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Foto: UNFCCC

Siguiendo las negociaciones climáticas en la ONU

Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.

Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.

El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:

  1. Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
  2. Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
  3. Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

 

Nuestras áreas de trabajo

CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS

La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".

A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.

 

AIDA en las COP

COP25: Chile-Madrid 2019

En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”.  Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.

COP26: Glasgow 2021

AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.

 

Partners:


¿Hasta cuándo esperará La Oroya?

Por María José Veramendi Villa, asesora legal de AIDA, @MaJoVeramendi “No a las ONGs antimineras…fuera de La Oroya c…”, es una de las pintas que se lee a un costado del camino al ingresar a La Oroya. Esta ciudad —ubicada en los Andes centrales peruanos, a 3.750 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y a unos 175 kilómetros de Lima— es una de las más contaminadas del mundo y alberga en casa al principal agente contaminante. Al llegar a la ciudad, la vista recae inevitablemente en la enorme chimenea del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), fundado en 1922 por la Cerro de Pasco Copper Corporation y operado por CENTROMIN Perú entre 1974 y 1997, año en que fue adquirido por la empresa Doe Run Company-Doe Run Perú (DRP). Actualmente, y hasta que un banco de inversión concrete su venta, el CMLO es operado por la liquidadora Right Business. Cuenta con circuitos de fundición y refinado de cobre, zinc y plomo, y con un sub-circuito para el procesamiento de otros metales como cadmio, plata y oro. El manejo del CMLO por parte de DRP y Right Business ha sido, por decirlo menos, impune. La compañía ha incumplido las obligaciones asumidas conforme al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), cuyo plazo de cumplimiento fue ampliado en dos oportunidades.   Así, el complejo permaneció cerrado desde 2009 y por casi tres años debido a graves problemas económicos y al incumplimiento del PAMA. Tras varios intentos fallidos de DRP por lograr una nueva ampliación del plazo para cumplir con el PAMA, éste venció en marzo de 2012.  Sin embargo, el 28 de julio de 2012, el CMLO reinició las operaciones del circuito de zinc sin haberse evidenciado el cumplimiento integral de sus compromisos ambientales. Pero entonces ¿con base en qué instrumento de gestión ambiental se reiniciaron operaciones? La respuesta aún es un misterio y la explicación de las autoridades, inexistente. Demás está decir que mientras el CMLO permaneció cerrado, la remediación de la contaminación brilló por su ausencia. Cabe destacar que para el 28 de agosto y tras el reinicio de las operaciones del circuito de zinc, la Dirección General de Salud (DIGESA) ya había registrado tres situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado. Hace poco se iniciaron las pruebas de calibración para poner en funcionamiento el circuito de plomo. Según el diario El Comercio, un ejecutivo de Right Business señaló que ello implica que “podrían existir momentos en los que se dispare la emisión de dióxido de azufre. Si esto ocurre, se dan las alertas necesarias para detener las pruebas y ajustar el procedimiento hasta lograr controlar plenamente la operación”. Al hacer una consulta sobre la calidad del aire en La Oroya entre el 3 y el 9 de diciembre, el buscador arrojó cuatro situaciones de cuidado y una de peligro por niveles elevados de dióxido de azufre en la estación de Sindicato, y tres situaciones de cuidado en la estación de Hotel Inca. Esto quiere decir que mientras se realizan las pruebas, la población se sigue contaminando. La Oroya es una ciudad de grandes contrastes. Alberga por un lado a un sector de la población que en su mayoría trabaja en el CMLO y para quienes la contaminación es invisible y los altos niveles de plomo y otros metales pesados en la sangre no representan ningún peligro.  Por el contrario, los indicadores son considerados por ese grupo como parte un discurso obstruccionista de las “ONGs antimineras” y de otros oroínos, frecuentemente estigmatizados por, según ellos, querer frenar el desarrollo de La Oroya y del país entero. Del otro lado está el sector de la población que ha decidido poner un alto a la situación y luchar por sus derechos y los de sus hijos y, aunque resulte irónico, por el derecho de todos los habitantes de La Oroya a vivir en un ambiente sano. Hace dos semanas estuve con algunos de estos luchadores y luchadoras, beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2007 y víctimas de un caso por violaciones a sus derechos humanos, que está en curso ante dicho organismo. Las medidas cautelares obligan al Estado peruano a proveer de un diagnóstico médico especializado para los beneficiarios y tratamiento médico especializado y adecuado para aquellos cuyo diagnóstico demuestre que se encuentran en una situación de peligro de daño irreparable a su integridad personal o a su vida. A la fecha, ello no se ha cumplido a cabalidad y, salvo unas cuantas honrosas excepciones, la atención que han recibido estos hombres y mujeres ha sido, en muchos casos, deplorable. Han sido maltratados y re-victimizados por el sistema de salud.  Frases como “esto ya no tiene solución” han sido recurrentes al hacer referencia a su estado de salud o al de sus hijos o hijas. En 2002, Anna Cederstav y Alberto Barandiarán publicaron un excelente libro, fruto de un análisis y seguimiento de los reportes de emisiones atmosféricas de DRP entre 1996 y 2001. En el texto, titulado “La Oroya no espera”, se recomendó a la DIGESA, entre otros, “[i]mplementar en conjunto con la empresa un sistema de evaluación médica y monitoreo para todos los pobladores de la ciudad de La Oroya, particularmente a niños y mujeres gestantes, con la finalidad de atender situaciones de emergencia y evitar más impactos graves a la salud de la población”. Han transcurrido diez años de la publicación y cinco desde las medidas cautelares y pese a que existen protocolos de atención y recomendaciones de grupos de expertos, estos luchadores y luchadoras siguen esperando a que el Estado atienda adecuadamente su situación de salud, repare la violación a sus derechos y ponga un alto a una empresa que opera y contamina de manera impune. ¿Hasta cuándo…?

