De las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) que proceden de combustibles fósiles, una de las principales causas de la crisis climática, cerca de la mitad viene del uso de carbón.

Y América Latina no es ajena al problema porque tiene una participación tanto en la quema de carbón como en la extracción del mineral que, tras ser exportado, es empleado como fuente fósil de energía en otros rincones del mundo.

En ese contexto, el cierre de termoeléctricas a carbón —como el que está ocurriendo en Chile — es una gran noticia, así como una oportunidad para encauzar la transición energética por el camino de la justicia.

Pero en una transición energética justa, el “cómo” importa: Cada paso hacia la desfosilización debe garantizar sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, el respeto del ambiente y los derechos humanos, además de procesos de cierre y salida responsable.  

Así, el caso chileno, que explicaremos a continuación, es un ejemplo importante de por qué la región necesita implementar procesos de descarbonización responsables.

Cuando descarbonizar contamina más

A principios de 2024, la empresa AES Andes SA cerró la termoeléctrica Norgener en Tocopilla, ciudad costera situada en el norte de Chile.

Como parte del proceso de cierre, la empresa quemó de manera acelerada las 94 mil toneladas de carbón que mantenía en la planta, afectando a una ciudad saturada ya de contaminación y reconocida públicamente como zona de sacrificio ambiental.

La población de Tocopilla fue expuesta a posibles afectaciones a su salud que incluyen impactos en el sistema respiratorio, incremento del riesgo de infartos y —en niños y niñas — alteraciones perinatales, afectaciones al desarrollo y a la función pulmonar, entre otros.

La quema forzada de carbón fue autorizada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CNE) —organismo encargado de gestionar las diferentes fuentes de energía que ingresan al sistema eléctrico nacional— y la electricidad generada desplazó el uso de energía proveniente de fuentes renovables.

Para detener la quema, AIDA, Greenpeace y Chile Sustentable —junto con comunidades locales — presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección para detener la quema, pero la decisión judicial llegó cuando el carbón ya se había quemado. Además, la corte consideró que el caso debía revisarlo un tribunal especializado en la materia en un procedimiento más prolongado.

Un mal precedente para Chile y para el continente

Al autorizar la quema del carbón remanente de la termoeléctrica Norgener, el Coordinador Eléctrico Nacional hizo una excepción a la ley que dispone el orden de despacho energético. Poco después, en septiembre de 2024, el organismo emitió un procedimiento interno para ordenar el cierre anticipado de centrales eléctricas.

Aunque es un intento por encauzar los procesos de cierre, la medida abre la puerta a que otras empresas con centrales a carbón en proceso de cierre repliquen lo ocurrido en Norgener:  quemen su carbón remanente bajo el argumento de “vaciar stock” y generen energía que ingrese con prioridad al sistema eléctrico nacional, desplazando nuevamente a la proveniente de fuentes renovables.

En Chile, el Coordinador Eléctrico Nacional decide qué unidad despacha su energía al sistema en un momento dado con base en un criterio de mérito económico creciente, según el cual la energía con menor costo variable entra primero. Sin embargo, el procedimiento interno dispone —sin respaldo normativo suficiente— que el organismo puede autorizar el despacho de energía fuera de orden económico para que centrales a carbón consuman su combustible remanente antes de su cierre.

Frente a esto, AIDA, Greenpeace, Chile Sustentable y MUZOSARE (Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia) presentaron el 6 de febrero de 2026 una denuncia ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles contra el Coordinador y sus consejeros por la aprobación y puesta en marcha de la medida.

La denuncia representa una oportunidad para que las cosas se hagan bien: que el organismo fiscalizador del sector asegure que la planificación del cierre de termoeléctricas no termine premiando la mala gestión de inventarios de carbón a costa de la salud de comunidades y de una transición energética justa.

Lo que la transición energética necesita

En 2019, el gobierno chileno se comprometió a cerrar todas las centrales eléctricas de carbón del país para 2040. Desde ese anuncio público, el calendario se ha ido acelerando. Pero la urgencia de la descarbonización no debe servir para favorecer a las empresas a cargo de termoeléctricas ni dañar a las comunidades que viven cerca de industrias contaminantes.

Hacerlo de este modo debilita el liderazgo climático de Chile, dando un mal ejemplo para cualquier proceso de desfosilización en la región.

En una transición energética justa, las empresas involucradas en toda la cadena del carbón y de otros combustibles fósiles tienen la obligación de garantizar el cierre y salida responsable de sus operaciones.

La transición energética no es un mero cambio de tecnologías, es una oportunidad para replantear los modelos de energía y de desarrollo, así como para corregir injusticias. Esto requiere reglas claras y adecuadas que favorezcan la seguridad del sistema energético, la competencia y el ambiente sano.