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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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Carta de la sociedad civil sobre el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos en México
En una carta dirigida a la Secretaría de Gobernación de México, el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se desmarca, luego de dos años, del proceso de elaboración del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Por medio de la presente, como Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos agradecemos el espacio de diálogo durante los últimos dos años en que hemos participado en la elaboración del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, incluyendo la reunión del martes pasado. En seguimiento a nuestras conversaciones, después de un profundo análisis del proceso y del último texto recibido; y a pesar de que consideramos que hemos aportado nuestro mayor esfuerzo para que el Programa esté a la altura de los compromisos y necesidades de nuestro país en la materia, hemos decidido desmarcamos de la elaboración del Programa. Como es de su conocimiento, durante este tiempo hemos realizado un importante trabajo brindando insumos sustantivos para alcanzar el mejor resultado. Por ejemplo, hemos movilizado recursos propios para generar un Diagnóstico de Línea Base independiente; ayudado a documentar la situación a nivel nacional para fortalecer la visita a México del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU el año pasado; participado en todas las reuniones del Grupo Nacional de Trabajo y en otras de subgrupos; participado en los seminarios y reuniones regionales de socialización y brindado comentarios por escrito y verbalmente para el mejoramiento de los textos y el proceso. Por ello, consideramos que a lo largo de estos dos años, hemos participado activa y responsablemente para que la Dirección a su digno cargo cuente con información de calidad que retoma experiencias internacionales para abordar cabalmente los tres Pilares de los Principios Rectores en el marco del Programa Nacional. Reconocemos que nuestro trabajo logró que se mejoraran algunos aspectos del borrador inicial difundido en el mes de marzo de este año. Sin embargo, la última versión del Programa no cumple con los estándares internacionales en la materia al no atender adecuadamente algunos temas clave que mencionamos más abajo. Reconocemos también que el proceso de socialización realizado tuvo en cuenta algunos de nuestros comentarios, como la integración de diferentes actores sociales, la ampliación de los tiempos para recibir comentarios, así como la apertura de un proceso en línea. Al mismo tiempo, consideramos que varios aspectos señalados en numerosas ocasiones no se resolvieron, entre ellos, la necesidad de tener una clara hoja de ruta y que la discusión sobre el contenido del Programa se mantuviera activa en el marco del Grupo Nacional de Trabajo para realizar un proceso transparente y multipartícipe. Respecto al contenido del Programa, las prioridades que hemos definido desde el inicio del proceso y que consideramos que no están atendidas en el documento son: Mejoramiento del acceso a la justicia y a la remediación para las comunidades afectadas por la actividad empresarial. El Pilar 3 de los Principios Rectores claramente establece como fundamental la necesidad de incluir estas herramientas en cualquier Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Específicamente, en materia de acceso a la justicia, el Programa no retoma la recomendación y conclusión del seminario de discusión del Programa, de implementar la reforma a la Ley de Amparo de 2013 mediante la cual se puede señalar a las empresas como autoridad responsable cuando cometan violaciones a los derechos humanos. Resaltar y reconocer la debida diligencia de las empresas para identificar, evitar, mitigar y en su caso remediar daños de forma contundente en el Programa. El texto por ahora tampoco incorpora la necesidad de publicación de las evaluaciones de impacto ambiental y social (que por ley no son públicas), ni el considerar procesos de debida diligencia en toda la cadena de valor, incluyendo beneficiarios reales. No se establecen acciones para asegurar la transparencia en el sector privado ni se reconoce la obligación expresa de las empresas de respetar los derechos humanos. Inclusión en el programa de mecanismos sólidos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y reconocimiento de la figura de los informantes (whistleblowers). No se insta a las empresas a manifestarse pública y contundentemente en contra de los ataques e intimidación a estos actores tal