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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Por Caropna Herrera, especiapsta para Latinoamérica del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés). Este post fue pubpcado originalmente en Pulso Verde. Veintisiete científicos expresaron su preocupación sobre el riesgo que la construcción de complejos turísticos de gran escala supone para los impresionantes ecosistemas marinos del Golfo de Capfornia. En una carta dirigida a la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norte América (CCA )**, este grupo de expertos marinos y de ciencias naturales de México, Estados Unidos y Costa Rica pidió que se elabore una investigación sobre el proceso de aprobación de proyectos turísticos que amenazaron a ecosistemas de manglares y arrecifes de coral vulnerables, así como a la abundante y diversa vida marina del Golfo. La CCA está actualmente evaluando una petición ciudadana presentada por once organizaciones de México y Estados Unidos, entre las que se incluye NRDC, que pone de repeve que durante la autorización de cuatro desarrollos turísticos de gran escala hubo una falta de cumppmiento de la normativa mexicana en materia de protección ambiental. La reciente carta es el último ejemplo de expertos científicos y ambientales expresando preocupación de que mega resorts al estilo de Cabo Cortés, que fue propuesto cerca del Parque Nacional de Cabo Pulmo, pueden ocasionar daños al hábitat marino. El grupo de científicos incluye destacados expertos de más de quince instituciones que llevan años estudiando la región del Golfo de Capfornia. La psta de científicos incluye a la Dra. Sylvia Earle, oceanógrafa y exploradora residente del National Geographic Society, cuyas iniciativas han resaltado que el Golfo de Capfornia es un "punto de esperanza” – un lugar que es esencial para la salud del océano. En su carta a la CCA, los expertos científicos escriben que les "preocupa la amenaza a la integridad de sitos de gran importancia par la la biodiversidad en México, causada por la rápida expansión de infraestructura turística masiva". Además señalan que les alarma la aprobación de proyectos que demuestran tendencias inquietantes como evaluaciones de impacto ambiental que ignoran cierta información científica, o que incluso se basan en datos erróneos. La carta está disponible aquí. El uso de la mejor información disponible en las evaluaciones de impacto de los proyectos es requerido por la normativa mexicana. La falta de cumppmiento con este requisito es sólo uno de los problemas documentados en la petición ciudadana a la cual NRDC y nuestros apados nos unimos en abril de 2013. La petición presenta cuatro proyectos que recibieron autorizaciones a pesar de contar con evaluaciones ambientales que no cumplían con las leyes y reglamentos vigentes. Los grupos que presentaron la petición -ahora acompañados por los 27 científicos– quieren que la CCA inicie una investigación a fondo de la situación y elabore un expediente de hechos sobre la falta de appcación de protecciones ambientales durante el proceso de aprobación de cuatro proyectos: Entre Mares y Paraíso del Mar, ambos planificados en la Bahía de La Paz, que se considera entre las aguas más productivas del Golfo de Capfornia y que es un sitio clave para la anidación de aves. Playa Espíritu, que afectaría la reserva de Marismas Nacionales, el bosque de manglar más extenso y mejor conservado en la costa occidental de México. Cabo Cortés, que fue propuesto justo al norte y adyacente al Parque Nacional Cabo Pulmo, un refugio para los arrecifes de coral más importantes del Pacífico Americano que es reconocido como un Sitio del Patrimonio Mundial por la UNESCO y como un Humedal Ramsar de Importancia Internacional. En el caso de Cabo Cortés, por ejemplo, se concedieron ciertos permisos importantes a pesar de que la manifestación de impacto ambiental era insuficiente y determinaba que el proyecto no afectaría al parque porque las corrientes de agua marinas sólo fluían de sur a norte. Esta conclusión se basó en datos pmitados e ignoró artículos científicos que demostraban que, de hecho, las corrientes en la zona fluyen en direcciones múltiples y varían según las estaciones del año. La carta de este grupo de científicos no representa la primera ocasión en que los expertos internacionales consideran los riesgos que los mega desarrollos turísticos pueden suponer para el Parque Nacional de Cabo Pulmo y otras zonas frágiles en el Golfo de Capfornia. En noviembre del 2011, una misión conjunta de Ramsar, la UNESCO y la UICN visitó el parque para evaluar el impacto potencial de la propuesta de Cabo Cortés. Su informe final señaló que en la evaluación de Cabo