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Foto: Thomas Jundt / CC BY-NC

Victoria: Cancelan concesión para mina Crucitas por daños al ambiente

En Costa Rica, un tribunal de alto nivel canceló por primera vez la concesión para un proyecto de minería a gran escala porque violaba leyes nacionales y conllevaba riesgos para el ambiente. AIDA contribuyó a establecer dicho precedente.

La empresa Industrias Infinito, con apoyo del gobierno anterior, planeaba construir Las Crucitas, una mina de oro a cielo abierto cuyos impactos traspasaban las fronteras del país.

La construcción y la operación de la mina amenazaban la supervivencia y el modo de vida de 32 comunidades que dependen del turismo y la pesca deportiva en una zona de gran belleza y pureza. Además, el proyecto ponía en riesgo al río San Juan, que fluye a lo largo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, rodeado de una rica biodiversidad.

La lucha inició en 2008, cuando AIDA advirtió al Gobierno costarricense sobre las potenciales violaciones al derecho internacional e impactos ambientales que se debían considerar antes de permitir la implementación del proyecto. Recomendamos suspender las obras hasta que se garantizara el cumplimiento de las normas y se protegiera el ambiente y la salud humana

En noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica canceló la concesión para el proyecto, decisión que estuvo en línea con los argumentos presentados por AIDA y que reiteró la importancia de cumplir con las normas.

Felicitamos a las ONG nacionales, especialmente al Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), nuestra organización participante, por su incansable esfuerzo en defensa del ambiente y los derechos humanos. Esperamos que el precedente establecido en este caso sea replicado en otros países del continente. Además de beneficios ambientales, ello implicará importantes beneficios sociales y económicos.
 

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Por Natalia Jiménez, asesora legal de AIDA 26-marzo-2012 El papel del derecho ambiental está débil con respecto al tema de género, especialmente por la constante aprobación en América Latina de proyectos económicos y de desarrollo que afectan la cosmovisión particular de las mujeres, y que pueden llegar a constituir nuevas formas de violación de los derechos de nosotras. Al igual que las comunidades étnicas, hay grupos sociales con cosmovisiones que albergan valores únicos de protección ambiental, por eso, proteger y brindar garantías a estas formas de pensar implica proteger al ambiente. Las mujeres tenemos un rol determinante en la protección ambiental de forma diferenciada y particular. Aunque no es igual para todas, y seguramente muchas no sientan la necesidad de este reconocimiento, la forma de concebir la naturaleza o la creación, por un lado, y los daños ambientales por el otro, son diferentes entre hombres y mujeres, y por ello, promovemos de forma variada propuestas de manejo o de gestión ambiental.  Al respecto hay mucha bibliografía valiosa en español. Cito tres libros como ejemplos: a) “Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo” de Vandana Shiva publicado en Uruguay b) “Desarrollo y feminización de la pobreza”, Ecofeminismo: hacia una redefinición filosófico-política de "Naturaleza" y "ser humano, los últimos de Alicia Puleo y publicados en España. La experiencia del Ecuador en protección de los ecosistemas de páramos, es un hermoso e inspirador ejemplo de lucha ambiental femenina en Latinoamérica y prueba de lo que se ha dicho, por ejemplo, sobre porqué las mujeres son las mejores defensoras en las negociaciones en cambio climático, y porqué sus ideas son, incluso más efectivas efectivas y sostenibles para combatir el hambre y la pobreza. Pero mientras los grupos étnicos han logrado cierto nivel de protección jurídica a través de la figura de la consulta previa hay grupos sociales que aún se encuentran a la espera de abogados creativos que puedan llevar a litigio la defensa de sus visiones. La consulta previa es un derecho de los grupos étnicos para decidir sobre proyectos o iniciativas legislativas que afecten sus territorios, para proteger su integridad cultural, social y económica. Ha sido un derecho reconocido en países como Colombia. Así, hemos visto que en Latinoamérica el aspecto social que por lo general más se resalta de las grandes luchas jurídicas en defensa ambiental es la afectación al derecho a la consulta previa de los grupos étnicos, en tanto que vulneración de su propia existencia y cultura. Pero poco o nada se ha dicho jurídicamente de la ilegalidad e inconveniencia social de un proyecto de desarrollo por la violación, por ejemplo, de los derechos de las mujeres y de su cosmovisión. Hacen falta herramientas jurídicas como precedentes jurisprudenciales, que permitan litigar y determinar, por ejemplo, que ciertos proyectos de desarrollo son o constituyen un acto discriminatorio contra la mujer.  Con esto no estoy hablando de multiplicar los ya existentes mecanismos comunes de participación en los espacios de toma de decisiones, ni la cuantificación femenina en la participación o toma de decisiones. Necesitamos precedentes jurisprudenciales que protejan el ambiente basado en la cosmovisión femenina. Necesitamos herramientas jurídicas mucho más creativas que ayuden a que, del mismo modo que lo intenta hacer la consulta previa, se puedan integrar los valores ambientales femeninos a las prácticas ambientales locales y globales de forma real y eficiente.  Video de experiencias en Colombia sobre la importancia de una visión de género en proyectos de manejo de agua dulce: TheWaterChannel

