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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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Leer másLa Volta Grande del río Xingú bajo amenaza
Riesgos socioambientales del proyecto minero de Belo Sun en la Amazonía brasileña La Volta Grande (o “Gran Recodo”) del río Xingú es el tramo en que el afluente, ubicado en plena Amazonía brasileña, en el estado de Pará, forma una amplia curva. De ahí proviene su nombre. Es una región de alta biodiversidad y riqueza sociocultural, habitada por pueblos indígenas y comunidades tradicionales cuyos modos de vida dependen del río. Este territorio es presionado por continuos megaproyectos: primero la Central Hidroeléctrica Belo Monte y ahora el Proyecto Aurífero Volta Grande de la empresa canadiense Belo Sun. Frente a estas amenazas, en agosto de 2026, las organizaciones nacionales e internacionales que actúan en defensa de la Volta Grande del río Xingú, reunidas en la Alianza de la Volta Grande do Xingu (AVGX), enviaron —junto con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)— una comunicación formal al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. En el documento, las organizaciones denuncian el incumplimiento del Estado brasileño de su obligación de proteger los derechos humanos —respecto de sus deberes de regular, autorizar con base técnica, prevenir, fiscalizar y conducir la consulta— y el incumplimiento de Belo Sun de la responsabilidad autónoma de respetar los derechos humanos y ejercer la debida diligencia, con urgencia adicional tras la licencia de instalación del proyecto, autorizada formalmente el 15 de abril de 2026. Los argumentos se basan en un conjunto de normas internacionales que define lo que los gobiernos y las empresas deben hacer para proteger a las personas cuando una actividad económica puede afectar sus derechos. Algunas de esas normas son obligatorias para Brasil, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (exigible ante la Corte Interamericana) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Otras son estándares de referencia mundial, como los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos Humanos y las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El caso es objeto de atención internacional desde hace más de una década. El propio Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos escuchó testimonios de las comunidades en su visita a Brasil en 2015. Y, en marzo de 2024, Relatorías Especiales de la ONU enviaron una carta conjunta a los gobiernos de Brasil, Canadá y Estados Unidos, así como a la empresa, sin que se hayan adoptado aún medidas correctivas suficientes. Lee y descarga la hoja informativaLee la comunicación enviada al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos
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Voces por el río Motagua: Olga Vázquez, manos que moldean esperanza
Historias de coraje, dignidad y de resistencia por la vida frente a la contaminación del río más extenso de Guatemala.Por generaciones, el barro fue el corazón de Santa Cruz Chinautla. Salía de la tierra como un regalo cotidiano, se moldeaba con manos pacientes y se transformaba en vasijas, cántaros, silbatos y comales que viajaban a los mercados de la capital.Allí, entre el río y los hornos de leña, creció doña Olga Noemí Vázquez. Desde niña aprendió de su madre el arte de la alfarería. Hoy, a sus casi sesenta años, sigue trabajando con arcilla, pero el oficio ya no es el mismo. El barro escasea, el río huele a desagüe y las manos se le agrietan por los químicos que arrastra el agua contaminada.Doña Olga recuerda con cariño cómo fue su acercamiento a la cerámica. “Lo aprendí cuando tenía diez años. Mi mamá me enseñó. Yo quería hacer otras formas, otros estilos, porque a veces los turistas traían figuras distintas, y aquí uno trataba de imitarlas”, cuenta desde el pequeño taller que ha improvisado en su casa. Cada pieza que trabaja es un acto de memoria, una forma de resistir al olvido, a la pérdida del paisaje y del sustento.También recuerda que antes las y los habitantes del pueblo no salían a trabajar a la capital. “De