Océanos

Cuando la naturaleza es tu mejor cliente

Los abogados y abogadas de AIDA no solo tienen en común haber nacido en América Latina y vivir en la región. También comparten un gran respeto por el ambiente y por quienes dependen de él. Crecieron con ese sentimiento y ahora lo vuelcan a la protección de comunidades y ecosistemas claves en sus países.   Uniendo a la comunidad ambiental en Bolivia Claudia cree en la justicia ambiental. “Sin calidad de vida y un ambiente adecuado para las personas, son vulnerados los derechos humanos básicos”, dice. Esa creencia la llevó a estudiar Derecho y a trabajar luego, desde la sociedad civil, para promover la producción de alimentos sanos, cultivados sin el uso de agroquímicos. Ese tipo de agricultura, con menores impactos ambientales y más beneficios para las comunidades, es la que Claudia recuerda con cariño de su niñez en Cochabamba, Bolivia.  En todas las casas había huertas. Desde muy pequeña, cosechaba moras y tenía a la mano manzanas, higos, guayabas y otras frutas frescas. Pero con la urbanización, el valle se convirtió en ciudad y las áreas verdes fueron reemplazadas por edificios. “Fue un choque ver esos cambios hechos en nombre del progreso”. Claudia tiene claro ahora que su aporte debe hacerlo desde el Derecho ambiental y que tendrá más impacto si llega a más personas. Por ello se unió al Programa de Agua Dulce de AIDA, donde brinda apoyo legal gratuito a gobiernos, comunidades y organizaciones locales.  Uno de sus logros ha sido articular exitosamente los esfuerzos aislados para enfrentar problemas ambientales comunes. Claudia impulsó este año la consolidación de la Red de Justicia Ambiental en Bolivia, un espacio de coordinación para que organizaciones e individuos desarrollen estrategias conjuntas usando herramientas legales y académicas. Como resultado, la Red organizó hace poco un foro de dos días sobre cómo obtener justicia ante los daños de la minería en el país. “He visto las formas de entender el mundo de los pueblos indígenas en Bolivia y sus formas de relacionarse con la Madre Tierra. En las ciudades, la naturaleza es vista como un objeto; para los indígenas es la casa grande que tienen que cuidar porque les da todo. Hice mía esa visión”. Protegiendo arrecifes de coral en México Los primeros acercamientos de Camilo con el mar se remontan a Boca del Cielo, una playa de la costa de Chiapas, México, a la que se llega por un estero. Allí disfrutó de las olas y los mariscos, y vio emocionado sus primeras especies de tortuga marina, y manglares altos en los que revoloteaban aves y monos. Durante su niñez en San Cristóbal de las Casas, donde nació, su padre le enseñó a nadar a contracorriente en las Cascadas de Agua Azul, una importante reserva natural. “Él ama la naturaleza y siempre nos ha transmitido ese sentimiento a mis hermanos y a mí”, cuenta Camilo, quién ahora vive con su hijo Emiliano en La Paz, Baja California Sur. Vivir en una ciudad costera le hizo comprender aún más la importancia de los océanos y su interconexión vital con los entornos terrestres. Camilo aplica ese entendimiento a su labor como abogado del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA.  Trabaja, por ejemplo, para salvar al Sistema Arrecifal Veracruzano, el ecosistema de coral más grande del Golfo de México, una barrera natural frente a tormentas y huracanes, y fuente de sustento para comunidades pesqueras. El sitio está seriamente amenazado por el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. Camilo busca que el gobierno de su país respete los tratados internacionales que firmó y que le obligan a preservar ese sitio y toda la biodiversidad de su territorio. Cuando estudiaba Derecho en Chiapas, Camilo disfrutaba explorar cuevas subterráneas en su tiempo libre. Llegaba a ellas gracias a la guía de campesinos de la zona. “El contacto con la naturaleza te lleva a conocer a las comunidades que la cuidan desde siempre, a entender y valorar sus formas de vida”.  Buscando lluvia en Brasil Si alguien conoce el valor de la lluvia son las personas que viven en el estado de Paraíba, al nordeste de Brasil, azotado por una sequía extrema hace años. Allí, según información oficial, el número de ciudades sin agua en los grifos subió de 25 a 40 entre 2016 y 2017.   “La sequía ha marcado nuestros hábitos, alimentación y cultura”, cuenta Marcella, quien nació en la ciudad de João Pessoa, capital de Paraíba.  Marcella es abogada y vive ahora en Recife, en el estado de Pernambuco. Es becaria del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA.  Desde ahí busca borrar la marca de la sequía en Paraíba. Uno de los casos en los que trabaja es el de la represa Belo Monte, construida en la Amazonía. “Las grandes represas no son fuente de energía limpia y están dañando Amazonía, un ecosistema que regula el clima y que es clave para que llueva en Brasil y en el mundo; al trabajar en este caso, contribuyo a que exista lluvia en mi estado”, dice convencida. En junio, Marcella visitó Altamira, la ciudad más próxima a Belo Monte. Habló con personas cuya forma de vida fue destruida por la represa. “Conocí a alguien que solía pescar, cultivar su propia comida y vender lo que le sobraba en la ciudad; con la represa, su isla fue inundada y lo perdió todo”. Para ella, no existe otra manera de entender la gravedad de los impactos de proyectos inadecuados que escuchar a los afectados. “Eso me da la noción de realidad. Ayudar a conseguir justicia para estas personas es mi obligación, es lo mínimo que puedo hacer, desde lo que sé hacer: ser abogada”.  

