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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Por Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA Hace unos años observé la fotografía de una gran llamarada proveniente de un grifo de agua. Fue entonces que escuché por primera vez hablar de la fracturación hidráulica (hydraulic fracturing o fracking). Quedé sin palabras. ¿Estamos contaminando el agua hasta convertirla en material inflamable? ¿Hasta dónde llegará nuestro deseo de producir más energía? La fracturación hidráulica es una técnica que permite explotar reservorios no convencionales de gas natural o petróleo, llamados también gas de pelitas o shale/oilgas. Mediante este proceso es posible extraer gas natural o petróleo alojado en poros muy pequeños de rocas de alta concentración de materia orgánica. Se trata de una práctica presente por varias décadas en países como Estados Unidos. Cada vez es más común debido a un avance en la tecnología que permite la perforación horizontal, aquella que facilita alcanzar reservorios antes inaccesibles. ¿Cómo funciona la fracturación hidráulica? El primer paso es ubicar el sitio y perforar verticalmente hasta llegar a los reservorios. Luego se fracturan las rocas perforando horizontalmente. La presión aumenta utilizando agua con químicos y arena para que el gas escape de las rocas y fluya hacia el pozo de producción. Grandes cantidades de agua son utilizadas en la mezcla que se inyecta en las rocas y para el almacenamiento del gas obtenido. Un solo pozo puede requerir 29,000 m3 de agua durante su operación y se necesitan cientos de pozos para que el negocio sea rentable. Al retirar la presión sobre el pozo, los líquidos de fracturación regresan a la boca del pozo. La mayoría de ellos pueden ser recolectados en pocas horas, pero el proceso de retorno puede continuar por varios meses y una porción de los fluidos quedará atrapada en la formación del reservorio, entre los dos y tres kilómetros de profundidad. Existen documentales con mucha información sobre este proceso y sus posibles beneficios e impactos. Recomiendo ver La sombra del FrackingGasland Impactos asociados con la fracturación hidráulica Un reporte reciente del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), organización participante de AIDA en Argentina, identifica los principales problemas asociados con el fracking: 1. Contaminación del agua: Hay mucha preocupación por las implicaciones del uso de químicos en el proceso de fracturación. Por un lado, los líquidos atrapados en el reservorio podrían contaminar los mantos acuíferos y, por el otro, aquellos que fueron recuperados podrían causar graves daños a la salud. Estos últimos contienen no sólo los químicos que les fueron agregados antes de la fractura, sino también sales corrosivas y elementos radioactivos presentes de forma natural en la roca. Además, el gas metano podría disolverse en el agua, lo que no cambia su potabilidad, pero sí podría causar explosiones. 2. Contaminación del aire: Se dice que en los próximos años, el gas shale recuperado podría producir más gases de efecto invernadero que la quema de carbón. 3. Agotamiento del recurso hídrico: Debido a las grandes cantidades de agua utilizadas en el proceso, la fracturación hidráulica podría, dependiendo de la región, disminuir el agua disponible para la población. 4. Incremento de la actividad sísmica: Actualmente se estudia la posibilidad de que el aumento de presión en las rocas por la fractura hidráulica sea la causa de una mayor actividad sísmica en zonas aledañas. 5. Daños a la salud: Muchos de los químicos empleados para la fractura hidráulica están presentes en nuestra vida diaria y, al mezclarse con agua para consumo humano, pueden ser sumamente peligrosos. Muchos de los efectos no se presentan de inmediato y van desde alergias en la piel hasta daños en el sistema nervioso y cáncer. La fractura hidráulica en el mundo: El agua que queremos beber La discusión sobre la conveniencia o no de proyectos de fracturación hidráulica se extiende a nivel mundial. En 2011, por ejemplo, Francia y Quebec (en inglés) declararon una moratoria al fracking hasta que se demuestre que no causa daños al ambiente ni a la salud pública. En otros países también se busca evitar los impactos de esta actividad. Dos de las organizaciones participantes de AIDA, CEDHA y Earthjustice, lideran campañas para que la fractura hidráulica sea prohibida en determinadas zonas de Argentina y Estados Unidos, respectivamente. Nuestro vecindario (en inglés) puede ser el próximo en enfrentar estas discusiones. Es hora de leer e informarnos. Debemos actuar rápido para proteger nuestra agua, nuestros recursos, nuestra salud y nuestro futuro.