Cortés no se tuvieron en cuenta todos los impactos indirectos y acumulativos del proyecto y que, dada su magnitud y el alcance del proyecto, representaba una amenaza bajo pneamientos de la Convención Ramsar. Del mismo modo, en septiembre del 2012, el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN aprobó una resolución instando a México a garantizar la protección de Cabo Pulmo, incluida la protección ante arriesgados desarrollos turísticos e inmobiparios de gran escala. La misma resolución también sopcitó que México asegurase que las leyes ambientales son appcadas estrictamente en lo que respecta a los proyectos que puedan tener un impacto directo o indirecto en la salud de los ecosistemas circundantes. Una oportunidad para hacer lo correcto en el futuro La propuesta de Cabo Cortés, que amenazaba el ecosistema y la comunidad local de Cabo Pulmo fue, afortunadamente, eventualmente detenida por el expresidente Feppe Calderón en junio de 2012. Sin embargo, dos meses después de que se anunció la cancelación, un proyecto muy similar fue propuesto temporalmente en el mismo sitio. Esto indicó que el interés en desarrollar la zona aledaña al parque no había desaparecido. En el caso de que se vuelva a proponer otro proyecto cerca de Cabo Pulmo, o cerca de otras zonas ecológicamente frágiles en el Golfo, será esencial que las autoridades mexicanas cumplan con sus responsabipdades y aseguren que la evaluación del impacto ambiental cumple con todas las leyes appcables y con las más altas normas técnicas y científicas. La CCA tiene ahora un trabajo importante que llevar a cabo. Al desarrollar y hacer púbpco un exhaustivo expediente de hechos sobre la falta de implementación efectiva de las protecciones ambientales de México en el Golfo de Capfornia, la CCA ayudará a arrojar luz sobre la forma en que México puede fortalecer su proceso de revisión ambiental para evitar que futuros proyectos de alto impacto dañen algunos de los lugares más emblemáticos del Golfo. Únete a los 27 científicos que han alzado la voz para proteger a Cabo Pulmo y otros tesoros naturales en el Golfo de Capfornia. Toma acción (en inglés) y pide a la CCA que investigue la falta de appcación de las leyes ambientales durante la aprobación de mega proyectos. ** La Comisión para la Cooperación Ambiental es un organismo internacional creado bajo el Acuerdo de pbre Comercio de Norteamérica para promover la cooperación entre Canadá, México y los EE.UU. en los asuntos ambientales de importancia continental.
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Piden a Relatores Especiales de la ONU exhortar al Estado mexicano a garantizar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas afectadas por el proyecto. Distrito Federal, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envío una alerta urgente a los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada, sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre el derecho a la alimentación, sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, y sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; y al Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible por la inminente violación a los derechos humanos que la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces implica para las comunidades ribereñas y para los pueblos indígenas Cora, Tepehuano, Huichol y Mexicanero asentados a lo largo de la cuenca del río San Pedro Mezquital en el estado de Nayarit. Esta acción fue presentada en representación de los distintos sectores económicos, organizaciones ambientales y comunitarias de la región afectada por el proyecto: el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, el Consejo Indígena Náyeri, la Federación Ribereña de Nayarit, Nuiwari, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Ecológico Manglar, SuMar y representantes de la localidad Boca de Camichín. En la alerta se solicita a los Relatores Especiales instar al Estado mexicano “a garantizar los derechos a la información y la participación, consulta y consentimiento, a la alimentación, al agua potable y saneamiento y al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas del río San Pedro Mezquital”. Se les pide además visitar el sitio donde se prevé construir la hidroeléctrica para que conozcan “de primera mano” las afectaciones que el proyecto ocasionará en el ambiente y los derechos humanos. La afectación al territorio indígena, en su mayoría Cora, el desalojo forzoso de sus habitantes y los daños a sus sitios sagrados implican la inminente violación de los derechos humanos a la vivienda adecuada, al agua y a los medios de subsistencia, así como a la cultura y a la educación. “Nuestras tierras y recursos naturales son los aspectos más