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Gladys Martínez de Lemos, asesora legal de AIDA El 25% de todas las especies marinas utilizan los hábitat de coral en algún momento de su ciclo de vida; en Costa Rica el daño a estos recursos naturales ha sido causado en gran medida por la deforestación de cuencas y otras acciones humanas. Los arrecifes de coral son un elemento escencial para el equilibro del ambiente marino porque proveen hábitat para muchas especies de consumo humano, brindan protección a las costas de la erosión y embates de huracanes, y son fuente de ingresos de las comunidades costeras que viven del turismo de buceo. Pero la falta de políticas y regulaciones claras los mantienen en peligro. Estas bellezas naturaes contribuyen al equilibrio ecológico pues son fuente de alimento de otros organismos superiores, formando redes alimentarias importantes. Su valor ambiental es tan alto que los economistas han calculado que una hectárea de arrecife coralino supera el millón de dólares por año. Aunque los arrecifes de coral cubren sólo cerca de un décimo del suelo océanico, las estimaciones sugieren que 25% de todas las especies marinas utilizan los hábitat de coral en algún momento de su ciclo de vida. Pero aún con su importancia, los arrecifes se encuentran amenazados. El calentamiento global, la acidificación de los océanos, la pesca destructiva, el desarrollo insostenible de las costas y la contaminación, entre otros, ponen en riesgo la supervivencia de los arrecifes  en Costa Rica al igual que en el resto del mundo.  Por ejemplo, en Costa Rica, el Decimo Quinto Informe sobre el Estado de la Nación señala que la “reducción en un 75% del coral vivo en el arrecife de Cahuita obedece fundamentalmente a la sedimentación, causada en gran medida por la deforestación de cuencas y otras acciones humanas”. Falta de acción de gobiernos La crisis por la que pasan los arrecifes de coral es evidente. La falta de políticas y regulaciones claras e integrales que aborden el problema; la ausencia de mecanismos de control, monitoreo y protección adecuada para estos recursos; y el bajo nivel de cumplimiento de las obligaciones internacionales vigentes relacionadas al tema. Esta situación no pueden ser más un pretexto para evadir el compromiso de conservar la biopersidad marina y los ecosistemas e incluso, que las generaciones futuras, puedan disfrutar de una visita a ver la impresionante belleza y persidad de los arrecifes. Todos tenemos un hijo, un sobrino, un primo pequeño que queremos tenga la oportunidad de gozar de las riquezas escénicas de los corales y que no se quede sin probar la valiosa proteína del pescado. Los tomadores de decisiones de países latinoamericanos que no han creado, en la mayoría de países, leyes especiales de protección para proteger específicamente los corales están ante un gran reto y ante una responsabilidad.

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