Océanos

3 sorprendentes verdades del salmón que consumes

Tú puedes ayudar a proteger las prístinas y cristalinas aguas de la aislada costa de la Patagonia chilena. Es posible que te estés preguntando qué tiene eso que ver con el salmón. Bueno, basta con tener en cuenta que:   1. El salmón sobre tu plato probablemente viene de Chile. En países de América Latina como Colombia y México, la mayor parte del salmón que se consume viene de Chile. En ese país, durante los últimos 30 años, la industria del salmón se ha disparado, convirtiendo a Chile en el segundo productor mundial.   2. Las granjas de salmón causan graves daños ambientales.  Las jaulas usadas en la salmonicultura albergan tal cantidad de peces que agotan el oxígeno del océano, sofocando la vida en el mar. Los antibióticos y químicos con los que se alimenta a los salmones se acumulan en el fondo marino. Las granjas causan la proliferación de algas tóxicas para la vida silvestre. Y los salmones que escapan de sus jaulas son más grandes y agresivos que las especies silvestres, aventajando a los demás peces en la búsqueda de comida.   3. Chile planea cuadruplicar el número de granjas de salmón en las aguas vírgenes de la Patagonia sur. Las granjas de salmón se están mudando a las hasta ahora prístinas aguas de la costa sur de Chile. Más de 100 de ellas operan actualmente en la región, y se prevé que 342 más se instalen también ahí. La Patagonia sur alberga la mayor cantidad de áreas naturales protegidas del país, las que cobijan a ballenas, pingüinos, delfines y a muchas otras especies amenazadas.   Con tu ayuda, AIDA protegerá la frágil ecología de los mares de la Patagonia.   Hemos presentado una denuncia ante el Superintendente del Ambiente, pidiéndole que investigue los daños de la salmonicultura y sancione a las empresas responsables. También estamos generando apoyo público para la denuncia mediante una petición ciudadana. Y estamos trabajando con aliados para documentar el tema en video y educar a un público amplio sobre los daños causados por la industria del salmón en uno de los últimos rincones prístinos de Sudamérica.   ¡Gracias a un donante generoso, todas las contribuciones serán igualadas 3 a 1, lo que significa que cada dólar que dones hoy hará un total de 4 dólares para AIDA! ¿Podrías donar por favor 10 o 25  dólares, o la cantidad que desees para ayudar a proteger la vida silvestre en las aguas pristinas de la Patagonia chilena?   Y si comes salmón, ¡por favor compra solo salmón silvestre, no cultivado!  

Piden a Chile proteger la Patagonia de los riesgos de la industria del salmón

Más de la mitad de las granjas salmoneras que operan en la Región de Magallanes están provocando falta de oxígeno en aguas marinas que albergan especies únicas. Mediante una denuncia administrativa y una petición ciudadana, organizaciones de la sociedad civil solicitan al Gobierno chileno investigar y sancionar los daños, y hacer cumplir la regulación existente. Santiago de Chile. Organizaciones de la sociedad civil presentaron hoy una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente pidiendo que investigue los daños ocasionados por las granjas de salmón en la Región de Magallanes, en la Patagonia sur del país, y que sancione a las empresas responsables de dichos daños. Según información gubernamental, más de la mitad de las granjas de salmón en el lugar reportaron estar operando en condiciones anaeróbicas; es decir, han provocado falta de oxígeno en el ambiente, una amenaza seria a la vida marina. Las organizaciones lanzaron además una petición ciudadana en internet a fin de sumar apoyo para la solicitud hecha a la Superintendencia. “En Magallanes se han entregado concesiones de salmonicultura sin que se haya llevado a cabo una evaluación detallada de los impactos que la industria puede tener en la región”, explicó Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Los daños ya están ocurriendo: un informe de la Contraloría General de la República evidenció que entre 2013 y 2015, más de la mitad de las granjas de salmón en Magallanes operaban en condiciones anaeróbicas, lo que perjudica gravemente la vida marina”.  Chile es el segundo productor mundial de salmón. La industria, que por años se desarrolló en las costas ubicadas más al norte de Magallanes, ahora ha ingresado a esa región, la más austral del país y que por ser más virgen es también más vulnerable a las actividades humanas. Magallanes posee el mayor número de áreas naturales protegidas del país y alberga a especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras. “Las empresas salmoneras del país han excedido el número de peces que las aguas pueden soportar y las han llenado de los antibióticos y químicos que se les suministra a los salmones”, dijo Francisco Campos-Lopez, director de Real Chile. “Esos químicos, y las heces de los propios animales, provocan la falta de oxígeno, poniendo en peligro la vida en el mar”. NOTA: Más información disponible en aida-americas.org/es/granjasdesalmon Contactos de prensa: Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, +56 9 7335 3135, [email protected]    

