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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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Honrando la conexión de los pueblos indígenas con el río San Pedro Mezquital
Las montañas de la Sierra Madre Occidental, en el noroeste de México, se elevan como gigantes desde los humedales costeros del Golfo de California hasta el Altiplano Central del país. En estas tierras aisladas, comunidades indígenas han encontrado por mucho tiempo refugio y el espacio sagrado para mantener su cultura y su forma de vida. El ultimo río que corre libre en la región corta suavemente estas montañas, tallando valles fértiles, llevando agua y vida a los humedales de Marismas Nacionales. Los pueblos Náyeri y Wixárika veneran al río San Pedro Mezquital, que trae vida a sus tierras y a muchos de sus sitios sagrados, esparcidos a lo largo de su curso sinuoso. A pesar de su importancia, el río —y con él los derechos de más de 15,000 indígenas— está en riesgo debido al proyecto hidroeléctrico Las Cruces. El embalse de la represa inundaría 14 de sus sitios sagrados ceremoniales y amenaza su cultura y forma de vida. En mayo, tuve el honor de caminar al lado de los Náyeri y Wixárika, y de participar de una ceremonia conjunta destinada a mostrar su compromiso con la defensa de sus derechos ante el megaproyecto impulsado por el gobierno. Es un compromiso que fue reafirmado recientemente, cuando representantes de esos pueblos indígenas expusieron su caso ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las imágenes que capturé del peregrinaje son un testimonio de la belleza y de la fuerza de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Madre Occidental. Dejamos la ciudad de Rosamorada en Nayarit para peregrinar hacia Keiyatsita, un sitio ceremonial sagrado en las márgenes del río San Pedro Mezquital. Caminamos en una sola fila, serpenteando entre las montañas, y luego bajamos a la orilla del río. Cuando llegamos al caudal, hicimos un ritual en el que nos marcaron con ceniza y harina de maíz criollo para que estar protegidos durante el viaje. Caminar junto a tantas personas indígenas, de todas las edades —padres y madres, niños, niñas, ancianos y ancianas— fue una experiencia enriquecedora e inspiradora. Esta peregrinación en particular fue histórica, porque hizo de dos comunidades diferentes —los Náyeria y los Wixárika— una sola, para honrar los espacios sagrados que comparten. En una declaración conjunta, escribieron que, más allá de las razones espirituales para la ceremonia, ellos se unieron para: “unificar las fuerzas contra el proyecto hidroeléctrico 'Las Cruces' de igual forma para demostrarle al estado mexicano que no estamos solos y que no estamos aislados… Ambos pueblos originarios después de esta ceremonia histórica fortaleceremos más nuestra lucha y defensa en contra del proyecto hidroeléctrico antes mencionado desde el ámbito cultural, espiritual, política y jurídica, así mismo consolidaremos nuestros lazos con otros pueblos indígenas de México y del mundo”. Caminaron para honrar al río, para cuidar de la madre Tierra y para demostrar su compromiso con la protección de sus sitios sagrados. Los dos grupos indígenas se ven a sí mismos como guardianes de esos espacios, sitios como Keiyatsita que les brinda conocimiento y sabiduría para proteger a la Tierra. Estos sitios son vitales no sólo para su memoria histórica, sino también para su cultura e identidad. La ceremonia sagrada en Keiyatsita comenzó por la tarde. Hubo canciones, rezos y bailes con lo que ellos expresaron su devoción a Tatei Niwetsika o Madre Maíz, la diosa nativa del maíz, en sus cinco colores: amarillo, azul, rosa, blanco y rojo. A mitad de la noche, los animales que caminaron con nosotros en medio de las montañas, fueron ofrecidos a los dioses en las aguas del río. Los rezos, las canciones y la ceremonia duraron toda la noche. Estos sitios sagrados a lo largo del río San Pedro Mezquital son espacios vivos y parte de lo que hace a México tan rico. Son el reflejo de las culturas y tradiciones indígenas que continúan muy vivas en las montañas de la Sierra Madre Occidental. Son lugares que, por su importancia cultural y espiritual, deben ser honrados y protegidos como parte de nuestro patrimonio internacional. Los pueblos indígenas son los mayores guardianes de nuestro planeta. Y ahora, les hacemos un nuevo llamado para proteger este único y preciado lugar: el último río que fluye libre en el noroeste de México y las tierras que recorre, desde las cimas de Durango hasta los manglares de Nayarit, que tiene su salida al mar del Golfo de California. Representantes de las comunidades indígenas de Nayarit se presentaron ante Victoria Tauli-Corpuz, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y expresaron su oposición a la hidroeléctrica que amenaza su territorio y su modo de vida. Explicaron que no han dado ni darán su consentimiento para un proyecto que destruiría sus sitios sagrados y al río que les da vida. ¡Conoce más de la lucha para proteger al río San Pedro Mezquital
