Océanos

La conservación de tiburones en Costa Rica está en riesgo

En Costa Rica, el futuro del tiburón martillo, especie amenazada, depende de una decisión del gobierno. Si el gobierno deja de exportar productos de ese animal por un año, la población de esa especie podría recuperarse. De lo contrario, su supervivencia estaría en grave peligro. Ésa es la recomendación del concejo científico en el país de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). La Convención es un tratado internacional para impedir que el comercio amenace la supervivencia de animales y plantas silvestres. De las cerca de 100 especies de tiburones y rayas que Costa Rica alberga, un 15% está en peligro de extinción debido a la sobrepesca y a la destrucción o degradación de los entornos marinos. Y, según el consejo científico de la Convención, la población de tiburón martillo, enlistada como especie en peligro en 2014, ha sufrido reducciones de hasta un 90% de su tamaño histórico.   Por ello, en abril de este año, el consejo científico recomendó prohibir la exportación de productos elaborados a base de tiburón martillo por al menos un año, hasta que se demuestre una mejoría en la salud de la población de la especie o una disminución en su pesca. El rol del sector pesquero Poco después de conocida la recomendación de los expertos científicos de la Convención, el Gobierno costarricense emitió un decreto ejecutivo que puso en manos del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el procedimiento técnico y administrativo, respectivamente, para autorizar la exportación de las especies de tiburones amenazadas o en peligro de extinción. Sin embargo, para Mario Espinoza Mendieta, investigador de la Universidad de Costa Rica, el problema radica en que tanto el Incopesca como el Ministerio de Agricultura y Ganadería han tendido a favorecer los intereses del sector productivo por encima de la conservación de especies amenazadas. La Junta Directiva del Incopesca, menciona Espinoza, está representada por diferentes sectores de pesca del país, cuyos intereses no siempre se alinean con la protección y explotación sostenible de los recursos marinos. “Eso hace que la balanza se vaya más hacia el sector productivo”, explica Espinoza, también miembro del consejo científico de la Convención. En el pasado, el Incopesca fue incluso cuestionado por no imponer sanciones a barcos camaroneros a los que se encontró pescando dentro de áreas protegidas. El comercio de tiburón La exportación de productos de tiburón es legal en Costa Rica, mientras respete las regulaciones establecidas por la Convención. Pero el aleteo, práctica que consiste en cortar las aletas del tiburón y lanzar el cuerpo al mar, no está permitida y ha sido controlada de mejor manera en el país. En febrero pasado, un tribunal emitió la primera sanción penal por aleteo contra una empresaria taiwanesa que llevó a puerto aletas de tiburón desprendidas del cuerpo del animal y unidas con alambre. AIDA y Conservación Internacional ayudaron en la resolución del caso, asesorando con argumentos de derecho internacional el trabajo de la Fiscalía. Las aletas de tiburón son muy codiciada en países asiáticos, que las considera un manjar. Se estima que el valor del producto sea de 100 dólares el kilo o que incluso supere esa cifra. Una decisión responsable En la región, los gobiernos de Colombia y Ecuador han desarrollado campañas para proteger al tiburón martillo. En Costa Rica, el Incopesca es responsable ahora del futuro de esa especie. Ojalá su labor incluya el criterio científico. El estado actual de la población de ese animal es frágil y una mala decisión podría dañarle seriamente. También peligra la conservación de otras especies amenazadas de tiburón, como el tiburón gris, una de las principales en el sector pesquero de Costa Rica. El criterio de sostenibilidad debe primar por encima del económico si el país quiere preservar su riqueza natural para el futuro y ser ejemplo de conservación en el continente. 

