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Foto: Ana Rodríguez Carrington (CC BY 2.0)Victoria: Reserva de la Biósfera, a Salvo de una Mina Tóxica
Conocido como un “tesoro ecológico”, la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, ubicada en el extremo sur de Baja California, no será dañada por desechos mineros tóxicos, en parte gracias al trabajo de AIDA.
La reserva era una isla por lo que alberga especies raras de plantas y animales. En su cordillera de granito y en sus bosques tropicales de tierras bajas existen cañones, pozas y aguas termales.
Gracias a AIDA y a nuestros socios en México, el gobierno de ese país negó el permiso ambiental para la mina de oro Paredones Amarillos, frenando el proyecto por ahora. Para proteger a la reserva, AIDA contribuyó a educar a grupos comunitarios y tomadores de decisión sobre los riesgos de la mina. Ello ayudó a construir el momento político necesario para que el gobierno niegue el permiso.
Para extraer oro de las montañas, la empresa canadiense Vista Gold propuso arrancar cantidades enormes de roca —cada tonelada con solo un gramo de oro–, molerla hasta convertirla en lodo y tratar éste con cianuro. La empresa planeaba arrojar grandes cantidades de residuos tóxicos (llamados “colas”) detrás de una presa en la que se pretendía almacenarlos para siempre. Desafortunadamente, los diques de colas se pueden romper por varias razones, como ocurrió en 1996 con la mina Porco en Bolivia. Cuando esa presa se derrumbó, más de un cuarto de millón de toneladas métricas de relaves inundaron un río y contaminaron 800 kilómetros de cursos de agua en Bolivia, Argentina y Paraguay.
La mina podría también haber causado drenaje ácido de minas. Cuando rocas que contienen sulfuro son expuestas al aire y al agua, se produce ácido sulfúrico, el cual causa que metales pesados tóxicos se disuelvan y se filtren en la cuenca hídrica. El riesgo de drenaje ácido de minas en Sierra La Laguna fue significativo y el costo humano y ambiental hubiera sido terrible: miles de personas y un sinnúmero de vida silvestre dependen del agua del sitio para sobrevivir.
El agotamiento del agua dulce era una amenaza más porque las minas usan ingentes cantidades de agua. Debido a la escasez de agua en la reserva, Vista Gold propuso construir una planta en la costa del Pacífico para remover la sal del agua de mar en un proceso que consume mucha energía, para luego bombearla 45 kilómetros hacia la mina. La planta desalinizadora implicaba una amenaza para la tortuga marina baula, especie en peligro de extinción.
Solos y en conjunto, los impactos de la mina habrían devastado una joya rara, un paraíso único y exuberante que vale la pena preservar para las generaciones futuras.
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Litigio climático en el sector de hidrocarburos: Perspectivas desde América Latina y el Caribe
Los efectos de la crisis climática amenazan una gran variedad de derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, la alimentación, la vivienda, la salud y el acceso a un medio ambiente sano (IACHR, 2021). A medida que el fenómeno se intensifica, agrava las desigualdades existentes, afectando desproporcionadamente a las personas más vulnerables (Benesch et al., 2024). Las políticas climáticas globales han sido insuficientes para responder a esta crisis, impulsada en gran medida por la dependencia de los combustibles fósiles. Se estima que, para 2030, los países podrían tener una producción de combustibles fósiles aproximadamente un 110% superior a lo que sería compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, y un 69% por encima de lo alineado con un límite de 2 ºC (SEI et al., 2023).En este escenario surge el litigio climático como herramienta para abordar la crisis climática, generando cambios sociales e institucionales que van más allá de los efectos particulares de un caso específico (Ezer & Patel, 2018). En el contexto de América Latina y el Caribe, la justicia climática es esencial para abordar los impactos desproporcionados que enfrentan los grupos vulnerables debido a los desequilibrios sistémicos de poder (Tigre, Urzola, et