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Photo: Steve Ablitt / Cassiar WatchVictoria: Canadá respalda la participación pública y la evaluación ambiental
Gracias a un fallo judicial al que AIDA y sus aliados contribuyeron, las autoridades canadienses deben permitir la participación pública activa en todos los megaproyectos mineros e industriales, y éstos deben incluir evaluaciones de impacto ambiental integrales.
La decisión llegó tras una larga batalla legal iniciada en 2006. Ese año, el proyecto Red Chris, una mina de cobre y oro a cielo abierto que procesaría 30,000 toneladas métricas al día, fue aprobado sin haber sido sometido a una evaluación adecuada de sus impactos ambientales.
La empresa Imperial Metals pretendía construir la mina en el Valle del Río Kapplan, un área remota y prístina que es hogar de grandes mamíferos como la oveja de Dall, el caribú, osos y alces. Además, la zona forma parte de la ruta migratoria del salmón y cerca de ella vive la comunidad indígena Tathlan.
La empresa había fragmentado el proyecto en partes pequeñas para evitar la evaluación de la todalidad de sus impactos, violando así estándares internacionales sobre el tema, así como el derecho a la participación pública.
En 2009, AIDA presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Canadá un escrito en el que argumentó, desde el derecho internacional, las faltas cometidas por la empresa con relación al proyecto. Lo hicimos para apoyar la demanda presentada contra el proyecto por MiningWatch y EcoJustice (nuestra organización participante en Canadá).
El fallo es una herramienta poderosa para proteger extensiones enormes de terreno prístino y valioso por su biodiversidad, fuentes de agua y la cultura de comunidades indígenas.
Es un parteaguas para que las empresas cumplan con sus obligaciones al desarrollar proyectos que ponen en riesgo el ambiente y a las personas que dependen de él.
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Prohíben el fracking en Nueva York y en Colombia lo promueven
Por Héctor Herrera Santoyo, coordinador de la Red por la Justicia Ambiental @RJAColombia y asesor legal de @Aidaespanol La fracturación hidráulica o fracking es una forma no convencional de extraer petróleo y gas. Esta técnica consiste en realizar perforaciones primero verticales y luego horizontales e inyectar a muy alta presión una combinación de agua, arena y químicos tóxicos. De ese modo se fracturan capas del subsuelo conocidas como lutitas y es posible extraer el petróleo y gas allí contenidos. El fracking genera impactos en el ambiente y en la salud: contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas, generación de sismos, contaminación del aire y liberación de gases que contribuyen al cambio climático, entre otros. Así lo han evidenciado estudios del Ministerio de Ambiente alemán, la Oficina de Control del Gobierno de Estados Unidos, el Consejo Canadiense de las Academias de la Ciencia, y de individuos como Anthony Ingraffea, profesor de la Universidad de Cornell. El 17 de diciembre de 2014, el Gobernador de Nueva York anunció la prohibición del fracking en ese Estado por "riesgos significativos a la salud". Ese argumento resultó de un estudio realizado durante dos años por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado. El mismo analiza los impactos del fracking en la salud humana, la calidad del aire y el agua, y en las comunidades. La decisión fue celebrada por defensores del ambiente y criticada por algunos inversionistas que dicen que ella le niega a Nueva York la posibilidad de obtener los rendimientos económicos del negocio extractivo. El debate sobre permitir o no el fracking se ha dado también en otras latitudes. En Francia, el fracking fue prohibido en 2011 mediante ley nacional. Una empresa petrolera demandó la ley ante la Corte Constitucional, instancia que ratificó la prohibición en 2013. Bulgaria prohibió el fracking en 2012 y Alemania mantiene vigente la moratoria a esa técnica. Prohibiciones o moratorias se han dado además en municipios de Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Suiza, Italia, Irlanda, Holanda y Australia. Pese a este escenario internacional, el Gobierno de Colombia ha promovido el fracking. En 2008, la Agencia Nacional de Hidrocarburos contrató un estudio para identificar de forma preliminar las potencialidades en hidrocarburos no convencionales del país. En 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizó un proyecto de fracturación hidráulica en Boyacá. Ese año, la Contraloría General de la República expidió al respecto una Función de Advertencia en la que recomienda que "se tenga en cuenta el Principio de Precaución, ante el riesgo latente para el patrimonio ambiental por la posible contaminación