. En una decisión histórica, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de Panamá ordenó ayer la suspensión temporal de la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco debido al incumplimiento de su Evaluación de Impacto Ambiental. La represa fue registrada bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la ONU pese a que amenaza con inundar el territorio de las comunidades Ngäbe Buglé. En momentos en que los delegados de los gobiernos están reunidos en Ginebra, Suiza, para elaborar el borrador del texto de negociación de un nuevo acuerdo climático global, la decisión tomada por la ANAM ilustra por qué la necesidad de que el acuerdo incorpore el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas. En Ginebra, varios países ya han insistido en la necesidad de que las acciones climáticas respeten, protejan, promuevan y cumplan con los derechos humanos de todos y todas. "Panamá ha dado un primer y fundamental paso para proteger los derechos de las comunidades Ngäbe que no fueron consultadas adecuadamente sobre el proyecto Barro Blanco, registrado bajo el MDL. Pero aún se necesita mucho trabajo", señaló Alyssa Johl, abogada sénior del Centro para el Derecho Ambiental Internacional. "Panamá debe reconocer urgentemente sus obligaciones de proteger los derechos humanos en las acciones climáticas, como Barro Blanco; y debe hacerlo apoyando el llamado a incluir la protección de los derechos humanos en el régimen climático de la ONU". Los actuales mecanismos climáticos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio no brindan incentivos para la implementación sostenible de acciones climáticas ni ofrecen recursos en caso de impactos adversos. "La Junta Directiva del MDL aprobó el proyecto cuando era claro que la represa inundaría los hogares de numerosas familias indígenas. Esta decisión es una señal de advertencia para introducir salvaguardas para proteger los derechos humanos, incluidas consultas adecuadas con los afectados y un mecanismo de queja", comentó Eva Filzmoser, directora de Carbon Market Watch. La decisión de la ANAM fue motivada por una investigación administrativa que determinó un incumplimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. Ello incluye la falta de definición de acuerdos con las comunidades indígenas afectadas, deficiencias en los procesos de negociación, ausencia de un plan de manejo arqueológico para la protección de los petroglifos y otros hallazgos, incumplimientos reiterados en el manejo de la erosión y sedimentación, mal manejo de residuos sólidos y peligrosos, y extracción de madera sin autorización. El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá consideró apropiado que la ANAM haya tomado medidas efectivas e inmediatas para frenar esta obra ante hallazgos que reflejan una inadecuada gestión ambiental de la empresa, y que requieren una investigación y sanción ejemplares. "Durante 15 años de oposición al proyecto Barro Blanco, hemos denunciado violaciones a nuestros derechos humanos e irregularidades en los procedimientos ambientales. Estas denuncias nunca fueron escuchadas. Hoy vemos con satisfacción que las autoridades nacionales las han reconocido y han suspendido el proyecto como primer paso para el diálogo. Sin embargo, mantenemos la posición de la comunidad de solicitar la cancelación de este proyecto como única vía para proteger nuestros derechos humanos y territorio. Esperamos que esto sea un ejemplo para la comunidad internacional, para otros proyectos hidroeléctricos en Panamá y en todos los países", señaló Weni Bagama, integrante del Movimiento 10 de abril (M-10). "Cualquier diálogo entre las comunidades afectadas, el gobierno y la empresa tiene que ser transparente, de buena fe y respetuoso de los derechos de las comunidades, e incluir todas las garantías para que éstas participen en igualdad de condiciones y para que los acuerdos sean plenamente respetados", señaló María José Veramendi Villa, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "En ese diálogo, el Estado debe tomar en cuenta todas las violaciones de derechos humanos denunciadas por las comunidades desde la aprobación del proyecto". La suspensión de la represa hidroeléctrica Barro Blanco es celebrada por grupos ambientales en todo el mundo después de años de esfuerzo para apoyar a los pueblos indígenas de la comarca Ngäbe Buglé, la cual ha enfrentado opresión y violaciones de sus derechos. Ahora los ojos están puestos en la reacción de los bancos involucrados en el financiamiento del proyecto. Entre ellos están el Banco de Desarrollo Alemán (DEG) y el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), entidades ante las cuales el M-10 presentó una queja en representación de las comunidades indígenas. "Urgimos a los bancos a frenar el desembolso de los fondos restantes hasta que los problemas sean resueltos y las comunidades indígenas estén de acuerdo con el proyecto", dijo Kathrin Petz de Urgewald.
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