al., 2023).En consecuencia, el litigio climático en la región se ha fundamentado principalmente en un enfoque de derechos humanos, donde el constitucionalismo ambiental desempeña un papel central (Beckhauser, 2024; Tigre, Urzola, et al., 2023). Recientemente, las obligaciones del Acuerdo de París se han incorporado cada vez más en las acciones judiciales, reflejando un compromiso con la protección constitucional de los derechos humanos (de Carvalho & da Rosa, 2024; Peel & Lin, 2019).El Informe Global sobre Litigio Climático de 2023, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), destacó que en la región se han presentado varios casos impugnando los esfuerzos de los gobiernos por desregular o flexibilizar las regulaciones climáticas (UNEP, 2023). Los sectores del petróleo y del gas son fuente principal de litigios por violaciones de derechos humanos en América Latina y el Caribe (Business & Human Rights, 2022). En este contexto, el litigio climático es crucial para el desarrollo de políticas públicas que apoyen la transición energética justa en la región. La definición de transición energética justa puede variar según el contexto. Esta se refiere a la necesidad de considerar y mitigar la distribución de los impactos ambientales, económicos y sociales, tanto positivos como negativos, que conlleva la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y la descarbonización de las economías. Asimismo, implica garantizar un diálogo amplio, democrático e inclusivo para orientar estos procesos. Este informe analiza el impacto del litigio climático en los sectores de petróleo y gas en América Latina y el Caribe, con énfasis en su influencia sobre las políticas de transición energética y en la prevención y reparación de violaciones a los derechos humanos y colectivos asociadas a la producción, exploración y explotación de combustibles fósiles. Asimismo, examina similitudes y diferencias entre el litigio climático en el norte global y en el sur global —en particular en América Latina— con el fin de aportar insumos para su desarrollo futuro en la región. El análisis de litigios climáticos abarcó tanto América Latina como el Caribe, dado que se revisaron casos de toda la región en las bases de datos consultadas. Sin embargo, solo se identificó un caso de litigio climático en el Caribe (Thomas & De Freitas v. Guyana, 2021), ocurrido en Guyana, un país que, si bien geográficamente se encuentra en América del Sur, está integrado regionalmente al Caribe. Este caso ha sido considerado el primer litigio climático en el Caribe (Kaminski, 2021).A nivel regional, muchos análisis responden a dinámicas sociales y económicas compartidas en América Latina y el Caribe. No obstante, es fundamental reconocer las diferencias en las tradiciones jurídicas de la región para comprender mejor las particularidades del litigio climático en cada jurisdicción. En los países angloparlantes del Caribe, el sistema legal predominante es el common law, resultado de la colonización británica, mientras que en los países francófonos e hispanohablantes del Caribe predomina la tradición del civil law, influenciado por las colonizaciones francesa y española (Bermúdez-Abreu & Villaroel, 2021; Karst, 1968). Algunos países cuentan con sistemas jurídicos híbridos; por ejemplo, Guyana combina elementos del common law británico con aspectos heredados del civil law neerlandés. En América Latina continental, la tradición del civil law domina, con excepción de Guyana y Belice (UC Berkeley Law, s. f.).Este informe está dirigido a una amplia gama de audiencias, incluyendo profesionales del derecho, integrantes del poder judicial, responsables de políticas públicas, activistas, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y comunidades académicas de diversas disciplinas. Para esta última audiencia, el informe propone visibilizar los vacíos de información existentes y destacar cómo la incorporación del conocimiento científico puede fortalecer las estrategias legales y los argumentos utilizados en los litigios climáticos.Lee y descarga el informe
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Un hito para la protección de dos terceras partes del océano
