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Victoria: Ecuador ordena el fin de la contaminación por producción de aceite de palma
Las plantaciones de palma aceitera están amenazando la biodiversidad del Chocó, un antiguo bosque en Ecuador. Las empresas a cargo de esos cultivos han causado la destrucción masiva del bosque, poniendo en peligro a especies raras y desplazando a los agricultores locales. En Septiembre de 2007, la Corte Constitucional ordenó la remediación del daño y la rendición de cuentas por el mismo.
El dictamen vino un año después de que AIDA se uniera a ECOLEX, su socio ecuatoriano, para documentar y arrojar luces sobre los impactos negativos del cultivo de palma aceitera en Ecuador. Los desechos provenientes de las plantaciones, incluyendo pesticidas y químicos peligrosos, contaminaban ríos y cursos de agua cercanos. Esto dañaba a peces y plantas, y afectaba significativamente la salud y los medios de subsistencia de las comunidades locales.
La evidencia fue lo suficientemente convincente para llevar a ECOLEX a presentar, en Septiembre de 2006, una demanda constitucional contra el Ministerio del Ambiente y los propietarios de las plantaciones para proteger el derecho humano a un ambiente sano. AIDA apoyó la acción legal de ECOLEX con argumentos de derecho ambiental internacional.
Al año siguiente, la Corte Constitucional (el más alto tribunal de Ecuador) ordenó al Ministerio remediar los daños causados por las plantaciones de palma aceitera y tomar medidas para controlar y mitigar daños futuros y potenciales.
Poco después, el Ministerio presentó una apelación, pero la misma no fue exitosa. La Corte Constitucional reiteró su decisión original.
Esa decisión es una victoria importante para quienes sufrieron por el cultivo irresponsable de palma aceitera en Ecuador. Más importante aún es que el alto tribunal estableció un precedente legal que puede ser utilizado por los tribunales ecuatorianos menores al decidir sobre casos ambientales. Con este triunfo, AIDA buscará más oportunidades para proteger la riqueza natual de Ecuador.
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Fue la cifra más alta registrada en los últimos 19 años en el arribo de este cetáceo, actividad que además es fuente importante de ingresos para familias de la zona que viven del turismo sostenible generado con la observación de ballenas. Es justo en la Bahía de Ulloa donde la compañía Odyssey Marine Explorations pretende ejecutar el proyecto minero Don Diego. El camino para ello comenzó en septiembre de 2014, cuando la empresa presentó a la autoridad ambiental mexicana la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto. La mina Don Diego La mina comprende cinco áreas de trabajo en una superficie 91,267 hectáreas. Cada área será explotada por 10 años, lo que resulta en un proyecto de 50 años de vida. Con Don Diego se pretende extraer del fondo marino 350 millones de toneladas de arena fosfática, cantidad con la que se podría llenar 264 veces el Estadio Azteca. Tal como ha sido propuesto, el proyecto podría traer graves e irreversibles impactos en una zona de alta biodiversidad marina e importancia pesquera. La ballena gris, al igual que otras especies de ballena y tortugas que habitan o transitan por la zona, dependen del sonido para comunicarse entre sí, mantenerse unidas y encontrar alimento. El proyecto Don Diego usará barcos de dragado para obtener la arena fosfática, produciendo gran ruido en el área y generando muy posiblemente la “modificación del comportamiento vocal o reacción sorpresiva” en las ballenas. Así lo señala la propia Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto (capítulo 4, página 229). Ese ruido pondrá en riesgo la sobrevivencia de las ballenas al causar cambios en su ruta migratoria y comportamiento, e interrumpir la lactancia de los ballenatos, entre otras posibles consecuencias. Los principales impactos del proyecto en el ecosistema marino AIDA presentó ante la autoridad ambiental mexicana sus comentarios a la MIA de Don Diego, señalando las razones ambientales por las que el proyecto no debería ser autorizado en las condiciones en las que fue planteado: La actividad minera propuesta alterará gravemente el ecosistema marino: grandes barcos dragarán el lecho marino extrayendo arena, pero también organismos vivos. El material dragado será separado para obtener la arena fosfática, y el material considerado no útil será devuelto al mar. Los sedimentos que regresan al mar pueden contener altos niveles de elementos tóxicos como Uranio y Torio, los cuales son expuestos en el proceso de separación para obtener fosfato. Los tóxicos expuestos pueden ser transportados por otros organismos o consumidos por peces que luego llegarían a nuestra mesa. Es por ello que la industria minera de fosfato es considerada una las fuentes potenciales de contaminación radionuclear. Los sedimentos tóxicos expuestos, el ruido y el dragado pondrán en peligro a la ballena gris y otras especies vulnerables de ballena (jorobada y azul), así como a especies de tortuga que ya están en peligro como la tortuga caguama. Además de alterar el hábitat de especies marinas, el proyecto pondrá en riesgo actividades de pesca y turismo de las que dependen varias comunidades. En lugares como Nueva Zelanda y Namibia, los gobiernos, tras analizar proyectos similares, negaron los permisos o decretaron una moratoria a este tipo de actividad hasta que se demuestre que no genera impactos graves. El Gobierno mexicano debería seguir ese camino y aplicar el principio precautorio para evitar daños ambientales irreversibles. La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto carece de información importante sobre sus posibles impactos en el ecosistema marino y las medidas para evitarlos. 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