Océanos

Arrecifes de coral, Océanos

Mandan alerta internacional por riesgos graves al arrecife de Puerto Morelos

Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Secretaría de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental, una visita al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, área natural protegida y Humedal de Importancia Internacional bajo Ramsar, amenazado seriamente por actividades turísticas masivas y no sostenibles.  La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) —con apoyo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Voces Unidas, la Casa de la Cultura de Puerto Morelos, Flora y Fauna de México y el Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Sustentable— presentó una alerta urgente ante la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. En ella solicita una visita de expertos al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos (PNAPM) para que evalúen los riesgos que el sitio enfrenta a causa del turismo masivo no sostenible. “Existen en el lugar proyectos inmobiliarios turísticos que, al no haber sido sometidos a una evaluación de impacto ambiental seria y rigurosa, han transformado el territorio costero, degradando y contaminando ecosistemas, en especial arrecifes de coral y manglares”, explicó Sandra Moguel, Directora Regional de la oficina Sureste del CEMDA. El PNAPM fue creado como área natural protegida en 1998 y fue registrado como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional, bajo la Convención Ramsar, en 2004. Es un sitio único debido a su alta biodiversidad. Sus arrecifes de coral son hábitat de peces, tiburones, caracoles rosados y tortugas marinas; mientras que sus manglares albergan a cocodrilos y garzas. Y, como otros humedales, evita la erosión costera y es fuente de crianza y alimentación para peces para la zona. “La belleza ecológica y escénica del lugar atrae la construcción de proyectos turísticos que, al no ser evaluados de manera adecuada, promueven un modelo depredador de uso irracional de los recursos naturales”, dijo Camilo Thompson, abogado del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA.  “Urge una misión de Ramsar que evalué los daños, proponga compensaciones, exprese sus recomendaciones y emita un informe sobre la política de crecimiento inmobiliario-turístico y las alternativas para asegurar el uso racional de los ecosistemas que hacen la Parque”. El Arrecife de Puerto Morelos forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado como la segunda barrera arrecifal más grande del mundo. “Cualquier actividad desarrollada en el lugar requiere una evaluación ambiental estratégica que considere los impactos acumulativos y sinérgicos en los humedales costeros, los pastos marinos y los arrecifes de Puerto Morelos”, agregó Thompson. “El Estado mexicano debe aplicar el enfoque precautorio y ecosistémico ante las amenazas y riesgos a la biodiversidad de este sitio único”. Consulte y descargue la alerta presentada ante la Convención Ramsar.  

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Arrecifes de coral, Océanos

AIDA evidencia faltas de México al autorizar la ampliación del puerto de Veracruz

Presentamos un escrito que documenta el incumplimiento por parte del gobierno de compromisos internacionales en materia ambiental y de derechos humanos. Lo hicimos para apoyar la demanda de amparo interpuesta por habitantes de la zona Metropolitana a fin de salvaguardar el interés público a un ambiente sano dado que el proyecto pone en riesgo grave al Sistema Arrecifal Veracruzano. Veracruz, México. Como apoyo a la demanda de amparo presentada por pobladores del lugar contra el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente presentó ante el Juzgado Quinto un escrito (Amicus Curiae) con información detallada sobre los tratados y estándares internacionales en materia de ambiente y derechos humanos que el gobierno mexicano pasó por alto al autorizar el proyecto. “Al poner en riesgo al Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), el más grande del Golfo de México y cuya protección trasciende al interés público, el gobierno arriesga también el derecho a un ambiente sano de las personas que dependen de ese ecosistema de importancia internacional”, explicó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “El proyecto fue autorizado sin una evaluación adecuada sobre sus impactos”. El gobierno otorgó el permiso ambiental al proyecto el 21 de noviembre de 2013. Un año antes, en noviembre de 2012, redujo el área del SAV para viabilizar el proyecto. Al momento de autorizarlo, no se basó en la información científica necesaria para evitar daños a los arrecifes; y a los servicios que prestan a la población de Veracruz: ser fuente de pesca y servicios turísticos, así como barrera natural contra tormentas y huracanes, entre otros. El sitio es Área Natural Protegida y Humedal de Importancia Internacional. También es refugio para muchos animales, entre ellos especies amenazadas de tortugas marinas. Por ello, pobladores de la zona, asesorados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, presentaron una demanda de amparo contra la autorización del proyecto, recurso que fue admitido en marzo de 2017. En el escrito, AIDA argumenta las razones por las que el gobierno, al permitir el proyecto, incumplió obligaciones internacionales para proteger sus entornos naturales y a las personas que dependen de ellos. Entre ellas están las establecidas en tratados firmados por México como la Convención de la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros. “Existe en torno a los arrecifes de Veracruz, una riqueza natural que proteger y muchos beneficios derivados para la gente”, subrayó Thompson. “Con el proyecto, se pierde parte del hábitat de una gran diversidad biológica y aumentan los riesgos de embarcaciones varadas, derrame de contaminantes y pérdida de recursos pesqueros que sostienen la economía de muchas personas”. Encuentra aquí más información sobre el caso. Contacto de prensa: Camilo Thompson, abogado de AIDA, +521 9671302346, [email protected]  

