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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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La Junta Directiva de AIDA se renueva
Damos la bienvenida con orgullo a los nuevos integrantes: Xavier Martínez Esponda, Mónica Roa y Manuel Pulgar-Vidal, profesionales destacados en el ámbito del derecho y en la defensa del ambiente y los derechos humanos en América Latina. Tras conocerse los resultados de nuestras elecciones internas, la Junta Directiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente se renueva con la incorporación de tres personas para el próximo periodo de tres años renovables. Nos sentimos honrados al dar la bienvenida a Xavier Martínez Esponda, destacado abogado mexicano y Director Técnico – Operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Mónica Roa, reconocida abogada colombiana y defensora de los derechos de las mujeres; y Manuel Pulgar-Vidal, reconocido abogado ambiental peruano, exministro del Ambiente de Perú y actualmente Líder de Clima y Energía de WWF Internacional. Manuel Pulgar-Vidal regresa a la Junta Directiva de AIDA, la cual presidió durante ocho años luego de ayudar a fundar la organización en 1998. La Junta Directiva está presidida por Manolo Morales, de Ecuador, Director Ejecutivo de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX. Tiene como Vicepresidente a Jerónimo Rodríguez, de Colombia, Subdirector del Programa Riqueza Natural de Chemonics International; como Oficial Financiero a Martin Wagner, de Estados Unidos, Director del Programa Internacional de Earthjustice; y como Secretaria a Margot Venton, de Canadá, abogada de Ecojustice. Y tiene además como miembros a Rafael González, de Costa Rica, Presidente de Justicia para la Naturaleza (JPN) y a Pedro Solano, de Perú, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Como la única organización regional de expertas y expertos latinoamericanos que brindan apoyo legal y técnico gratuito para proteger el ambiente y a las comunidades del continente, AIDA busca fortalecerse constantemente, lo que incluye el rol importante que cumplen los miembros de nuestra Junta Directiva.
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Abramos los ojos a los daños de la producción de salmón en Chile
Hace poco fui a cenar con unos amigos. Dos de ellos pidieron salmón. El plato era bastante costoso porque, pese a que Chile es el segundo productor de salmón a nivel mundial, es una especie introducida en el país y una de las más apetecidas para el consumo nacional. Me pregunté si mis amigos eran conscientes del daño que la producción industrial de salmón está causando en nuestros mares y respetuosamente les pedí su opinión. Su respuesta fue lapidaria: “Son exageraciones, no creo que sea para tanto…” Lamentablemente, esperaba esa respuesta. El daño ambiental de la salmonicultura en Chile es invisible. Es una realidad grave, pero oculta. Actualmente, tengo el privilegio de realizar una pasantía en AIDA y me gustaría compartir este espacio para generar conciencia sobre el tema. Una industria no sostenible El pasado 5 de julio, la fuga de cerca de 700 mil salmones de una granja de la empresa Marine Harvest en la Isla Huar, Región de Los Lagos, reavivó el debate público sobre los daños de la industria salmonera en Chile. El escape, causado por daños a la infraestructura de las jaulas de salmón tras una tormenta, podría representar una de las mayores catástrofes ambientales desde que el cultivo de salmón se inició en el país, en los años 80. Pero ¿cuál es el problema? No es uno, son varios. Y comenzaron a ser visibles el 2007, cuando se registró el primer caso de Anemia Infecciosa del Salmón, enfermedad que provoca la muerte de los peces. Aunque se adoptaron medidas sanitarias y de infraestructura, el problema de fondo no fue resuelto: la sobrecarga de peces en espacios marinos, que provoca falta de oxígeno y eventualmente zonas muertas. Esas malas prácticas llevan además al uso excesivo de antibióticos para tratar diversas enfermedades e infecciones en los peces y, eventualmente, a otros problemas como la generación de algas nocivas y luego de mareas rojas que arrasan con la vida marina. Tras la fuga masiva de salmones, existe un riesgo grave para la salud pública porque los peces que escaparon estaban recibiendo tratamiento con antibióticos, de manera que no son aptos para el consumo de personas ni de otros animales. Sin embargo, en los primeros días luego de la fuga y pese a las advertencias de las autoridades, pescadores de la zona capturaban salmones para venderlos a precios absurdamente bajos (entre 1 y 4 dólares el kilo). Un riesgo adicional es que los salmones fugados podrían asentarse en ecosistemas marinos de los que no son originarios. Al ser una especie carnívora, el salmón arrasa con todo a su paso, en especial con la fauna nativa. Es más, según Greenpeace, la fuga sería equivalente a una plaga de 140 millones de ratones que depredarán lo que encuentren en su camino. Aunque por norma la empresa debía recapturar al menos al 10% de los salmones, no lo ha logrado, pese a ofrecer recompensas de hasta 11 dólares por cada pez. La tarea es complicada