El mundo celebra un avance clave para mantener al océano sano y resiliente para las generaciones presentes y futuras.Este mes se cumplió el requisito necesario para la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, un acuerdo largamente buscado y fundamental para la protección y uso sostenible de dos terceras partes del océano, casi la mitad de nuestro planeta azul.Alta mar es la zona que está fuera de las jurisdicciones nacionales y una de las mayores reservas de biodiversidad a nivel mundial por la riqueza de vida marina que resguarda. También nos brinda alimento y oxígeno, regula el clima, amortigua los impactos de la crisis climática y sostiene los modos de vida de comunidades dedicadas a la pesca y al turismo.Tras más de 20 años de discusiones y más de cinco años de negociaciones formales, el 4 de marzo de 2023, los gobiernos acordaron, en la sede de Naciones Unidas, el texto del tratado, que fue adoptado formalmente el 19 de junio de ese año.Pero ahí no terminó la historia.Para su entrada en vigor y posterior implementación, el tratado debía ser ratificado por al menos 60 países, algo que finalmente ocurrió el pasado 19 de septiembre. La vigencia del tratado comenzará oficialmente 120 días después de esa fecha: el 17 de enero de 2026.Desde AIDA hemos contribuido a este proceso por muchos años, aportando a que las necesidades de América Latina sean parte de la construcción del tratado y ahora también de su puesta en práctica.El Tratado de Alta Mar —nombre corto para el Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés)— plantea, entre otros beneficios, la creación y el manejo adecuado de áreas marinas protegidas en alta mar para conservar y rescatar la rica biodiversidad albergada en el océano.Establece además que cualquier actividad nueva en alta mar está sujeta a evaluaciones de impacto ambiental que incluyan los impactos acumulativos de múltiples actividades en un solo ecosistema. El aporte de AIDA a la protección de la vida en alta marDesde las negociaciones del texto del Tratado de Alta Mar, y hasta la actualidad, AIDA ha tenido una participación activa en el proceso, coliderando las contribuciones de la sociedad civil de América Latina para un acuerdo sólido.Lo hemos hecho como parte de la High Seas Alliance, una coalición de más de 70 organizaciones que trabajan por preservar la biodiversidad en alta mar y en la cual AIDA tiene el papel de coordinador regional para América Latina. Desde ese rol hemos incorporado en las estrategias de la alianza las realidades, expectativas y desafíos del continente.Durante la negociación del tratado, apoyamos a las delegaciones latinoamericanas, tanto en sus procesos internos como regionales, mediante sesiones informativas enfocadas en los beneficios y deberes del acuerdo. Aportamos así al fortalecimiento de capacidades de los países de la región desde nuestra experiencia y pericia técnica científica en el tema.Y, con miras a la implementación del acuerdo, también hemos brindado apoyo técnico a las delegaciones de la región para su participación en las sesiones del Comité Preparatorio, instancia de Naciones Unidas que trabaja para avanzar los temas que deberán abordarse en la primera Conferencia de las Partes (COP) del acuerdo.Los países que ratifiquen el tratado podrán participar en la COP, donde se decidirán aspectos clave para su implementación y para la puesta en marcha de sus beneficios. La primera sesión de esta COP tendrá lugar un año después de la entrada en vigor del tratado.Más allá de la tan esperada ratificación del tratado, es necesario que todos los países —no solo 60— se adhieran al acuerdo para lograr la gobernanza justa, equitativa y sostenible de la biodiversidad en alta mar. Ello garantizará la implementación efectiva del acuerdo, incluyendo el cumplimiento de sus objetivos de conservación y la participación de los países en sus beneficios.Desde AIDA seguiremos trabajando con un enfoque latinoamericano para asegurar que el Tratado de Alta Mar se traduzca en acciones concretas para la protección y uso sostenible de alta mar, una obligación de todos los gobiernos.