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Organizaciones denuncian el hecho ante la Convención Ramsar, tratado internacional para la protección de humedales. Al modificar los límites del Parque Nacional, el gobierno federal busca ampliar el puerto de Veracruz. Distrito Federal, México. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante instancias internacionales la intención del gobierno mexicano de modificar los límites del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) para así ampliar el puerto de Veracruz. Ello es una violación a sus compromisos de conservar y proteger un humedal de importancia mundial. El pasado 19 de diciembre, con motivo de la autorización del proyecto de ampliación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —con apoyo de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Pobladores A.C., Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (SENDAS), Litiga OLE, Pronatura Veracruz y el doctor e investigador Leonardo Ortíz Lozano—, presentaron al Secretariado de la Convención Ramsar un reporte sobre el incumplimiento del gobierno federal de ese tratado internacional. El Sistema Arrecifal Veracruzano fue declarado Área Natural Protegida (ANP) en 1992 con el objetivo de proteger el derecho humano al medio ambiente sano y, en 2004, fue inscrito como humedal de importancia internacional en la Lista Ramsar. Si bien el Estado mexicano puede modificar los límites de los sitios que inscribe en la Lista Ramsar, esto tiene que hacerse conforme a las causales y procedimientos determinados en la Convención Ramsar. Sin embargo, el gobierno federal pretende modificar el área del PNSAV contradiciendo sus propios actos y actuando en contravención del principio de legalidad [1]. De acuerdo con la información pública obtenida de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) [2], la causal por la cual el gobierno mexicano decidió modificar los límites del PNSAV es la llamada cláusula de “error”, contenida en la Resolución VIII.22, la cual sólo puede invocarse por cambios en las características ecológicas resultantes de procesos que han degradando parte del humedal. Sin embargo, hasta ahora el gobierno federal no ha probado científicamente que se hayan modificado las características ecológicas en detrimento del humedal. Es cuestionable que la Conanp haya decidido notificar el supuesto error al Secretariado Ramsar cuando la Semarnat estaba en vísperas de autorizar la ampliación del puerto de Veracruz. El otro camino legal para modificar los límites de los sitios Ramsar es la de "motivos urgentes de interés nacional", contenido en la Resolución VIII.20, la cual implica una evaluación ambiental previa y una consulta a todos los interesados directos, algo que hasta el momento no ha ocurrido. “El gobierno federal está determinado a modificar la poligonal del PNSAV de manera ilegal toda vez que no le es jurídicamente posible proceder según los procedimientos establecidos por la Convención Ramsar”, señaló Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. Añadió que “la modificación del polígono del PNSAV y la autorización de impacto ambiental del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, son decisiones unilaterales del gobierno federal en las que los argumentos de la ciudadanía no fueron tomados en cuenta.” En resumidas cuentas, el gobierno mexicano viola la Convención Ramsar, situación que implica la transgresión de sus obligaciones internacionales sobre la conservación de un humedal de importancia internacional. De consumarse la modificación al PNSAV, el gobierno mexicano habrá lesionado el derecho al medio ambiente sano de los mexicanos en general y de los veracruzanos en particular. Por lo anterior, entre otras cosas, las organizaciones solicitaron al Secretariado de la Convención Ramsar que considere inaceptable la reducción de los límites del PNSAV, y que la posible modificación se debata en la próxima Conferencia de las Partes que tendrá lugar en Uruguay en 2015. Notas del editor: 1.- De acuerdo con este principio general del derecho, la autoridad sólo puede hacer aquello que le está expresamente mandado por la Ley. 2.- Solicitud de información 1615100033713.
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Por Carlos Lozano, asesor legal de AIDA, @CLozanoAcosta Columna publicada originalmente en El Espectador A mediados del siglo XX, los barrenderos de Bogotá usaban la vegetación de los páramos que se encontraba en las goteras de la ciudad para fabricar sus escobas. ¿Puede haber un destino más absurdo para plantas que absorben cuarenta veces su peso en agua? Probablemente, sí: la destrucción por minería a gran escala. Los páramos están amenazados. La legislación colombiana dice que para protegerlos mejor, es necesario que el Ministerio de Ambiente los delimite. Esa cartera anunció que el primero en pasar al tablero será Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander. De ese complejo, con alrededor de ochenta mil hectáreas, depende en buena medida el agua de Bucaramanga y de Cúcuta. Además, es fundamental para el cambio climático por su capacidad para capturar carbono. En Santurbán hay oro y las grandes mineras tienen sus ojos puestos allí. Cerca de treinta mil hectáreas tienen solicitudes de títulos mineros y solo alrededor de once mil están protegidas por un Parque Natural Regional. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Parlamento Andino y el Grupo del Banco Mundial siguen con interés la evolución del caso. La ley dice que la delimitación debe hacerse con fundamento en estudios científicos, sociales y ambientales y hay una discusión muy intensa sobre qué implican los segundos. Una perspectiva dice que el componente social significa “trazar la línea” de tal manera que no se destruyan puestos de trabajo ni se desestimule la inversión en la zona. Sin embargo, hay un aspecto esencial: el derecho al agua es tan fundamental como el derecho al trabajo. Los estudios sociales deben valorar no solo cuántas personas perderían sus empleos, sino también, con el mismo nivel de importancia, cuántas personas podrían quedarse sin acceso al líquido si la delimitación abre paso a las operaciones mineras a gran escala. La oferta laboral en Santurbán puede ser reconvertida. Por el contrario, no hay sustituto posible para el agua. Nadie quiere que los habitantes de los páramos sean expulsados con la delimitación. Sería injusto. Como lo explicó un editorial de este diario, su protección requiere el consenso de las comunidades y hay mecanismos para encontrar un balance. La ministra Sarmiento debe tener en cuenta que para la Corte Constitucional el derecho al agua es fundamental y que según el derecho internacional, el Estado tiene la obligación de proteger las fuentes frente a los daños que le pueden causar terceros. De la decisión de la ministra dependerá significativamente la calidad y cantidad del agua que beben los habitantes de dos importantes ciudades colombianas, así como todas las actividades económicas vinculadas. No es una disputa entre mineros y ecologistas abraza-árboles: es una verdadera tensión entre actividades extractivas y la provisión de un recurso que es esencial para la vida humana. En la delimitación de los páramos, hay que tomarse el derecho al agua en serio. Para entenderlo, basta con darse una vuelta por Yopal, que lleva meses sin el recurso. En un mundo que se calienta, destruir los páramos que nos dan agua y ayudan a regular la temperatura, es como incendiar la reserva de municiones de un país en guerra. Más que canteras de oro, los páramos son verdaderas fábricas de agua. Ese es su principal rol social. Con la delimitación, el Gobierno Nacional tiene el deber de reconocerlo.
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