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Océanos, Contaminación Tóxica

Granjas de salmón en la Patagonia chilena, autorizadas sin una evaluación ambiental adecuada

Así concluyó una investigación encargada a un experto por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Más de la mitad de las granjas efectivamente operando en la región de Magallanes, en plena Patagonia, han generado falta total o parcial de oxígeno en las aguas, incluyendo nueve que están ubicadas en áreas naturales protegidas. Santiago, Chile. Un estudio reciente, encargado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) a un experto, concluyó que las granjas de salmón ubicadas en la región de Magallanes, en la Patagonia austral, fueron autorizadas sin evaluaciones científicas previas que aseguraran que no habría daños a la vida marina. “Tras 20 años de desarrollo en otras regiones, la industria salmonera busca ahora expandirse a las últimas costas vírgenes del país, sin las precauciones debidas”, explica Gladys Martínez, abogada senior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. “El estudio evidencia que ni las empresas ni el Estado han hecho suficiente para evitar en Magallanes los daños ambientales ya causados en otras regiones del país”. La investigación fue elaborada para AIDA por el biólogo Héctor Kol, con el apoyo de la Fundación Waitt. El estudio analizó 261 proyectos de salmonicultura. De ellos, poco menos de la mitad ya han sido autorizados y el resto podría conseguir sus permisos en el corto y mediano plazo. De los 126 proyectos autorizados, solo 35 están operando actualmente. La información de cada proyecto incluye mapas de ubicación y estimaciones de la cantidad de desechos que las granjas van dejando en las aguas. La investigación da cuenta que existen, en un mismo sector geográfico y sin una fundamentación que lo explique, grandes diferencias en la producción y la cantidad de desechos que el gobierno autorizó para diferentes subsectores. “Ello evidencia la falta de una evaluación científica que garantice que las aguas pueden recibir la cantidad de desechos autorizados”, indicó Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Más de la mitad de los proyectos que están actualmente en operación, han generado ya la falta total o parcial de oxígeno en las aguas, lo que afecta gravemente la vida marina; y al menos nueve de ellos están ubicados en áreas naturales protegidas”. El 22 de mayo del año pasado, AIDA presentó una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente solicitándole investigar los daños ocasionados por las granjas de salmón en Magallanes y sancionar a las empresas responsables por ellos. Consulte y descargue el informe aquí. Vea el mapa interactivo de las granjas de salmón. Más información aquí. Contacto de prensa: Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, +56973353135, [email protected]  

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Océanos, Contaminación Tóxica