Alertan de riesgos por posible autorización de pesca de totoaba

Es irresponsable fomentar esta práctica sin saber el estado poblacional: ONG. Comercio “legal” de la especie hará más difícil detectar el mercado negro.  Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil señalaron de irresponsable al gobierno mexicano por haber prometido la legalización de la pesca de totoaba, especie en peligro de extinción, en el Alto Golfo de California para los primeros meses del próximo año, sin considerar que se requieren cambios en las legislaciones nacionales e internacionales antes de dar falsas esperanzas a los pescadores de la zona.   En un informe sobre las consecuencias de legalizar el comercio de totoaba, las organizaciones señalaron que aunque en México se adecúen las leyes, este pez no podría venderse internacionalmente porque está enlistado en el Apéndice I de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que prohíbe la venta de ejemplares,  partes y derivados de especies en peligro de extinción y del cual México forma parte.    El pez totoaba es una especie endémica mexicana en riesgo de desaparecer, cuya vejiga natatoria (órgano de flotación) carece de valor en nuestro país, pero que en el mercado asiático se vende en miles de dólares. Es por ello que está siendo capturado sin control, pese a que está prohibido. Para que México pueda exportar legalmente vejigas de totoaba a países de Asia u otros continentes, el gobierno tendría que modificar leyes nacionales y lograr cambios en los requisitos actuales de la Convención, cuya próxima reunión será en 2019. De lo contrario, lejos de desalentar el comercio ilegal de productos de totoaba, podría generar una mayor disponibilidad de vejigas para el mercado negro.  Lejos de ayudar a “aliviar”el saqueo ilegal de totoabas, lo alentará, con el agravante de crear confusión en la identificación de ejemplares obtenidos de forma lícita.   Lograr las transformaciones legales demandará tiempo y esfuerzo sustanciales, y es algo que pudiera no ser aprobado por los otros Estados miembros de la Convención, por lo que es lamentable que el gobierno se comprometa con las comunidades pesqueras a que podrían beneficiarse del comercio de totoaba sin ser totalmente transparentes con la situación. Así lo denunciaron la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Defenders of Wildlife, Conservación de Mamíferos Marinos de México (Comarino), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), el Centro para la Diversidad Biológica (CBD), el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC)  y Greenpeace.   Las organizaciones ambientalistas señalaron que antes de abrir la captura de totoaba con fines comerciales, “de repoblamiento” o incluso de pesca deportiva, debe conocerse el estado de su población (abundancia de ejemplares) a través de un estudio serio y arbitrado por expertos independientes, más allá de la evaluación que realiza el Instituto Nacional de Pesca,  el cual no se ha dado a conocer, pero podría servir de base científica si se realiza correctamente, sin inventar o excluir datos.   