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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Ponentes destacan violaciones derivadas de la construcción de represas en la Amazonía en el Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, Suiza. En un innovador evento realizado durante el 25º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de la Asociación de Pueblos Indígenas del Brasil (APIB), Sônia Guajajara, denunció la alarmante indiferencia del Gobierno brasileño frente a los derechos de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que se apresura en promover una ola de construcción de grandes represas sin precedentes en la cuenca del Amazonas con efectos devastadores sobre sus territorios y medios de vida. En su testimonio, Guajajara afirmó que la violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa con relación a los planes de construcción de represas del gobierno federal, ha sentado un precedente problemático para el Estado de Derecho y el futuro de los pueblos indígenas de Brasil. En el evento paralelo denominado “El derecho a la consulta de los pueblos indígenas frente a proyectos de grandes represas en Brasil”, también participó el abogado brasileño de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Alexandre Andrade Sampaio, quien criticó el uso del mecanismo legal conocido como “Suspensión de Seguridad” (Suspensão de Segurança), el cual permite a los administradores de justicia, por solicitud del gobierno, suspender indefinidamente decisiones en favor de los derechos de los pueblos indígenas. Entre los usos más escandalosos de este artificio legal que originalmente fue creado durante la dictadura militar, es la suspensión de decisiones judiciales que declaran la ilegalidad de grandes proyectos hidroeléctricos, como Belo Monte, donde el gobierno federal ha fallado en garantizar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, tal como lo estipula la Constitución brasileña. De acuerdo con Sampaio, la Suspensión de Seguridad también constituye un obstáculo para que Brasil cumpla efectivamente con sus obligaciones internacionales en materia de consulta y consentimiento libre, previo e informado, incluyendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Congreso brasileño en 2002, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. “La alianza entre intereses económicos y poder político representa una fuerte crisis para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en el Brasil de hoy en día”, dijo Guajajara. “Sin embargo, incluso si el gobierno negara nuestros derechos, no puede negar su responsabilidad frente a este Convenio”. “La Suspensión de Seguridad viola derechos humanos. Las mismas personas que pueden desestimarla son aquellas que se benefician de su existencia”, señaló Sampaio. “Por eso es importante que la comunidad internacional centre su atención en este asunto e inste al Gobierno brasileño a adoptar medidas efectivas que conduzcan al respeto de los derechos humanos”. Declaraciones conjuntas fueron remitidas a la Asamblea General de las Naciones Unidas por parte de una coalición de organizaciones brasileñas e internacionales, incluyendo la ONG francesa France Libertés. Al discutir las crecientes amenazas a los derechos de los pueblos indígenas, esos documentos destacan que el Gobierno brasileño planea construir un complejo masivo de más de 29 grandes represas a lo largo del río amazónico Tapajós y de sus afluentes en los próximos diez años. Menos conocido que el controversial proyecto Belo Monte en el río vecino Xingú, el complejo Tapajós provocaría la inundación y consecuencias devastadoras para pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales tanto río arriba como abajo de las represas planeadas, incluyendo la eliminación de peces migratorios que constituyen la base de la dieta de las comunidades y de las economías locales. La prisa del gobierno federal para construir la serie de grandes represas en la región del Tapajós sin llevar a cabo consultas previas con los pueblos indígenas, ha ocasionado crecientes protestas por parte de tribus locales, tales como los Mundurukú, Kayabi and Apiaká. “Estamos presenciando la repetición de una oscura historia en los ríos del Amazonas donde la tragedia de Belo Monte amenaza con reproducirse en el Tapajós”, dijo Christian Poirier de Amazon Watch. “Mientras el Gobierno brasileño afirma respetar a sus pueblos indígenas, en realidad está trabajando por desmantelar sus derechos para poner sus tierras y ríos a disposición de la explotación sin restricciones”. Antes del evento paralelo, delegados se reunieron con la Embajadora de la Misión Permanente de Brasil ante las Naciones Unidas, Regina Dunlop, con el fin de presentar sus preocupaciones. Mientras que la Embajadora afirmó que dicha información sería más relevante si se presentara a los representantes del gobierno en Brasilia, Guajajara y Sampaio respondieron que estas críticas son ignoradas frecuentemente por tomadores de decisiones gubernamentales hasta que los problemas son expuestos en foros internacionales como las Naciones Unidas. “La reputación de Brasil está en juego ante este escenario internacional”, señaló Sônia Guajajara. “Estamos aquí para dar visibilidad al inaceptable perjuicio y a la discriminación sufrida por los pueblos indígenas y para exigir que se detenga”. El evento paralelo en Ginebra fue organizado por France Liberté (Fundación Danielle Mitterand) con el apoyo de Amazon Watch e International Rivers.