Los Riesgos de la Expansión Salmonera en la Patagonia Chilena

En Chile, la industria salmonera ha crecido rápidamente en los últimos 20 años, a menudo a expensas del medio ambiente, como ha ocurrido en las regiones de Los Lagos y Aysén, donde las granjas de salmón se han establecido firmemente. En búsqueda de aguas más prístinas, la industria se está instalando ahora en las últimas costas vírgenes del país, en la región de Magallanes, al sur de la Patagonia. La expansión se está llevando a cabo sin pruebas científicas o estudios serios para limitar la producción a la capacidad de las aguas. Ello podría tener consecuencias catastróficas para los ecosistemas locales, algo que ha generado preocupación entre organizaciones ambientales. El presente informe, elaborado para AIDA por el biólogo Héctor Kol, con el apoyo de la Fundación Waitt, tiene como objetivo contribuir al entendimiento de los daños actuales y potenciales que la producción industrial de salmón implica para Magallanes. Con esto, se busca también contribuir a la protección efectiva del ambiente acuático-marino de la Región, usando las herramientas legales existentes. El documento presenta un análisis detallado de la situación de la granjas de salmón en Magallanes, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿cuántas existen?, ¿dónde están? ¿cuánto producen y en qué condiciones lo hacen? El estudio abarca los proyectos de granjas ya autorizados por el gobierno y aquellos cuyos permisos están en trámite. El total fue dividido por sectores geográficos para facilitar el análisis. La información de cada proyecto incluye mapas de ubicación y estimaciones de la cantidad de desechos que dejan en las aguas donde están instalados, aspecto clave para determinar sus impactos en la vida marina. De ese modo, el autor ilustra la magnitud del problema. El informe contiene además información básica del proceso de autorización de este tipo de proyectos y de la regulación existente para el sector, así como anexos con documentos científicos y legales sobre cada proyecto. El análisis permite arribar a conclusiones importantes, entre las que están las siguientes: De los 261 proyectos analizados, poco menos de la mitad han sido ya autorizados y el resto podría conseguir sus permisos en el corto y mediano plazo. Ello muestra el rápido avance de la industria en la región y alerta sobre la necesidad de un monitoreo constante, sobre todo de las condiciones ambientales y sanitarias con las que opera. De los 126 proyectos autorizados, solo 35 (equivalentes al 25% del total) están operando efectivamente. Existen, en un mismo sector geográfico y sin una fundamentación que lo explique, grandes diferencias en la producción y la cantidad de desechos que el gobierno autorizó para diferentes subsectores. Ello evidencia la falta de una evaluación científica que garantice que las aguas pueden recibir la cantidad de desechos autorizados. Más de la mitad de los proyectos que están actualmente en operación, han generado la falta total o parcial de oxígeno en las aguas, lo que afecta gravemente la vida marina. Más grave aún es que al menos nueve de ellos están ubicados en áreas naturales protegidas. Lo anterior demuestra que, antes de otorgar permisos de operación, no se realizaron estudios adecuados para asegurar que la capacidad de las aguas no sea rebasada por la cantidad de peces autorizada para la crianza. Significa también que los proyectos no son sometidos a procesos apropiados de evaluación ambiental. No se cuenta con información ambiental sobre todos los proyectos autorizados, lo cual impide determinar con mayor precisión los daños potenciales de la industria del salmón en Magallanes. En suma, el estudio concluye que ni el Estado ni las empresas salmoneras han hecho lo suficiente para evitar que los daños ya ocasionados por la industria en otras regiones de Chile, se repitan ahora en una de las zonas más prístinas del país. Consulta y descarga el informe completo MAPA: Proyectos de salmonicultura divididos por sector geográfico Íconos  y polígonos rojos: proyectos con concesión acuícola otorgada, Proyecto Técnico aprobado y evaluación ambiental disponible (104 en total). Íconos blancos y polígonos rojos: proyectos con concesión acuícola otorgada y Proyecto Técnico aprobado, pero sin RCA (Resoluciones de Calificación Ambiental) ni información ambiental disponible (22 en total). Íconos y polígonos amarillos: proyectos en trámite, sin concesión acuícola aprobada, pero con Proyecto Técnico aprobado (10 en total). Íconos y polígonos verdes: proyectos en trámite, sin concesión acuícola aprobada y sin Proyecto Técnico aprobado, pero considerados viables por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (124 en total). View larger map

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Los primeros pasos de una tortuga marina en Bali, Indonesia.
Océanos