Es urgente conocer el número de ejemplares de totoaba para tomar decisiones basadas en la mejor información disponible si el gobierno mexicano pretende reabrir el comercio de esta especie.  Según las organizaciones firmantes, otorgar  permisos sin saber el estado poblacional de la especie, sus tendencias, las condiciones de su hábitat, así como las amenazas a corto y largo plazo, a fin de determinar si el pez se puede o no  ser explotado  de manera sustentable, no solo es una decisión irresponsable sino moralmente cuestionable porque amenaza su conservación.   Las organizaciones consideraron indispensable crear una Norma Oficial Mexicana o Programa de Manejo de pesca de la especie que establezca todas las regulaciones para garantizar una pesca sustentable que no afecte a las poblaciones silvestres, e incluya las medidas para reducir las amenazas vigentes y el aprovechamiento integral de la especie, así como las medidas que permitan la puntual y correcta vigilancia de las embarcaciones durante el proceso de pesca. Entre esas medidas pueden estar un sistema de monitoreo satelital, un programa de observadores a bordo, un sistema de video y otras. De otra manera, solo se podrá esperar un manejo deficiente que conduzca al deterioro de las poblaciones de la totoaba y a un aumento en el tráfico ilegal de sus productos. Todo esto lleva mucho tiempo y hasta ahora no hay indicios de que se esté trabajando en ello.   Actualmente existen en México seis Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre" (UMAs) de totoaba avaladas por la Semarnat. Los titulares de las UMA tienen autorizado llevar a cabo la engorda, comercialización, repoblamiento y acciones de conservación del pez. Sin embargo, según los permisos, sólo están obligadas a utilizar el 20% de la producción de juveniles con fines de repoblamiento.  Dado que el porcentaje restante se puede comercializar, es posible afirmar que el propósito principal de las UMA es la venta de ejemplares de totoaba, en lugar de la recuperación de su población.   Por otra parte, la empresa mexicana Cygnus Ocean Farms SA de CV, que ya tiene un permiso de acuacultura de fomento,  ha obtenido también una autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Semarnat para un proyecto de acuacultura comercial de totoaba frente a la costa de Guaymas, Sonora.   El gobierno mexicano está enviando mensajes contradictorios pues por un lado pide a China que incrementar esfuerzos para detener el comercio ilegal de productos totoaba y prohíbe su captura en México, pero al mismo tiempo hace promesas y adopta medidas para legalizar su comercio y promover la pesca deportiva. Contactos de prensa: Edith Martínez, Greenpeace, [email protected], Cel. +52 1 55-6256-3563 Ricardo Ruiz, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), [email protected]  Alejandro Olivera, Centro para la Diversidad Biológica, Cel. 6121040604 Camilo Thompson, AIDA, [email protected], Cel. 9671302346 Juan Carlos Cantú, Defenders of Wildlife de México, [email protected], 5596-2108  

