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Foto: Ana Rodríguez Carrington (CC BY 2.0)Victoria: Reserva de la Biósfera, a Salvo de una Mina Tóxica
Conocido como un “tesoro ecológico”, la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, ubicada en el extremo sur de Baja California, no será dañada por desechos mineros tóxicos, en parte gracias al trabajo de AIDA.
La reserva era una isla por lo que alberga especies raras de plantas y animales. En su cordillera de granito y en sus bosques tropicales de tierras bajas existen cañones, pozas y aguas termales.
Gracias a AIDA y a nuestros socios en México, el gobierno de ese país negó el permiso ambiental para la mina de oro Paredones Amarillos, frenando el proyecto por ahora. Para proteger a la reserva, AIDA contribuyó a educar a grupos comunitarios y tomadores de decisión sobre los riesgos de la mina. Ello ayudó a construir el momento político necesario para que el gobierno niegue el permiso.
Para extraer oro de las montañas, la empresa canadiense Vista Gold propuso arrancar cantidades enormes de roca —cada tonelada con solo un gramo de oro–, molerla hasta convertirla en lodo y tratar éste con cianuro. La empresa planeaba arrojar grandes cantidades de residuos tóxicos (llamados “colas”) detrás de una presa en la que se pretendía almacenarlos para siempre. Desafortunadamente, los diques de colas se pueden romper por varias razones, como ocurrió en 1996 con la mina Porco en Bolivia. Cuando esa presa se derrumbó, más de un cuarto de millón de toneladas métricas de relaves inundaron un río y contaminaron 800 kilómetros de cursos de agua en Bolivia, Argentina y Paraguay.
La mina podría también haber causado drenaje ácido de minas. Cuando rocas que contienen sulfuro son expuestas al aire y al agua, se produce ácido sulfúrico, el cual causa que metales pesados tóxicos se disuelvan y se filtren en la cuenca hídrica. El riesgo de drenaje ácido de minas en Sierra La Laguna fue significativo y el costo humano y ambiental hubiera sido terrible: miles de personas y un sinnúmero de vida silvestre dependen del agua del sitio para sobrevivir.
El agotamiento del agua dulce era una amenaza más porque las minas usan ingentes cantidades de agua. Debido a la escasez de agua en la reserva, Vista Gold propuso construir una planta en la costa del Pacífico para remover la sal del agua de mar en un proceso que consume mucha energía, para luego bombearla 45 kilómetros hacia la mina. La planta desalinizadora implicaba una amenaza para la tortuga marina baula, especie en peligro de extinción.
Solos y en conjunto, los impactos de la mina habrían devastado una joya rara, un paraíso único y exuberante que vale la pena preservar para las generaciones futuras.
Proyectos relacionados
Misión civil sobre el Arrecife Veracruzano identifica riesgos ambientales y retos en el cumplimiento del fallo de la Suprema Corte
Veracruz, México. En el contexto del cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la protección del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), una misión internacional de la Convención Ramsar visitó tierras veracruzanas para brindar asesoría al gobierno mexicano, así como para emitir observaciones y recomendaciones sobre el proyecto de ampliación portuaria y sus efectos sobre el sitio Ramsar 1346.Sin embargo, contrario a los estándares y mejores prácticas en materia de participación necesarias para este tipo de mecanismos, y desoyendo la petición de varias organizaciones de abrir el espacio al diálogo, tanto el gobierno mexicano como la Misión Ramsar de Asesoramiento omitieron la garantía de participación amplia, libre e inclusiva de la sociedad veracruzana y de los sectores interesados en el tema.Ante la falta de inclusión de todas las voces relevantes en dicho proceso, organizaciones de la sociedad civil y especialistas llevaron a cabo la Misión Civil por la Defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano (MIDE-SAV), un ejercicio independiente de observación y documentación científica encaminado a visibilizar ante la sociedad las afectaciones y consecuencias de la ampliación del puerto de Veracruz en el PNSAV, las cuales inciden en el derecho de las y los habitantes de la zona conurbada a un medio ambiente sano. La MIDE-SAV, realizada del 2 al 4 de mayo e integrada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), tuvo como objetivo recabar información en campo y generar un espacio amplio de diálogo con actores que no fueron invitados a participar en la Misión Ramsar de Asesoramiento que tuvo lugar en marzo pasado. A través de conversatorios con usuarios del PNSAV, colectivos, el sector académico y organizaciones de la sociedad civil —y mediante recorridos de observación directa en zonas potencialmente afectadas—, se documentaron las condiciones actuales del ecosistema y los posibles impactos asociados a la ampliación del puerto de Veracruz.Uno de los principales hallazgos es la existencia de riesgos significativos para el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), un humedal de importancia internacional designado como Sitio Ramsar. Este sistema, que constituye el complejo coralino más grande del Golfo de México, alberga una alta biodiversidad (incluyendo corales, manglares y diversas especies marinas) y sostiene actividades económicas y medios de vida de comunidades locales.La información recabada señala que la ampliación portuaria podría comprometer la integridad ecológica del sistema, particularmente debido a la ausencia de una evaluación integral de impactos que considere de manera adecuada los efectos acumulativos, sinérgicos y residuales del proyecto.Asimismo, la misión analizó el estado de cumplimiento de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó que el derecho a un medio ambiente sano fue vulnerado como consecuencia de una evaluación ambiental fragmentada. A cuatro años de dicha resolución, se identifican