porque los salmones son presa de lobos marinos y otros depredadores. Todo lo anterior desnuda un problema estructural: la falta de control y regulación del gobierno frente a una industria que no es sostenible. El caso de la empresa Marine Harvest es un ejemplo más de cómo la industria salmonera incumple normas ambientales. Según el Servicio Nacional de Pesca, unos 3.3 millones de salmones han escapado desde los distintos centros de cultivo en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes en los últimos ocho años. Medidas urgentes De seguir así, la producción industrial de salmón podría acabar con la biodiversidad de los mares chilenos. Otros países han asumido acciones más drásticas frente a hechos similares al ocurrido en la Isla Huar. En Estados Unidos, por ejemplo, el Estado de Washington decidió apuntar a la eliminación gradual de las granjas de salmón, tras el escape de 300 ejemplares de un centro de cultivo. En AIDA trabajamos para proteger a la Patagonia chilena, la región más prístina del país y en cuyas aguas la industria del salmón pretende seguir expandiéndose. Presentamos una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente, solicitando que investigue los daños que los criaderos de salmón están generando en la región de Magallanes, y que sancione a las empresas responsables. Encargamos, además, la elaboración de un informe científico que evidencia la delicada situación en esa zona. Ojalá mis compatriotas puedan sacarse pronto el velo de los ojos y entender que la búsqueda de una solución es una causa común. Al final de cuentas, aquel delicioso bocado de salmón puede resultar más costoso de lo que creen.
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Comunidades indígenas de Guatemala presentan reclamo ante el BID por los daños de dos represas
Solicitan que el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo recomiende que la entidad financiera retire su inversión de las hidroeléctricas Pojom II y San Andrés porque al financiarlas incumplió sus propias políticas operativas. La planificación y ejecución de los proyectos ha causado daños a fuentes de agua y a los medios de vida de pueblos indígenas y mujeres. Washington D.C. Comunidades afectadas por las represas Pojom II y San Andrés en la microrregión de Ixquisis —representadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Ancestral Plurinacional Q'anjob’al, Popti, Chuj y Akateko — presentaron una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ella solicitan que se recomiende al BID retirar su inversión debido a que incumplió sus propias políticas operativas al financiar las hidroeléctricas, cuya planeación y construcción ha resultado en daños sociales y ambientales. “Los daños causados por la implementación de ambos proyectos son el resultado del incumplimiento de las políticas operativas del BID, en particular de su política ambiental y de sostenibilidad, la de pueblos indígenas, la de género y la de divulgación de información”, explicó Liliana Ávila, abogada de AIDA. En la queja se detalla que las represas fueron autorizadas sin que las comunidades fueran adecuadamente consultadas y que éstas no han recibido información suficiente sobre los riesgos de los proyectos. Además, ante su resistencia pacífica a los mismos, las personas afectadas han sufrido ataques, amenazas, hostigamiento e incluso se denunció el asesinato aún no esclarecido de una de ellas en 2017. De otro lado, la construcción de las represas ha causado daños ambientales como la escasez de agua y la contaminación de ríos, afectando la pesca, la agricultura y los modos de vida tradicionales de las comunidades de Ixquisis, departamento de Huehuetenango, mayormente indígenas mayas y donde sobresalen las etnias Chuj, Q’anjob’al y Akateko. “Esos daños son sufridos de manera diferenciada por las mujeres, aspecto destacado en la queja, pues son ellas las que administran el uso del agua en sus hogares”, dijo Anabella Sibrián, de la Plataforma Internacional contra la Impunidad. “Las mujeres de Ixquisis enfrentan la estigmatización y viven con miedo a represalias hacia ellas o sus familias por su oposición a las represas”. La hidroeléctrica Pojom II es promovida por la empresa Generadora San Mateo S.A., mientras que San Andrés está a cargo de Generadora San Andrés S.A. Ambas empresas son subsidiarias de Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., una compañía nacional. En 2013, el BID Invest, brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó un préstamo de hasta 9 millones de dólares para la construcción de Pojom II y de hasta de 6 millones para el proyecto San Andrés. “Esperamos que el mecanismo de rendición de cuentas del BID concluya que el banco incumplió sus políticas y recomiende, por tanto, que el BID Invest retire la inversión de los proyectos”, enfatizó Ávila. La lucha de las comunidades de Ixquisis por el agua y el territorio fue recientemente galardonada por la organización internacional Front Line Defenders con el Premio para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo 2018. Encuentra aquí más información del caso. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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