Tortugas, tiburones y atunes: el porqué trabajamos para proteger los océanos

Cerca de una tercera parte de los recursos pesqueros del mundo han colapsado, y el resto se encuentra en malas condiciones. Esta cruda realidad no solo afecta nuestra propia seguridad alimentaria, sino también la salud y el futuro de muchos animales que viajan a través de las zonas más lejanas de nuestros océanos. La vida en alta mar, aquella parte de los océanos que no pertenece a ningún país, abunda. Tiburones, ballenas, tortugas marinas y aves viven en esas aguas o las recorren como parte de sus rutas migratorias. En alta mar existen además corales y zonas ricas en peces comerciales. Esa biodiversidad está en peligro —entre otras cosas— por la sobrepesca, la pesca ilegal, la contaminación, la destrucción de hábitats y el calentamiento global. Al tratarse de aguas internacionales, su riqueza no está totalmente protegida. Existen varios tratados que regulan lo que allí ocurre, pero de manera fragmentada. Un refugio único En su interacción con las costas de América Latina, las aguas de alta mar forman entornos ricos conocidos como sistemas de afloramiento. Cerca de Chile, Costa Rica, México, Panamá y Brasil, animales de gran importancia ecológica y comercial se alimentan en estas aguas ricas en nutrientes. Allí existen especies de peces como el dorado, el atún aleta amarilla, el atún aleta azul, el pez vela, el pez espada y otros de los que depende el sector pesquero y, por tanto, gran parte de la economía de la región. De hecho, la pesca en alta mar de atún y especies afines en los océanos Atlántico y Pacífico representa ingresos por más de 1.200 millones de dólares al año, según la Comisión Interamericana del Atún Tropical. El Pacífico Tropical Oriental, una zona de afloramiento, es hábitat también de varias especies de tiburones, entre ellos el tiburón martillo, especie de gran relevancia para la economía regional. Un estudio de la Universidad de Costa Rica calculó que, a lo largo de sus 35 años de vida, un solo tiburón martillo puede generar 1,6 millones de dólares en turismo. Además de su valor económico, las aguas de alta mar son enormemente valiosas para las especies que de él dependen. Cinco especies de tortuga marina (baula, verde, carey, cabezona y lora) —la mayoría de ellas en peligro de extinción— pasan por allí y desovan en las zonas costeras durante alguna etapa de su vida. En esa combinación de entornos existen además zonas de reproducción de cetáceos, gran parte de ellas migratorias como la ballena azul y la ballena jorobada. También en las aguas profundas que están fuera de las jurisdicciones nacionales, se encuentran varios tipos de coral y puntos a los que llegan especies diversas de aves migratorias. Nadie gobierna en alta mar De acuerdo con un informe de la Comisión Global del Océano de 2014, la degradación en alta mar está llevando al sistema oceánico al punto del colapso. Por ejemplo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, un 12% de las especies que habitan el Pacífico Tropical Oriental está en peligro de extinción. De ahí surge la necesidad de conservar efectivamente estos ecosistemas, vitales no solo para la vida marina, sino también para las poblaciones humanas. Lo anterior se debe a que lo que existe actualmente para la gobernanza en alta mar es un marco fragmentado. La actual legislación internacional tiene vacíos que dejan desprotegidas a las aguas de alta mar y que ponen en peligro a la vida marina de esa parte del planeta, explica Gladys Martínez, abogada de AIDA. Algunos de esos vacíos, detalla, son la necesidad de crear áreas marinas protegidas en alta mar o de hacer evaluaciones de impacto ambiental para actividades que actualmente ya se desarrollan allí, algo que no se contempló cuando se creó la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar (Convemar), la norma internacional vigente sobre el tema. Se espera que los vacíos sean llenados por un nuevo tratado internacional cuya negociación debe ser convocada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Representantes de gobiernos del mundo han tenido ya varias reuniones previas para preparar el camino hacia la negociación. De parte de la sociedad civil, la High Seas Alliance —una coalición integrada por 32 organizaciones no gubernamentales y de la que AIDA es parte en representación de América Latina— ha participado activamente del proceso para contribuir a la adopción de un tratado sólido. 