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Buenas noticias al cerrar el 2012: ¡Menos azufre, más aire limpio!

Por Gladys Martínez, asesora legal de AIDA Trabajar en AIDA ha significado una búsqueda constante de la defensa del ambiente, no sólo desde escritorio, mediante llamadas y reuniones. Pero también en mi vida privada: reciclar al limpiar (lavar y guardar tarros, botellas, latas, etc. hasta que llegue el día de recolección); cerrar la llave de la ducha aunque el agua esté deliciosa; utilizar la lavadora sólo en horarios de tarifa reducida; no poner el aire acondicionado en casa aunque en los calores de Semana Santa nos derritamos como helados bajo el sol... Sin embargo, y desde los últimos años, tengo todavía un cargo de conciencia: una preocupación grande cada vez que debo manejar a la ciudad; no me refiero a una gran urbe como Bogotá, México D.F. o Lima, sino a San José, la capital Costa Rica.  Me veo obligada a conducir ya que nuestro sistema de transporte público está apenas en desarrollo y vivo a 45 minutos de casi todos los sitios de reuniones.  ¡Pero la situación promete ser otra!  A partir de enero de 2013 los costarricenses podrán respirar un poco mejor, pues el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) anunció que a partir de entonces, la cantidad de azufre en la gasolina y el diesel se reducirá en un 70%.  Actualmente, los combustibles utilizados en el país tienen 50 partes por millón de azufre, pero la nueva disposición del Gobierno obligará a los distribuidores a dar productos con apenas 15 partes por millón. Esta decisión apunta a ubicar a Costa Rica como el país centroamericano con combustibles más limpios y a la altura de la normativa más avanzada de países europeos. Abajo se puede ver un gráfico ilustrativo con los niveles de azufre (partes por millón) en el diesel en algunos países del continente, comparados con la Unión Europea y Estados Unidos.  ¿Qué repercusiones positivas traerá esto? El azufre está relacionado con efectos nocivos en la salud de las personas como dificultad para respirar, irritación ocular por formación de ácido sulfuroso e inflamación de las vías respiratorias, edema pulmonar, alteraciones psíquicas, problemas de asma y bronquitis crónica. Al combatir las consecuencias negativas de la elevada presencia de azufre en los combustibles, la medida gubernamental beneficiará sobre todo a quienes son más vulnerables a estos males: niños, mujeres gestantes y ancianos. Por otro lado, la disminución de los niveles de azufre ayudará al mejor rendimiento de los automotores, pues entre más “limpio” sea el combustible, mejor funcionará la computadora del motor. Más avances en la UE El pleno del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea acaban de aprobar una disminución del 3.5% al 0.5% —entre 2012 y 2020— en el contenido de azufre de los combustibles utilizados por los buques en aguas europeas. Esto debido a que la contaminación ambiental que estas emisiones provocan deriva en 50 mil muertes cada año.

