Project
Strengthening Protections Through the UN Human Rights System
We see it time and again. Industries spew toxic pollutants into the air. Fracking fouls water with poisonous chemicals. Large dams flood people out of their villages. Mines ruin farmland. People lose their health, their jobs, their access to water, even their homes. All of these events violate basic human rights protected by international law.
Enforcing human rights law provides another effective strategy for targeting problems caused by environmental degradation. The United Nations Human Rights System offers several mechanisms that AIDA uses to protect human rights—including the right to a healthy environment—in Latin America.
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Violations of the Right to a Healthy Environment in Panama Denounced before the United Nations (Spanish Only)
UPR Report Panama 2010 Ciudad de Panamá, Panamá – Una coalición de catorce organizaciones ambientales y de derechos humanos denunció problemas graves para la protección de los derechos humanos, vinculados con afectaciones al ambiente en Panamá, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU). Las organizaciones formularon recomendaciones que deberían implementarse para atender esta situación. “El gobierno panameño está promoviendo un aumento escalofriante en el número de grandes proyectos en el país sin respetar los derechos humanos o el ambiente, especialmente los derechos de las comunidades afectadas,” dijo Félix Wing, Director Legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). CIAM y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) lideraron una coalición de 14 organizaciones de la sociedad civil en la presentación del informe. El informe señala tendencias alarmantes que amenazan la protección del ambiente a tal punto que están agravando la situación de derechos humanos en el país. Dentro de los problemas más graves que se identificaron están la existencia de cientos de nuevas concesiones mineras, otorgadas o en trámite, que cubren el 35% del territorio panameño; el desarrollo de más de ochenta nuevos proyectos hidroeléctricos; y varios nuevos proyectos turísticos que afectarían los recursos hídricos y costeros del país. “Nos preocupa especialmente la falta de aplicación de normas nacionales e internacionales obligatorias en la planeación y desarrollo de estos proyectos”, señala Astrid Puentes Riaño, co directora de AIDA. “De continuar esta situación, podrían violarse varios derechos humanos vinculados con el desplazamiento de poblaciones, la devastación irreversible del ambiente y el empeoramiento de la calidad de vida; con pérdidas económicas y sociales incalculables”. Entre los mayores problemas presentados en Panamá, el informe destaca los impedimentos a la participación ciudadana y la falta de consulta a los pueblos indígenas y comunidades locales. Además, han surgido nuevas barreras legales para acceder a la información pública que impiden conocer los impactos reales de un proyecto. “La participación pública y el acceso a la información son derechos humanos esenciales para proteger a las personas y al ambiente”, aclaró Félix Wing de CIAM. El informe también denuncia hostigamientos hacia defensores ambientales y el incumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. El próximo 23 de noviembre, el Estado panameño será objeto del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Durante el Examen se evaluará información sometida por organizaciones de la sociedad civil y por el gobierno y se plantearán recomendaciones para que Panamá mejore la protección de derechos humanos. A través de estos esfuerzos, las organizaciones de la sociedad civil buscan aportar su experiencia directa respecto a las violaciones a derechos humanos, como parte del diagnóstico de la situación de Panamá frente a sus obligaciones internacionales en esta materia, con el objeto de lograr una protección más efectiva de los derechos humanos. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR: Félix Wing, Director Legal de CIAM, Tel. 236-0866/236-0868, [email protected] Jacob Kopas, Asesor Legal de AIDA (Colombia), Tel. (+57-1) 338-1277, [email protected] INFORMACIÓN ADICIONAL: Para bajar una copia del informe y más información: http://www.aida-americas.org/sites/default/files/refDocuments/UPRjointsub_envhrgroups_Panama.pdf El informe establece que, para garantizar la efectiva protección de los derechos humanos en Panamá, particularmente los derechos a un ambiente sano, a la vida, la salud, la integridad y la participación pública, así como el acceso a la justicia y a la información, se hace necesario que el Estado: Reconozca efectivamente el derecho a un ambiente sano, de conformidad con los estándares internacionales; Adopte las recomendaciones anteriormente emitidas por órganos internacionales de derechos humanos; Ratifique el Convenio 169 de la OIT e incorpore la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la legislación interna; Atienda las limitaciones al acceso a la justicia en casos de protección del derecho a un ambiente sano mediante modificaciones constitucionales y legales necesarias, la implementación de medidas para mejorar los tiempos y calidad de respuesta del sistema judicial, y la adopción de estándares proteccionistas de los derechos humanos, entre otros. Reconozca la