Se logra avance importante rumbo al tratado de los océanos

Los Estados reunidos en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, dieron un paso importante hacia el inicio de negociaciones de un nuevo tratado para proteger la biodiversidad en alta mar (aquel fuera de una jurisdicción nacional).  Pese a formar parte de dos terceras partes de los océanos del mundo, la vida marina en alta mar no está protegida efectivamente. Un nuevo tratado corregirá eso, poniendo en marcha medidas para proteger la biodiversidad de alta mar, rica y mundialmente significativa, y sus servicios ecosistémicos, y para administrar sosteniblemente las actividades allí desarrolladas. Aunque la redacción de la recomendación hecha por los Estados no reflejó un apoyo fuerte a que Naciones Unidas actúe hacia un tratado, permitirá que la Asamblea General de la ONU convoque a una Conferencia Intergubernamental. Las 35 organizaciones parte de la High Seas Alliance, que han promovido el tratado, estuvieron satisfechas con la recomendación de avanzar. Peggy Kalas, de la High Seas Alliance, dijo: “Es una victoria importante para los océanos y la humanidad ya que todos dependemos de ellos para tener un planeta saludable. Un nuevo tratado traerá regulación y gobernanza a la parte más descuidada y cercada del mundo. Estamos profundamente agradecidos con muchos, muchos Estados que han trabajado muy duro para lograr eso. No ha sido un logro fácil, pero su determinación de proteger los bienes comunes mundiales para toda la humanidad, ha sido inspiradora”. La decisión del Comité Preparatorio irá ahora a la Asamblea General de Naciones Unidas. La abrumadora mayoría de los Estados está presionando para que el próximo paso sea una Conferencia Intergubernamental convocada en 2018. Dicha Conferencia implicaría el comienzo de negociaciones formales sobre el texto de un nuevo tratado. "Hoy se dio un paso gigante hacia adelante por los océanos del mundo”, dijo Lisa Speer, directora del Programa Internacional de Océanos del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC). Sylvia Earle dijo: “Las naciones del mundo dieron hoy pasos importantes hacia una Conferencia Intergubernamental. El alta mar representa la mitad del mundo y necesita la regulación de la ley. A quienes han trabajado tan duro en la ONU apoyando este momento, les enviamos un océano de gratitud, continuando el camino con optimismo hacia un tratado de alta mar”. Verónica Frank, de Greenpeace, dijo: “Fue bueno ver un apoyo tan abrumador al avance del proceso y a tantas personas de todo el mundo pronunciándose por la protección de los océanos. Ahora le corresponde a la Asamblea General de la ONU dar ese paso hacia adelante por los océanos y por las personas que dependen de ellos. Cualquier cosa menor no estaría a la altura de lo que nuestro planeta azul necesita para recuperarse”.  Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), señaló: “Aplaudimos la decisión de los delegados de gobiernos de proteger casi la mitad del planeta. Desde AIDA nos sentimos muy orgullosos y agradecidos con el compromiso de las naciones latinoamericanas para que este proceso tenga éxito”. Maria Damanaki, de Nature Conservancy, expresó: “Esta es una demostración transcendental de colaboración mundial, y un paso hacia la protección de la mitad de nuestro planeta, que hoy es una tierra de nadie sin regulación. Nos unimos a nuestros colegas de la High Seas Alliance en elogiar a los Estados y organizaciones que han trabajado con empeño para que esto suceda”. "Esto representa un paso importante en un largo viaje impulsado por un gran número de Estados comprometidos. Tenemos que continuar con este impulso a través de una resolución de la Asamblea General convocando a la Conferencia Intergubernamental", añadió Tim Packeiser, de WWF. En junio, todos los Estados firmaron un llamado global a la acción por el océano, del cual  alta mar es una parte importante.  