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Filipinas destaca en las negociaciones de la COP18

Por Andrea Rodríguez (en Doha, @arodriguezosuna) y Florencia Ortúzar, asesoras legales de AIDA Filipinas ha llegado a ocupar un sitial importante en las negociaciones de la COP18. AIDA participó de una reunión entre la delegación de ese país en Doha y miembros de la sociedad civil. En ella, Naverev M. Saño, Viceministro de Medio Ambiente de Filipinas, compartió sus impresiones sobre la Cumbre. La acertada participación filipina cobró relevancia por los lamentables hechos ocurridos a causa del tifón Bopha, que azotó la isla de Mindanao el pasado martes, ocasionando muertes y destrozando todo a su paso. Este desastre natural se suma a otros de su tipo que han estado acaeciendo con más frecuencia de lo normal y que se atribuyen, cada vez con menores dudas, a los efectos del cambio climático, al parecer fuera de control. Llama la atención la forma en que los delegados de Filipinas se manejan ante las negociaciones. Parecen tener una estrategia superior. Se muestran siempre activos, aportan opiniones relevantes cada vez que hay ocasión y han presentado ya múltiples peticiones. Pese a que no tienen mucho poder, su excelente maniobra y dinámica les han hecho brillar en el mar de posiciones y discursos que conforman la COP. Filipinas ha dicho que exigirá un segundo período para el Protocolo de Kyoto (PK) con las enmiendas necesarias para combatir efectivamente el problema del cambio climático (CC). Se debe garantizar el PK continúe y sin vacíos. El único instrumento vinculante respecto del CC a nivel mundial tiene sus días contados y, sin una prórroga o uno que le siga, todo lo avanzado podría colapsar. La excusa de que “no hay dinero” no es ya viable, expresaron los miembros de la delegación filipina. Hoy en día, ya se conocen las grandes sumas de dinero que se gastan en Afganistán para la guerra o en Grecia para rescatar bancos en crisis, recordaron. Por otro lado, Filipinas tiene claro que una de las razones que ha ensombrecido las negociaciones y su posibilidad de avanzar es la falta de participación de la sociedad civil y de los propios delegados. Los ministros se reúnen sólo con sus pares, llevan tres días de negociaciones y son asesorados por otros ministros, en lugar de tener contacto con delegados y representantes de la sociedad civil, lamentaron los filipinos. La actitud de la delegación de Filipinas se ha mostrado además ambiciosa, sin dar señal alguna de retroceso. No aceptarán nada a medias, pelearán para lograr algo concreto. Youngo, el grupo oficial de jóvenes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) manifestó su apoyo a Filipinas en una carta que terminó con una frase que ilustra el sentimiento de muchos ante la injusticia y las frustraciones que emanan de negociaciones que no avanzan: “Por ahora, estamos con Las Filipinas. Nos unimos a las millones de personas en todo el mundo que pagan por la ignorancia y la arrogancia de los países y las empresas de combustibles fósiles que ponen los intereses de las ganancias económicas por delante de las necesidades de las personas. No echaremos pie atrás. Solidariamente, YOUNGO” Ir a la página de CEMDA y AIDA sobre noticias y actividades de la COP18 en Doha

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