importancia de la labor de las personas que defienden los derechos humanos e implemente medidas para garantizar la protección integral de sus derechos humanos; Elimine cualquier obstáculo a la participación pública y el acceso a la información en la práctica. Las conclusiones de este informe fueron incluidas también en un documento presentado por otra decena de organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de distintos derechos humanos, que incluyó, además, el planteamiento de violaciones al derecho a la justicia, de los privados de libertad, de la mujer, a la no discriminación racial y al trabajo. El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar la situación de todos los derechos humanos en todos los países del mundo. En el proceso, el Consejo de Derechos Humanos examinará información proporcionado por el Estado panameño, la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. ## El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) (http://www.ciampanama.org) es una organización no gubernamental que defiende activamente los invaluables recursos naturales de Panamá ante las graves amenazas que representan las actividades incompatibles con el desarrollo sostenible. Su misión es promover la protección del ambiente, motivando la participación ciudadana, a través de la difusión del conocimiento, la construcción de redes, y la rendición de cuentas, para incidir en las decisiones y políticas relevantes. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) (http://www.aida-americas.org) es una organización de carácter hemisférico que trabaja con organizaciones no gubernamentales de derecho ambiental de Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina y Chile, cuya misión es fortalecer la capacidad de las personas para garantizar su derecho individual y colectivo a un ambiente sano por medio del desarrollo, aplicación y cumplimiento efectivo de la legislación nacional e internacional.
Read moreEnvironmental Organizations Denounce Flaws and Impacts of the Costa del Pacifico (CIP) Mega-Resort at a Public Hearing (Spanish only)
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: CEMDA, WildCoast, Conselva, Greenpeace, AIDA DENUNCIAN ORGANIZACIONES AMBIENTALES IRREGULARIDADES E IMPACTOS DEL PROYECTO CIP ESCUINAPA, DURANTE LA REUNIÓN DE INFORMACIÓN *Manifestación de impacto ambiental presentada de manera fragmentada, sólo es por 93 de las 2,600 hectáreas que abarca el proyecto *Preocupa a pescadores y ONG grave impacto a la actividad pesquera de la región *El proyecto no considera de manera adecuada la planeación de servicios básicos como el agua, y podría poner en riesgo los recursos hídricos de la región La Paz, BCS a 9 de marzo, 2010 - Durante la Reunión de Información realizada por la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (UCPAST) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), varias organizaciones ambientalistas denunciaron nuevamente las irregularidades e impactos no contemplados en el proyecto “Infraestructura Básica del predio CIP Escuinapa, Sinaloa” promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto se presentó de manera fragmentada, presentando análisis de impactos individuales en lugar de manera integral. Esto minimiza los graves impactos socio-ambientales del Proyecto en su conjunto, pues la MIA presentada solamente abarca 93.48 hectáreas, de las 2,600 hectáreas que comprende el Proyecto. El Centro Integralmente Planeado (CIP) Escuinapa es uno de los proyectos más ambiciosos del actual gobierno y estará ubicado al sur de Sinaloa, dentro de Marismas Nacionales. De acuerdo con Sofía Cortina, abogada de AIDA, “El CIP se construiría alrededor de una de las zonas de humedales más prioritarias para la conservación a nivel internacional, lo que ocasionará un severo desgaste ecológico a la región y un alto impacto a la actividad pesquera en el noroeste del país”. El Proyecto contempla una capacidad de 44,200 habitaciones, 4 campos de golf, 2 marinas, un malecón marítimo del palmar, paseo de los lagos interiores, ramblas comerciales y de entretenimiento, y otros servicios. Entre otras omisiones legales, las organizaciones destacaron las observaciones y comentarios que se han generado acerca de la MIA. A pesar que se invertirían 200 millones de pesos para estudios en materia ambiental para este proyecto (según manifestó FONATUR en una presentación del proyecto en la página1 del municipio de Escuinapa) “la evaluación del proyecto está fragmentada y no se expone la totalidad de los impactos ambientales que el CIP causaría” puntualizó Cortina. La MIA no incluyó estudios detallados sobre los impactos a especies endémicas como reptiles, peces, moluscos y sobretodo, acerca de las más de 250 especies de aves, como es obligación de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2003. A la lista de omisiones, se suma que en la MIA no se señala una planeación detallada para la provisión de los servicios básicos como son el agua y la recolección de desechos sólidos, siendo este último un grave problema actual para el municipio Escuinapa ya que no cuenta con un relleno sanitario. Adicionalmente, “no se propusieron las medidas de mitigación adecuadas basadas en los criterios de la Convención Ramsar, tratado internacional para la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos, de la cual México