Denuncia por los daños de las granjas de salmón en la región de Magallanes, Chile

Denuncia presentada por AIDA ante la Superintendencia del Medio Ambiente, entidad a cargo de fiscalizar que las actividades económicas que puedan poner en riesgo el patrimonio natural del país cumplan con permisos ambientales. En la denuncia se solicita investigar los daños que la industria del salmón está generando en la región de Magallanes, y sancionar a las empresas que, al incumplir la regulación ambiental, sean responsables por los mismos.

Protegiendo los mares de la Patagonia chilena de la industria del salmón

Admiten amparo contra ampliación del puerto de Veracruz por violar derecho al medio ambiente sano

Sienta un precedente relevante para que los proyectos sean presentados de forma completa, no fragmentada, y se puedan evaluar de forma integral sus impactos al ambiente. Se solicita a la Semarnat revocar las autorizaciones y a la Apiver, suspender las obras hasta que quede zanjada la cuestión ambiental. Veracruz, México. El proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, promovido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), será analizado por el Poder Judicial de la Federación a fin de determinar si, al ser autorizado, se vulneró el derecho al medio ambiente sano. Lo anterior se debe a la demanda de amparo presentada por habitantes de la región, asesorados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), a inicios de diciembre de 2016, y que fue admitida a finales de mes marzo pasado[1]. El Juzgado Quinto se había negado a ello alegando falta de interés legítimo de los demandantes, pero tal situación fue combatida y resuelta ante el Segundo Tribunal Colegiado en febrero. El caso es muy importante y establece un precedente relevante en materia del derecho ambiental, pues aborda la forma en la que deben ser evaluados los proyectos de desarrollo en materia de impacto ambiental. Esos proyectos deben ser presentados de manera completa y no fragmentada para poder evaluar el impacto integral que tendrán sobre la zona y sus habitantes. Asimismo, las manifestaciones de impacto ambiental deben ser elaboradas con la mejor información científica disponible. En el caso del proyecto de ampliación el puerto de Veracruz, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se presentó de forma fragmentada en por los menos 14 partes, evaluadas y autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sin considerar todos los impactos acumulativos. Además, la MIA omitió manifestar la existencia de un arrecife de coral no emergido muy grande e importante, localizado a 500 metros de distancia de la entrada del nuevo puerto. Para proteger el derecho al medio ambiente sano, se han construido instituciones como las Áreas Naturales Protegidas e instrumentos como la Evaluación de Impacto Ambiental. En el caso de la ampliación del puerto de Veracruz, el mensaje que se está enviando es que  estas instituciones pueden ser sacrificadas y/o utilizadas según convenga para empujar los llamados proyectos de desarrollo. En este sentido, y en virtud del amparo, se solicita atenta y respetuosamente a la Semarnat a revocar las autorizaciones de impacto concedidas al proyecto. De igual forma, se hace un llamado atento a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) para que suspenda voluntariamente las obras hasta que quede zanjada la cuestión ambiental, y a los habitantes de la ciudad de Veracruz-Boca del Río-Medellín a que se apropien y cuiden el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). “La aceptación de este amparo representa un pequeño paso en la dirección correcta, pues el poder de la gente ha hecho valer su derecho a un medio ambiente sano, lo que debería ser un garantía por parte de la autoridad sin que hubiera necesidad de acudir a las instancias judiciales para hacerlo valer. Esperamos que esto abra la puerta a una revisión real y acuciosa del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz y de los impactos reales que tendrá sobre el medio ambiente, en particular sobre el Sistema Arrecifal Veracruzano y  sobre los servicios ecosistémicos que brinda”, declaró Miguel Rivas, campañista de océanos de Greenpeace México. Por su parte, Camilo Thompson, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), señaló que "con la reducción del área del PNSAV y la ausencia de restauración de un sitio protegido bajo la Convención Ramsar, el Estado mexicano incumple con la protección amplia de su población, obligación establecida en tratados internacionales. Expone además a los habitantes del puerto de Veracruz a un mayor riesgo de impactos por huracanes y otros fenómenos climáticos. Ni el gobierno, ni la empresa a cargo del puerto, consideraron de forma adecuada la protección de los arrecifes de Veracruz, ecosistemas de importancia mundial. México está incumpliendo también los objetivos de preservación, conservación y manejo, establecidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica, las metas de Aichi y la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, tratados ratificados por el país". Xavier Martínez Esponda, Coordinador Técnico Operativo del CEMDA, dijo que “los océanos y los arrecifes son ecosistemas clave para el bienestar de las personas pues son fuente de importantes servicios ambientales y funciones ecológicas como la captura de carbono-generación de oxígeno, la provisión de alimento como la pesquería y la regulación del clima brindando protección contra tormentas y/o huracanes, razones por las cuales, deben de ser protegidos y conservados en beneficio de presentes y futuras generaciones”. Desde 2004, el PNSAV es considerado como un humedal de importancia internacional, pero hasta el momento el gobierno mexicano no ha cumplido sus obligaciones internacionales, ni ha expedido su programa de manejo. [1] El 29 de marzo de 2017, el Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz admitió a trámite la demanda de amparo presentada por habitantes de la región y representados por el CEMDA. Expediente 1241/2016