Seminario virtual "Necesitamos un nuevo tratado para proteger la vida en alta mar"

En el seminario virtual, expertas y expertos en el tema explicaron en detalle la importancia de un nuevo tratado sobre alta mar, el proceso de su negociación  en el marco de Naciones Unidas y los principales beneficios que implica. Los océanos nos protegen de los impactos del cambio climático, absorbiendo el 90% del exceso de calor causado por el cambio climático. Son fuente de alimento y de recursos genéticos con los que se producen medicamentos. Además, millones de familias dependen para subsistir del turismo y de otras actividades relacionadas con el mar. Pese a ello, el 64% de los océanos está desprotegida. Se trata de las aguas internacionales o alta mar. La necesidad de conservar esta parte de los océanos, y la vida que albergan, es urgente. Ante ello, los gobiernos del mundo tienen, con el nuevo tratado, la oportunidad histórica para contribuir al logro de esa meta. Grabación Presentaciones

3 sorprendentes verdades del salmón que consumes

Tú puedes ayudar a proteger las prístinas y cristalinas aguas de la aislada costa de la Patagonia chilena. Es posible que te estés preguntando qué tiene eso que ver con el salmón. Bueno, basta con tener en cuenta que:   1. El salmón sobre tu plato probablemente viene de Chile. En países de América Latina como Colombia y México, la mayor parte del salmón que se consume viene de Chile. En ese país, durante los últimos 30 años, la industria del salmón se ha disparado, convirtiendo a Chile en el segundo productor mundial.   2. Las granjas de salmón causan graves daños ambientales.  Las jaulas usadas en la salmonicultura albergan tal cantidad de peces que agotan el oxígeno del océano, sofocando la vida en el mar. Los antibióticos y químicos con los que se alimenta a los salmones se acumulan en el fondo marino. Las granjas causan la proliferación de algas tóxicas para la vida silvestre. Y los salmones que escapan de sus jaulas son más grandes y agresivos que las especies silvestres, aventajando a los demás peces en la búsqueda de comida.   3. Chile planea cuadruplicar el número de granjas de salmón en las aguas vírgenes de la Patagonia sur. Las granjas de salmón se están mudando a las hasta ahora prístinas aguas de la costa sur de Chile. Más de 100 de ellas operan actualmente en la región, y se prevé que 342 más se instalen también ahí. La Patagonia sur alberga la mayor cantidad de áreas naturales protegidas del país, las que cobijan a ballenas, pingüinos, delfines y a muchas otras especies amenazadas.   Con tu ayuda, AIDA protegerá la frágil ecología de los mares de la Patagonia.   Hemos presentado una denuncia ante el Superintendente del Ambiente, pidiéndole que investigue los daños de la salmonicultura y sancione a las empresas responsables. También estamos generando apoyo público para la denuncia mediante una petición ciudadana. Y estamos trabajando con aliados para documentar el tema en video y educar a un público amplio sobre los daños causados por la industria del salmón en uno de los últimos rincones prístinos de Sudamérica.   ¡Gracias a un donante generoso, todas las contribuciones serán igualadas 3 a 1, lo que significa que cada dólar que dones hoy hará un total de 4 dólares para AIDA! ¿Podrías donar por favor 10 o 25  dólares, o la cantidad que desees para ayudar a proteger la vida silvestre en las aguas pristinas de la Patagonia chilena?   Y si comes salmón, ¡por favor compra solo salmón silvestre, no cultivado!  