Esperanza de vida para las tortugas marinas

Antes de 2008, la tortuga carey del Pacífico Oriental estaba prácticamente ausente de esa parte del planeta. Pero esfuerzos de conservación hicieron que esa especie sobreviva y vuelva a depositar sus huevos en Nicaragua y El Salvador, países que albergan importantes refugios para que su población se recupere de a poco. Las tortugas marinas son animales migratorios. Pasan la mayor parte de su vida en el mar y anidan en territorios de diferentes países. Entre las principales amenazas a su existencia están las prácticas de pesca no sostenible (muchas veces caen en redes usadas para capturar peces) y proyectos inadecuadamente desarrollados en zonas costeras y marinas. El regreso de tortugas marinas a Centroamérica se suma a otros avances que evidencian que los esfuerzos de conservación de estos animales dan resultado y deben continuar. Señales de recuperación Según el estudio reciente Éxitos mundiales en la conservación de las tortugas marinas, en los últimos 10 años, criaderos de tortugas marinas han logrado que poblaciones de varias especies se recuperen tras descensos históricos. Es el caso de las tortugas golfinas en el noreste del Océano Índico y de las tortugas verdes en el Atlántico Centro Sur. Los investigadores a cargo del estudio señalan que la protección de playas, la regulación de la pesca y la creación de áreas marinas protegidas son medidas que han ayudado a salvar a las tortugas marinas en muchos lugares. Luego de ser implementadas durante años, esas acciones han tenido un impacto. El estudio evidencia también que, con una protección adecuada, incluso pequeñas poblaciones de tortugas tienen posibilidad de sobrevivir.  Los investigadores encontraron, por ejemplo, que en una zona de Hawái llamada French Frigate Shoals, los nidos de tortugas marinas verdes aumentaron de cerca de 200 en 1973 —cuando se promulgó la Ley de Especies en Peligro de Extinción en Estados Unidos— a 2,000 en 2012. Esa especie ahora es considerada de "menor preocupación" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Nuestro aporte La conservación de tortugas marinas, al igual que la de otros animales y plantas, necesita que organizaciones, comunidades y gobiernos trabajen juntos. En AIDA trabajamos de ese modo. En 1998, organizamos una campaña que ayudó a conseguir las firmas necesarias para la negociación de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, tratado internacional que promueve la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortuga marina. Actualmente promovemos que los gobiernos que firmaron el tratado cumplan las obligaciones adquiridas bajo el mismo. En el pasado, contribuimos a salvar a la tortuga verde en Costa Rica y ahora trabajamos para proteger el Sistema Arrecifal Veracruzano, en México, por cuyas aguas cálidas y poco profundas nadan cientos de tortugas carey y loras como parte de su ciclo migratorio. Ambas especies están en riesgo por la ampliación del puerto de Veracruz, proyecto que implica daños serios a la cadena de arrecifes. No todo está hecho A pesar del avance en la recuperación de algunas especies de tortuga marina, todavía quedan otras por salvar, pues su número de ejemplares continúa descendiendo a nivel mundial. Así ocurre, según el estudio, con la tortuga baula en el Pacífico Este y Oeste y con las tortugas de caparazón plano. Otra tarea pendiente es la protección efectiva de la biodiversidad en alta mar, aquellas aguas internacionales que no pertenecen a ningún país, pero que conforman dos terceras partes de los océanos del mundo. Tortugas marinas, tiburones, ballenas y aves viven en esas aguas o las recorren como parte de sus rutas migratorias. Por ello AIDA participa activamente, en representación de América Latina, del proceso de creación de un Tratado de Alta Mar. Buscamos la creación de Áreas Marinas Protegidas allí para que ese vasto ecosistema sea hogar seguro no solo para las tortugas marinas, sino también para otras especies de plantas y animales que contribuyen a la salud de los océanos y a la provisión mundial de alimentos.