y como recomendó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. El derecho a la seguridad de estos actores y en particular en el contexto de grave crisis de derechos humanos que vive el país, es fundamental para que las empresas respeten los derechos humanos. Reconocimiento de la consulta previa, y procesos de consentimiento libre, previo e informado como derecho, y su resultado como vinculante. El borrador del Programa hasta ahora restringe su aplicación a los pueblos y comunidades indígenas excluyendo a comunidades campesinas y equiparables con problemáticas similares. Además, este derecho no se vincula con la responsabilidad de la debida diligencia de las empresas tal y como recomienda Naciones Unidas. Explícito reconocimiento de la responsabilidad de garantizar los derechos humanos por parte del Estado cuando funge como actor económico. El texto del Programa alcanzado no cuenta con lineamientos fuertes para las empresas de participación o control estatal, ni en los procedimientos de compras públicas, que den el ejemplo para el sector privado, tal y como establecen los Principios Rectores. Por lo anteriormente expresado las organizaciones que integramos el Grupo Focal nos abstenemos de avalar el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos que ha sido desarrollado y cuyo borrador nos fue compartido en días pasados. Dado que la elaboración y publicación de dicho Programa llegará a su fin, mantendremos nuestro compromiso como sociedad civil de vigilar la implementación y evaluación de los temas de Empresas y Derechos Humanos, incluyendo el Programa Nacional, con el objetivo de mejorar las políticas públicas y la rendición de cuentas empresarial en el país. Atentamente, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Oxfam México; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Grupo Focal es acompañado por Brigadas de Paz Internacional (PBI) y por la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente (AIDA).
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Nuevo Programa de Empresas y Derechos Humanos no cubriría estándares internacionales: OSC
El Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en México se deslinda del proceso de creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Durante dos años las organizaciones de la sociedad civil han generado diagnósticos y recomendaciones que no han sido retomadas por la Secretaría de Gobernación. La decisión de las OSC no detiene el desarrollo del Programa, por lo que el Grupo Focal se mantendrá vigilante del proceso de implementación, y comprometido con la mejora de las políticas públicas y la rendición de cuentas empresarial en el país. Ciudad de México. Las organizaciones que conforman el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se deslindan después de dos años de proceso para crear un Programa Nacional de Empresas y Derechos (PNEDH), debido a que la propuesta presentada por el gobierno mexicano no cubre los estándares internacionales. En estos dos años el Grupo Focal ha realizado un importante trabajo brindando insumos sustantivos al proceso. Con recursos propios, esta alianza de OCSs generó un Diagnóstico de Línea Base independiente para la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU en México. Este documento, así como otros aportes realizados en diversos foros y por escrito, no han sido considerados por el gobierno pese a múltiples reuniones. La sociedad civil alertó en marzo pasado mediante un comunicado público de las principales omisiones en el primer borrador del Programa. En el borrador final, recibido en días recientes, siguen sin atenderse las principales peticiones de sociedad civil, y preocupa que el borrador actual no abarca los mínimos necesarios para contar con un programa que mejore la situación del país en materia de empresas y derechos humanos. Las prioridades de sociedad civil que el gobierno mexicano no está atendiendo son: El documento no contempla un apartado ni acciones efectivas sobre el acceso al remedio y a la justicia, pese a que Naciones Unidas establece claramente que éste es un punto fundamental en un Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos basado en los Principios Rectores. Específicamente, en materia de acceso a la justicia, se ignoró la recomendación de implementar la reforma a la Ley de Amparo de 2013, la cual permite señalar a las empresas como autoridad responsable cuando cometan violaciones a los derechos humanos. La debida diligencia de las empresas para identificar, evitar, mitigar y (en su caso) remediar los daños no figura de manera contundente en el borrador. Tampoco se incorpora el reconocimiento expreso de la obligación de las