Pronunciamiento de AIDA sobre la muerte de miles de peces en Costa Rica

Ante la muerte de anchovetas —especie de la que dependen para su nutrición aves, mamíferos marinos y otros peces—, se debe analizar a detalle el caso y, al dar con la causa del hecho, se debe dar una solución integral al problema a nivel nacional y regional. San José, Costa Rica. El 15 de febrero pasado, miles de peces de la especie anchoveta, aparecieron muertos a lo largo de 2 kilómetros del golfo de Nicoya, en varias playas de Puntarenas. Aunque expertos de la Universidad Nacional de Costa Rica descartaron que el hecho se deba a las toxinas que producen las algas o a una eventual marea roja —que ocurre por la excesiva proliferación de microalgas)—, las autoridades todavía no saben con exactitud las causas. La anchoveta es una especie que contribuye de gran manera al equilibrio del entorno marino en el que habita. Muchas especies de aves y mamíferos marinos, así como otros peces, dependen de la anchoveta como fuente vital de nutrición, pues es rica en proteínas. A propósito del hecho, Gladys Martínez, abogada del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA señaló: “Es clave que se analice detalladamente los factores que causaron esta muerte masiva de anchovetas para poder determinar qué las está afectando y evitar que una situación similar se repita. Una vez encontrada la causa, se debe implementar una solución que tenga un enfoque ecosistémico, es decir que tenga en cuenta todos los componentes del entorno marino. Adicionalmente, es importante que Costa Rica trabaje en dar una solución integral al problema tanto a nivel nacional como regional, pues la anchoveta es una especie común de diferentes países y aunque no es altamente migratoria, se traslada en espacios cortos. Debido a ello, los países fronterizos deben unir esfuerzos”. Contacto de prensa: Gladys Martínez, AIDA, [email protected], +506 8321 4263  

Tribunal de Costa Rica emite la primera sanción penal contra práctica ilegal de pesca de tiburón