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Cambio Climático, Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Celebrando 7 Logros para Cerrar el 2017

El año está próximo a concluir y estamos felices de compartirte varios avances recientes logrados en favor de la protección ambiental en América Latina. Cada proyecto que emprendemos o cada caso que ganamos es un paso que nos acerca a una región más justa, a un mundo más sano para nuestros hijos. Gracias a tu apoyo, nosotros: 1. Salvamos el humedal costero más grande de Colombia Solicitamos, con éxito, que Colombia incluyera a la Ciénaga Grande en la lista mundial de humedales en riesgo, abriendo paso al apoyo financiero y técnico necesario para la recuperación del sitio. Conoce Más  2. Creamos la Red de Justicia Ambiental en Bolivia  Fundamos en Bolivia una coalición de organizaciones ambientales y de derechos humanos para apoyar los esfuerzos ciudadanos para defender el ambiente y a quienes dependen de él. 3. Abogamos para proteger la Patagonia de las granjas de salmón  Le pedimos a Chile investigar los daños causados por la industria salmonera en la Patagonia Sur, y lanzamos una campaña ciudadana para concientizar sobre esa amenaza creciente.  Conoce Más 4. Garantizamos atención médica a víctimas de contaminación tóxica Garantizamos atención médica especializada para habitantes de La Oroya, Perú, cuyas vidas y salud han sido afectadas por años a causa de la contaminación con metales pesados de una fundición que opera cerca de sus hogares. Conoce Más 5. Protegimos a las tortugas en el alta mar Representamos a la ciudadanía y a la sociedad civil de América Latina en el proceso de creación, en el marco de Naciones Unidas, de un tratado para proteger la parte del océano que es de todos y la vida que alberga. Conoce Más 6. Promovimos el retiro de una inversión minera en un humedal protegido Convencimos al Banco Mundial de retirar su apoyo a una mina de oro en el páramo de Santurbán, un ecosistema protegido y fuente de agua para millones de colombianos.  Conoce Más 7. Asesoramos a una comunidad en su lucha para prohibir la minería Brindamos asesoría legal y científica a los habitantes de Cajamarca, Colombia, quienes votaron con un margen de 98% para prohibir toda actividad minera en su territorio. Conoce Más

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Océanos, Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Cuando la naturaleza es tu mejor cliente

