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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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A un mes del #19S, sigamos despiertos y en cadena humana
Llevo poco más de 13 años viviendo en la Ciudad de México. Y nunca como desde el pasado 19 de septiembre me había sentido tan orgullosa y feliz de vivir aquí. Hoy, por encima de las lágrimas, el miedo y la angustia, me quedo con la solidaridad, el amor y otras muestras de una ciudadanía despierta que resuelve problemas y actúa unida. Con todo, durante estas semanas, ha permanecido ese ánimo de ser ciudadanos, de ayudar y de compartir. Sintiendo felicidad y orgullosos de hacerlo, y en general sin dar publicidad de las buenas acciones. Eso es justamente lo que espero que podamos rescatar y mantener. En lugar de volver a ser habitantes anónimos y desconectados en esta monstruosa ciudad, habitantes temerosos de lo desconocido, de las sombras y de los otros. Convendría reinventarnos para ser y ejercer nuestra ciudadanía: ser habitantes involucrados y activos. Es lo mínimo que podemos hacer para honrar a las personas que fallecieron y que perdieron sus casas y formas de vida. Solo así habría valido la pena todo el dolor. Hace un mes, después del temblor de las 13:14, la Ciudad de México fue otra. Sus habitantes salimos a las calles a ayudar. Lo hicimos según nuestras propias posibilidades. Fue impresionante cómo pusimos nuestras profesiones, oficios y pasatiempos al servicio de los demás: medicina, ingeniería, arquitectura, cocina, albañilería, carpintería, psicología, terapia, abogacía, educación, comunicaciones, actuación, arte. Todo fue útil de una y mil maneras. El rol de vecinos y negocios fue esencial. Una gran cantidad de restaurantes y cafés ofrecieron bebidas, comida y hasta los sagrados servicios sanitarios a quien lo necesitara. Se abrieron también a la gente redes de internet y conexiones eléctricas para la carga de celulares. A ello se sumó la labor de miles de personas en sitios derrumbados, y centros de acopio y distribución de ayuda. Vimos una ciudad incansable, real, viva, despierta, conectada y solidaria. Me pregunto entonces si mantener esas prácticas generosas haría que la calidad de vida en la ciudad mejore. Podríamos salir de la vergonzosa lista de las tres peores ciudades para vivir en América Latina, publicada por The Economist. Pero aún más importante: viviríamos más seguros, tranquilos y felices. Si abordáramos los problemas de la ciudad de la forma en que actuamos durante las horas y días posteriores al sismo, muchas cosas serían diferentes. Por ejemplo, ante la corrupción, si en lugar de solo quejarnos, hiciéramos una cadena humana para denunciarla, buscar las soluciones y en efecto implementarlas, ¿te imaginas la diferencia? Si ante la contaminación ambiental, conociéramos mejor las causas y las soluciones y exigiéramos acciones efectivas al gobierno y a los responsables del daño. Si ante las irregularidades en el desarrollo urbano, evidenciadas por el sismo, hiciéramos y apoyáramos una vigilancia ciudadana para asegurar que se den seguimiento a las quejas y se cumplan códigos y normas. Si ante la inequidad, formaríamos otra cadena humana para una distribución equilibrada de los recursos allá donde se requiere. Ya vimos que se puede, ya vimos que todos podemos dar un poco más de lo que en general damos. Vimos que cuando hay confianza y encontramos el tiempo de buscar cómo y a quién ayudar, la mayor recompensa en con nosotros mismos. Así que hoy, a un mes del sismo, te invito a seguir siendo cadena humana, por nuestra ciudad, por nuestro país, por la región y por el planeta. Porque al ser protagonistas y encontrar soluciones, en lugar de ser víctimas y permanecer en la zona de quejas, podemos hacer una diferencia. Vimos que el gobierno no alcanza y que en nuestras manos está demostrarnos que podemos hacer más. De mi lado y desde mi trinchera, en AIDA, una organización regional no gubernamental, continuaré trabajando como abogada ambientalista. Con el compromiso adicional de seguir conectada con mis vecinos y comunidad para contribuir a la reconstrucción de la ciudad. Y tú, ¿qué cadena humana formaste el día del sismo y cuál quieres formar o fortalecer ahora?