forma parte y es uno de los países con mayor número de humedales registrados, incluyendo Marismas Nacionales”, comentó Sandra Moguel, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. “Este ecosistema cuenta con un valor especial para la preservación de la diversidad genética y ecológica de la región, es reconocida como hábitat del jaguar, representa alrededor del 10% del total de manglares en México y más de 90 especies de fauna de las cuales 73 se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, y es el hábitat de una población de 20,000 aves acuáticas y refugio invernal para más de 100,000 aves acuáticas migratorias”, continuó Moguel. El CEMDA y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), junto con Greenpeace México, Wildcoast, Conselva y Red Manglar, presentaron en abril del 2009, una petición al Secretariado Ramsar informando del incumplimiento del Gobierno Federal en su compromiso como integrante de la Convención, de proteger los humedales mexicanos enlistados en Ramsar. Al igual que Marismas Nacionales, la laguna Huizache-Caimanero, ubicada en el municipio de Rosario, Sinaloa, es un sitio Ramsar de gran importancia para la actividad pesquera de la región y el cual es amenazado a la vez por cuatro proyectos de alto impacto. Actualmente se espera la visita de una misión de verificación internacional. Tanto pescadores de Sinaloa y Nayarit, como ONG y pobladores, han manifestado su preocupación por una posible resolución a favor del desarrollo del CIP en Escuinapa, debido a que temen la afectación a los ingresos económicos de la actividad pesquera de los lugareños por los impactos sobre el ecosistema que hasta ahora es regulada en gran parte por la existencia de los humedales y manglares de Marismas Nacionales. Por último Moguel señaló de gran importancia, la participación de las organizaciones ambientales en la Reunión Pública de Información, como ejercicio de involucramiento público en la evaluación de impacto ambiental, para el empoderamiento de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al uso y aprovechamiento de sus recursos naturales. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR: Claudia Gómez-Portugal M. Directora de Comunicación 01 (55) 55256136 / 01 (55) 52863323 [email protected] Sofìa Cortina Segovia Asesora Legal 01 (612) 1221369 [email protected]
Read moreCosta Rican Court Reinforces Protection of Leatherback National Marine Park: Declares Ruling Allowing Construction in Park Unconstitutional
SAN JOSÉ, Costa Rica, June 2, 2008 – On May 23rd, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice of Costa Rica repealed a municipal zoning regulation because of its impacts on the most important nesting zone for the leatherback sea turtle in the Eastern Pacific Ocean: the Leatherback National Marine Park (LNMP). The court resolution confirms that the park is necessary to guarantee protection of the leatherback turtle, an internationally declared endangered species, and therefore development within the park must be prevented. The court ruled in favor of the plaintiff, the Leatherback Trust, which filed suit in July 2006 against the zoning regulation for the Cabo Velas district of the city of Santa Cruz in the province of Guanacaste. In filing this suit, the Trust was advised by the Environmental and Natural Resources Law Center (CEDARENA), with the support the Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA) regarding applicable aspects of international law. Only two weeks ago, the same court ordered the Ministry of Environment and Energy (MINAE) to begin expropriating private lands inside the park due to the impact of private developments on the leatherback turtles. This decision resulted from a case brought by CEDARENA, AIDA, and the Costa Rican organization, Justice for Nature (JPN). The zoning regulation that the court annulled in the May 23rd ruling allowed the City of Santa Cruz to issue construction permits inside the park, ignoring the serious impacts that such operations can have on leatherback turtles. “As is well known, leatherbacks require special nesting conditions and thus people’s presence and lights from construction operations on nesting beaches seriously impacts the turtles,” declared Mario Boza, biologist for The Leatherback Trust. The LNMP was created to preserve the conditions necessary for the turtles’ reproduction, but the zoning regulation disregarded this intention. “We are very pleased with the court decision in Costa Rica because it sets a precedent that builds hope for the conservation of this species,” declared Astrid Puentes, Legal Director for AIDA. “We hope that this decision will be replicated in other countries in the region,” added Puentes. The court’s decision is retroactive, so it should cancel all the permits granted and constructions operations initiated under the regulation. “With this decision the court is not only protecting Costa Rica’s ecological balance, as established in article 50 of the Costa Rican Constitution, but also ordering the country to comply with its commitments to international agreements,” declared Rolando Castro, a lawyer with CEDARENA. Press Contacts Rolando Castro, Attorney, (506) 283-7080 [email protected] CEDARENA Gladys Martínez, Attorney, AIDA: (506) 283-7080 [email protected]
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