En una decisión histórica, un tribunal de Puntarenas condenó a prisión a una empresaria que llevó a puerto aletas de tiburón separadas del cuerpo del animal, práctica ilegal en Costa Rica, con el objetivo de comercializarlas luego fuera del país. La acusación de la Fiscalía fue apoyada por organizaciones de la sociedad civil que argumentaron la vulneración de normas nacionales e internacionales que protegen la fauna marina. Puntarenas, Costa Rica. El 7 de febrero pasado, el Tribunal de Juicio de Puntarenas impuso una sanción penal de seis meses de prisión contra una empresaria taiwanesa que llevó a puerto aletas de tiburón desprendidas del cuerpo del animal y unidas con alambre, práctica conocida como aleteo y considerada ilegal por normas nacionales e internacionales. El objetivo de la empresaria era vender en el exterior únicamente las aletas. Es la primera vez que el comercio ilegal de aletas de tiburón es castigado penalmente en el país. “Nos alegra que, desde el Poder Judicial, el país envíe la clara señal de que su prioridad es proteger la sostenibilidad del país. La respuesta ante una práctica innovadora de aleteo, fue buena. Los pescadores responsables y las autoridades pesqueras y ambientales lo sabrán reconocer y aplaudir. En Conservación Internacional reiteramos nuestro compromiso con la pesca sostenible, las gestión transparente de recursos marinos y el control de las regulaciones ambientales del país”, señaló Marco Quesada, director del Programa Costa Rica de Conservación Internacional (CI). En 2011, la justicia falló a favor de la empresaria. Esa decisión fue rebatida por la Fiscalía, instancia que logró un segundo juicio en el que finalmente el delito cometido fue sancionado. La sentencia final señala que la empresaria es responsable “del delito de ordenar la descarga de aleta de tiburón sin el respectivo cuerpo, en perjuicio de los recursos naturales” de Costa Rica. “Esta es una sentencia histórica, pues es la primera vez que existe una condena penal por aleteo. Aplaudimos el esfuerzo de la Fiscalía por hacer cumplir las leyes nacionales y los compromisos internacionales de Costa Rica. Esperamos que sea un precedente que ayude a evitar que se repita esta práctica.”, dijo Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). AIDA y CI ayudaron en la resolución del caso, asesorando con argumentos de derecho internacional el trabajo de la Fiscalía. De acuerdo con la legislación costarricense, tras la pesca, las aletas deben llegar al puerto unidas naturalmente al cuerpo del tiburón. Cuando son separadas, el cuerpo es arrojado al mar para así poder refrigerar en los barcos pesqueros la mayor cantidad posible de aletas. “El aleteo de tiburón es un delito penado en Costa Rica por los artículos 139 y 40 de la Ley de Pesca y Acuicultura. Adicionalmente, Costa Rica ha ratificado diferentes tratados internacionales que le obligan a proteger el ambiente. Estas obligaciones incluyen la protección, conservación y uso sostenible de los recursos marinos”, se lee en el documento proporcionado por ambas organizaciones a la Fiscalía para su uso durante el juicio. Consulte la sentencia del tribunal  Lea el documento con el que AIDA y CI apoyamos el trabajo de la Fiscalía. Contactos de prensa: Gladys Martínez, AIDA, [email protected], +506 8321 4263 Marco Quesada, CI, [email protected] +506 2253-0500 ext. 129/IP 5484  