desafíos relevantes en su implementación.En particular, la autorización de impacto ambiental otorgada en 2022 presenta elementos que requieren revisión, tales como la omisión de generar nuevos estudios, la exclusión de ecosistemas clave, el uso de metodologías que pueden resultar inadecuadas o limitadas, la falta de un análisis integral de los impactos del proyecto y la no consideración del cambio climático. Estos aspectos evidencian la necesidad de fortalecer la alineación con lo establecido por la SCJN.Adicionalmente, se observa la importancia de consolidar procesos de participación pública más amplios, incluyentes y transparentes, que garanticen la incorporación efectiva de diversas perspectivas en la toma de decisiones. En la sentencia de la Corte, la palabra “participación” se usa hasta 18 ocasiones y México es parte del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, en el proceso de cumplimiento de la sentencia, no se ha aperturado un solo espacio para que las personas y comunidades afectadas o beneficiadas puedan dialogar sobre el proyecto de ampliación portuaria.Como resultado de la misión civil de observación, se elaborará un informe sombra que sistematizará los hallazgos, preocupaciones y recomendaciones, el cual será compartido con instancias nacionales e internacionales, incluida la Convención Ramsar.Dentro de los hallazgos más destacados, se encontraron:Impactos no tenidos en cuenta sobre el Archipiélago de Lagunas Interdunarias, humedal de importancia internacional, Sitio Ramsar 1450.Impactos asociados con sitios de extracción de roca para la construcción de escolleras, no considerados en la evaluación ambiental. Desde la perspectiva técnico y social, el desbalance en los sedimentos de los ecosistemas asociados y la pérdida de espacios playa en comunidades al sur del SAV. Desplazamiento de actividades en espacios públicos, como actividades deportivas y de turismo. En este marco, las organizaciones firmantes llamamos a las autoridades a:Cumplir de manera integral la sentencia de la SCJN.Alinear el desarrollo del proyecto portuario con las obligaciones internacionales en materia de protección de humedales.Garantizar mecanismos de participación pública efectivos, incluyentes y transparentes.Proteger de manera integral el SAV.Ampliar la Misión Ramsar de Asesoramiento con el objetivo de garantizar la participación efectiva de todas las voces relevantes, particularmente de comunidades locales y otros actores clave que deben ser considerados en la toma de decisiones. La protección del Sistema Arrecifal Veracruzano es fundamental para asegurar la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad de los medios de vida locales y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado mexicano.Contacto de prensaTerritorios Diversos para la Vida (TerraVida) | 55 8462 5917 | [email protected]
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Hablemos del cierre y salida responsable de proyectos
Ningún proyecto minero, de extracción de combustibles fósiles y de generación de energía dura para siempre. Su vida útil está condicionada a factores internos, como la cantidad de reservas de los recursos, y externos, como la disminución de la demanda o problemas financieros, entre otros.Pero, sin importar la duración del proyecto o cómo esta pueda verse afectada, quienes lo promuevan —sean actores públicos o privados— deben prever un proceso de cierre y salida responsable con el entorno natural y con la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todas las personas involucradas.Este asunto es aún más relevante en el contexto de las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática, relacionadas en gran parte con la transición energética, la cual implica en términos generales sustituir los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles; así como promover energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran gran importancia.En el primero, es necesario incluir en los proyectos vigentes obligaciones concretas y exigibles de cierre y salida responsable. En el segundo, estos requerimientos deben incluirse desde la etapa de planificación y la de prefactibilidad, integrándolos también las evaluaciones de impacto ambiental y en fases posteriores.En todos los proyectos, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que forman parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, financiadores, aseguradoras, proveedores, distribuidores y compradores, entre otros.Por lo señalado, la conversación en torno al cierre y salida responsable de proyectos es fundamental para abonar a la protección del ambiente y la gestión climática en América Latina.¿Qué entendemos por cierre y por salida de un proyecto?Todos los proyectos minero-energéticos tienen distintas fases a lo largo de su ciclo de vida: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre y poscierre. A su vez, tienen cadenas de suministro y de valor en las que participan —como dijimos— actores de diversos sectores.En este contexto, el cierre se refiere a la etapa de un proyecto en la cual este deja de operar y se da por finalizado. Por su parte, la salida se refiere a la decisión y posterior proceso en el cual los distintos actores de la cadena de valor y de suministro del proyecto, desde su propio rol, se desvinculan por completo de este. ¿Qué implica que un proceso de cierre y de salida sea responsable?Actualmente no existe un consenso sobre la definición y el alcance de los procesos de salida y de cierre de proyectos para que sean responsables y justos. En ocasiones, estos términos se utilizan de forma indiscriminada, lo que puede generar confusiones acerca de las responsabilidades de los actores involucrados y el alcance de los procesos que deben llevarse a cabo. Sin embargo, hay elementos que permiten explicar estos conceptos con precisión:El cierre responsable y justo de un proyecto es un proceso planificado, realizado