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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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América Latina avanza contra el cambio climático
Ante un Estados Unidos no comprometido con la lucha para combatir el cambio climático, América Latina avanza en esa tarea clave. Países de la región buscan proteger la naturaleza mediante leyes y proyectos sostenibles. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para que proyectos extractivos y de infraestructura sean implementados sin dañar el ambiente. Más de la mitad de la biodiversidad del planeta está en América Latina y el Caribe, región que alberga además al 40% de las especies de plantas y animales del mundo. Y, por si fuera poco, en el continente está la mayor cantidad de recursos genéticos de especies cultivadas y consumidas, una reserva clave para la seguridad alimentaria mundial. La pérdida de esa biodiversidad implica quedarnos también sin una gran aliada en la lucha contra el cambio climático, ya que las abundantes áreas verdes capturan el exceso dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera y permiten la regulación climática. Pero esos recursos están en peligro latente debido a los patrones de desarrollo insostenible, incluyendo las industrias destructivas, la tala indiscriminada de árboles, la agroindustria y la construcción de infraestructura inadecuadamente planificada y no sostenible como las grandes represas. Estados Unidos, uno de los principales emisores de los contaminantes responsables del cambio climático, ha negado el problema y les da la espalda a los esfuerzos mundiales para dar con soluciones efectivas. Ahora es el turno del resto del mundo. Algunos gobiernos de América Latina están dando el ejemplo con la adopción de leyes, políticas y proyectos orientados a cuidar entornos naturales fundamentales para contrarrestar los cambios extremos en el clima. Pese a ello, todavía necesitamos mejores decisiones y regulaciones más estrictas en la región. Límites, políticas y proyectos Como una taza de té caliente en un día gris, en Latinoamérica se han aprobado leyes y políticas para proteger ecosistemas claves, se ha dado voz a la gente en cuanto al cuidado de su territorio, y se han implementado proyectos sostenibles, el complemento perfecto para la larga lucha contra el cambio climático. 1. Prohibiciones a la minería. Algunos países de la región han promulgado leyes que protegen las fuentes de agua, los bosques y la biodiversidad global de los daños de la minería a gran escala: a) El Salvador: La Asamblea de ese país aprobó en marzo de este año una ley que prohíbe la minería metálica subterránea y a cielo abierto. La medida respondió a fuertes presiones de organizaciones ambientales y de defensa de los derechos humanos, así como de la iglesia católica. b) Colombia: En mayo pasado, el 98% de los votantes de Cajamarca le dijeron no a la minería en su territorio en una consulta popular, la cual fue una iniciativa ciudadana. 2. Protección de humedales. Los ríos, lagos, manglares y otros humedales son entornos fundamentales. Los manglares, por ejemplo, capturan más dióxido de carbono que los bosques tropicales. En la región, dos países han apostado por la creación de políticas nacionales orientadas específicamente a su conservación: México y Costa Rica. 3. Áreas protegidas. La creación de zonas naturales protegidas permite un manejo adecuado y responsable de los recursos naturales por parte de gobiernos y sociedad. En ese sentido, algunos países han caminado en la dirección correcta: a) Panamá: En 2015, ese país dio un gran paso al promulgar una ley nacional que protege el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía, un ecosistema clave para la preservación de la biodiversidad y el suministro de agua. b) Chile: Ese mismo año, el gobierno chileno creó una de las áreas marinas protegidas más grandes del planeta, ubicada a 911 kilómetros al oeste de la costa del país. La decisión fue muy acertada considerando que el océano es un gran aliado para combatir el cambio climático, pues absorbe el 90% del exceso de calor provocado por el calentamiento global. c) Belice: El país prohibió el año pasado la exploración petrolera en su sistema coralino, el segundo sistema de corales más grande del mundo. Los arrecifes, como parte del bello océano, contribuyen capturando el dióxido de carbono de la atmósfera y favorecen a la generación de diferentes organismos marinos. 4. Proyectos verdes. Trabajando juntos, gobiernos, comunidades y organizaciones no gubernamentales de la región han implementado proyectos innovadores que consienten al planeta. Varios de ellos destacan como finalistas en la carrera por obtener uno de los Premios Latinoamérica Verde de este año: a) “Ser Pronaca Es Cuidar El Agua” (Ecuador): Proyecto de huella hídrica que busca reducir el consumo de agua, optimizando su uso y potenciado los sistemas de tratamiento. b) “Restauración y recuperación de bosques de Manglar” (Panamá): Reforestación de zonas de manglar en Panamá, afectadas por la industria bananera. c) “Una escuela sustentable” (Uruguay): Centros educativos sustentables. El primero fue construido en 2016 con manos voluntarias, y apoyo del sector privado, público y académico. Se utilizaron materiales reciclados en su edificación y el centro funciona con energía renovable. El camino establecido por todos estos avances es el que debemos seguir. Pero queda mucho trabajo por hacer y poco tiempo para hacerlo. En AIDA continuaremos promoviendo proyectos, programas, políticas y sistemas financieros que respondan a las necesidades y prioridades de América Latina ante el cambio climático.
