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30, Marzo 2005
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Rolando Castro, CEDARENA, (506) 283-7080, [email protected]
Anna Cederstav, AIDA (510) 550-6748, [email protected]
ADMITIDO AMPARO PARA PROTECCION DE LAS TORTUGAS BAULAS
SAN JOSE, Costa Rica—La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica admitió para su estudio un Recurso de Amparo interpuesto en contra de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Municipalidad de Santa Cruz y el Ministerio de Hacienda, adicionando al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por la violación del derecho constitucional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derivado de la falta de protección del Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMB). En su Resolución, la Sala Constitucional solicitó informes a los demandados y suspendió las autorizaciones de las construcciones en el Parque.
El amparo, interpuesto por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), y sus organizaciones participantes costarricenses, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y Justicia para la Naturaleza (JPN), busca la protección efectiva del PNMB, creado en 1995 con el fin de proteger la anidación de tortugas marinas Baula o Laúd. La demanda se interpuso para impedir construcciones dentro del parque nacional que afectarían el ecosistema en el que estas tortugas anidan.
Las tortugas baula son animales jurásicos, contemporáneos de los dinosaurios y sobrevivientes de la época de las glaciaciones, declaradas internacionalmente como en peligro crítico de extinción. Esta especie requiere de condiciones particulares para la anidación, por lo cual el impacto de los seres humanos en las playas y las luces de las construcciones propuestas tendrían una severa afectación sobre ella.
Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones se creó el Parque Nacional Marino Las Baulas, que incluye las playas de Carbón, Ventanas, Langosta y Playa Grande, constituyéndose en la zona más importante de anidación de esta especie en el Océano Pacífico Oriental. De hecho, el 80% de las tortugas baula que anidaron en Costa Rica entre el 2001 y 2002 lo hicieron en el PMNB. Otras playas de anidación en Costa Rica ya han sido destruidas, como Flamingo y Tamarindo, por la falta de planificación.
“Buscamos evitar que pase lo mismo en el Parque Marino Las Baulas,” afirmó Anna Cederstav, Directora de Programas de AIDA. “Costa Rica tiene una oportunidad importante para proteger esta especie que es patrimonio de la humanidad, además de ser un valioso recurso económico para el país.”
La Procuraduría General de la República, en un informe del 2004, exhortó a las autoridades a abstenerse de autorizar construcciones en el Parque, dada la fragilidad de las baulas. Sin embargo, esta recomendación no se ha cumplido hasta el momento, ni las autoridades han acatado sus funciones. La Municipalidad de Santa Cruz debe velar por los intereses locales y la protección del ambiente de su jurisdicción. LA SETENA, por su parte, debe velar para que los proyectos que se construyan en áreas ambientalmente frágiles como las áreas protegidas, no causen impactos negativos en estas. El MINAE debe expropiar los terrenos necesarios para consolidar el Parque y el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para realizar las expropiaciones.
Las ONGs interpusieron el recurso de amparo debido al incumplimiento de estas obligaciones. Además, para evitar el daño irreparable que las construcciones pueden causar, mientras se realizan los procesos de expropiación. “La suspensión de las obras y de los permisos envía un claro mensaje a la SETENA y a la Municipalidad que entratándose de parques nacionales se debe actuar con sumo cuidado y no aprobar proyectos que pongan en peligro el fin mismo del parque”, aseguró Rolando Castro, abogado de CEDARENA. “Confiamos en que la Sala Constitucional decidirá a favor de las tortugas baula, especie que como ha dicho la Sala no nos pertenece por ser un recurso compartido y altamente migratorio. El PNMB tiene un gran potencial como destino turístico y científico, y es una fuente importante de ingresos económicos”. Este caso sentaría un importante precedente ya que hay otros parques nacionales bajo un riesgo similar, no sólo en Costa Rica sino en toda la región.