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Informe sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en México
El informe y su anexo (con casos emblemáticos) tienen como objetivo visibilizar las principales violaciones a los derechos de las personas y comunidades indígenas en México. Este esfuerzo es un resultado colectivo de las organizaciones de la sociedad civil mexicana, comunidades y colectivos que históricamente se han dedicado a la defensa de los derechos humanos en el país. El documento se compone de nueve apartados que abordan el contexto nacional que describe los límites, obstáculos y desafíos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en el país para posteriormente entrar al análisis de violaciones que se han agrupado en temáticas como la autonomía y la libre determinación, una demanda colectiva que continúa siendo una deuda histórica del Estado mexicano hacia los pueblos indígenas, situación que ha provocado otras violaciones a sus derechos. Además, se aborda el tema de las violaciones al derecho al territorio derivado de una multiplicidad de causas como la implementación desmedida de megaproyectos de infraestructura y desarrollo que se autorizan, construyen y operan sin respetar la tierra y territorios de los pueblos, ocasionando impactos significativos en su integridad cultural, social, y económica entre otros derechos. Otro tema a tratar es la cuestión de la falta de acceso a la justicia como un gran obstáculo para proteger sus derechos humanos, y sobre todo, reparar de manera integral las violaciones a los mismos. Finalmente, se analiza la situación de inseguridad y violencias que enfrentan las personas y comunidades indígenas y de las cuales también son víctimas, este hecho agudiza y profundiza el impacto de las violaciones a sus derechos humanos. El último apartado es un anexo que compila fichas de casos sobre violaciones a los derechos de los pueblos en todo el territorio mexicano, si bien, no podemos decir que se trata de todos los casos en el país, si refleja una aproximación de la situación crítica y de las principales violaciones que sufren los pueblos y comunidades indígenas. Cabe señalar, que este documento ha sido elaborado con motivo de la visita oficial a México de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en noviembre del presente año. Esperamos que la información proporcionada por la sociedad civil mexicana sea de gran utilidad para su Informe de Misión ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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Relatora de la ONU se encontrará con representantes de pueblos indígenas para conocer su situación de derechos humanos y colectivos
La Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas visitará Chiapas, Chihuahua y Guerrero para conocer las problemáticas específicas en los territorios. Los temas principales que se abordarán son discriminación, autonomía y territorios indígenas, armonización de la legislación interna, megaproyectos, acceso a la justicia e impactos de la violencia en las mujeres y pueblos indígenas. La situación de los derechos de las mujeres indígenas es de especial interés para la Relatora, por lo que proporcionará espacios especiales de diálogo con ellas durante su visita. Ciudad de México. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, llevará a cabo una visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre. 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Organizaciones firmantes: Alerta Temprana Red, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México, Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (EN VERO), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMDEHU), Zihuame., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), Red en defensa de los territorios indígenas de la Sierra Tarahumara (Consultoría Técnica Comunitaria, Alianza Sierra Madre y Awé Tibúame), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, A. C., Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", DECA Equipo Pueblo A.C., Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero , Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), OXFAM México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).Fundación Diego Lucero, Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, En Vero, Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban , A.C. , Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México, ANAD, RUMODH, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), MA OGM Colectivo, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Business y Human Rights Resource Centre, Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Indignación, A.C), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Victoria A.C., CONECTA CULTURA AC (Ciudad de México). Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana).
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