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En Colombia, el poder para detener al fracking está en su gente
En la lucha contra el fracking en Colombia, una pequeña ciudad está dando una gran batalla. Desde comienzos de 2016, los habitantes de San Martín, municipio ubicado a unos 480 kilómetros al norte de Bogotá, en el departamento de Cesar, se han movilizado y han protestado y resistido pacíficamente los planes del gobierno de realizar operaciones de fracking en su territorio. Organizando marchas de protesta y bloqueando el acceso de empleados de una empresa petrolera a los sitios de exploración, ciudadanos preocupados están alzando sus voces contra una industria ambientalmente dañina. Pero San Martín es sólo uno de los muchos municipios afectados por la fiebre del fracking que está desplazando a la industria del gas y el petróleo en Colombia. Ese país tiene grandes reservas de combustibles fósiles no convencionales, atrapados en depósitos estrechos de rocas de esquisto. El fracking o fractura hidráulica rompe esas rocas —usando una mezcla de agua, arena y químicos— y libera esos depósitos, los cuales, dicen analistas, pueden generar 6.800 millones de barriles de petróleo y 55 billones de pies cúbicos de gas natural, según la Administración de Información Energética (AIE) de Estados Unidos. Eso basta para satisfacer por décadas la demanda energética de Colombia. Si bien aún no se han iniciado operaciones de fracking en el país, existen a la fecha 12 bloques de exploración de fracking, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y una concesión han sido ya otorgada a una corporación multinacional. Se prevé que ésa y las futuras concesiones afecten a municipios en todo el territorio nacional. Colombia ha seguido el ejemplo de otros países de América Latina que han adoptado el fracking como solución rápida y sucia a su adicción a los combustibles fósiles, la cual alimenta a poblaciones necesitadas de energía. Actualmente, Argentina, Chile y México son las potencias del fracking en la región. “No podemos darnos el lujo de no hacer fracking”, dijo en 2015 Juan Carlos Echeverry, entonces presidente de Ecopetrol, la empresa estatal petrolera de Colombia. Pero los pobladores de San Martín —como muchas otras personas preocupadas por el futuro de sus comunidades, del país y del planeta— opinan diferente. En apoyo a las y los ciudadanos de San Martín, la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC) ha estado organizando una resistencia en el mismo lugar para restringir la exploración de fracking en Cesar. Otra organización, la Alianza Colombia Libre de Fracking, también está luchando: recientemente firmó una carta abierta pidiéndole al presidente Juan Manuel Santos aprobar una moratoria al fracking. Aunque estos esfuerzos son parte integral de la lucha contra el fracking, también es importante librar la batalla en el ámbito local. Siempre que sea posible, ciudades y municipios pueden adoptar soluciones creativas como leyes estrictas de zonificación o referéndums para conseguir prohibir el fracking a nivel local. Esa estrategia ha tenido un éxito significativo en Brasil, donde más de 70 municipios han prohibido el fracking, frenando la expansión de la industria de los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, protegiendo su ambiente. En Estados Unidos, estados como Nueva York, Maryland y parte de California han prohibido también con éxito las operaciones de fracking. De la mano de organizaciones en toda la región, AIDA trabaja con empeño para detener la expansión del fracking en América Latina. A través de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking y de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, nos enfocamos en soluciones locales que tengan potenciales implicaciones regionales. “La Alianza trabaja para promover el debate público, la concientización y la educación entre organizaciones de la sociedad civil en América Latina”, dice Claudia Velarde, abogada de AIDA. “También apoyamos los esfuerzos de resistencia local contra la expansión del fracking en el continente”. La Alianza está solicitando una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual sus integrantes demostrarán los impactos del fracking en los derechos humanos de las comunidades afectadas. Si nuestros gobiernos están decididos a seguir perforando en busca de combustibles fósiles, es tiempo de que las comunidades se pongan de pie y demanden un futuro con energía limpia y renovable. Al enfocarnos en el poder de las bases, como la gente de San Martín, nosotros también podemos demandar un futuro mejor y hacer retroceder a la industria de los combustibles fósiles. Más Información
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Proyecto Alto Maipo: Peligroso, innecesario y encima inviable