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Hito histórico para la protección mundial del océano: La 60ª ratificación activa la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar
Tras la ratificación ante la Organización de las Naciones Unidas de cuatro nuevos países esta semana —Sri Lanka, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona y Marruecos— el Tratado de Alta Mar alcanzó hoy las 60 ratificaciones estatales necesarias para activar su entrada en vigor. El también llamado Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas fuera de la Jurisdicción Nacional (Acuerdo BBNJ, por sus siglas en inglés), entrará en vigor a los 120 días, el 17 de enero de 2026."Este momento histórico es la culminación de años de dedicación y diplomacia internacional de gobiernos y partes interesadas", afirmó Rebecca Hubbard, directora de la Alianza de Alta Mar. "El tratado es un poderoso testimonio del multilateralismo, que demuestra lo que el mundo puede lograr cuando nos unimos por el bien común de nuestro océano, el cual cubre más del 70% del planeta. Hoy se da un paso importante en el que las promesas comienzan a convertirse en acciones", señaló.El Tratado de Alta Mar es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que salvaguarda la vida marina en alta mar, que abarca dos tercios del océano y desempeña un papel fundamental para garantizar la salud del planeta. Proporciona herramientas para detener la pérdida de biodiversidad y la degradación del océano, permitiendo la creación de áreas marinas protegidas (AMP) en aguas internacionales y la realización de evaluaciones de impacto ambiental de actividades humanas previstas. También fortalece la equidad para los países en desarrollo al ampliar el acceso al conocimiento y la tecnología, reforzar la creación de capacidades y garantizar el acceso y participación equitativos en los beneficios de los recursos genéticos marinos.Estas disposiciones son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos mundiales en materia de clima y biodiversidad, incluido el objetivo 30x30 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en inglés) de proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas del planeta para 2030.Adoptado en junio de 2023, tras casi dos décadas de debates y negociaciones, el tratado se abrió a firma el 20 de septiembre de 2023. El primer país en ratificarlo fue Palaos, el 22 de enero de 2024, y desde entonces se han sumado Estados de todas las regiones. Además de las 60 ratificaciones, 142 países (además de la Unión Europea) lo han firmado, señalando su intención de ratificarlo.Según el tratado, la primera Conferencia de las Partes (COP) debe reunirse en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, previsiblemente a finales de 2026. La ONU ya avanza en el trabajo preparatorio para dotar de instituciones y procesos que garanticen la ambición y la eficacia a largo plazo del Tratado de Alta Mar en la COP1. Por su parte, gobiernos y partes interesadas están sentando las bases para desarrollar propuestas de AMP en alta mar con el fin de proteger sitios críticos para la biodiversidad una vez que el tratado entre en vigor. Entre ellos se encuentran las cordilleras submarinas de Salas y Gómez y Nazca, la elevación submarina de Lord Howe, el Mar de Tasmania meridional, el Mar de los Sargazos y el domo térmico del océano Pacífico oriental."Alcanzar las 60 ratificaciones no es la meta final, sino solo el punto de partida", afirmó Rebecca Hubbard. "La verdadera fuerza del Tratado de Alta Mar reside en la participación universal. Si bien debemos celebrar este increíble progreso, instamos a todas las naciones restantes a sumarse a este acuerdo histórico y ayudarnos a pasar de 60 ratificaciones a una global antes de la primera COP".Se esperan anuncios de más ratificaciones durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que comienza el 22 de septiembre de 2025.Notas para el editorEl estado oficial de las firmas y ratificaciones puede consultarse en el sitio web de la ONU y en el rastreador de ratificaciones de la Alianza de Alta Mar (HSA, por sus siglas en inglés). Nota: El número que aparece en el rastreador de la Alianza de Alta Mar refleja solo las ratificaciones que cuentan para la entrada en vigor y no incluye la ratificación de la Unión Europea, por lo que difiere del recuento total de la ONU.La Alianza de Alta Mar utiliza en ocasiones el término "Tratado de Alta Mar" como abreviatura del Acuerdo BBNJ. La HSA reconoce que el alcance del Acuerdo BBNJ abarca todas las zonas fuera de la jurisdicción nacional, incluidos el lecho marino y la columna de agua. La elección de esta redacción busca facilitar la comprensión a un público amplio y no implica una jerarquización entre los componentes o principios del Acuerdo BBNJ.
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