La Industria del Salmón en Chile: Sostenibilidad Imposible

Chile es el segundo mayor productor de salmón a nivel mundial. Por más de 20 años, la industria se viene desarrollando anteponiendo las ganancias económicas a la protección ambiental. Ante la falta de regulación del Estado, la producción masiva de salmón deja a su paso contaminación química, zonas de mar sin vida, daños a otras especies, y perjuicios sociales a las personas y comunidades que dependen de la industria y del mar como sustento. La situación podría empeorar pues la industria amenaza con reinstalarse en zonas nuevas de aguas prístinas. Malas prácticas La salmonicultura en Chile nunca será sostenible porque requiere mucha más proteína de la que genera. Para producir un kilo de salmón, se requiere alrededor de 5 kilos de pesca silvestre para alimentación. Ello es porque el salmón es una especie introducida y carnívora. Años de malas prácticas por parte de las empresas y la falta de control del gobierno han  resultado en graves daños ambientales, mismos que han traído consecuencias sociales graves para quienes viven de los productos del mar. En la Isla Grande de Chiloé, por ejemplo, se vive una crisis social relacionada con la catástrofe ambiental generada en gran parte por la industria del salmón, muy intensiva en la zona. En Chile, los proponentes de proyectos deben presentar declaraciones o estudios de impacto ambiental, según el potencial del proyecto de dañar la naturaleza. Pese al gran riesgo que implican para los ecosistemas, los proyectos de salmonicultura son admitidos mediante meras declaraciones juradas, y no por estudios que permitan identificar y manejar adecuadamente sus posibles impactos negativos. El resultado son miles de criaderos de salmón en funcionamiento. Cada uno consiste en balsas jaulas que, sin suficiente separación entre sí ni condiciones sanitarias adecuadas, albergan miles de salmones apretujados (el doble de lo que se permite en Europa). Aunque parezca difícil de creer y pese a que la ley dice lo contrario, en Chile no se han hecho estudios sobre la capacidad del océano, lagos y ríos de albergar la cantidad de salmones que se cultivan. Estos salmones en cautiverio son alimentados con pellets, una especie de píldoras que además de pesca silvestre transformada en harina de pescado, contienen pesticidas, colorantes, fungicidas y otros químicos que mejoran la producción. Gran parte de esas píldoras no son consumidas y caen al fondo del mar. Además, a cada salmón se le inyecta una cantidad exorbitante de antibióticos (hasta 5 mil veces más que lo que se usa en Noruega). Finalmente, los desechos generados por los peces, los cuales contienen los químicos suministrados, se acumulan también en el fondo del mar. Más de 20 años de estas prácticas han causado zonas de mar muertas donde la vida ya no es posible. Otro grave problema es que los salmones suelen escapar de sus jaulas. Según un informe de la ONG Terram, los escapes en Chile representan el 1.5% de la producción, equivalente a más de 9 mil toneladas al año. Algunos estudios dan cuenta que ese porcentaje podría llegar a 5%. Aunque por ley los centros de cultivo deben tener planes de recaptura, muchas veces éstos no tienen éxito. El salmón es una especie agresiva que, puesta en libertad, compite con los peces locales por casa y comida, y les transmite enfermedades. Crisis en el mar En mayo, las costas chilenas fueron devastadas por una marea roja más dañina que nunca. El fenómeno natural, caracterizado por el incremento excesivo de microalgas de las que se alimentan algunos animales, dejó varadas ballenas, calamares, sardinas y hasta aves (ver aquí un testimonio). Los salmones en cautiverio también fueron afectados y la industria sufrió pérdidas millonarias: miles de toneladas de cadáveres de salmón se pudrieron en las balsas jaulas. La  mortalidad fue tal que la autoridad marítima nacional autorizó arrojar 9 mil toneladas de salmón muerto al mar. Según la industria salmonera y el gobierno, la marea roja tuvo su origen en el fenómeno de El Niño, agravado por el calentamiento climático. No obstante, algunos científicos aseguran que en gran medida las salmoneras son las responsables por someter al mar a sus malas prácticas por años (ver el informe de la Fundación Crea y el de Greenpeace). ¡Patagonia sin salmoneras! La industria salmonera no solo no ha aprendido de sus errores, sino que ahora busca expandirse a aguas más puras que aún no han sido contaminadas, para continuar su negocio. Es lo que está pasando en la región patagónica de Magallanes y en Aysén, donde aproximadamente 3,100 solicitudes esperan confirmación. Algunas de ellas incluso en lugares  declarados de conservación prioritaria. En AIDA y junto con nuestros aliados, trabajamos para que ésta y otras industrias se adecúen a las normas ambientales. Pero aún más importante es lo que todos podemos hacer como ciudadanos y consumidores. Al elegir productos cuyo origen es sostenible, evitaremos que la industria del salmón siga transformando áreas de mar en zonas muertas. Es urgente que esta trágica historia no se repita en nuevas extensiones de nuestro inmenso, pero no infinito mar. 

