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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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Superior Tribunal de Justicia de Brasil decidirá sobre el futuro del fracking; organizaciones advierten riesgos climáticos y amenazas para los pueblos indígenas
BRASILIA, 24 de agosto el 2026 — Organizaciones indígenas y de la sociedad civil advierten que la decisión que tomará el Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre la autorización del fracking en Brasil podría poner en riesgo la seguridad de las comunidades indígenas y los pueblos en aislamiento voluntario, además de comprometer fuentes estratégicas de agua, como los acuíferos Guaraní y el Gran Amazonía.El STJ se pronunciará el próximo 9 septiembre sobre la posibilidad de utilizar la fracturación hidráulica o fracking para extraer petróleo y gas de reservas no convencionales. La decisión, de alcance nacional, analizará si esta técnica es compatible con la Constitución Federal, la legislación ambiental y los compromisos climáticos asumidos por Brasil en virtud del Acuerdo de París.En ese contexto, Amigos de la Tierra - Amazonía Brasileña, Operación Amazonía Nativa (OPAN), Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), Federación de Pueblos y Organizaciones Indígenas de Mato Grosso (FEPOIMT), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Asociación Indígena Tapayuna (AIT) señalan que las comunidades y los pueblos no fueron consultados ni invitados a participar en el proceso. Entre los territorios que podrían verse afectados se encuentran las Tierras Indígenas de Xetá, Estação Parecis, Manoki y Rio Formoso, así como las comunidades quilombolas de Manoel Ciríaco dos Santos y Apepú.Las organizaciones piden al Superior Tribunal de Justicia que aplique el principio de precaución, un criterio del derecho ambiental conforme al cual la falta de certeza científica no debe impedir la adopción de medidas preventivas cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles.La decisión del STJ plantea también una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo y los compromisos climáticos de Brasil. “La decisión judicial puede marcar el camino hacia un modelo de desarrollo compatible con la emergencia climática, al frenar la expansión de una técnica extractiva de alto impacto ambiental. En un contexto de crisis global que exige avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles, tal como lo reconoció el propio gobierno de Brasil durante su presidencia de la COP de Cambio Climático, el STJ debe evaluar si la promesa de posibles beneficios económicos y de una mayor soberanía energética justifica el sacrificio de amplias extensiones de territorio y la afectación de las comunidades que las habitan”, señaló Santiago Cané, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).Riesgos para los pueblos indígenas y sus territorios“El impacto de la fracturación hidráulica en estos territorios representaría una amenaza directa para la supervivencia, los modos de vida y los derechos de los pueblos indígenas. Proceder sin una consulta previa, libre e informada, además de violar los compromisos nacionales e internacionales de protección de los derechos indígenas, podría exponer a estas poblaciones a enfermedades, daños territoriales irreversibles y graves desequilibrios socioambientales”, afirmó Luciane Simões, de Amigos de la Tierra - Amazonía Brasileña.La situación de la antigua Reserva Indígena Tapayuna muestra estos riesgos. La reserva fue abolida durante la dictadura militar y actualmente forma parte de bloques de exploración de hidrocarburos. Recientemente, el tribunal de Diamantino, en el estado de Mato Grosso, reconoció la violencia histórica cometida contra el pueblo Kajkwakratxi-Tapayuna y ordenó la demarcación de sus tierras en un plazo de 24 meses. Permitir el fracking en esta zona podría entrar en conflicto con el alcance de esa decisión y desconocer el carácter tradicional del territorio.A este escenario se suma la situación del licenciamiento ambiental en el país. "Debemos tener en cuenta todos estos riesgos, recordando también la frágil situación de las licencias ambientales en Brasil. Sin mecanismos sólidos para proteger los territorios y los derechos de los pueblos indígenas, la aprobación del fracking podría agravar los impactos de otras actividades que ya ejercen presión sobre ellos", afirmó Andreia Fanzenes, coordinadora del Programa de Derechos Indígenas de OPAN, que forma parte de Operación Amazonía Nativa.Algunos de estos riesgos también han sido reconocidos por el gobierno brasileño. En una nota técnica, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, señala que la exploración de hidrocarburos cerca de comunidades indígenas podría