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By María José Veramendi Villa, senior lawyer AIDA, @MaJoVeramendi During the last three months I have been writing an article on the Metallurgical Complex of La Oroya , in Peru, which has taken me back in time, until 1922, when it became operational. I could make a mental journey through the mining of those years in the Central Sierra Peru, the nationalization of the complex in 1974 and its privatization and purchase in 1997 by the company Doe Run. I also remembered how AIDA came to work in La Oroya and I thought about how, today, we continue steadfast in the struggle for the rights of its inhabitants. This journey leads me to this day: the 85th birthday of my grandmother Carmen . She is a woman with a physical and mental strength enviable, traveling as if thirty years and sports as if I were twenty. In each of their birthdays, I secretly wish reach eighty-something with his lucidity and strength. But what relationship does my grandmother with La Oroya? She was born in Callao in 1929, seven years after it began operating the metallurgical complex. He lived several years of his childhood and adolescence in Huancayo, capital of the province of Junin, when his father was General Count Irrigation Mantaro river. My grandmother remembers , and since then, the heaviness of the air - a symptom of pollution - rail passing by La Oroya during his trips between Lima and Huancayo. Since that time the contamination was present! What followed is history: nationalization, privatization Adjustment Program and Environmental Management (PAMA) , breach of environmental obligations , extensions, damage to life and health ; and high levels of lead, cadmium and arsenic in the population. There were and there are human rights violations , stigma and violence against defenders of their right to live in a healthy environment , proceedings before the Inter - American System of Protection of Human Rights , and more extensions. The story is completed by the repeated failure of the company and the State of its obligations under the PAMA, recurring failure of the State of timely and appropriate health care of the population , the liquidation of the company, its restructuring, administration temporary, and the demand for international arbitration of the company against the State in order to manipulate their interests . Thus, the list could go on ... Last week it was published in the press statements by the Technical Group of the Air Quality La Oroya indicating that, after visiting the metallurgical complex, it had reduced its air emissions, which greatly improved the air quality in the area. How did that happen? How indicators based on what? The visit took place on February 4 and 3 and 5 were recorded situations care about the level of sulfur dioxide in the air in one of the monitoring stations of La Oroya (Union). Additionally, the press picked up the concern of Mrs. Rosa Amaro , the Movement for the Health of La Oroya (MOSAO) , who indicated that fugitive emissions are not completed to remove. Recall that the fugitive emissions "are those that escape the general atmosphere during the casting process or handling of concentrates and products, bypassing the checkpoints emissions" (Cederstav and Barandiaran: La Oroya Can not Wait ). The response of the representative of the company Doe Run to such concern was surprising : "studies are performed to solve this problem definitively and is considered in the investments to be made in the process of restructuring the company." Are they still doing studies? How long? For more than a decade fugitive emissions are discussed and control is a priority . Improvements in air quality in La Oroya always be welcome. But they must be backed with real indicators , so it is an urgent priority that people have all the information on the actual situation of air quality , information that also have the right . Air pollution has serious impacts on the health of the population and access to information is vital to a population that has suffered for many years hiding what was really happening in their city and, consequently, of the causes of their health problems. Happy Birthday to my grandmother Carmen! I hope your great - grandchildren come to see a country where the contamination in La Oroya is a distant memory , where children grow up with health, where seniors can age with dignity, and where people can develop their life normally, breathing clean air .
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Acción urgente busca detener el desalojo de una comunidad indígena en Panamá. Panamá, Washington D.C., San Francisco, Lima. Organizaciones ambientales y de derechos humanos presentaron una acción urgente ante Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas en representación de miembros de la comunidad indígena Ngöbe, quienes enfrentan el inminente desalojo forzoso de sus tierras a causa de la implementación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco al oeste de Panamá. Este desalojo desplazaría a las comunidades Ngöbe de su tierra, la cual constituye su principal fuente de alimento, agua y medios de subsistencia, así como de su cultura. La acción urgente, presentada por la organización Ngöbe Movimiento 10 de Abril para la Defensa del Río Tabasará (M10) y tres ONG internacionales -la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), y Earthjustice-, solicita a los Relatores Especiales hacer un llamado al Estado de Panamá para que detenga los procesos de desalojo y la construcción de la represa hasta cumplir con sus obligaciones internacionales. Dado que el proyecto es financiado por los Bancos de Desarrollo alemán y holandés (DEG and FMO, respectivamente), así como por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), las organizaciones instaron a los Relatores Especiales a requerir a Alemania, Holanda y a los países miembros del BCIE, que suspendan el financiamiento hasta que cada país tome medidas para reparar y prevenir violaciones de derechos humanos adicionales en perjuicio del pueblo Ngöbe. Los desalojos forzosos de los Ngöbe son la más reciente amenaza derivada del proyecto Barro Blanco. Éstos implican la inminente violación de sus derechos humanos a la vivienda adecuada, a la propiedad, al consentimiento libre, previo e informado, a la alimentación, al agua y a los medios de subsistencia, así como a la cultura y a la educación. "Nuestras tierras y recursos naturales son los aspectos más importantes de nuestra cultura. Todos los días tememos ser desplazados de nuestro hogar", dijo Weni Bagama del M10. Esta acción resalta el hecho de que los miembros de la comunidad Ngöbe nunca fueron consultados ni otorgaron su consentimiento para abandonar sus tierras. "Panamá debe respetar los derechos del pueblo indígena Ngöbe y abstenerse de llevar a cabo el desalojo. Ejecutar estos desasolojos forzosos constituiría una violación del derecho internacional de los derechos humanos", señaló María José Veramendi Villa de AIDA. Asimismo, un punto central de la acción es el rol de los gobiernos cuyos bancos financian la represa. "De acuerdo al derecho internacional, los Estados deben asegurar que su bancos de desarrollo no financien proyectos que violen derechos humanos, incluso extraterritorialmente. Llevar a cabo los desalojos forzosos de los Ngöbe sin su consentimiento es una razón suficiente para suspender el financiamiento de este proyecto", manifestó Abby Rubinson de Earthjustice. El registro del proyecto Barro Blanco bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto (MDL) es otro punto de preocupación. "La omisión de Panamá de proteger a los Ngöbe de ser desplazados forzosamente de sus tierras sin su consentimiento arroja serias dudas sobre la capacidad del MDL para asegurar el respeto de los derechos humanos de acuerdo al derecho internacional", dijo Alyssa Johl de CIEL. "Los proyectos del MDL deben ser diseñados e implementados de tal forma que respeten las obligaciones en materia de derechos humanos".
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