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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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5 datos clave sobre las “tierras raras”
Es probable que en las últimas semanas hayas leído o escuchado el término "tierras raras".Contrario a lo que su nombre sugiere, su presencia en la vida cotidiana es más común de lo que piensas. De hecho, muchas innovaciones tecnológicas que usamos diariamente no serían posibles sin ellas.¿Y por qué se habla tanto de ellas actualmente?Porque hoy las "tierras raras" y otros minerales considerados "críticos" están en medio de disputas por su control, dada su utilidad en la fabricación de tecnologías para la transición energética, pero también para la industria militar.Pero, al margen de las tensiones geopolíticas en torno al tema, hay preguntas básicas que surgen al escuchar este término y por eso aquí las respondemos.Al comprender de dónde vienen las materias primas detrás de las tecnologías que usamos podemos también replantearnos el tipo de futuro que queremos. ¿Qué son las "tierras raras"?Son 17 elementos metálicos, similares en sus propiedades geoquímicas, utilizados en gran parte de tecnologías actuales, desde teléfonos móviles hasta autos eléctricos.Incluyen los 15 lantánidos de la tabla periódica de los elementos químicos —Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Prometio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y Lutecio— , además del Escandio y el Itrio.El Prometio suele ser descartado de este grupo porque en condiciones normales su vida es corta. ¿Realmente son raras?Contrario a lo que pudiera pensarse, no son "raras" en abundancia, pero sí en concentración. Es decir, no suelen encontrarse depósitos con altas concentraciones, lo que dificulta su explotación y procesamiento. En consecuencia, la mayor parte de su suministro mundial proviene de unas pocas fuentes.Pero cuando fueron descubiertas (siglos XVIII y XIX) eran menos conocidas en comparación con otros elementos. Las "tierras raras" más abundantes son similares en concentración en la corteza terrestre a metales industriales comunes (cromo, níquel, cobre, zinc, molibdeno, estaño, tungsteno o plomo). Incluso las dos "tierras raras" menos abundantes (Tulio y Lutecio) son casi 200 veces más comunes que el oro. ¿Para qué se utilizan las "tierras raras"?Tienen propiedades fluorescentes, magnéticas y conductoras inusuales, que las hacen atractivas para una amplia variedad de aplicaciones.Están presentes en objetos cotidianos, como smartphones, pantallas o luces LED.En energías renovables, se usan para fabricar turbinas eólicas y autos eléctricos.Sus usos más especializados incluyen aparatos médicos y armamento. ¿Dónde están?Existen en varias partes del mundo, pero que un país tenga reservas no significa que las explote. Los países con las mayores reservas son:China: 44 millones de toneladas.Brasil: 21 millones de toneladas.India: 6 millones 900 mil toneladas.Australia: 5 millones 700 mil toneladas.Rusia: 3 millones 800 mil toneladas.Vietnam: 3 millones 500 mil toneladas.Estados Unidos: 1 millón 900 mil toneladas.Groenlandia: 1 millón 500 mil toneladas.En América Latina, además de Brasil, otros países donde se han identificado "tierras raras" son Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Perú. ¿Por qué ahora se habla tanto de ellas?La transición energética está intensificando la competencia por el acceso a materias primas — entre ellas las "tierras raras"— necesarias para tecnologías de energías renovables.Para promover y facilitar el acceso a estos y otros recursos, algunos países y organismos internacionales los llaman "críticos".Pero no solo son importantes para las energías renovables. Las "tierras raras" también son clave para la industria militar.Debido a que el suministro mundial se concentra en pocas fuentes, hay un creciente interés de algunos países del norte global por controlar el acceso a estos recursos. ¿Qué impactos causa su explotación?La extracción de "tierras raras" se hace principalmente en minas a cielo abierto, lo que implica graves impactos ambientales y sociales:Contaminación del agua, el aire y los suelos.Uso intensivo de agua y químicos tóxicos.Generación de desperdicios radioactivos.Pérdida de biodiversidad.Riesgos para la salud.Desplazamiento forzado de comunidades.Mayor riesgo de desigualdad económica. Las "tierras raras" y otros minerales considerados "críticos" están en el centro de los debates actuales sobre quién controla su explotación y producción.Al ser bienes que provienen de la naturaleza, y que muchas veces están en territorios comunitarios y ecosistemas críticos, una discusión más urgente es qué tipo de progreso queremos: ¿uno que fomente la explotación desmedida de recursos o uno que respete al ambiente y a las personas? Si quieres profundizar más en el tema, te dejamos los enlaces de las fuentes que consultamos: USGS, Rare Earths Statistics and Information: https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/rare-earths-statistics-and-inform… USGS, "Fact Sheet: Rare Earth Elements-Critical Resources for High Technology": https://pubs.usgs.gov/fs/2002/fs087-02/ Science History Institute, History and Future of Rare Earth Elements: https://www.sciencehistory.org/education/classroom-activities/role-playing-games/case-of-rare-earth… USGS, "The Rare Earth Elements-Vital to Modern Technologies and Lifestyles": https://pubs.usgs.gov/fs/2014/3078/pdf/fs2014-3078.pdf Institute for Environmental Research and Education, "What Impacts Does Mining Rare Earth Elements Have?": https://iere.org/what-impact-does-mining-rare-earth-elements-have/#environmental_impact_studiesLatin America’s opportunity in critical mineralsfor the clean energy transition: https://www.iea.org/commentaries/latin-americas-opportunity-in-critical-minerals-for-the-clean-ener…U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2025 : https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-rare-earths.pdf pg 145