causar enfermedades y alterar el equilibrio ambiental necesario para su supervivencia.Impactos ambientalesLas organizaciones advierten que el fracking puede poner en riesgo la seguridad hídrica debido a su alto consumo de agua y al riesgo de contaminación por sustancias químicas, metales pesados y materiales radiactivos, con posibles afectaciones a sistemas estratégicos como el Acuífero Guaraní —compartido con Argentina, Paraguay y Uruguay— y el Acuífero Gran Amazonía (SAGA). Además, las operaciones de fracturación hidráulica podrían generar sismos y comprometer la estabilidad de infraestructuras críticas, como las represas hidroeléctricas.A los impactos territoriales e hídricos se suma la dimensión climática. Si bien el gas natural suele presentarse como un “combustible de transición”, su extracción, procesamiento y transporte pueden generar emisiones de metano, un gas de efecto invernadero con un alto potencial de calentamiento global.Ante posibles afectaciones que pueden extenderse durante generaciones, las organizaciones llaman al Poder Judicial a proteger la vida y los territorios, garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano e impedir el avance de proyectos que no cumplan con las obligaciones de consulta previa a las comunidades potencialmente afectadas.Contacto para medios:Lorena Zárate [email protected] +52 553902 7481
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Presas de relaves: Aportes desde las ciencias para enfrentar sus riesgos
La minería implica, al inicio, la eliminación de cobertura vegetal y suelo. Luego tienen lugar las excavaciones para extraer metales y minerales del subsuelo. Este proceso genera muchos residuos o relaves: 200 kilos de residuos por cada kilo de material de interés económico en una mina de alta eficiencia.Estos desechos son una mezcla de restos de roca, agua y compuestos químicos usados en la explotación minera. Pero ¿a dónde van a parar estos residuos?Terminan en presas de relaves, depósitos permanentes de residuos mineros ubicados en los mismos territorios donde se realizan operaciones mineras.Pese a ser infraestructuras críticas, pues su falla o colapso puede afectar gravemente al ambiente y a las personas, la discusión previa y transparente en torno a las presas de relaves y sus riesgos es poco usual entre autoridades, empresas mineras y comunidades afectadas.Frente a ese vacío, el 22 y 23 de julio, AIDA —en alianza con la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y el proyecto Encuentra una Persona Experta en Minería (FAIME, por sus siglas en inglés)— organizó en la ciudad de Loja, Ecuador, un evento plural de diálogo académico y divulgación científica acerca de la gestión de riesgos asociados a las presas de relaves.El evento reunió a personas de diferentes territorios y expertas en temas técnicos de América Latina para entablar un diálogo plural entorno a las preocupaciones por el manejo de desechos mineros.La iniciativa es parte de nuestros esfuerzos para promover que las ciencias, incluidos los conocimientos tradicionales, sean una herramienta fundamental y accesible para la defensa de los territorios y del derecho a un ambiente sano de todas las personas.A continuación, compartimos la información y reflexiones clave que el evento dejó sobre las presas de relaves y la gestión de sus riesgos. Preocupaciones e incógnitas en torno a las presas de relavesTodas las rocas trituradas, químicamente procesadas, de las que se extraen los metales y minerales valiosos y sin valor económico para la industria, se quedan en los territorios, en las presas de relaves.Durante la operación de una mina, después de su cierre, y a perpetuidad, las empresas mineras deben asegurar que estas infraestructuras aíslen por completo del ambiente los desechos. La exposición a esta mezcla de residuos mineros implica grandes afectaciones socioambientales. Esto genera preocupaciones y dudas que pocas veces se discuten, incluyendo:Las dimensiones de la presa: ¿Cuántas toneladas de desechos se van a almacenar? La ubicación: ¿Dónde se permitirá guardar estos residuos en perpetuidad?El aislamiento: ¿Cómo asegurar que rocas cargadas de sustancias tóxicas y metales pesados no afecten el suelo, las fuentes de agua, la biodiversidad y a las personas? La seguridad: ¿Cómo garantizar que la infraestructura no ponga en peligro la vida de las personas y el ambiente del que dependen? El evento puso de manifiesto que la ciencia como herramienta de defensa territorial permite nombrar las amenazas de las presas de relaves, describirlas y profundizar en los riesgos específicos que se deben gestionar en cada territorio.Porque quienes tienen o potencialmente tendrán estos llamados “pasivos” ambientales a perpetuidad donde antes había un camino, un bosque o un