de aguas subterráneas, la afectación de fuentes hídricas, el riesgo para centros urbanos en el área de influencia, la salubridad pública y el riesgo geológico, por la forma de explotación mediante fracturamiento hidráulico". En enero de 2015, en Actuación Especial de Seguimiento a la Función de Advertencia, la Contraloría consideró que el Estado no ha adoptado las medidas necesarias. A finales de 2012, el Gobierno colombiano inició el proceso de creación de un marco regulatorio para el ingreso del fracking a Colombia. Contrató expertos internacionales para identificar los impactos de la técnica y regularla. Varios de estos expertos están vinculados al sector petrolero. Así lo evidenció una investigación realizada por La Silla Vacía. El Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos expidieron ya los instrumentos jurídicos que servirán de marco para la entrada del fracking al país. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, dijo públicamente que sin fracking "tendríamos una debacle fiscal" dentro de seis o siete años. Y el Ministro de Minas, Tomas González, advirtió que el fracking es necesario para financiar parte del proceso de paz en el país. Ante la entrada del fracking a Colombia, las voces de alerta se han escuchado desde varios sectores. En agosto de 2014, AIDA instó públicamente al Gobierno a evitar las consecuencias graves e irreversibles del fracking y aplicar el principio de precaución. Posteriormente, en septiembre, el Foro Nacional Ambiental y otras organizaciones solicitaron moratoria condicionada al fracking en Colombia. Además, el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, se mostró preocupado por los efectos que el fracking pueda tener en el agua. Declaró: "A mí, como Ministro del Agua, me da mucho miedo el fracking (...) cuando uno ve lo que está pasando en Santa Marta se da cuenta de que uno puede invertir mucho en tubos, pero si no tiene el recurso hídrico no va a tener sino que transportar aire por esos tubos". Por todo lo mencionado, la pregunta que salta a la vista es ¿por qué el fracking, que ha sido prohibido o restringido en varios países y municipios, está siendo promovido por el Gobierno colombiano? La respuesta más evidente es que ello aumentará la extracción de hidrocarburos y, como consecuencia, los ingresos del gobierno y la industria privada. Pero lo que el gobierno y la industria no ven es que ninguna cantidad de ingresos es lo suficientemente grande como para compendar los impactos ambientales y sociales del fracking, o de los nuevos conflictos que puedan surgir debido a sus efectos en los recursos hídricos. Ya hemos visto a nivel nacional (Guajira y Arauca) e internacional (Los Ángeles y Sao Paulo) que sin agua potable cualquier economía e incluso la vida misma son inviables.
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Organizaciones solicitan se investigue si Áreas Naturales Protegidas en Veracruz están en riesgo
Organizaciones de la sociedad civil y representantes de la comunidad científica y de buceo deportivo pidieron además que el Secretariado del Convenio sobre Diversidad Biológica requiera al Estado mexicano revisar y en su caso revocar las autorizaciones de impacto ambiental de la ampliación del Puerto de Veracruz y de la extracción de roca basáltica en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. La ejecución de esos proyectos dañará seriamente la biodiversidad albergada en el Sistema Arrecifal Veracruzano y en Los Tuxtlas. En una carta al Secretariado del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)[i], once organizaciones de la sociedad civil y tres representantes de la comunidad científica y de buceo deportivo[ii] denunciaron el incumplimiento del Estado mexicano de ese tratado internacional derivado del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. Dicho proyecto impactará gravemente la biodiversidad albergada en el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (RBLT). Con motivo de la ampliación del puerto, el Gobierno modificó[iii] sin la suficiente información científica, la superficie del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) y autorizó la ampliación dentro del arrecife, un sitio enlistado en la Convención Ramsar - un tratado que protege humedales-. Lo hizo en contra de normas nacionales e internacionales y sin considerar los impactos acumulativos que el proyecto tendrá en ese ecosistema debido, entre otras cosas, al crecimiento poblacional y al mayor tráfico marítimo en el puerto. El Gobierno autorizó también la explotación de una mina de piedra basáltica en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas para la construcción de las escolleras del nuevo puerto, aun cuando el programa de manejo de la reserva prohíbe