Piden a Chile proteger la Patagonia de los riesgos de la industria del salmón

Más de la mitad de las granjas salmoneras que operan en la Región de Magallanes están provocando falta de oxígeno en aguas marinas que albergan especies únicas. Mediante una denuncia administrativa y una petición ciudadana, organizaciones de la sociedad civil solicitan al Gobierno chileno investigar y sancionar los daños, y hacer cumplir la regulación existente. Santiago de Chile. Organizaciones de la sociedad civil presentaron hoy una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente pidiendo que investigue los daños ocasionados por las granjas de salmón en la Región de Magallanes, en la Patagonia sur del país, y que sancione a las empresas responsables de dichos daños. Según información gubernamental, más de la mitad de las granjas de salmón en el lugar reportaron estar operando en condiciones anaeróbicas; es decir, han provocado falta de oxígeno en el ambiente, una amenaza seria a la vida marina. Las organizaciones lanzaron además una petición ciudadana en internet a fin de sumar apoyo para la solicitud hecha a la Superintendencia. “En Magallanes se han entregado concesiones de salmonicultura sin que se haya llevado a cabo una evaluación detallada de los impactos que la industria puede tener en la región”, explicó Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Los daños ya están ocurriendo: un informe de la Contraloría General de la República evidenció que entre 2013 y 2015, más de la mitad de las granjas de salmón en Magallanes operaban en condiciones anaeróbicas, lo que perjudica gravemente la vida marina”.  Chile es el segundo productor mundial de salmón. La industria, que por años se desarrolló en las costas ubicadas más al norte de Magallanes, ahora ha ingresado a esa región, la más austral del país y que por ser más virgen es también más vulnerable a las actividades humanas. Magallanes posee el mayor número de áreas naturales protegidas del país y alberga a especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras. “Las empresas salmoneras del país han excedido el número de peces que las aguas pueden soportar y las han llenado de los antibióticos y químicos que se les suministra a los salmones”, dijo Francisco Campos-Lopez, director de Real Chile. “Esos químicos, y las heces de los propios animales, provocan la falta de oxígeno, poniendo en peligro la vida en el mar”. NOTA: Más información disponible en aida-americas.org/es/granjasdesalmon Contactos de prensa: Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, +56 9 7335 3135, [email protected]    

Denuncia por los daños de las granjas de salmón en la región de Magallanes, Chile

Denuncia presentada por AIDA ante la Superintendencia del Medio Ambiente, entidad a cargo de fiscalizar que las actividades económicas que puedan poner en riesgo el patrimonio natural del país cumplan con permisos ambientales. En la denuncia se solicita investigar los daños que la industria del salmón está generando en la región de Magallanes, y sancionar a las empresas que, al incumplir la regulación ambiental, sean responsables por los mismos.

Protegiendo los mares de la Patagonia chilena de la industria del salmón

Los océanos necesitan mucho más de nosotros