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Víctimas de La Oroya piden al Presidente de Perú el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana tras casi dos años de retrasos
El grupo de víctimas reconocido por el tribunal internacional enfatiza la urgencia de implementar la sentencia en temas relacionados con el cese de la contaminación en la ciudad de La Oroya, atención médica integral y especializada, y pago de indemnizaciones. La Oroya, Perú. Víctimas de décadas de contaminación ocasionada por las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya enviaron el 19 de diciembre de 2025 una carta al Presidente de la República para solicitar de forma urgente el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena al Estado peruano la adopción de medidas integrales de justicia y reparación. En la carta, parte del grupo de 80 víctimas reconocidas por el tribunal internacional en el caso La Oroya vs Perú hace énfasis en el cumplimiento del fallo en temas relacionados con la prevención de la contaminación en ciudad, la atención médica integral y diferenciada, así como el pago de indemnizaciones."Sr. Presidente, ¿es que acaso tenemos que esperar 20 años más para obtener algún tipo de reparación? Desde que iniciamos esta larga lucha, 7 personas pertenecientes a este grupo de víctimas han fallecido sin obtener justicia. Dos de ellas, incluyendo a una menor de edad, fallecieron como consecuencia de los daños a la salud producto de la contaminación en La Oroya, como lo pudo acreditar la Corte IDH en la sentencia", señalan las víctimas.Su pedido surge tras casi dos años de retrasos en la implementación efectiva del fallo, notificado el 22 de marzo de 2024, y luego de que la Corte IDH notificara en noviembre del año pasado su sentencia de interpretación, en la que se refirió solo a algunos aspectos específicos de la sentencia original que requerían mayor precisión para facilitar su ejecución. Estos puntos están relacionados con las medidas de atención en salud, la reubicación de las personas afectadas, los plazos de seguimiento, las indemnizaciones y el acto de reconocimiento de responsabilidad y perdón público.Sin embargo, tanto las víctimas como las organizaciones que acompañan su lucha enfatizan que, tal como estableció la Corte IDH, todas las órdenes de la sentencia original están vigentes y son plenamente exigibles desde el momento de su emisión, en marzo de 2024, no existiendo impedimento legal para avanzar de inmediato en su cumplimiento.Un paso indispensable para concretar esto es la publicación urgente de la resolución de determinación de competencias por parte de la Procuraduría General del Estado."Las víctimas han recurrido a todos los mecanismos legales e institucionales para acceder a la justicia y ver reparados sus derechos. Hoy, prevenir que la población de La Oroya continúe expuesta a la contaminación ambiental, garantizar una atención integral en salud para quienes han sido afectadas por metales tóxicos, y asegurar el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte, son pasos necesarios y plenamente implementables para que el Estado peruano cumpla no solo con sus obligaciones internacionales, sino también con su deber fundamental de proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas que habitan su territorio", dijo Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Por su parte, Christian Huaylinos, del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), resalta la importancia de implementar la sentencia para todo el país: "De las disposiciones ordenadas por la Corte, varias tienen relevancia a nivel nacional, es decir, que se beneficia a la ciudadanía peruana en general frente a la contaminación por actividades minero-metalúrgicas. Entre ellas se resalta las de compatibilizar la normativa que define los estándares de calidad de aire a nivel nacional, garantizar el respeto de los derechos humanos y debida diligencia, así como diseñar e implementar un sistema de información de calidad de aire y agua en las zonas de Perú donde exista mayor actividad minero-metalúrgica. En ese sentido, lograr un oportuno y eficiente cumplimento por parte del Estado representa la trascendencia del caso en beneficio de todas y todos los peruanos".Las víctimas subrayan que, con las precisiones hechas por la Corte IDH en su sentencia de interpretación, no hay justificación para que persistan los retrasos institucionales que por más de dos décadas han impedido el acceso a la justicia y la reparación de las familias afectadas por la contaminación generada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya.Este caso se ha convertido en uno de los precedentes más relevantes en América Latina para la protección del derecho a un ambiente sano, a un aire limpio y a la salud, especialmente para comunidades expuestas a operaciones empresariales altamente contaminantes. Después de más de 20 años de lucha, las víctimas esperan que el Estado peruano finalmente garantice la justicia y reparación ordenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las víctimas, la población de La Oroya y las organizaciones involucradas en el caso reiteran su disposición a colaborar con las instituciones responsables para asegurar la implementación efectiva de todas las medidas y avanzar hacia la reparación integral y la no repetición.Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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¿Qué sigue tras la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar?