La conservación de tiburones en Costa Rica está en riesgo

En Costa Rica, el futuro del tiburón martillo, especie amenazada, depende de una decisión del gobierno. Si el gobierno deja de exportar productos de ese animal por un año, la población de esa especie podría recuperarse. De lo contrario, su supervivencia estaría en grave peligro. Ésa es la recomendación del concejo científico en el país de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). La Convención es un tratado internacional para impedir que el comercio amenace la supervivencia de animales y plantas silvestres. De las cerca de 100 especies de tiburones y rayas que Costa Rica alberga, un 15% está en peligro de extinción debido a la sobrepesca y a la destrucción o degradación de los entornos marinos. Y, según el consejo científico de la Convención, la población de tiburón martillo, enlistada como especie en peligro en 2014, ha sufrido reducciones de hasta un 90% de su tamaño histórico.   Por ello, en abril de este año, el consejo científico recomendó prohibir la exportación de productos elaborados a base de tiburón martillo por al menos un año, hasta que se demuestre una mejoría en la salud de la población de la especie o una disminución en su pesca. El rol del sector pesquero Poco después de conocida la recomendación de los expertos científicos de la Convención, el Gobierno costarricense emitió un decreto ejecutivo que puso en manos del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el procedimiento técnico y administrativo, respectivamente, para autorizar la exportación de las especies de tiburones amenazadas o en peligro de extinción. Sin embargo, para Mario Espinoza Mendieta, investigador de la Universidad de Costa Rica, el problema radica en que tanto el Incopesca como el Ministerio de Agricultura y Ganadería han tendido a favorecer los intereses del sector productivo por encima de la conservación de especies amenazadas. La Junta Directiva del Incopesca, menciona Espinoza, está representada por diferentes sectores de pesca del país, cuyos intereses no siempre se alinean con la protección y explotación sostenible de los recursos marinos. “Eso hace que la balanza se vaya más hacia el sector productivo”, explica Espinoza, también miembro del consejo científico de la Convención. En el pasado, el Incopesca fue incluso cuestionado por no imponer sanciones a barcos camaroneros a los que se encontró pescando dentro de áreas protegidas. El comercio de tiburón La exportación de productos de tiburón es legal en Costa Rica, mientras respete las regulaciones establecidas por la Convención. Pero el aleteo, práctica que consiste en cortar las aletas del tiburón y lanzar el cuerpo al mar, no está permitida y ha sido controlada de mejor manera en el país. En febrero pasado, un tribunal emitió la primera sanción penal por aleteo contra una empresaria taiwanesa que llevó a puerto aletas de tiburón desprendidas del cuerpo del animal y unidas con alambre. AIDA y Conservación Internacional ayudaron en la resolución del caso, asesorando con argumentos de derecho internacional el trabajo de la Fiscalía. Las aletas de tiburón son muy codiciada en países asiáticos, que las considera un manjar. Se estima que el valor del producto sea de 100 dólares el kilo o que incluso supere esa cifra. Una decisión responsable En la región, los gobiernos de Colombia y Ecuador han desarrollado campañas para proteger al tiburón martillo. En Costa Rica, el Incopesca es responsable ahora del futuro de esa especie. Ojalá su labor incluya el criterio científico. El estado actual de la población de ese animal es frágil y una mala decisión podría dañarle seriamente. También peligra la conservación de otras especies amenazadas de tiburón, como el tiburón gris, una de las principales en el sector pesquero de Costa Rica. El criterio de sostenibilidad debe primar por encima del económico si el país quiere preservar su riqueza natural para el futuro y ser ejemplo de conservación en el continente. 

Seminario virtual "Necesitamos un nuevo tratado para proteger la vida en alta mar"

En el seminario virtual, expertas y expertos en el tema explicaron en detalle la importancia de un nuevo tratado sobre alta mar, el proceso de su negociación  en el marco de Naciones Unidas y los principales beneficios que implica. Los océanos nos protegen de los impactos del cambio climático, absorbiendo el 90% del exceso de calor causado por el cambio climático. Son fuente de alimento y de recursos genéticos con los que se producen medicamentos. Además, millones de familias dependen para subsistir del turismo y de otras actividades relacionadas con el mar. Pese a ello, el 64% de los océanos está desprotegida. Se trata de las aguas internacionales o alta mar. La necesidad de conservar esta parte de los océanos, y la vida que albergan, es urgente. Ante ello, los gobiernos del mundo tienen, con el nuevo tratado, la oportunidad histórica para contribuir al logro de esa meta. Grabación Presentaciones

