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Foto: Thomas Jundt / CC BY-NC

Victoria: Cancelan concesión para mina Crucitas por daños al ambiente

En Costa Rica, un tribunal de alto nivel canceló por primera vez la concesión para un proyecto de minería a gran escala porque violaba leyes nacionales y conllevaba riesgos para el ambiente. AIDA contribuyó a establecer dicho precedente.

La empresa Industrias Infinito, con apoyo del gobierno anterior, planeaba construir Las Crucitas, una mina de oro a cielo abierto cuyos impactos traspasaban las fronteras del país.

La construcción y la operación de la mina amenazaban la supervivencia y el modo de vida de 32 comunidades que dependen del turismo y la pesca deportiva en una zona de gran belleza y pureza. Además, el proyecto ponía en riesgo al río San Juan, que fluye a lo largo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, rodeado de una rica biodiversidad.

La lucha inició en 2008, cuando AIDA advirtió al Gobierno costarricense sobre las potenciales violaciones al derecho internacional e impactos ambientales que se debían considerar antes de permitir la implementación del proyecto. Recomendamos suspender las obras hasta que se garantizara el cumplimiento de las normas y se protegiera el ambiente y la salud humana

En noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica canceló la concesión para el proyecto, decisión que estuvo en línea con los argumentos presentados por AIDA y que reiteró la importancia de cumplir con las normas.

Felicitamos a las ONG nacionales, especialmente al Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), nuestra organización participante, por su incansable esfuerzo en defensa del ambiente y los derechos humanos. Esperamos que el precedente establecido en este caso sea replicado en otros países del continente. Además de beneficios ambientales, ello implicará importantes beneficios sociales y económicos.
 

Partners:


La controversia por la represa Belo Monte hará parte de la revisión de las Naciones Unidas sobre el desempeño de Brasil en derechos humanos

La represa está bajo revisión por violaciones ambientales y en derechos humanos. Ginebra, Suiza. Este 25 de mayo, las Naciones Unidas examinará el desempeño del gobierno brasileño en derechos humanos durante la Evaluación Periódica Universal (EPU) en Ginebra, Suiza.  Los múltiples reclamos de violaciones de derechos humanos por causa de la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingu, en el Amazonas, serán parte esencial en la Evaluación. Grupos brasileños e internacionales enviaron extensa documentación a las Naciones Unidas señalando las violaciones de derechos humanos sufridas por las comunidades indígenas y rurales ocasionadas por la represa, que será la segunda más grande de Brasil y la tercera más grande del mundo.  La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentará la información de estos y otros informes como parte de la Evaluación del desempeño del gobierno brasileño en derechos humanos. Un punto clave en la controversia sobre la represa será la falta de cumplimiento de la Resolución de abril de 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos.  La Comisión solicitó al gobierno brasileño suspender el proyecto y tomar medidas para proteger a las comunidades indígenas, incluyendo las comunidades no-contactadas en aislamiento voluntario.  Hasta ahora, el gobierno brasileño se ha negado a implementar la resolución de la CIDH o incluso a dialogar con las comunidades afectadas. Dos informes de la sociedad civil enviados por una coalición de grupos brasileños e internacionales en noviembre pasado resaltaron estos y otros problemas con el polémico proyecto hidroeléctrico.  El informe concluye que el gobierno no consultó con las comunidades afectadas y no obtuvo su consentimiento libre, previo e informado, como lo exige el derecho internacional de los derechos humanos.  También documenta violaciones a los derechos a la vida y a la salud de los pueblos indígenas y el posible desplazamiento forzado de cerca de 40.000 personas. Los dos informes hacen parte de un creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos relacionadas con los planes del gobierno brasileño para promover la construcción de grandes represas en la región amazónica. Denuncias que han sido atendidas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. "Esperamos que como resultado del EPU, el gobierno brasileño revise en profundidad el daño que sus políticas energéticas e hidroeléctricas están causando a los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales", señaló Astrid Puentes Riaño, co-directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que participó en los informes. "Brasil tiene una gran oportunidad para cambiar su modelo de desarrollo hacia uno que sea realmente sostenible y respetuoso de los derechos humanos." Andressa Caldas, directora de la organización brasileña de derechos humanos Justicia Global, dijo que Belo Monte se ha convertido en sinónimo de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y de la irresponsabilidad ambiental. "El gobierno brasileño tendrá que responder ante estas acusaciones", dijo Caldas. "Este gobierno ya está aumentado su delegación para el EPU con expertos enfocados en la defensa de la represa Belo Monte.  Pero no hay manera de justificar un proyecto tan absurdo. " ¿Qué es el EPU? La Evaluación Periódica Universal es un procedimiento en el cual todas las naciones de la ONU son evaluadas cada cuatro años por el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por representantes de diferentes países.  Durante el proceso, cada país tiene la oportunidad de demostrar las medidas que ha adoptado para mejorar la situación de derechos humanos y su cumplimiento de obligaciones bajo el derecho internacional.