con anticipación, que debe contemplarse desde las fases iniciales del proyecto y actualizarse constantemente según su desarrollo.Por medio del cierre responsable se garantiza un cese de actividades y un desmantelamiento planificado, coordinado y participativo, garantizando también el derecho a un ambiente sano.La planificación y el desarrollo de un plan de cierre deben estar enfocados en la gestión de riesgos, así como en la prevención y mitigación de impactos. Ello asegura un cierre responsable en el que las áreas afectadas puedan readecuarse y ser seguras tanto para la naturaleza como para las comunidades, permitiendo además que los ecosistemas recuperen sus funciones.La obligación general del promotor del proyecto es identificar en debida forma los impactos que este puede causar y dar cumplimiento adecuado y oportuno a las medidas aprobadas por el Estado en sus instrumentos de gestión ambiental.La principal obligación del Estado (además de su deber general de regulación) es supervisar y fiscalizar el proyecto para verificar el cumplimiento de las obligaciones del promotor, previniendo que se generen daños ambientales y/o sociales.El rol de los demás actores de la cadena de valor y de suministro es actuar con debida diligencia, utilizando su influencia para incentivar que el promotor del proyecto cumpla con sus obligaciones y, en caso de notar incumplimientos, tomar medidas desde su papel y capacidad de influencia para que se adopten las acciones correctivas necesarias.La salida responsable y justa se refiere al proceso llevado a cabo por los distintos actores de la cadena de valor y de suministro cuando deciden desvincularse por completo de un proyecto, atendiendo las responsabilidades propias de su rol, que implican cumplir sus obligaciones en materia de respeto y debida diligencia en derechos humanos. En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas.Para conocer más del tema, consulta nuestro informe El cierre y la salida responsable. Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina En el siguiente video, explicamos los principales hallazgos del informe, que documenta y analiza casos en varios países del continente:
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El Cierre y la Salida Responsable
Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina Ningún proyecto de extracción de recursos naturales (materia o energía) dura para siempre. Su vida útil está sujeta a muchas variables, que incluyen factores endógenos —como la cantidad de reservas de los recursos o la tasa de extracción— y factores exógenos —como las decisiones para atender la crisis climática, la disminución en la demanda, los problemas financieros, etc.— que condicionan el momento en que el proyecto debe cerrar o el momento en el cual un actor de su cadena de valor y de suministro debe salir. Sin importar la duración de la vida útil del proyecto o como pueda verse afectada, se debe contemplar un proceso de cierre responsable con el entorno natural y la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todos los actores involucrados.Este asunto es aún más relevante en el contexto de crisis climática que estamos viviendo, que hace urgente la puesta en marcha de medidas para gestionarla en el corto, mediano y largo plazo. Muchas de las acciones requeridas para cumplir con las metas de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) están relacionadas con la transición energética, la cual implica, en términos generales, al menos dos cosas: 1) la sustitución de los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles y 2) la promoción de energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran una gran importancia.Tanto en los proyectos de extracción como en los de generación, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que hacen parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, aseguradoras, distribuidores y compradores, entre otros.En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. En estas fases, principios en materia ambiental como el de prevención y el de precaución, además de derechos como la consulta previa y el consentimiento previo libre e informado, y los derechos de acceso, han tenido un rol crucial en la determinación de la viabilidad y el avance de los proyectos, así como en la protección y garantía de los derechos de las comunidades de la región. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas. En efecto, la falta de un proceso de cierre, así como de claridad sobre las obligaciones alrededor de los procesos de transición social y superación de las condiciones de dependencia económica, son obstáculos complejos que pueden agudizar los impactos ambientales y sociales. Este informe surge con la idea de proponer enfoques basados en el derecho y la ciencia para abordar el cierre y la salida responsable de los proyectos. Con ese propósito, en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en el período 2022-2024, entrevistamos a diversos actores y sistematizamos 12 casos que ejemplifican la problemática situación de múltiples proyectos de extracción de combustibles fósiles, de minerales y de generación de energía, que se encuentran en fase de cierre o en procesos de salida en diferentes países de la región. Estos casos evidencian los actuales desafíos y vacíos legales, técnicos y administrativos sobre el cierre y la salida en contextos específicos.Con la publicación, buscamos dar respuestas a las siguientes preguntas: ¿qué se entiende por cierre y salida de un proyecto?, ¿cuáles son los fundamentos de las obligaciones de cierre y salida desde el derecho internacional?, ¿cómo deben ser el cierre y la salida?, ¿quiénes deben participar en estos procesos? y ¿cómo se deben atender los desafíos e impactos en materia social, ambiental, económica y de derechos humanos que se derivan de ellos? Lee y descarga el informe
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