Los abogados y abogadas de AIDA no solo tienen en común haber nacido en América Latina y vivir en la región. También comparten un gran respeto por el ambiente y por quienes dependen de él. Crecieron con ese sentimiento y ahora lo vuelcan a la protección de comunidades y ecosistemas claves en sus países.   Uniendo a la comunidad ambiental en Bolivia Claudia cree en la justicia ambiental. “Sin calidad de vida y un ambiente adecuado para las personas, son vulnerados los derechos humanos básicos”, dice. Esa creencia la llevó a estudiar Derecho y a trabajar luego, desde la sociedad civil, para promover la producción de alimentos sanos, cultivados sin el uso de agroquímicos. Ese tipo de agricultura, con menores impactos ambientales y más beneficios para las comunidades, es la que Claudia recuerda con cariño de su niñez en Cochabamba, Bolivia.  En todas las casas había huertas. Desde muy pequeña, cosechaba moras y tenía a la mano manzanas, higos, guayabas y otras frutas frescas. Pero con la urbanización, el valle se convirtió en ciudad y las áreas verdes fueron reemplazadas por edificios. “Fue un choque ver esos cambios hechos en nombre del progreso”. Claudia tiene claro ahora que su aporte debe hacerlo desde el Derecho ambiental y que tendrá más impacto si llega a más personas. Por ello se unió al Programa de Agua Dulce de AIDA, donde brinda apoyo legal gratuito a gobiernos, comunidades y organizaciones locales.  Uno de sus logros ha sido articular exitosamente los esfuerzos aislados para enfrentar problemas ambientales comunes. Claudia impulsó este año la consolidación de la Red de Justicia Ambiental en Bolivia, un espacio de coordinación para que organizaciones e individuos desarrollen estrategias conjuntas usando herramientas legales y académicas. Como resultado, la Red organizó hace poco un foro de dos días sobre cómo obtener justicia ante los daños de la minería en el país. “He visto las formas de entender el mundo de los pueblos indígenas en Bolivia y sus formas de relacionarse con la Madre Tierra. En las ciudades, la naturaleza es vista como un objeto; para los indígenas es la casa grande que tienen que cuidar porque les da todo. Hice mía esa visión”. Protegiendo arrecifes de coral en México Los primeros acercamientos de Camilo con el mar se remontan a Boca del Cielo, una playa de la costa de Chiapas, México, a la que se llega por un estero. Allí disfrutó de las olas y los mariscos, y vio emocionado sus primeras especies de tortuga marina, y manglares altos en los que revoloteaban aves y monos. Durante su niñez en San Cristóbal de las Casas, donde nació, su padre le enseñó a nadar a contracorriente en las Cascadas de Agua Azul, una importante reserva natural. “Él ama la naturaleza y siempre nos ha transmitido ese sentimiento a mis hermanos y a mí”, cuenta Camilo, quién ahora vive con su hijo Emiliano en La Paz, Baja California Sur. Vivir en una ciudad costera le hizo comprender aún más la importancia de los océanos y su interconexión vital con los entornos terrestres. Camilo aplica ese entendimiento a su labor como abogado del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA.  Trabaja, por ejemplo, para salvar al Sistema Arrecifal Veracruzano, el ecosistema de coral más grande del Golfo de México, una barrera natural frente a tormentas y huracanes, y fuente de sustento para comunidades pesqueras. El sitio está seriamente amenazado por el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. Camilo busca que el gobierno de su país respete los tratados internacionales que firmó y que le obligan a preservar ese sitio y toda la biodiversidad de su territorio. Cuando estudiaba Derecho en Chiapas, Camilo disfrutaba explorar cuevas subterráneas en su tiempo libre. Llegaba a ellas gracias a la guía de campesinos de la zona. “El contacto con la naturaleza te lleva a conocer a las comunidades que la cuidan desde siempre, a entender y valorar sus formas de vida”.  Buscando lluvia en Brasil Si alguien conoce el valor de la lluvia son las personas que viven en el estado de Paraíba, al nordeste de Brasil, azotado por una sequía extrema hace años. Allí, según información oficial, el número de ciudades sin agua en los grifos subió de 25 a 40 entre 2016 y 2017.   “La sequía ha marcado nuestros hábitos, alimentación y cultura”, cuenta Marcella, quien nació en la ciudad de João Pessoa, capital de Paraíba.  Marcella es abogada y vive ahora en Recife, en el estado de Pernambuco. Es becaria del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA.  Desde ahí busca borrar la marca de la sequía en Paraíba. Uno de los casos en los que trabaja es el de la represa Belo Monte, construida en la Amazonía. “Las grandes represas no son fuente de energía limpia y están dañando Amazonía, un ecosistema que regula el clima y que es clave para que llueva en Brasil y en el mundo; al trabajar en este caso, contribuyo a que exista lluvia en mi estado”, dice convencida. En junio, Marcella visitó Altamira, la ciudad más próxima a Belo Monte. Habló con personas cuya forma de vida fue destruida por la represa. “Conocí a alguien que solía pescar, cultivar su propia comida y vender lo que le sobraba en la ciudad; con la represa, su isla fue inundada y lo perdió todo”. Para ella, no existe otra manera de entender la gravedad de los impactos de proyectos inadecuados que escuchar a los afectados. “Eso me da la noción de realidad. Ayudar a conseguir justicia para estas personas es mi obligación, es lo mínimo que puedo hacer, desde lo que sé hacer: ser abogada”.  