empresas a respetar derechos humanos, ni la publicación de las evaluaciones de impacto ambiental y social (que por ley no son públicas), ni se consideran procesos de debida diligencia en toda la cadena de valor. La transparencia se maneja de forma discrecional y dejando importantes vacíos. En el contexto de grave crisis de derechos humanos que vive el país, el Programa no contempla mecanismos sólidos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ni reconoce la figura de los informantes (whistleblowers) como recomienda la sociedad civil. Tampoco se insta a las empresas a manifestarse pública y contundentemente en contra de los ataques e intimidación a estos actores, como recomendó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. La consulta previa, libre e informada, para obtener o negar el consentimiento, no se reconoce como derecho y su aplicación se restringe a los pueblos y comunidades indígenas, lo que excluye a comunidades campesinas y otras equiparables con problemáticas similares. Además, este derecho no se vincula con la responsabilidad de la debida diligencia de las empresas como recomienda Naciones Unidas. La responsabilidad del Estado de garantizar los derechos humanos cuando funge como actor económico no está explicitada. Faltan lineamientos fuertes para las empresas de participación o control estatal, y para los procedimientos de compras públicas, que den el ejemplo al sector privado, tal y como establecen los Principios Rectores. El Grupo Focal se conformó en 2015 en el marco del inicio de la elaboración del PNEDH. El objetivo era participar para que esta política pública garantice el respeto a los derechos humanos frente a la actividad empresarial. Las organizaciones que forman el Grupo Focal —Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Oxfam México; y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), acompañadas por la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente (AIDA) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI)— seguirán trabajando para mejorar los marcos jurídicos y otros mecanismos para asegurar que las corporaciones nacionales e internacionales no cometan violaciones a los derechos humanos. Lee la carta en la que las OSC se desmarcan del proceso de creación del PNEDH. Contactos de prensa: Astrid Puentes Riaños, Codirectora de AIDA, 044 55 2301 6639, [email protected] Rosario Taracena, Responsable de Comunicación Externa de PODER, 044 55 2765 9451, [email protected]
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Los asesinatos aumentan: ¿Cómo podemos defender a las y los defensores?
De los 87 defensores de derechos humanos asesinados en América Latina en 2016, 60 estaban defendiendo derechos ligados a la degradación ambiental. De ello da cuenta un informe reciente de Global Witness. En 2016, al menos 200 defensores ambientales fueron asesinados en todo el mundo, volviéndolo el año más peligroso para los ambientalistas hasta ahora. De esas muertes, el 60 por ciento ocurrió en América Latina. Lo más grave es que estas estadísticas probablemente no representan del todo el problema porque muchos asesinatos de defensores y activistas alrededor del mundo, no son reportados. Los defensores ambientales son también frecuentemente objeto de acoso, intimidación, amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestro y demandas judiciales que buscan silenciarlos. El asesinato de activistas por pronunciarse contra proyectos de desarrollo ambientalmente dañinos o por defender derechos a la tierra, se incrementaron respecto de los 185 registrados un año antes y se expandieron a más países, señala el informe. En 2016, Global Witness documentó asesinatos en 24 países, cuando el año anterior lo hizo en 16 naciones. “La batalla por proteger el planeta se está intensificando rápidamente y el costo puede ser contado en vidas humanas”, dijo Ben Leather, director de campañas de Global Witness. “Más personas, y en más países, no tienen más opción que adoptar una postura contra el robo de sus tierras o la destrucción de su ambiente. Son, con demasiada frecuencia, silenciados brutalmente por élites políticas y empresariales, mientras que los inversionistas que los financian no hacen nada”. Las raíces del problema ¿Por qué tantos activistas viven bajo amenaza, solo por pronunciarse y generar conciencia acerca de proyectos ambientalmente destructivos? Los gobiernos argumentan que la minería, la explotación de gas y petróleo, la tala y las represas impulsarán la economía de sus países. Pero las corporaciones suelen contratar servicios externos, creando pocas o ninguna fuente laboral en el ámbito local. Y, en muchos casos, los proyectos de desarrollo