río tienen múltiples incógnitas que deben ser respondidas.Incluso para personas expertas en temas técnicos relacionados, las presas de relaves son estructuras desafiantes. Quienes trabajan de cerca con el tema pueden confirmar que no siempre se tienen datos completos o libres para monitorear estas infraestructuras en todo su ciclo de vida. Son varios factores los que permiten entender en cada proyecto particular aspectos relacionados con el diseño, la construcción, la operación, el monitoreo, el cierre y poscierre, los efectos del cambio climático y la resiliencia de las presas de relaves.En la mayoría de los proyectos, esta información se mantiene reservada y solo puede ser estudiada por las empresas mineras y los organismos de control gubernamentales. Enfrentando las narrativas usualesGobiernos y empresas suelen asegurar que aplican los mejores estándares en cada fase de la operación minera, pero poco o nada dicen de los riesgos para el ambiente y las personas de los desechos mineros. Lastimosamente, muchas generaciones han vivido desastres por el colapso de estas presas:2019: Brumadinho, Minas Gerais, Brasil.2014: Mount Polley, Columbia Británica, Canadá.2010: Las Palmas, Maule, Chile.2010: Huachocolpa, Huancavelica, Perú.1965: El Cobre, Valparaíso, Chile. Estos desastres no se vieron venir pese a los monitoreos o no se evitaron. Si bien pueden parecer lejanos, las comunidades aledañas cargan con las pérdidas humanas y con los daños ambientales. Además de estas catástrofes bien conocidas, cada año se registran colapsos de estas estructuras en todo el mundo. En el sitio web de Wise Uranium está disponible una cronologia de fallas de presas de relaves desde 1960. Un diálogo académico plural y fructíferoHablar de los riesgos asociados a las presas de relaves fue clave para entender las preocupaciones de quienes ya viven junto a estas infraestructuras. También para tener en cuenta que con cada nuevo proyecto de minería metálica nuevas poblaciones se verán obligadas a coexistir con estas piscinas de residuos. Sin importar dónde estén o puedan ubicarse, entender y gestionar los riesgos es indispensable.El evento en Ecuador nos mostró que hay presas de todo tipo, dentro y fuera del continente (en Canadá, Chile, Brasil, Ecuador y Perú). Nos permitió conocer más de estándares, sistemas de monitoreo comunitarios, experiencias de restauración y exigencias frente a los riesgos.En mesas de trabajo de personas expertas —técnicas y ciudadanas— compartimos conocimientos y experiencias, preguntas, y algunas pocas respuestas. Construimos alianzas para seguir difundiendo información y construir una comunidad que espera crecer.Una de las discusiones más impactantes estuvo relacionada con el riesgo tolerable. Incluso cuando conocemos los riesgos y los gestionamos, estos siguen presentes. ¿Cuánto riesgo podemos y queremos tolerar? Las respuestas varían si vienen de la industria y de algunos gobiernos. Pero si nos concentramos en las poblaciones en riesgo, la respuesta es NINGUNO. Por supuesto. ¿Quién de nosotros/as, en nombre del desarrollo y de la transición energética, dejaría su casa ahora mismo para vivir junto a una presa de relaves? Usando las ciencias para renovar la esperanza y acortar brechasEscuchamos experiencias de comunidades donde la calidad del agua se ha visto afectada por proyectos de minería metálica. En estos casos, por ejemplo, usar las ciencias como herramienta de defensa territorial se traduce en tener una línea de tiempo de los parámetros de calidad del agua, monitoreados por la comunidad, en demostrar a empresas y autoridades que la calidad del agua cambió y en exigir cambios inmediatos. También se refleja en comunidades directamente afectadas que proponen estudios y monitoreos específicos para sus territorios, los desarrollaron y usan los resultados para fortalecer sus procesos de toma de decisiones y sus acciones legales.Sin embargo, para muchas comunidades el desarrollo de estudios científicos ajustados a sus realidades es una ilusión. Existen brechas tanto de financiamiento como de falta de herramientas técnicas que limitan que las comunidades usen la mejor ciencia disponible para la defensa de sus territorios y medios de vida. Por eso AIDA y FAIME buscan poner a personas consultoras y equipos de técnicos en contacto con comunidades y con organizaciones que las apoyan para contribuir a que la mejor ciencia disponible deje de ser un privilegio. GraciasDesde AIDA agradecemos la participación de personas expertas y representantes de diversas comunidades de la región en el diálogo académico. Seguiremos propiciando estos espacios y encontrando caminos para que las comunidades afectadas por minería tengan en las ciencias una herramienta útil y eficiente para la defensa de sus derechos.