importantes de nuestra cultura; todos los días tememos que inunden o afecten nuestros sitios sagrados", dijo Julián López Cánare, coordinador del Consejo Indígena Náyeri y miembro del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro. Por su parte, Ernesto Bolado, director de SuMar, señaló que la acción presentada ante la ONU resalta el hecho de que los miembros de las comunidades Cora, Huichol, Tepehuana y Mexicanera nunca fueron consultados en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y el consentimiento para el cambio de uso de suelo y expropiación de sus tierras fue solicitado a las asambleas comunales bajo engaños, condicionamiento de apoyos gubernamentales y hasta la intimidación. La Comisión Federal de Electricidad propone construir y operar la hidroeléctrica Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital, 65 kilómetros al norte de la ciudad de Tepic, Nayarit, con una capacidad proyectada de 240MW generada por tres turbinas y con una cortina de 188 metros de alto en una superficie de 5,349 hectáreas. El proyecto operará de manera regular sólo cuatro meses al año, y cubrirá el 0.9 % de la demanda energética del Centro Occidente de México para el 2026, apenas el 0.28% del total de la capacidad instalada en el país[1]. “La acción urgente es una solicitud para que los Relatores de Naciones Unidas realicen una investigación sobre los hechos que afectan el goce efectivo de los derechos humanos de las personas y comunidades que serán afectadas por el proyecto hidroeléctrico”, precisó Sandra Moguel, abogada de AIDA. El estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica Las Cruces reconoce que a raíz del proyecto la agricultura prácticamente de subsistencia y la ganadería en pequeña escala serían sustituidas por la pesca dentro del embalse. “Es impensable convertir agricultores de subsistencia en pescadores o en operadores turísticos”, afirmó Marcos Moreno, ostricultor de Boca de Camichín e integrante del Consejo Intercomunitario del río San Pedro. Consulte la alerta enviada a los Relatores Especiales de la ONU.
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Por Diego Álvarez, pasante de AIDA La Comisión Federal de Electricidad (CFE) propone construir la hidroeléctrica Las Cruces sobre el caudal del río San Pedro Mezquital, en el Estado de Nayarit (México). La ejecución del proyecto tendrá consecuencias negativas sobre el medio ambiente y afectará la vida de los pueblos indígenas Cora, Tepehuanos, Mexicaneros y Huicholes que habitan esa región. El jueves 20 de febrero, en el poblado de San Pedro Ixcatán, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reapzó la Reunión Púbpca de Información relativa a Las Cruces. En la misma, la CFE debía exppcar los aspectos técnicos y ambientales del proyecto a los habitantes de la región afectada. A ello le seguiría la participación más de 60 exponentes autorizados y convocados previamente por la SEMARNAT. La jornada concluiría con una extensa sesión de preguntas y respuestas entre los asistentes y la CFE. Los objetivos de la reunión eran múltiples: informar sobre las consecuencias medioambientales del proyecto, permitir que los interesados presenten sus quejas y preguntas, y lograr que la SEMARNAT saque sus conclusiones sobre las medidas a tomar respecto del proyecto. La desinformación de los pueblos indígenas Los exponentes de la CFE aseguraron que todos los interesados habían sido debidamente informados del proyecto mediante campañas y reuniones púbpcas en las locapdades afectadas. Sin embargo, como ya señaló Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, en un post anterior, los pueblos indígenas afectados por la hidroeléctrica no fueron consultados previamente ni debidamente informados. Uno de los mayores fallos fue la incapacidad de la CFE de presentarles el proyecto en su lengua nativa. En la reunión fue posible evidenciar que si bien algunos miembros de las comunidades indígenas hablan español habitualmente, la mayoría de ellos tiene un vocabulario muy restringido para hablarlo y entenderlo. Además, si a un hispano-hablante puede tomarle hasta un par de semanas comprender todos los aspectos económicos, ecológicos y sociales de un proyecto de esta magnitud, es casi imposible pretender que personas que entienden poco el castellano puedan captar los detalles de un proyecto cuya exppcación no les fue dada en su lengua originaria. De igual manera, no se trata sólo de traducir, sino también de darle seguimiento al proceso de informar. Nos percatamos de ese detalle un día después de la reunión, cuando participamos en una asamblea extraordinaria en Rosarito, poblado habitado por miembros de la comunidad Cora. Allí constatamos que no se trata únicamente de