El día finalmente llegó.El 17 de enero pasado, el Tratado de Alta Mar —llamado oficialmente Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés)— entró en vigor y con ello se convirtió en ley internacional.Siendo un hito histórico que tomó más de dos décadas en concretarse, el tratado establece por primera vez un marco jurídico para proteger la biodiversidad en alta mar —cuyas aguas cubren casi la mitad del planeta y pertenecen a todos los países— y para garantizar que los beneficios derivados de sus recursos se distribuyan de manera equitativa a nivel mundial.La puesta en marcha del tratado fue activada el 19 de septiembre de 2025 cuando alcanzó su ratificación número sesenta. Al 15 de enero de este año, 83 países ya son Estados Parte del acuerdo.La ratificación o adhesión significa que los países, además de firmarlo, dan su consentimiento formal al tratado, lo que a menudo implica garantizar que sus leyes nacionales sean coherentes con este.Pero ¿qué viene ahora con la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar? Obligaciones legales para los EstadosCon su entrada en vigor, los Estados Parte del acuerdo deben empezar a cumplir con una serie de obligaciones legales contenidas en este. Aunque algunas dependen del funcionamiento de los órganos y los mecanismos del tratado, otras son aplicables desde ya, incluyendo las siguientes:Notificar públicamente cualquier actividad prevista bajo su control que pueda afectar la biodiversidad de alta mar o del lecho marino. Estas actividades deben seguir los procesos de evaluación de impacto ambiental establecidos por el tratado.Promover los objetivos del tratado al participar en espacios de toma de decisiones ante otros organismos internacionales, como los que regulan el transporte marítimo, la pesca y la minería submarina.Notificar y reportar aspectos relacionados con el cumplimiento de requerimientos sobre recursos genéticos marinos, reparto de beneficios no monetarios y cooperación para la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades. Respecto del último punto, el tratado establece un Mecanismo de Intercambio de Información, una fuente de conocimiento que muchos países —sobre todo en desarrollo— no podrían disfrutar en otras circunstancias.En términos generales, la implementación del acuerdo tendrá, entre sus obligaciones más visibles, temas de cooperación y coordinación entre los países a partir de mecanismos establecidos por este y mediante puentes con instrumentos jurídicos internacionales que ya existen y que históricamente se han aplicado de manera aislada. Propuestas de áreas marinas protegidas en alta marUno de los objetivos principales del tratado es la creación y el manejo adecuado de áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar para conservar y rescatar la rica biodiversidad albergada en el océano.Con la entrada en vigor del tratado, esta tarea no puede comenzar desde ya porque su cumplimiento requiere el funcionamiento de los órganos y mecanismos específicos, entre ellos la Secretaría del tratado, que recibirá las propuestas de AMP, así como el Órgano Científico y Técnico, que las evaluará y emitirá recomendaciones sobre su adopción ante la Conferencia de las Partes.Sin embargo, los países pueden comenzar desde ahora con el proceso de consultas amplias estipulado en el tratado para la elaboración de propuestas de AMP o de otros mecanismos de gestión basados en áreas (ABMTs, por sus siglas en inglés), las cuales deben estar basadas en los mejores conocimientos científicos y tradicionales disponibles.Aunque son los países quienes deben proponer y luego decidir el establecimiento de las zonas que serán declaradas reservas para su protección en alta mar, existen esfuerzos desde la sociedad civil para avanzar en esto.Por ejemplo, la Alianza por Alta Mar —una coalición de organizaciones en la que AIDA tiene el papel de coordinador regional para América Latina— tiene preliminarmente identificadas ocho propuestas de AMP de gran valor ambiental: tres están en el Atlántico (Ciudad Perdida, Mar de los Sargazos y Dorsal de Walvis), cuatro en el Pacífico (Domo Térmico, Dorsal de Salas y Gómez y Nasca, Montes Submarinos Emperador y Mar de Tasmania) y una en el Índico (Saya de Malha).Para la elaboración de propuestas de AMP ubicadas en aguas internacionales adyacentes a América Latina —el Domo Térmico y la Dorsal de Salas y Gómez y Nasca—, la alianza está apoyando a los gobiernos de Costa Rica y Chile, respectivamente. La primera reunión de toma de decisiones del acuerdoA más tardar un año después de la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar —es decir, a finales de 2026 o a inicios de 2027—, tendrá lugar su primera Conferencia de las Partes (COP1), donde se decidirán aspectos clave para su implementación y para la puesta en marcha de sus beneficios.Solo los países que hayan ratificado el acuerdo podrán participar en la toma de decisiones, el resto lo podrá hacer como observadores. Aquellos países que únicamente firmaron el tratado tienen la obligación de buena fe de evitar realizar actos que frustren su propósito.Con miras a la COP1, se realizan reuniones de la Comisión Preparatoria para elaborar propuestas sobre la arquitectura institucional del tratado (sus órganos y procesos de toma de decisiones) que serán presentadas para su adopción en la conferencia.Con el hito histórico comienza ahora otra fase clave, la de implementación, que permita traducirlo en medidas concretas y duraderas para la salud del océano.Su impacto dependerá de cómo se aplique y respete colectivamente. Y su efectividad será mayor cuando todos los países se adhieran al acuerdo.
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