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Organizações acionam CIDH após escalada de invasões na Terra Indígena Ituna/Itatá, no Pará
Entidades pedem resposta urgente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e reforço do monitoramento internacional; cerca de 300 pessoas já estariam envolvidas na ocupação e no avanço para o interior da área destinada à proteção de indígenas isolados.Brasília. O Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (Opi) e outras cinco organizações acionaram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) diante da escalada das invasões à Terra Indígena Ituna/Itatá, no Médio Xingu, no Pará, área protegida para povos indígenas isolados.Em manifestação urgente enviada à Comissão, Opi, Justiça Global, Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS) e Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA) pedem que a CIDH adote providências imediatas diante do risco à vida, à integridade e à existência física e cultural dos povos indígenas isolados da região.O documento foi apresentado no âmbito da Medida Cautelar MC-382/10, concedida pela CIDH em 2011 em favor das comunidades indígenas da Bacia do Xingu e posteriormente ampliada para incluir, entre seus eixos, a proteção específica dos povos indígenas isolados.Lei estadual precedeu escalada das invasõesAs organizações alertam a Comissão para os efeitos da Lei estadual nº 11.665/2026, publicada em 12 de agosto, que criou a Área de Proteção Ambiental (APA) Bacajaí nos municípios de Altamira e Senador José Porfírio.A área e o perímetro definidos para a nova unidade de conservação coincidem com os da Terra Indígena Ituna/Itatá. Mapa produzido pelo Opi/Mapi, a partir de dados da Funai e do Estado do Pará, mostra que os 21 vértices descritos na legislação estadual coincidem integralmente com o perímetro da terra indígena.A TI possui aproximadamente 142,4 mil hectares e está interditada pela Funai desde 2011. Atualmente, vigora sobre o território a Portaria de Restrição de Uso nº 1.335/2025, que proíbe o ingresso, a permanência e a circulação de pessoas não autorizadas devido à presença registrada de povo indígena isolado.A legislação estadual prevê mecanismos de regularização fundiária e ambiental de imóveis e ocupações dentro da APA, inclusive por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Atualmente, 288 imóveis inscritos no CAR estão sobrepostos a cerca de 89% da TI Ituna/Itatá.Desde a publicação da lei, as organizações registraram movimentações de antigos invasores para retornar à região, destruição de estruturas de controle de acesso e abertura de picadas clandestinas. Mensagens recebidas pelo Opi em 13 de agosto também documentaram articulações para ingresso na terra indígena.Cerca de 300 pessoas estariam envolvidasA situação atingiu um ponto crítico nos dias 15 e 16 de agosto. Durante uma atividade de monitoramento, servidores da Funai encontraram, às margens do Igarapé Ituna, cerca de 100 pessoas acampadas, além de 35 motocicletas e quatro veículos.De acordo com informações relatadas pelos próprios ocupantes aos servidores, outro grupo de aproximadamente 200 pessoas avançava para regiões mais internas do território com o objetivo de abrir estradas e demarcar lotes, utilizando foices, facões, roçadeiras e motosserras. Ser vidores da Funai foram ameaçados durante a abordagem, segundo o documento.Diante da escalada, a Defensoria Pública da União já havia acionado, em 17 de agosto, os ministérios da Justiça e Segurança Pública e dos Povos Indígenas, solicitando o envio imediato da Força Nacional e a atuação da Polícia Federal na região. Calcula-se que hoje já estejam cerca de 300 invasores na área, o que indica ação coordenada e financiada.Organizações pedem resposta internacionalNa manifestação, as seis organizações solicitam que a CIDH: incorpore imediatamente os novos fatos ao acompanhamento da MC-382/10; cobre do Estado brasileiro informações urgentes sobre as medidas adotadas para conter as invasões e manter a Restrição de Uso; emita comunicado público manifestando preocupação com a Lei nº 11.665/2026 e os riscos aos povos indígenas isolados; mantenha e reforce o monitoramento internacional da proteção territorial da Ituna/Itatá; acompanhe o cumprimento das medidas emergenciais requeridas pela DPU, especialmente o envio da Força Nacional e a atuação da Polícia Federal; cobre do Estado brasileiro garantias de segurança aos servidores da Funai responsáveis pela fiscalização do território.O documento foi também incorporado à reunião de trabalho da MC-382/10 que ocorreu no dia 18 de agosto, durante o 196º Período Ordinário de Sessões da CIDH.Para as organizações, a situação reúne os critérios de gravidade, urgência e risco de dano irreparável que justificam uma resposta imediata. O documento ressalta que povos indígenas isolados apresentam especial vulnerabilidade epidemiológica e que contatos não consentidos podem produzir consequências irreversíveis para sua sobrevivência física e cultural.Sobre a MC-382/10A Medida Cautelar MC-382/10 foi concedida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em abril de 2011 em favor das comunidades indígenas da Bacia do Xingu diante do quadro de danos e insegurança provocado pela instalação da usina de Belo Monte e teve seu alcance ampliado em julho daquele ano. Entre os eixos abrangidos está a proteção específica dos povos indígenas isolados da região.A Ituna/Itatá integra esse contexto de proteção. Sua interdição pela Funai também está relacionada às condicionantes indígenas do licenciamento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, cujo Estudo de Impacto Ambiental já registrava, em 2009, fortes indícios da presença de indígenas isolados na região.Documento: Ofício JG nº 89/2026 – Manifestação urgente sobre a Lei estadual (PA) nº 11.665/2026 e os riscos aos povos indígenas isolados da TI Ituna/Itatá.Informações para imprensaHelena Palmquist | Assessoria de Comunicação – Opi | [email protected] | 91 985476006 (WhatsApp)
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