Celebrando que hay esperanza para los océanos

Hace poco, el 1 de septiembre, cumplí 10 años de trabajar por la justicia ambiental y hacer realidad uno de mis sueños de estudiante: defender a quienes no tienen voz. En todo este tiempo, mis mejores clientes han sido el mar y sus costas. La experiencia acumulada me ha enseñado que la vida depende de los océanos. Por ello me sentí feliz de celebrar este aniversario participando en los esfuerzos internacionales para construir un acuerdo de cumplimiento obligatorio para conservar la vida en alta mar. Se considera alta mar a las aguas internacionales que, al no pertenecer a ningún país, no cuentan con una protección legal para las plantas y animales que albergan. La posibilidad de un tratado que brinde ese amparo significa una segunda oportunidad para los océanos y para quienes dependemos de ellos: la humanidad en su conjunto. Tiempo de reflexión A lo largo de mi carrera como abogada ambiental, he trabajado para evitar y reducir los impactos negativos de la pesca ilegal y la pesca excesiva. Desde AIDA y en alianza con organizaciones aliadas, he usado normas internacionales y logrado avances hacia la pesca sostenible y la conservación de humedales, manglares y arrecifes de coral. Durante los últimos años, he tenido el honor de trabajar junto a Sandra Moguel, abogada del programa marino de AIDA en México. Debido a la dedicación y liderazgo de Sandra, hemos podido resguardar los océanos, costas y a las comunidades amenazadas por el desarrollo mal planificado. Sandra se fue recientemente de AIDA para trabajar con nuestros socios del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), como directora de su Oficina Regional Sureste. Aunque yo, y todos en AIDA, extrañaremos tenerla a nuestro lado, su nuevo cargo me llena de gran esperanza para México y para la lucha en defensa del rico patrimonio ambiental del país. El trabajo de Sandra para proteger los humedales costeros, río y océanos de México no será olvidado pronto. Con base en sus éxitos, continuaremos la lucha para preservar las aguas de la región y defender a las comunidades que dependen de ellas. Una nueva esperanza Esta lucha me llevó recientemente a la ciudad de Nueva York, junto con la High Seas Alliance, para participar del desarrollo de un tratado para alta mar. Este año participé de dos reuniones del Comité Preparatorio del tratado, junto con representantes de Estados y de la sociedad civil. El acuerdo está siendo construido en el marco de Naciones Unidas y buscamos concretarlo en el plazo de dos años. El tratado será implementado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). En representación de AIDA, la única organización de América Latina involucrada en las reuniones de planificación del tratado, estoy trabajando para asegurar que las aguas de alta mar reciban la misma protección que las aguas nacionales que por tanto tiempo hemos defendido. El tratado de alta mar es un esfuerzo realmente colaborativo que alberga una gran esperanza para la protección de las aguas internacionales de nuestro planeta. Responsable con mi región Como costarricense, siento la responsabilidad adicional de cuidar el patrimonio natural de América Latina, región privilegiada con áreas de gran importancia en alta mar. Creo que es fundamental crear allí reservas marinas. Eso permitiría disminuir la presión de la pesca sobre los recursos marinos, contribuiría a generar un equilibrio ambiental y haría que los entornos y sus habitantes se adapten a los efectos del cambio climático. En aguas internacionales de la región existen “áreas ecológicamente significativas” como: El Domo Centroamericano. Está en el Pacífico y cambia constantemente de lugar debido a los vientos y las corrientes oceánicas. Es zona de alimentación,  reproducción y crianza para atunes, ballenas azules, tiburones, delfines y tortugas marinas, entre otras especies. El Café del Tiburón Blanco. Ubicada en aguas internacionales del Océano Pacífico, entre la Península de Baja California y Hawái, el área es clave para los tiburones blancos, especie en grave peligro, que se congregan allí al salir de la costa de México o California. Montes submarinos de Nazca y Sala y Gómez. Con más de 3,000 kilómetros de largo en el Pacífico sureste, se extienden más allá de aguas chilenas, país donde son protegidos por el Estado. Sin embargo, sus secciones en alta mar están desprotegidas. Ello ocurre pese a que tienen uno de los niveles más altos de diversidad biológica marina del mundo. Cobijan y benefician a ballenas azules, tortugas marinas baulas, peces espada, macarelas chilenas y otras especies. La mayor parte de los montes se encuentra en estado natural por lo que su protección es urgente. Zona de Fractura del Atlántico Ecuatorial. Ubicada entre Brasil y la Cuenca del Guinea, el área no pertenece a ningún país. Es fuente de alimento y energía para diferentes especies de peces (entre ellas el atún aleta amarilla, el atún patudo y el pez espada) y para tortugas marinas como la baula y la verde. Proteger el alta mar es vital para brindar un espacio seguro de alimentación, reproducción y crecimiento a diferentes especies marinas. Quiero seguir aportando a esa causa y cumplir 10 años más siendo la voz de América Latina y abogando por la preservación de sus tesoros naturales.