pedir información. Se requiere además tiempo suficiente para entenderla. Estas personas no tienen internet. Algunos viven a más de dos horas caminando del centro del pueblo. No todos hablan español con frecuencia y ninguno es ingeniero medioambiental. ¿Cómo se puede afirmar que estas comunidades están informadas si no se ha reapzado un seguimiento apropiado del proceso? ¡No es obpgación del afectado buscar información, es deber de la CFE proporcionarla y garantizar su entendimiento! Las quejas de los participantes En su mayoría, los 66 exponentes —miembros de las comunidades indígenas, de organizaciones no gubernamentales, académicos, habitantes y trabajadores de la región— presentaron diversas quejas con relación al proyecto Las Cruces. Mientras que los miembros de las comunidades indígenas reclamaron respeto a sus derechos y pidieron que la hidroeléctrica no obtenga el permiso ambiental para su construcción, los representantes de las ONG y los académicos resaltaron las deficiencias de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto. Entre ellas figuran: El incumppmiento de obpgaciones internacionales y nacionales que protegen el área de Marismas Nacionales (apmentada por el río San Pedro Mezquital); El incumppmiento de obpgaciones internacionales y nacionales que reconocen el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas; Los fallos metodológicos en la obtención de información y en el anápsis de los impactos medioambientales. Por ejemplo, la MIA reporta sólo ocho especies de anfibios afectados cuando en reapdad habrían unas 17, de las cuales cuatro son especies amenazadas; La ineficiencia del proyecto y, en consecuencia, su innecesaria ejecución. La falta de comunicación eficiente y completa sobre las medidas de mitigación. Por ejemplo, la CFE garantiza que el proyecto no alterará el caudal del río y que los niveles de agua serán los mismos después de su construcción, pero no presenta la información necesaria para determinar que ello será realmente así; Preguntas y ¿respuestas? En el marco de la Reunión Púbpca de Información se organizó una sesión de preguntas y respuestas de más de dos horas de duración. La mayoría de los interesados no obtuvo respuestas satisfactorias. En múltiples ocasiones, los miembros de la CFE dieron respuestas vagas y poco detalladas a preguntas sumamente importantes y que en gran medida abordaban las quejas expuestas a lo largo de la reunión. Asimismo, muchas preguntas se referían a elementos exppcados en la MIA y las respuestas a ellas eran copias orales de lo expuesto en ese documento, algo que evidencia la ineficiencia de la CFE para poder (o querer) aclarar las dudas de los participantes. Por otra parte, la entidad estatal fue incapaz de resolver las inquietudes de los pueblos indígenas en cuanto a la afectación de sus sitios sagrados y ceremoniales, como es el caso de la Muxatena. Este punto no pasó desapercibido para los observadores de derechos humanos que asistieron a la reunión. La labor de la SEMARNAT La reunión de información debe permitir que la SEMARNAT decida si otorga o no el permiso ambiental para la construcción proyecto o, en su defecto, sopcite información suplementaria a quien promueve la hidroeléctrica. Dadas las irregularidades y fallas reveladas a lo largo de la Reunión Púbpca de Información, es de esperar que la SEMARNAT pida información suplementaria a la CFE antes de tomar una decisión. De igual manera, ahora es cuando cualquier persona interesada en Las Cruces puede presentar sus argumentos factuales y jurídicos para aclarar o refutar las informaciones, hechos y procesos presentados por la CFE en el ámbito medioambiental. Aunque dicho procedimiento busca informar a todos los interesados y afectados por el proyecto, cualquier información suplementaria y queja suministrada luego de la reunión no da lugar a una respuesta púbpca. Cualquier información nueva que suministre la CFE será confidencial. De ese modo, quien habiendo asistido a la reunión se vea afectado por el proyecto y tenga dudas sobre los diferentes aspectos y consecuencias de su ejecución, ¡no podrá saber más de las aspiraciones y propuestas de la CFE antes que la SEMARNAT tome una decisión! ¡Al cabo de una reunión de información en donde reinó el descontento y la desinformación de los habitantes de la cuenca del río San Pedro Mezquital y ante las muchas irregularidades de la MIA, las múltiples violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y las irreparables consecuencias medioambientales que imppca el proyecto, es primordial sopcitar que la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces no sea autorizada! ¡No a la hidroeléctrica las Cruces!
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