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La controversia por la represa Belo Monte hará parte de la revisión de las Naciones Unidas sobre el desempeño de Brasil en derechos humanos

La represa está bajo revisión por violaciones ambientales y en derechos humanos. Ginebra, Suiza. Este 25 de mayo, las Naciones Unidas examinará el desempeño del gobierno brasileño en derechos humanos durante la Evaluación Periódica Universal (EPU) en Ginebra, Suiza.  Los múltiples reclamos de violaciones de derechos humanos por causa de la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingu, en el Amazonas, serán parte esencial en la Evaluación. Grupos brasileños e internacionales enviaron extensa documentación a las Naciones Unidas señalando las violaciones de derechos humanos sufridas por las comunidades indígenas y rurales ocasionadas por la represa, que será la segunda más grande de Brasil y la tercera más grande del mundo.  La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentará la información de estos y otros informes como parte de la Evaluación del desempeño del gobierno brasileño en derechos humanos. Un punto clave en la controversia sobre la represa será la falta de cumplimiento de la Resolución de abril de 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos.  La Comisión solicitó al gobierno brasileño suspender el proyecto y tomar medidas para proteger a las comunidades indígenas, incluyendo las comunidades no-contactadas en aislamiento voluntario.  Hasta ahora, el gobierno brasileño se ha negado a implementar la resolución de la CIDH o incluso a dialogar con las comunidades afectadas. Dos informes de la sociedad civil enviados por una coalición de grupos brasileños e internacionales en noviembre pasado resaltaron estos y otros problemas con el polémico proyecto hidroeléctrico.  El informe concluye que el gobierno no consultó con las comunidades afectadas y no obtuvo su consentimiento libre, previo e informado, como lo exige el derecho internacional de los derechos humanos.  También documenta violaciones a los derechos a la vida y a la salud de los pueblos indígenas y el posible desplazamiento forzado de cerca de 40.000 personas. Los dos informes hacen parte de un creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos relacionadas con los planes del gobierno brasileño para promover la construcción de grandes represas en la región amazónica. Denuncias que han sido atendidas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. "Esperamos que como resultado del EPU, el gobierno brasileño revise en profundidad el daño que sus políticas energéticas e hidroeléctricas están causando a los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales", señaló Astrid Puentes Riaño, co-directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que participó en los informes. "Brasil tiene una gran oportunidad para cambiar su modelo de desarrollo hacia uno que sea realmente sostenible y respetuoso de los derechos humanos." Andressa Caldas, directora de la organización brasileña de derechos humanos Justicia Global, dijo que Belo Monte se ha convertido en sinónimo de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y de la irresponsabilidad ambiental. "El gobierno brasileño tendrá que responder ante estas acusaciones", dijo Caldas. "Este gobierno ya está aumentado su delegación para el EPU con expertos enfocados en la defensa de la represa Belo Monte.  Pero no hay manera de justificar un proyecto tan absurdo. " ¿Qué es el EPU? La Evaluación Periódica Universal es un procedimiento en el cual todas las naciones de la ONU son evaluadas cada cuatro años por el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por representantes de diferentes países.  Durante el proceso, cada país tiene la oportunidad de demostrar las medidas que ha adoptado para mejorar la situación de derechos humanos y su cumplimiento de obligaciones bajo el derecho internacional.

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La reducción de los límites de plomo en los EE.UU. debería ser una señal para el gobierno de Perú al considerar la reapertura del complejo metalúrgico de La Oroya

Los niveles deberían ser cero para realmente proteger a los niños. San Francisco, EE.UU. El gobierno de Perú debería reducir los límites de exposición al plomo a raíz de los cambios hechos por las autoridades de salud pública de los Estados Unidos, mientras que considera la reapertura del complejo metalúrgico de La Oroya donde la tasa de envenenamiento por plomo en niños y niñas es muy alto. El 16 de mayo de 2012, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE.UU. redujo a la mitad su recomendación para la exposición al plomo en niños y niñas, siendo esta la primera reducción en 20 años. El nuevo estándar recorta a la mitad el umbral apropiado considerado un riesgo para los niños y niñas menores de seis años, de 10 microgramos por decilitro de sangre a 5 microgramos/decilitro.  El CDC concluyó que cualquier exposición al plomo en niños es peligroso y que el plomo es conocido por estar asociado con coeficientes intelectuales reducidos, problemas de aprendizaje, desorden de déficit de atención e hiperactividad (ADHD) y problemas de comportamiento.  El CDC también dijo que los impactos de envenenamiento por plomo son irreversibles. Además, el CDC concluyó que va a reenfocar su estrategia para prevenir la exposición al plomo en niños y niñas, en vez de seguir con un enfoque clínico de responder a los impactos de exposición. Occupational Knowledge International, una organización de San Francisco, California, dedicada a reducir la exposición al plomo, calificó la decisión del CDC como “un cambio histórico en la política de prevención de envenenamiento por plomo.” Esta decisión es una señal de alerta para el gobierno de Perú para enfrentar los problemas de salud pública por plomo en diversos sitios, en particular respecto a Doe Run Perú en la ciudad de La Oroya.  La compañía, que pertenece al multimillonario Ira Rennert del Grupo Renco con sede en Nueva York, quiere reabrir el complejo metalúrgico que fue cerrado en 2009 por incumplimiento de sus obligaciones del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) incluyendo la reducción de emisiones de plomo que han envenado especialmente a los niños y niñas de la ciudad.  El gobierno debería considerar los hallazgos del CDC e insistir en la reducción de las emisiones de plomo si decide aceptar la reapertura del complejo metalúrgico por cualquier operador. “El reconocimiento del CDC de que ningún nivel de plomo es sano es una muestra aún más importante para el gobierno peruano para tomar acciones en la ciudad de La Oroya y prevenir el envenenamiento por plomo,” dijo Anna Cederstav, Co-Directora de AIDA. “El impacto permanente del envenenamiento por plomo en niños es peor de lo que pensábamos. Cualquier nivel de plomo ya no es considerado seguro.” El gobierno de Perú les debe a los niños y niñas de La Oroya y del país reducir su exposición a plomo para asegurar una vida más sana.

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