Ciudad de México. Pueblos y comunidades indígenas de México y América Latina, junto con organizaciones de la sociedad civil, demandaron a los gobiernos de la región garantizar con firmeza la seguridad jurídica de sus territorios, frente a la constante vulneración de sus derechos durante los procesos de consulta indígena.
América Latina es la región que ha registrado los mayores avances normativos y jurisprudenciales sobre el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado (CPLI). De los 22 Estados que forman parte del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), 14 se encuentran en América Latina. “Cabe reiterar que, para generar la institucionalidad estatal en materia de consulta y CPLI, no se requiere una ley o reglamento de consulta; además, no es posible imponer los mismos tiempos, condiciones y procedimientos a todas las comunidades indígenas, en tanto no comparten las mismas formas de toma de decisión, cosmovisión e instituciones jurídico-políticas”, dijo Daniel Cerqueira, oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
En México y en otros países de la región existen marcos normativos que privilegian a las empresas del sector extractivo, energético y agroindustrial a costa de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, generando una asimetría de poder. Si bien existen cuerpos normativos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, así como protocolos y marcos nacionales normativos de consulta y el consentimiento libre, previo e informado, estos no se toman en cuenta para garantizar este derecho ni para evitar el estallido de conflictos sociales.
Honduras es un caso emblemático en la región, donde la consulta previa se ha omitido en diferentes situaciones. Olivia Zúñiga, representante de la etnia Lenca, e hija de Berta Cáceres, defensora ambiental asesinada en marzo de 2016, sostuvo que en su país las élites políticas y empresariales se siguen imponiendo a cualquier derecho de los pueblos originarios. “No es una casualidad que después del golpe de 2009 se hayan otorgado más de 300 concesiones para proyectos extractivos, sin realizar los procesos de consulta previa, libre e informada como lo establece el Convenio 169 de la OIT”. Su madre, Berta Cáceres, se opuso al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que planeaba la construcción de una represa hidroeléctrica que iba derivar agua del Río Gualcarque, un lugar sagrado para este grupo originario. Esa oposición le costó la vida.
“El Estado de Derecho suele estar comprometido por la élites políticas y económicas, quienes mediante la concentración de riqueza, ejercen una influencia desmedida sobre diferentes políticas públicas que les permite mantener sus privilegios a costa de otros, entre ellos, los procesos de acaparamiento y exclusión en el acceso a los bienes comunes naturales”, sostuvo Ricardo Fuentes-Nieva, director ejecutivo de Oxfam México. “La falta de consulta a los pueblos indígenas, o el uso de este proceso como mero trámite administrativo, profundiza las brechas de desigualdad en la región”, concluyó.
Más allá de la dimensión normativa, los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos por encima de cualquier interés económico. Por ello, es necesario que las decisiones estatales, incluyendo el diseño de políticas económicas y la gobernanza sobre los bienes comunes naturales, sean respetuosas de la autodeterminación, formas de vida y prioridades de desarrollo expresadas por los pueblos y comunidades indígenas.
Este pronuncianiento se realizó en el marco del Foro Internacional “Consulta, consentimiento previo libre e informado y autodeterminación: Perspectivas críticas sobre leyes y mecanismos de implementación”, co-convocado por: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR Perú), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Oxfam México; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales A.C (PRODESC), Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ).