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Alertan de riesgos por posible autorización de pesca de totoaba
Es irresponsable fomentar esta práctica sin saber el estado poblacional: ONG. Comercio “legal” de la especie hará más difícil detectar el mercado negro. Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil señalaron de irresponsable al gobierno mexicano por haber prometido la legalización de la pesca de totoaba, especie en peligro de extinción, en el Alto Golfo de California para los primeros meses del próximo año, sin considerar que se requieren cambios en las legislaciones nacionales e internacionales antes de dar falsas esperanzas a los pescadores de la zona. En un informe sobre las consecuencias de legalizar el comercio de totoaba, las organizaciones señalaron que aunque en México se adecúen las leyes, este pez no podría venderse internacionalmente porque está enlistado en el Apéndice I de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que prohíbe la venta de ejemplares, partes y derivados de especies en peligro de extinción y del cual México forma parte. El pez totoaba es una especie endémica mexicana en riesgo de desaparecer, cuya vejiga natatoria (órgano de flotación) carece de valor en nuestro país, pero que en el mercado asiático se vende en miles de dólares. Es por ello que está siendo capturado sin control, pese a que está prohibido. Para que México pueda exportar legalmente vejigas de totoaba a países de Asia u otros continentes, el gobierno tendría que modificar leyes nacionales y lograr cambios en los requisitos actuales de la Convención, cuya próxima reunión será en 2019. De lo contrario, lejos de desalentar el comercio ilegal de productos de totoaba, podría generar una mayor disponibilidad de vejigas para el mercado negro. Lejos de ayudar a “aliviar”el saqueo ilegal de totoabas, lo alentará, con el agravante de crear confusión en la identificación de ejemplares obtenidos de forma lícita. Lograr las transformaciones legales demandará tiempo y esfuerzo sustanciales, y es algo que pudiera no ser aprobado por los otros Estados miembros de la Convención, por lo que es lamentable que el gobierno se comprometa con las comunidades pesqueras a que podrían beneficiarse del comercio de totoaba sin ser totalmente transparentes con la situación. Así lo denunciaron la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Defenders of Wildlife, Conservación de Mamíferos Marinos de México (Comarino), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), el Centro para la Diversidad Biológica (CBD), el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) y Greenpeace. Las organizaciones ambientalistas señalaron que antes de abrir la captura de totoaba con fines comerciales, “de repoblamiento” o incluso de pesca deportiva, debe conocerse el estado de su población (abundancia de ejemplares) a través de un estudio serio y arbitrado por expertos independientes, más allá de la evaluación que realiza el Instituto Nacional de Pesca, el cual no se ha dado a conocer, pero podría servir de base científica si se realiza correctamente, sin inventar o excluir datos. Es urgente conocer el número de ejemplares de totoaba para tomar decisiones basadas en la mejor información disponible si el gobierno mexicano pretende reabrir el comercio de esta especie. Según las organizaciones firmantes, otorgar permisos sin saber el estado poblacional de la especie, sus tendencias, las condiciones de su hábitat, así como las amenazas a corto y largo plazo, a fin de determinar si el pez se puede o no ser explotado de manera sustentable, no solo es una decisión irresponsable sino moralmente cuestionable porque amenaza su conservación. Las organizaciones consideraron indispensable crear una Norma Oficial Mexicana o Programa de Manejo de pesca de la especie que establezca todas las regulaciones para garantizar una pesca sustentable que no afecte a las poblaciones silvestres, e incluya las medidas para reducir las amenazas vigentes y el aprovechamiento integral de la especie, así como las medidas que permitan la puntual y correcta vigilancia de las embarcaciones durante el proceso de pesca. Entre esas medidas pueden estar un sistema de monitoreo satelital, un programa de observadores a bordo, un sistema de video y otras. De otra manera, solo se podrá esperar un manejo deficiente que conduzca al deterioro de las poblaciones de la totoaba y a un aumento en el tráfico ilegal de sus productos. Todo esto lleva mucho tiempo y hasta ahora no hay indicios de que se esté trabajando en ello. Actualmente existen en México seis Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre" (UMAs) de totoaba avaladas por la Semarnat. Los titulares de las UMA tienen autorizado llevar a cabo la engorda, comercialización, repoblamiento y acciones de conservación del pez. Sin embargo, según los permisos, sólo están obligadas a utilizar el 20% de la producción de juveniles con fines de repoblamiento. Dado que el porcentaje restante se puede comercializar, es posible afirmar que el propósito principal de las UMA es la venta de ejemplares de totoaba, en lugar de la recuperación de su población. Por otra parte, la empresa mexicana Cygnus Ocean Farms SA de CV, que ya tiene un permiso de acuacultura de fomento, ha obtenido también una autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Semarnat para un proyecto de acuacultura comercial de totoaba frente a la costa de Guaymas, Sonora. El gobierno mexicano está enviando mensajes contradictorios pues por un lado pide a China que incrementar esfuerzos para detener el comercio ilegal de productos totoaba y prohíbe su captura en México, pero al mismo tiempo hace promesas y adopta medidas para legalizar su comercio y promover la pesca deportiva. Contactos de prensa: Edith Martínez, Greenpeace, [email protected], Cel. +52 1 55-6256-3563 Ricardo Ruiz, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), [email protected] Alejandro Olivera, Centro para la Diversidad Biológica, Cel. 6121040604 Camilo Thompson, AIDA, [email protected], Cel. 9671302346 Juan Carlos Cantú, Defenders of Wildlife de México, [email protected], 5596-2108