3 sorprendentes verdades del salmón que consumes

Tú puedes ayudar a proteger las prístinas y cristalinas aguas de la aislada costa de la Patagonia chilena. Es posible que te estés preguntando qué tiene eso que ver con el salmón. Bueno, basta con tener en cuenta que:   1. El salmón sobre tu plato probablemente viene de Chile. En países de América Latina como Colombia y México, la mayor parte del salmón que se consume viene de Chile. En ese país, durante los últimos 30 años, la industria del salmón se ha disparado, convirtiendo a Chile en el segundo productor mundial.   2. Las granjas de salmón causan graves daños ambientales.  Las jaulas usadas en la salmonicultura albergan tal cantidad de peces que agotan el oxígeno del océano, sofocando la vida en el mar. Los antibióticos y químicos con los que se alimenta a los salmones se acumulan en el fondo marino. Las granjas causan la proliferación de algas tóxicas para la vida silvestre. Y los salmones que escapan de sus jaulas son más grandes y agresivos que las especies silvestres, aventajando a los demás peces en la búsqueda de comida.   3. Chile planea cuadruplicar el número de granjas de salmón en las aguas vírgenes de la Patagonia sur. Las granjas de salmón se están mudando a las hasta ahora prístinas aguas de la costa sur de Chile. Más de 100 de ellas operan actualmente en la región, y se prevé que 342 más se instalen también ahí. La Patagonia sur alberga la mayor cantidad de áreas naturales protegidas del país, las que cobijan a ballenas, pingüinos, delfines y a muchas otras especies amenazadas.   Con tu ayuda, AIDA protegerá la frágil ecología de los mares de la Patagonia.   Hemos presentado una denuncia ante el Superintendente del Ambiente, pidiéndole que investigue los daños de la salmonicultura y sancione a las empresas responsables. También estamos generando apoyo público para la denuncia mediante una petición ciudadana. Y estamos trabajando con aliados para documentar el tema en video y educar a un público amplio sobre los daños causados por la industria del salmón en uno de los últimos rincones prístinos de Sudamérica.   ¡Gracias a un donante generoso, todas las contribuciones serán igualadas 3 a 1, lo que significa que cada dólar que dones hoy hará un total de 4 dólares para AIDA! ¿Podrías donar por favor 10 o 25  dólares, o la cantidad que desees para ayudar a proteger la vida silvestre en las aguas pristinas de la Patagonia chilena?   Y si comes salmón, ¡por favor compra solo salmón silvestre, no cultivado!  

Piden a Chile proteger la Patagonia de los riesgos de la industria del salmón

Más de la mitad de las granjas salmoneras que operan en la Región de Magallanes están provocando falta de oxígeno en aguas marinas que albergan especies únicas. Mediante una denuncia administrativa y una petición ciudadana, organizaciones de la sociedad civil solicitan al Gobierno chileno investigar y sancionar los daños, y hacer cumplir la regulación existente. Santiago de Chile. Organizaciones de la sociedad civil presentaron hoy una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente pidiendo que investigue los daños ocasionados por las granjas de salmón en la Región de Magallanes, en la Patagonia sur del país, y que sancione a las empresas responsables de dichos daños. Según información gubernamental, más de la mitad de las granjas de salmón en el lugar reportaron estar operando en condiciones anaeróbicas; es decir, han provocado falta de oxígeno en el ambiente, una amenaza seria a la vida marina. Las organizaciones lanzaron además una petición ciudadana en internet a fin de sumar apoyo para la solicitud hecha a la Superintendencia. “En Magallanes se han entregado concesiones de salmonicultura sin que se haya llevado a cabo una evaluación detallada de los impactos que la industria puede tener en la región”, explicó Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Los daños ya están ocurriendo: un informe de la Contraloría General de la República evidenció que entre 2013 y 2015, más de la mitad de las granjas de salmón en Magallanes operaban en condiciones anaeróbicas, lo que perjudica gravemente la vida marina”.  Chile es el segundo productor mundial de salmón. La industria, que por años se desarrolló en las costas ubicadas más al norte de Magallanes, ahora ha ingresado a esa región, la más austral del país y que por ser más virgen es también más vulnerable a las actividades humanas. Magallanes posee el mayor número de áreas naturales protegidas del país y alberga a especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras. “Las empresas salmoneras del país han excedido el número de peces que las aguas pueden soportar y las han llenado de los antibióticos y químicos que se les suministra a los salmones”, dijo Francisco Campos-Lopez, director de Real Chile. “Esos químicos, y las heces de los propios animales, provocan la falta de oxígeno, poniendo en peligro la vida en el mar”. NOTA: Más información disponible en aida-americas.org/es/granjasdesalmon Contactos de prensa: Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, +56 9 7335 3135, [email protected]    

Denuncia por los daños de las granjas de salmón en la región de Magallanes, Chile

Denuncia presentada por AIDA ante la Superintendencia del Medio Ambiente, entidad a cargo de fiscalizar que las actividades económicas que puedan poner en riesgo el patrimonio natural del país cumplan con permisos ambientales. En la denuncia se solicita investigar los daños que la industria del salmón está generando en la región de Magallanes, y sancionar a las empresas que, al incumplir la regulación ambiental, sean responsables por los mismos.

Protegiendo los mares de la Patagonia chilena de la industria del salmón