aquí vivíamos. Se sembraban hortalizas, güisquiles, maíz. Todo se daba aquí. Y del barro hacíamos nuestra vida. Hoy ya no es así”. Foto: Mayela Sánchez García. De los drenajes a la destrucciónEl cambio fue lento, como una marea que sube sin que uno lo note. Primero llegaron los drenajes. Después, los camiones. La basura de la ciudad encontró en Chinautla su destino final. “No había dónde echarla y nos la echaron a nosotros”, dice. Así comenzó la tragedia: los ríos se volvieron canales de desechos, las márgenes se cubrieron de costras grises y los olores se volvieron insoportables, sobre todo en temporada de lluvias. “El río trae toda la basura de la zona 3. Huele fuerte. Ya no hay barro limpio, ya no lo podemos escarbar como antes”.El terremoto del 76 dejó una marca en la memoria del pueblo, pero fue el abandono sistemático lo que acabó desfigurando el paisaje. La municipalidad —cuenta— se trasladó de Santa Cruz a la zona 6, y desde entonces el pueblo quedó sin representación real. “Aquí no hay alcalde. Aquí vienen a poner su propaganda, se quedan con el cargo, pero nunca están. Nunca nos han tomado en cuenta”, lamenta. Mujeres que resistenFrente al silencio institucional, nacieron las asociaciones, los colectivos, las luchas. Entre ellas, la Asociación de Mujeres de Chinautla. “Nos organizamos porque si no lo hacíamos, nos íbamos a quedar sin nada. El barro se acababa, los areneros avanzaban, el río se lo llevaba todo. Las mujeres aquí no se van a trabajar a la capital. Hacen cerámica en su casa, cuidan a sus hijos. Si nos quedábamos sin arcilla, nos quedábamos sin vida”.En 2010, el desastre llegó con fuerza. Dos ríos, Las Vacas y Chinautla, se desbordaron por la acumulación de arena extraída sin control. El agua arrasó un puente. La comunidad se organizó y construyó otro, con sus propias manos. La municipalidad no colaboró. “Ese puente está tirado, pero lo hicimos los vecinos. Si no, seguiríamos incomunicados”.La extracción de arena se volvió el enemigo más persistente. “Los areneros nos cansan. Toneladas y toneladas de arena sacan todos los días. Nuestro barro se fue con ellos. Nos quedamos casi sin nada. Y lo poco que queda está contaminado”, dice. El daño no es solo al paisaje: la salud también se resiente. Foto: Mayela Sánchez García. El valor de la palabra y la justiciaEl avance de las empresas, la pasividad de las autoridades y el desgaste social han provocado divisiones dentro del pueblo. “La política metió ideas en la cabeza de la gente. Hay miles de habitantes, pero solo 500 apoyan. Los demás no colaboran. No entienden que esto no es por un partido, es por nuestro pueblo”, explica.En los últimos años, la asociación de mujeres se ha unido con las autoridades ancestrales del pueblo. Juntos han logrado abrir espacios de diálogo con ministerios, detener renovaciones de licencias extractivas y visibilizar el conflicto ante el Estado. La sentencia de 2025, dictada tras años de lucha legal, fue una luz en medio del abandono. Un tribunal ordenó a la municipalidad asumir su responsabilidad ambiental. Por primera vez, alguien escuchó. “Gracias a esa sentencia se paró a un empresario. No le han renovado la licencia. Antes no era así: uno llegaba a hablar y los ministros solo pensaban en ganar. Ahora al menos nos escuchan”.El futuro no es claro. El agua potable llega solo cada ocho días. Las licencias extractivas pueden renovarse en cualquier momento. El río sigue trayendo basura. Pero hay algo que doña Olga no está dispuesta a perder: la dignidad. “Aconsejo a las mujeres que participen, que se enteren. No podemos estar en la casa sin saber qué hacen los políticos, los empresarios, los ministros. Si uno se integra, se entera. Y si se entera, lucha”.Cuando le preguntan cómo era Chinautla hace 50 años, sus ojos se llenan de imágenes perdidas: niñas jugando en la calle, agua limpia corriendo entre piedras, mujeres moldeando barro al atardecer. “Era tranquilo”, dice. “Era nuestro”. Hoy, entre la contaminación y el saqueo, Chinautla resiste en las manos de mujeres como ella, que siguen moldeando su historia a punta de arcilla, memoria y coraje.
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