Por décadas, los océanos nos han protegido de los impactos del cambio climático, absorbiendo el 90% del exceso de calor provocado por el calentamiento global. Son fuente de alimento y de recursos genéticos con los que se producen medicamentos como aquellos que combaten el cáncer. Y, por si eso fuera poco, millones de familias dependen del turismo y otras actividades económicas relacionadas con el mar para subsistir.  Pese a su importancia, gran parte de los océanos está desprotegida. Se trata de alta mar, las aguas internacionales que ocupan el 64% de la superficie total del océano, y que no están gobernadas por ningún país. Las medidas de gestión que sí existen por parte de ciertos organismos, dan lugar a un mosaico de protecciones sin ningún mecanismo de coordinación. El mes pasado, participé en la tercera reunión del Comité Preparatorio de Naciones Unidas, un proceso que busca crear un nuevo tratado, bajo la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, para proteger la vida en alta mar. La negociación busca, entre otras cosas, la creación y el manejo adecuado de Áreas Marinas Protegidas en alta mar, regiones que permitirían conservar y rescatar la rica biodiversidad albergada en los océanos. He estado involucrada desde la primera reunión del Comité. AIDA es miembro del High Seas Alliance, una coalición de organizaciones que participa activamente del proceso. También somos la única organización de Latinoamérica con representación en las reuniones.   En la tercera reunión, los representantes de gobiernos de la región participaron de forma activa, expresando la necesidad de un acuerdo fuerte. Se espera que la siguiente reunión, prevista del 10 al 21 de julio, dé paso a una Conferencia Intergubernamental, instancia en la que se negociará el contenido del tratado. Protección a un costo muy alto Además de absorber la mayor parte del exceso de calor del planeta, los océanos absorben casi el 30% de todos los gases de efecto invernadero, los cuales son responsables del cambio climático. Esta protección natural les trae graves consecuencias. Al interactuar y absorber agentes contaminantes como el dióxido de carbono, los océanos sufren de acidificación —fenómeno que reduce los niveles de calcio, sustancia necesaria para las conchas de varias especies de fauna marina— y de pérdida de oxígeno, esencial para la vida bajo el mar. Esos impactos afectan, en consecuencia, la provisión de alimentos y la generación de fuentes de empleo en rubros como el pesquero y el turístico. A la luz del nuevo pacto climático, el Acuerdo de París, y de la negociación de este nuevo tratado para alta mar, los gobiernos deben hacer mucho más para proteger a los ecosistemas marinos de los impactos del cambio climático. Áreas Marinas Protegidas El Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha llamado a los gobiernos a proteger el 30% de los océanos mediante la creación de Áreas Marinas Protegidas y otras medidas para asegurar la salud de los mismos. Hace dos años, Palau, uno de los países más pequeños del planeta, dio un gran paso hacia el cumplimiento de la meta global de preservar nuestros mares. La nación isleña del Pacífico Norte, reconociendo los beneficios de una reserva marina totalmente protegida, designó al 80% de su territorio marítimo (el tamaño de España) como reserva en la que no puede haber pesca de arrastre, minería u otra actividad extractiva dañina. De ese modo, Palau protegió a las cerca de 1.300 especies de peces y 700 tipos de coral que viven en las aguas de ese rincón del mundo. En América Latina, países como Chile, Ecuador y Costa Rica han seguido el ejemplo de Palau y han salvaguardado áreas en sus aguas nacionales. Pero esas acciones necesitan incluir también a alta mar. Ese impulso debe seguir creciendo para desarrollar el nuevo tratado de alta mar y asegurar que el mismo incluya un proceso para establecer Áreas Marinas Protegidas, incluyendo reservas. En más de 10 años de trabajo como abogada ambiental, he aprendido una valiosa lección: toda la vida que nos rodea proviene de los océanos. Es hora de cuidarlos como ellos cuidan de nosotros.