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Océanos

Alertan de riesgos por posible autorización de pesca de totoaba

Es irresponsable fomentar esta práctica sin saber el estado poblacional: ONG. Comercio “legal” de la especie hará más difícil detectar el mercado negro.  Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil señalaron de irresponsable al gobierno mexicano por haber prometido la legalización de la pesca de totoaba, especie en peligro de extinción, en el Alto Golfo de California para los primeros meses del próximo año, sin considerar que se requieren cambios en las legislaciones nacionales e internacionales antes de dar falsas esperanzas a los pescadores de la zona.   En un informe sobre las consecuencias de legalizar el comercio de totoaba, las organizaciones señalaron que aunque en México se adecúen las leyes, este pez no podría venderse internacionalmente porque está enlistado en el Apéndice I de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que prohíbe la venta de ejemplares,  partes y derivados de especies en peligro de extinción y del cual México forma parte.    El pez totoaba es una especie endémica mexicana en riesgo de desaparecer, cuya vejiga natatoria (órgano de flotación) carece de valor en nuestro país, pero que en el mercado asiático se vende en miles de dólares. Es por ello que está siendo capturado sin control, pese a que está prohibido. Para que México pueda exportar legalmente vejigas de totoaba a países de Asia u otros continentes, el gobierno tendría que modificar leyes nacionales y lograr cambios en los requisitos actuales de la Convención, cuya próxima reunión será en 2019. De lo contrario, lejos de desalentar el comercio ilegal de productos de totoaba, podría generar una mayor disponibilidad de vejigas para el mercado negro.  Lejos de ayudar a “aliviar”el saqueo ilegal de totoabas, lo alentará, con el agravante de crear confusión en la identificación de ejemplares obtenidos de forma lícita.   Lograr las transformaciones legales demandará tiempo y esfuerzo sustanciales, y es algo que pudiera no ser aprobado por los otros Estados miembros de la Convención, por lo que es lamentable que el gobierno se comprometa con las comunidades pesqueras a que podrían beneficiarse del comercio de totoaba sin ser totalmente transparentes con la situación. Así lo denunciaron la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Defenders of Wildlife, Conservación de Mamíferos Marinos de México (Comarino), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), el Centro para la Diversidad Biológica (CBD), el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC)  y Greenpeace.   Las organizaciones ambientalistas señalaron que antes de abrir la captura de totoaba con fines comerciales, “de repoblamiento” o incluso de pesca deportiva, debe conocerse el estado de su población (abundancia de ejemplares) a través de un estudio serio y arbitrado por expertos independientes, más allá de la evaluación que realiza el Instituto Nacional de Pesca,  el cual no se ha dado a conocer, pero podría servir de base científica si se realiza correctamente, sin inventar o excluir datos.   Es urgente conocer el número de ejemplares de totoaba para tomar decisiones basadas en la mejor información disponible si el gobierno mexicano pretende reabrir el comercio de esta especie.  Según las organizaciones firmantes, otorgar  permisos sin saber el estado poblacional de la especie, sus tendencias, las condiciones de su hábitat, así como las amenazas a corto y largo plazo, a fin de determinar si el pez se puede o no  ser explotado  de manera sustentable, no solo es una decisión irresponsable sino moralmente cuestionable porque amenaza su conservación.   Las organizaciones consideraron indispensable crear una Norma Oficial Mexicana o Programa de Manejo de pesca de la especie que establezca todas las regulaciones para garantizar una pesca sustentable que no afecte a las poblaciones silvestres, e incluya las medidas para reducir las amenazas vigentes y el aprovechamiento integral de la especie, así como las medidas que permitan la puntual y correcta vigilancia de las embarcaciones durante el proceso de pesca. Entre esas medidas pueden estar un sistema de monitoreo satelital, un programa de observadores a bordo, un sistema de video y otras. De otra manera, solo se podrá esperar un manejo deficiente que conduzca al deterioro de las poblaciones de la totoaba y a un aumento en el tráfico ilegal de sus productos. Todo esto lleva mucho tiempo y hasta ahora no hay indicios de que se esté trabajando en ello.   Actualmente existen en México seis Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre" (UMAs) de totoaba avaladas por la Semarnat. Los titulares de las UMA tienen autorizado llevar a cabo la engorda, comercialización, repoblamiento y acciones de conservación del pez. Sin embargo, según los permisos, sólo están obligadas a utilizar el 20% de la producción de juveniles con fines de repoblamiento.  Dado que el porcentaje restante se puede comercializar, es posible afirmar que el propósito principal de las UMA es la venta de ejemplares de totoaba, en lugar de la recuperación de su población.   Por otra parte, la empresa mexicana Cygnus Ocean Farms SA de CV, que ya tiene un permiso de acuacultura de fomento,  ha obtenido también una autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Semarnat para un proyecto de acuacultura comercial de totoaba frente a la costa de Guaymas, Sonora.   El gobierno mexicano está enviando mensajes contradictorios pues por un lado pide a China que incrementar esfuerzos para detener el comercio ilegal de productos totoaba y prohíbe su captura en México, pero al mismo tiempo hace promesas y adopta medidas para legalizar su comercio y promover la pesca deportiva. Contactos de prensa: Edith Martínez, Greenpeace, [email protected], Cel. +52 1 55-6256-3563 Ricardo Ruiz, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), [email protected]  Alejandro Olivera, Centro para la Diversidad Biológica, Cel. 6121040604 Camilo Thompson, AIDA, [email protected], Cel. 9671302346 Juan Carlos Cantú, Defenders of Wildlife de México, [email protected], 5596-2108  

