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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa

El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.

Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.

Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.

Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.

Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.

A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.

Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.

Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.


Grandes represas en América: ¿Peor el remedio que la enfermedad?

Las grandes represas provocan constantes y graves perjuicios ambientales y sociales que, en muchos casos, son irreversibles. Su construcción es además frecuentemente asociada con violaciones a los derechos humanos y a las leyes ambientales. Cuando los ciudadanos protestan contra la destrucción que causan las represas, no es nada raro que se enfrenten a la represión y la brutalidad. El informe de AIDA titulado Grandes Represas en América: ¿Peor el remedio que la enfermedad? explora estos graves impactos y explica las normas internacionales que deben aplicarse para proteger el ambiente y los derechos humanos. El reporte expone los peligros de utilizar las grandes represas hidroeléctricas para satisfacer la creciente demanda de energía en América Latina. Con el objetivo de promover una mayor protección de los derechos humanos, AIDA dio testimonio de las conclusiones encontradas en su informe sobre represas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo hizo en una audiencia general celebrada el 2 de noviembre de 2009. Adicionalmente, AIDA ha compartido los hallazgos incluidos en el documento entre expertos internacionales, legisladores, organizaciones no gubernamentales, instituciones financieras internacionales y comunidades locales en todo el continente americano. Asimismo, el equipo de AIDA impartió talleres sobre estrategias jurídicas en "Ríos para la vida 3", un encuentro internacional de comunidades afectadas por represas realizado en Temacapulín, México, del 1 al 7 de octubre de 2010.  En septiembre de ese mismo año y en el marco de "La Semana Mundial del Agua", AIDA representó a América Latina en un panel de expertos en el tema del agua que tuvo lugar en Estocolmo. También hemos presentado nuestros argumentos respecto a los riegsos de las represas ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En Grandes Represas en América, AIDA analiza cinco grandes represas hidroeléctricas que violan una gama de leyes ambientales y de derechos humanos: Yacyretá, en Argentina y Paraguay; Río Madeira, en Bolivia y Brasil; Baba, en Ecuador; Chan-75, en Panamá; y La Parota, en México. A través de estos casos específicos, el informe ilustra cómo los gobiernos generalmente no prestan atención a las obligaciones y las normas, entre ellas la necesidad de conducir las correspondientes evaluaciones ambientales y de impacto social. Muestra cómo las familias locales sufren cuando son expulsadas o desalojadas a la fuerza a causa de la construcción de una represa y pierden sus valiosas tierras agrícolas, fuentes de agua o sus áreas de pesca tradicional. En el reporte se documenta que quienes resultan más perjudicados por las grandes represas son aquellos que pertenecen a los grupos más vulnerables de la población como indígenas, afrodescendientes y campesinos pobres. Grandes Represas en América también se encarga de disipar el mito de las represas como fuente de "energía verde". En realidad, las grandes represas representan típicamente un perjuicio para el ambiente porque inundan ecosistemas valiosos, alteran dramáticamente el flujo natural del agua, desestabilizan el hábitat de la vida silvestre, y obstruyen las trayectorias de persas especies, por mencionar sólo algunos de sus impactos. Estos mega proyectos han sido alabados erróneamente como la panacea ante la crisis de cambio climático. A pesar de que las represas no dependen de combustibles fósiles para generar electricidad, no dejan de contribuir a la emisión de gases de efecto invernadero. Las represas hidroeléctricas crean enormes estancamientos de agua de río que inundan los valles y conducen a la descomposición de materia orgánica en inmensas cantidades. A medida que los árboles y otras biomasas se descomponen, liberan dióxido de carbono y metano, los mismos gases de efecto invernadero creados por tecnologías "sucias" como las plantas eléctricas que funcionan con carbón. Asimismo, las turbinas expulsan el metano atrapado en el agua profunda y emiten dióxido de carbono a medida que liberan la presión del embalse. En las regiones tropicales, las represas pueden emitir hasta once veces más la cantidad de gases de efecto invernadero que lo que emitiría una planta convencional de tamaño semejante. Dado el impacto negativo de las grandes represas, el informe de AIDA recomienda que los tomadores de decisiones consideren seriamente otras soluciones que protejan los derechos humanos y nuestros ecosistemas naturales, y que ahorren energía y reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero. Las alternativas podrían estar en mejorar la eficiencia energética, reducir la demanda, hacer un mejor uso de las fuentes de energía sostenible, invertir en tecnologías e infraestructuras que sean eficientes en función del gasto energético, y en eliminar las barreras que obstaculizan el intercambio de tecnología entre las naciones. El informe fue elaborado entre AIDA, algunas de sus organizaciones participantes (CEMDA, CEDHA, ECOLEX, Earthjustice) y otras ONG (International Rivers, Sobrevivencia y la Asociación para la Conservación y el Desarrollo). Esperamos que con nuestro esfuerzo por informar a los gobiernos, dirigentes, comunidades y otros participantes clave en el tema de los impactos de las grandes represas, logremos motivar a las autoridades a investigar el asunto y aplicar nuestras recomendaciones sobre cómo implementar los proyectos de represas en cumplimiento con las leyes internacionales.

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Grandes Represas

Grandes Represas en América: ¿Peor el Remedio que la Enfermedad?

El informe analiza la problemática de las grandes represas desde la perspectiva del derecho internacional ambiental y de los derechos humanos. Nuestro objetivo es promover un mejor entendimiento de la situación, evidenciar la vinculación entre los graves impactos ambientales y la violación a los derechos humanos que las grandes represas pueden causar, y fomentar la mejor evaluación e implementación de estos proyectos.   A través de cinco estudios de casos representando distintas regiones de América Latina, incluyendo México, Centroamérica, la Región Andina, Brasil y el Cono Sur, describimos cómo al autorizar e implementar estos proyectos, los Estados y actores involucrados constantemente están causando impactos graves al ambiente y desconociendo múltiples normas y estándares internacionales.   Entre los impactos más importantes se incluyen, entre otros: la destrucción de ecosistemas estratégicos; el desplazamiento forzado de comunidades, más comúnmente las que se encuentran en situación de vulnerabilidad como las indígenas, campesinas y afrodescendientes; la pérdida de fuentes de alimentación y de sustento; la falta de participación pública y acceso a la información; y la contribución a y la afectación por el cambio climático. Lee y descarga el informe  

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