Admiten amparo contra ampliación del puerto de Veracruz por violar derecho al medio ambiente sano

Sienta un precedente relevante para que los proyectos sean presentados de forma completa, no fragmentada, y se puedan evaluar de forma integral sus impactos al ambiente. Se solicita a la Semarnat revocar las autorizaciones y a la Apiver, suspender las obras hasta que quede zanjada la cuestión ambiental. Veracruz, México. El proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, promovido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), será analizado por el Poder Judicial de la Federación a fin de determinar si, al ser autorizado, se vulneró el derecho al medio ambiente sano. Lo anterior se debe a la demanda de amparo presentada por habitantes de la región, asesorados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), a inicios de diciembre de 2016, y que fue admitida a finales de mes marzo pasado[1]. El Juzgado Quinto se había negado a ello alegando falta de interés legítimo de los demandantes, pero tal situación fue combatida y resuelta ante el Segundo Tribunal Colegiado en febrero. El caso es muy importante y establece un precedente relevante en materia del derecho ambiental, pues aborda la forma en la que deben ser evaluados los proyectos de desarrollo en materia de impacto ambiental. Esos proyectos deben ser presentados de manera completa y no fragmentada para poder evaluar el impacto integral que tendrán sobre la zona y sus habitantes. Asimismo, las manifestaciones de impacto ambiental deben ser elaboradas con la mejor información científica disponible. En el caso del proyecto de ampliación el puerto de Veracruz, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se presentó de forma fragmentada en por los menos 14 partes, evaluadas y autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sin considerar todos los impactos acumulativos. Además, la MIA omitió manifestar la existencia de un arrecife de coral no emergido muy grande e importante, localizado a 500 metros de distancia de la entrada del nuevo puerto. Para proteger el derecho al medio ambiente sano, se han construido instituciones como las Áreas Naturales Protegidas e instrumentos como la Evaluación de Impacto Ambiental. En el caso de la ampliación del puerto de Veracruz, el mensaje que se está enviando es que  estas instituciones pueden ser sacrificadas y/o utilizadas según convenga para empujar los llamados proyectos de desarrollo. En este sentido, y en virtud del amparo, se solicita atenta y respetuosamente a la Semarnat a revocar las autorizaciones de impacto concedidas al proyecto. De igual forma, se hace un llamado atento a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) para que suspenda voluntariamente las obras hasta que quede zanjada la cuestión ambiental, y a los habitantes de la ciudad de Veracruz-Boca del Río-Medellín a que se apropien y cuiden el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). “La aceptación de este amparo representa un pequeño paso en la dirección correcta, pues el poder de la gente ha hecho valer su derecho a un medio ambiente sano, lo que debería ser un garantía por parte de la autoridad sin que hubiera necesidad de acudir a las instancias judiciales para hacerlo valer. Esperamos que esto abra la puerta a una revisión real y acuciosa del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz y de los impactos reales que tendrá sobre el medio ambiente, en particular sobre el Sistema Arrecifal Veracruzano y  sobre los servicios ecosistémicos que brinda”, declaró Miguel Rivas, campañista de océanos de Greenpeace México. Por su parte, Camilo Thompson, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), señaló que "con la reducción del área del PNSAV y la ausencia de restauración de un sitio protegido bajo la Convención Ramsar, el Estado mexicano incumple con la protección amplia de su población, obligación establecida en tratados internacionales. Expone además a los habitantes del puerto de Veracruz a un mayor riesgo de impactos por huracanes y otros fenómenos climáticos. Ni el gobierno, ni la empresa a cargo del puerto, consideraron de forma adecuada la protección de los arrecifes de Veracruz, ecosistemas de importancia mundial. México está incumpliendo también los objetivos de preservación, conservación y manejo, establecidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica, las metas de Aichi y la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, tratados ratificados por el país". Xavier Martínez Esponda, Coordinador Técnico Operativo del CEMDA, dijo que “los océanos y los arrecifes son ecosistemas clave para el bienestar de las personas pues son fuente de importantes servicios ambientales y funciones ecológicas como la captura de carbono-generación de oxígeno, la provisión de alimento como la pesquería y la regulación del clima brindando protección contra tormentas y/o huracanes, razones por las cuales, deben de ser protegidos y conservados en beneficio de presentes y futuras generaciones”. Desde 2004, el PNSAV es considerado como un humedal de importancia internacional, pero hasta el momento el gobierno mexicano no ha cumplido sus obligaciones internacionales, ni ha expedido su programa de manejo. [1] El 29 de marzo de 2017, el Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz admitió a trámite la demanda de amparo presentada por habitantes de la región y representados por el CEMDA. Expediente 1241/2016

Pronunciamiento de AIDA sobre la muerte de miles de peces en Costa Rica

Ante la muerte de anchovetas —especie de la que dependen para su nutrición aves, mamíferos marinos y otros peces—, se debe analizar a detalle el caso y, al dar con la causa del hecho, se debe dar una solución integral al problema a nivel nacional y regional. San José, Costa Rica. El 15 de febrero pasado, miles de peces de la especie anchoveta, aparecieron muertos a lo largo de 2 kilómetros del golfo de Nicoya, en varias playas de Puntarenas. Aunque expertos de la Universidad Nacional de Costa Rica descartaron que el hecho se deba a las toxinas que producen las algas o a una eventual marea roja —que ocurre por la excesiva proliferación de microalgas)—, las autoridades todavía no saben con exactitud las causas. La anchoveta es una especie que contribuye de gran manera al equilibrio del entorno marino en el que habita. Muchas especies de aves y mamíferos marinos, así como otros peces, dependen de la anchoveta como fuente vital de nutrición, pues es rica en proteínas. A propósito del hecho, Gladys Martínez, abogada del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA señaló: “Es clave que se analice detalladamente los factores que causaron esta muerte masiva de anchovetas para poder determinar qué las está afectando y evitar que una situación similar se repita. Una vez encontrada la causa, se debe implementar una solución que tenga un enfoque ecosistémico, es decir que tenga en cuenta todos los componentes del entorno marino. Adicionalmente, es importante que Costa Rica trabaje en dar una solución integral al problema tanto a nivel nacional como regional, pues la anchoveta es una especie común de diferentes países y aunque no es altamente migratoria, se traslada en espacios cortos. Debido a ello, los países fronterizos deben unir esfuerzos”. Contacto de prensa: Gladys Martínez, AIDA, [email protected], +506 8321 4263  