contaminan el ambiente, desplazan a comunidades enteras y vulneran derechos humanos. Algunos proyectos, como las grandes represas hidroeléctricas, también dañan la biodiversidad y contribuyen al cambio climático. Además, los gobiernos dependen a menudo de corporaciones transnacionales o de inversión extranjera para financiar estos proyectos. Como resultado, las ganancias de la minería, del petróleo y el gas, o de las grandes represas benefician con frecuencia a empresas internacionales o al empresario más rico de algún país, pero no necesariamente benefician a las comunidades locales. Esta situación genera tasas extremas de desigualdad económica. Honduras, por ejemplo, es uno de los países con mayor desigualdad de América Latina y ha tenido el mayor índice per cápita de asesinatos de defensores ambientales en la última década. El 20 por ciento de las personas más ricas de Honduras se lleva el 60 por ciento de los ingresos del país, dejando a casi dos tercios de la población hondureña en la pobreza o extrema pobreza, según la Organización de Estados Americanos. Cuando los activistas —muchos de ellos indígenas— se pronuncian contra estas injusticias económicas y ambientales, son frecuentemente denunciados como enemigos del progreso. Juntos, gobiernos y corporaciones, tratan de silenciar a los defensores que se expresan abiertamente. Cuando la censura no basta, acuden a policías, militares y mercenarios para silenciar la oposición con una escalada de amenazas y violencia. Cómo defender a las y los defensores Cada año, el problema se agrava y nos recuerda nuestro deber de defender a las y los defensores ambientales y de derechos humanos, así como la necesidad de establecer políticas adecuadas para su protección. Hay varias formas en las que gobiernos y ciudadanía de todo el mundo pueden hacerlo: Derecho internacional. Los gobiernos del mundo son parte de tratados y convenciones internacionales que les obligan a respetar ciertos estándares de derechos humanos. Cuando esos lineamientos básicos no son respetados, le corresponde a la comunidad internacional intervenir y proteger a las y los activistas amenazados exigiendo a los gobiernos para que hagan cumplir la ley. AIDA trabaja de ese modo para hacer responsables a los gobiernos y promover la adopción inmediata de medidas que garanticen la vida e integridad de las y los activistas en riesgo. “Los estados deben garantizar un entorno favorable en el que las personas puedan realizar su trabajo para proteger la naturaleza en condiciones seguras”, dijo Astrid Puentes Riaño, abogada y codirectora de AIDA. “Además, los Estados deben investigar los casos de violencia. Los asesinatos de quienes valientemente defienden el ambiente no deben quedar impunes”. Legislación nacional. Cuando la presión internacional no funciona, las leyes nacionales pueden ayudar a que los Estados protejan a los activistas que se manifiestan. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha propuesto una norma por la que se suspendería la ayuda militar y policial que ese país brinda a Honduras hasta que el Gobierno hondureño investigue las violaciones de derechos humanos en su territorio. El proyecto de ley ayudaría a proteger a las y los activistas en esa nación y servir de ejemplo a otros países. Medidas de emergencia. Las medidas de visado de emergencia o las protecciones diplomáticas para prevenir daños, pueden ser útiles para reubicar a las y los activistas de un país a otro o para resguardarlos de alguna otra manera. Campañas mundiales de solidaridad. Las campañas solidarias a cargo de coaliciones de organizaciones de derechos humanos y apoyadas por los medios, tienen un gran potencial. Si estas acciones encendieran las alarmas de manera simultánea, consistente y confiable, gobiernos y corporaciones pensarían dos veces antes de intentar silenciar a la o el activista en cuestión. Lo anterior, desde luego, te compete. La indiferencia es también un gran factor de riesgo para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente. Nada sustituye la movilización de una comunidad de apoyo: en las calles, en las redes sociales, en tu vida diaria. Ponerse de pie, alzar la voz y generar conciencia es el primer paso hacia la construcción de un futuro más justo La acción y la solidaridad son esenciales, y hacen una gran diferencia. Las anteriores son sólo algunas de las soluciones a este problema creciente, y su éxito depende de nosotros. Mostrar que no tenemos miedo de luchar por la justicia ambiental y por un futuro en el que se respeten los derechos humanos de todos, no sólo es una buena idea, es necesario para nuestra supervivencia.
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