México elige proteger a la tortuga Caguama del proyecto minero Don Diego

AIDA celebra la decisión de la SEMARNAT de negar el permiso ambiental a la mina submarina de fosfato propuesta en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. La entidad encontró que las medidas planteadas por Exploraciones Oceánicas, empresa a cargo del proyecto, para resguardar a la tortuga marina se basan en información inconsistente. Ciudad de México, México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) antepuso la protección de la tortuga caguama, especie amenazada, al beneficio económico que podría traer la mina submarina de fosfato Don Diego, cuya ubicación propuesta es el Golfo de Ulloa en Baja California Sur. La entidad negó la autorización del proyecto a cargo de Exploraciones Oceánicas al encontrar que las medidas planteadas por la empresa para proteger a la Caguama se sustentan en información que no es consistente. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) aplaude la decisión de la SEMARNAT en la que se señala que los aspectos económicos del proyecto “no pueden prevalecer sobre la protección de los recursos naturales existentes el Golfo de Ulloa”, más cuando algunos de ellos como la tortuga Caguama (Caretta Caretta), “se encuentran sujetos a estrictos estándares de protección por encontrarse en peligro de extinción”. Según la entidad, no es factible armonizar el resguardo de las poblaciones de esa especie con una actividad “que adiciona una presión antropogénica (fruto de la actividad humana) a las existentes en la zona y que incrementa el riesgo de extinción de dicha especie, que es compartida internacionalmente (página 232 del documento que contiene la decisión de la SEMARNAT)”. AIDA presentó a la SEMARNAT argumentos sobre las obligaciones internacionales que México incumpliría de autorizar el proyecto, así como de la información insuficiente con la cual la empresa evaluó el impacto ambiental de la mina en los ecosistemas marinos del lugar y en la que basó sus medidas de mitigación. Según la Secretaría, Exploraciones Oceánicas propuso un Programa de Monitoreo de las Tortugas Marinas que es más bien uno de “salvamento” y que no se sustenta en datos cuantitativos del hábitat de la Caguama. Además, la empresa no planteó medidas de mitigación y prevención para garantizar la disponibilidad de alimento suficiente para la especie, y su modelo de restauración del fondo marino —el cual busca dragar para extraer fosfato— no tomó en cuenta las características particulares del Golfo de Ulloa (páginas 225 y 226). La SEMARNAT se amparó en normas internacionales para negar el permiso ambiental a Don Diego. Recurrió por ejemplo a las obligaciones de México de proteger su medio marino y de utilizar los datos científicos más fidedignos posibles en la protección de las tortugas marinas, contenidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y en la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), respectivamente. Más información 10 cosas que debes saber del proyecto Don Diego