Tribunal de Costa Rica emite la primera sanción penal contra práctica ilegal de pesca de tiburón

En una decisión histórica, un tribunal de Puntarenas condenó a prisión a una empresaria que llevó a puerto aletas de tiburón separadas del cuerpo del animal, práctica ilegal en Costa Rica, con el objetivo de comercializarlas luego fuera del país. La acusación de la Fiscalía fue apoyada por organizaciones de la sociedad civil que argumentaron la vulneración de normas nacionales e internacionales que protegen la fauna marina. Puntarenas, Costa Rica. El 7 de febrero pasado, el Tribunal de Juicio de Puntarenas impuso una sanción penal de seis meses de prisión contra una empresaria taiwanesa que llevó a puerto aletas de tiburón desprendidas del cuerpo del animal y unidas con alambre, práctica conocida como aleteo y considerada ilegal por normas nacionales e internacionales. El objetivo de la empresaria era vender en el exterior únicamente las aletas. Es la primera vez que el comercio ilegal de aletas de tiburón es castigado penalmente en el país. “Nos alegra que, desde el Poder Judicial, el país envíe la clara señal de que su prioridad es proteger la sostenibilidad del país. La respuesta ante una práctica innovadora de aleteo, fue buena. Los pescadores responsables y las autoridades pesqueras y ambientales lo sabrán reconocer y aplaudir. En Conservación Internacional reiteramos nuestro compromiso con la pesca sostenible, las gestión transparente de recursos marinos y el control de las regulaciones ambientales del país”, señaló Marco Quesada, director del Programa Costa Rica de Conservación Internacional (CI). En 2011, la justicia falló a favor de la empresaria. Esa decisión fue rebatida por la Fiscalía, instancia que logró un segundo juicio en el que finalmente el delito cometido fue sancionado. La sentencia final señala que la empresaria es responsable “del delito de ordenar la descarga de aleta de tiburón sin el respectivo cuerpo, en perjuicio de los recursos naturales” de Costa Rica. “Esta es una sentencia histórica, pues es la primera vez que existe una condena penal por aleteo. Aplaudimos el esfuerzo de la Fiscalía por hacer cumplir las leyes nacionales y los compromisos internacionales de Costa Rica. Esperamos que sea un precedente que ayude a evitar que se repita esta práctica.”, dijo Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). AIDA y CI ayudaron en la resolución del caso, asesorando con argumentos de derecho internacional el trabajo de la Fiscalía. De acuerdo con la legislación costarricense, tras la pesca, las aletas deben llegar al puerto unidas naturalmente al cuerpo del tiburón. Cuando son separadas, el cuerpo es arrojado al mar para así poder refrigerar en los barcos pesqueros la mayor cantidad posible de aletas. “El aleteo de tiburón es un delito penado en Costa Rica por los artículos 139 y 40 de la Ley de Pesca y Acuicultura. Adicionalmente, Costa Rica ha ratificado diferentes tratados internacionales que le obligan a proteger el ambiente. Estas obligaciones incluyen la protección, conservación y uso sostenible de los recursos marinos”, se lee en el documento proporcionado por ambas organizaciones a la Fiscalía para su uso durante el juicio. Consulte la sentencia del tribunal  Lea el documento con el que AIDA y CI apoyamos el trabajo de la Fiscalía. Contactos de prensa: Gladys Martínez, AIDA, [email protected], +506 8321 4263 Marco Quesada, CI, [email protected] +506 2253-0500 ext. 129/IP 5484