El 2 de agosto pasado, los defensores de los ríos de Chile recibimos una noticia que nos llenó el corazón de esperanza: el megaproyecto hidroeléctrico Alto Maipo se declaró en default técnico y pronto podría ser también inviable financieramente. El proyecto, presentado al Gobierno chileno el 2008 por la transnacional norteamericana AES-Gener y en proceso de construcción desde 2014, se ha enfrentado desde sus inicios con una fuerte oposición ciudadana, pues pone en riesgo la cuenca del Maipo, la fuente de agua más importante para la región metropolitana. Desde el año pasado, a sus innumerables incoherencias se sumaron problemas técnicos y financieros. El proyecto consiste en captar y trasvasijar las principales nacientes y afluentes que alimentan el río Maipo para introducir el agua en un túnel de casi 70 kilómetros de largo, y de 6 a 8 metros de diámetro. Con eso dejaría casi secos a los tres ríos tributarios del Maipo. Sería una verdadera megarepresa subterránea, que acumularía más de 2 millones de metros cúbicos de agua. Su construcción ha traído ya terribles impactos socioambientales. Si entra en operación, los daños se extenderían a toda la Región Metropolitana, desde Los Andes hasta el mar. Riesgos para el ambiente y la población La cuenca del río Maipo está ubicada a solo 50 kilómetros de Santiago, la capital chilena. Se trata de la principal cuenca de la región: sus aguas abastecen de agua potable a 7 millones de habitantes, y suministran riego para 120.000 hectáreas. Además, la cuenca es sitio recreacional para la población urbana de Santiago. Anualmente la visitan 2 millones de turistas nacionales y extranjeros, siendo esa actividad económica la más importante para el desarrollo de la zona. Ante los 10 años consecutivos de sequía que se vive actualmente y el profundo proceso de desertificación de la zona central de Chile, el Cajón del Maipo, sus montañas, ríos y glaciares, son el pulmón verde y el regulador del clima de Santiago. Todo eso está en inminente peligro por el proyecto de AES-Gener, que impactaría irreversiblemente todo el sistema hídrico de la cuenca, afectando glaciares milenarios y las nacientes cordilleranas, afectando también el funcionamiento natural del ciclo hidrológico. Problemas económicos El financiamiento original del proyecto fue otorgado a un plazo de 20 años por bancos multilaterales y comerciales, nacionales y extranjeros. Entre ellos están la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, CorpBanca, el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), el Banco Itaú de Chile, el Banco del Estado de Chile, el KfW Ipex-Bank GmbH de Alemania y el DNB Bank ASA de Noruega. Debido a las incongruencias del proyecto con las políticas de los bancos inversores, el Movimiento No Alto Maipo presentó en enero de 2017 quejas formales ante los mecanismos independientes de revisión del BID y de la CFI. Actualmente se gestiona hacer lo mismo con los mecanismos de rendición de cuentas de la OPIC y los bancos europeos. El pasado 31 de julio, AES-Gener informó que el proyecto Alto Maipo había caído en un default técnico debido a graves problemas de seguridad de sus trabajadores, que derivaron en la renuncia de una de las principales contratistas del proyecto. La deuda financiera por los desembolsos realizados a la fecha asciende a 613 millones de dólares. Inicialmente, el costo del proyecto era de 700 millones dólares y hoy podría ser de más de 3.000 millones (420% más). Problemas técnicos El proyecto no cuenta con estudios hidrogeológicos y de cambio climático, carencia que le ha pasado la cuenta con el retiro de uno de sus inversores iniciales. Antofagasta Minerals (Grupo Luksic, familia y consorcio empresarial chileno con la mayor fortuna en el país) abandonó el proyecto en enero por el sobreprecio y la demora en su construcción. La Constructora Nuevo Maipo (CNM), por su parte, no siguió adelante con su contrato por la falta de estudios que le impidieron continuar con la perforación de los túneles. Según esa empresa, existían serios riesgos para la vida de los trabajadores porque no existen las condiciones suficientes de seguridad para la construcción (a la fecha han fallecido dos trabajadores de las contratistas). Es un hecho que las grandes hidroeléctricas siempre cuestan más de lo presupuestado y Alto Maipo es un ejemplo más de lo que ocurre en todo el planeta. La inviabilidad de este proyecto podría haberse prevenido con la aplicación del principio precautorio. Desde el Movimiento No Alto Maipo hemos sido ciudadanos responsables, argumentando hace 10 años con fundamentos técnicos, científicos, sociales, ambientales y políticos la inconveniencia de continuar con el proyecto. Podemos vivir sin energía, pero no sin agua. El agua no puede sustituirse y es además un derecho humano fundamental para la sobrevivencia de las generaciones presentes y futuras. Es nuestra responsabilidad evitar que corra riesgo. Por ello, no bajaremos los brazos hasta que el proyecto sea cancelado por completo.
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