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Recurriendo a la justicia para evitar los daños del fracking
El fracking se está expandiendo con rapidez en América Latina. Si dejamos que se desarrolle a ciegas, podría causar daños irreparables no solo al ambiente, sino también a la salud de las personas. Para Claudia Velarde, abogada ambientalista boliviana, la Madre Tierra y las personas no deben ser entendidas como seres diferentes o aislados. “Las actividades que afecten la conservación de la naturaleza, necesariamente van a tener una repercusión en nuestra vida”. Esa firme creencia la llevó a unirse al equipo de abogados de AIDA a comienzos de este año, y a ser parte de los esfuerzos para proteger el ambiente de actividades extractivas tan dañinas como el fracking y la minería a gran escala. Desde el Programa de Agua Dulce, Claudia ayuda a coordinar el trabajo de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, una coalición de organizaciones que promueve el debate público, la concientización y la educación entre grupos de la sociedad civil, y que apoya esfuerzos de resistencia de comunidades en toda la región frente al avance del fracking. Riesgos confirmados La extracción de gas y petróleo mediante la fracturación hidráulica o fracking podría tener “un efecto nefasto” en la calidad y la disponibilidad de agua potable. Así lo concluyó el estudio más completo realizado hasta la fecha en Estados Unidos por la Agencia de Protección Ambiental del país pionero en el uso de esa técnica. Según el estudio, los impactos se deben a que en los pozos de fracking se utilizan grandes cantidades de agua, la cual es inyectada en el subsuelo junto con altas concentraciones de químicos para fracturar rocas que llevan hidrocarburos dentro. Esos fluidos pueden contaminar yacimientos subterráneos de agua. Además, las estructuras de salida de los pozos no son lo suficientemente sólidas como para evitar la contaminación. Al dañar fuentes de agua, el fracking también afecta la vida de personas, animales, plantas y ecosistemas enteros que dependen de ese recurso. Cerca de la Laguna de Llancanelo, una de las más importantes del norte argentino, se busca desarrollar actividades de fracking. Ignorando el peligro “La dependencia a los combustibles fósiles nos está llevando a una crisis ambiental y climática sin precedentes”, afirma Claudia. “El fracking tiene graves impactos por lo que es importante que la población tenga la información real y completa sobre las políticas y los procedimientos relacionados con esta técnica”. Uno de esos procedimientos es la evaluación adecuada de los posibles daños ambientales y la identificación de medidas para mitigarlos, paso previo a la autorización de cualquier operación de fractura hidráulica. Sin embargo, gobiernos en la región no están haciendo respetar ese requisito. En Mendoza, una de las principales ciudades de Argentina, la autoridad ambiental dio el permiso para que la empresa Petrolera El Trebol S.A. explore y explote cuatro pozos petroleros del modo convencional, es decir, sin usar fracking. El procedimiento para otorgar el permiso sí incluyó una Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, meses después, la empresa decidió cambiar su forma de trabajo por la técnica de fracturación hidráulica. Y mediante un proceso abreviado, el gobierno autorizó el cambio sin exigir un nuevo estudio de los posibles daños ambientales de la actividad, a ser desarrollada cerca de la Laguna de Llancanelo, humedal de importancia internacional. Ante ello, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, recurrió a la justicia y presentó un amparo para invalidar las autorizaciones emitidas por el gobierno. Entre sus argumentos está que además de vulnerar la obligación de presentar y requerir una Evaluación de Impacto Ambiental, el gobierno tampoco respetó el derecho a la consulta previa e informada de las comunidades que podrían verse afectadas por la operación de fracking en Mendoza. “Acudimos a la justicia para que le pongan un freno a este atropello y la sociedad tenga la oportunidad de discutir, con información, si quiere o no este tipo de actividades que dañan el ambiente irremediablemente”, dice Santiago Cané, Asistente de Participación de FARN. “En caso de aceptar el fracking, éste deberá hacerse teniendo los cuidados necesarios, regulación específica y las medidas suficientes para evitar daños o mitigarlos”. AIDA apoyará el trabajo legal de FARN con argumentos de derecho internacional. El más importante se basa en el principio de precaución, que debe ser aplicado ante la existencia de peligro o riesgo de daños graves al ambiente y la salud humana, y la incertidumbre sobre los mismos. “Dado que no existe un estudio con la información técnica suficiente sobre los posibles daños del fracking, debe aplicarse este principio para la adopción de medidas que eviten la consolidación de dichos impactos en este y otros casos”, explica Claudia. Pese a la evidencia científica sobre las consecuencias nefastas del fracking, el uso de la técnica se está expandiendo en América Latina. Ante esa tendencia y junto con nuestros aliados, en AIDA seguiremos trabajando para encontrar, mediante el uso de la ley, soluciones locales que repercutan en toda la región.
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