expresamente el uso de explosivos en el área. El SAV comprende al menos 23 arrecifes de diferente tamaño, forma y profundidad. En él conviven ecosistemas de arrecifes de coral, lechos marinos submareales, aguas marinas someras, playas de arena y manglares. En 1992 fue decretado como área natural protegida y en 2004 fue registrado como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar. Este parque nacional es hábitat de corales, delfines y tortugas marinas, tiene una alta productividad pesquera y una gran belleza escénica. Sus arrecifes son reguladores del clima y funcionan como barrera contra olas y tormentas, como ocurrió en 2011 cuando amortiguaron el embate del huracán Karl de categoría cuatro[iv]en la ciudad de Veracruz. En cuanto a la reserva de la región de los Tuxtlas, ésta tiene un valor biogeográfico y ecológico importante. Es uno de los últimos reductos de selvas húmedas en el país y una de las zonas en donde se ha generado más información respecto a la composición de la flora y fauna de las selvas tropicales de México. Es refugio de 223 de las 565 aves migratorias de Norte América; así como de especies faunísticas endémicas, en peligro de extinción, amenazadas y bajo protección especial. Pese a los riesgos que la ampliación del Puerto de Veracruz implica para ambos ecosistemas, el Gobierno Federal y la Administradora Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), entidad a cargo del proyecto, inauguraron las obras del mismo el pasado 22 de noviembre. Por ello las organizaciones recurrieron al Secretariado del CDB con carácter de urgente. "La modificación del PNSAV, así como las autorizaciones de impacto ambiental para la ampliación portuaria y la extracción de roca basáltica en la RBLT violan la obligación del Estado mexicano de proteger la biodiversidad de su territorio", se lee en la carta. El documento señala además que "de ejecutarse los proyectos de la ampliación del puerto de Veracruz y la extracción de roca basáltica en Los Tuxtlas, se impactará de manera irreparable la diversidad biológica y ecosistemas donde se asienta". En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil e individuos solicitaron al Secretariado del Convenio investigar los hechos denunciados y recordarle al Estado mexicano la importancia de los arrecifes de coral, pastos marinos y selvas para la mitigación y adaptación al cambio climático. Solicitaron que esa instancia requiera al Estado revocar las autorizaciones de impacto ambiental de la ampliación del puerto de Veracruz y de la extracción de roca basáltica en Los Tuxtlas; cumplir su Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y las disposiciones del CDB; requerir la compensación por las pérdidas de biodiversidad derivadas de la modificación del PNSAV, y el apoyo del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Técnico. Ver carta entregada al Secretariado del Convenio sobre Diversidad Biológica [i] México ratificó el Convenio de la Diversidad Biológica el 11 de marzo de 1993. [ii]Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace México, Litiga-Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, Ocean Futures Society, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable, Pronatura Veracruz, Pobladores, Defensores del Medio Ambiente de Los Tuxtlas, La ROCA-Red Organizada para la Conservación Ambiental, el instructor de buceo Manuel Victoria y los investigadores Dr. Leonardo Ortiz Lozano y Dr. Horacio España. [iii]El Gobierno Federal determinó expedir un nuevo decreto de parque nacional donde se elimina de la poligonal de protección a los arrecifes de Punta Gorda y la Bahía de Vergara. [iv]Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA), Departamento de Comercio, U.S. Gobierno de los Estados Unidos, disponible en: http://oceanservice.noaa.gov/podcast/feb10/dd022410transcript.html
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Hacia un Manejo Ecosistémico de la Pesquería Peruana de Anchoveta
El objetivo principal de esta publicación, elaborada con el apoyo financiero de Pew Charitable Trusts, es identificar las reformas necesarias en el manejo de la pesquería peruana de anchoveta para proteger el ecosistema de la Corriente de Humboldt, y a las comunidades y economías locales que dependen de dicho ecosistema. Asegurar que el manejo de esta pesquería garantice la sostenibilidad de la anchoveta y la salud de sus depredadores sería un paso importante hacia la protección de los recursos hidrobiológicos en todo el mundo. Más aún, un marco legal que propicie el manejo pesquero con enfoque ecosistémico en Perú, podría ser utilizado como un modelo para el manejo sostenible de otras pesquerías a nivel mundial. Descarga el informe
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