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Fortalecimiento de Capacidades, Océanos

Tortugas, tiburones y atunes: el porqué trabajamos para proteger los océanos

Cerca de una tercera parte de los recursos pesqueros del mundo han colapsado, y el resto se encuentra en malas condiciones. Esta cruda realidad no solo afecta nuestra propia seguridad alimentaria, sino también la salud y el futuro de muchos animales que viajan a través de las zonas más lejanas de nuestros océanos. La vida en alta mar, aquella parte de los océanos que no pertenece a ningún país, abunda. Tiburones, ballenas, tortugas marinas y aves viven en esas aguas o las recorren como parte de sus rutas migratorias. En alta mar existen además corales y zonas ricas en peces comerciales. Esa biodiversidad está en peligro —entre otras cosas— por la sobrepesca, la pesca ilegal, la contaminación, la destrucción de hábitats y el calentamiento global. Al tratarse de aguas internacionales, su riqueza no está totalmente protegida. Existen varios tratados que regulan lo que allí ocurre, pero de manera fragmentada. Un refugio único En su interacción con las costas de América Latina, las aguas de alta mar forman entornos ricos conocidos como sistemas de afloramiento. Cerca de Chile, Costa Rica, México, Panamá y Brasil, animales de gran importancia ecológica y comercial se alimentan en estas aguas ricas en nutrientes. Allí existen especies de peces como el dorado, el atún aleta amarilla, el atún aleta azul, el pez vela, el pez espada y otros de los que depende el sector pesquero y, por tanto, gran parte de la economía de la región. De hecho, la pesca en alta mar de atún y especies afines en los océanos Atlántico y Pacífico representa ingresos por más de 1.200 millones de dólares al año, según la Comisión Interamericana del Atún Tropical. El Pacífico Tropical Oriental, una zona de afloramiento, es hábitat también de varias especies de tiburones, entre ellos el tiburón martillo, especie de gran relevancia para la economía regional. Un estudio de la Universidad de Costa Rica calculó que, a lo largo de sus 35 años de vida, un solo tiburón martillo puede generar 1,6 millones de dólares en turismo. Además de su valor económico, las aguas de alta mar son enormemente valiosas para las especies que de él dependen. Cinco especies de tortuga marina (baula, verde, carey, cabezona y lora) —la mayoría de ellas en peligro de extinción— pasan por allí y desovan en las zonas costeras durante alguna etapa de su vida. En esa combinación de entornos existen además zonas de reproducción de cetáceos, gran parte de ellas migratorias como la ballena azul y la ballena jorobada. También en las aguas profundas que están fuera de las jurisdicciones nacionales, se encuentran varios tipos de coral y puntos a los que llegan especies diversas de aves migratorias. Nadie gobierna en alta mar De acuerdo con un informe de la Comisión Global del Océano de 2014, la degradación en alta mar está llevando al sistema oceánico al punto del colapso. Por ejemplo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, un 12% de las especies que habitan el Pacífico Tropical Oriental está en peligro de extinción. De ahí surge la necesidad de conservar efectivamente estos ecosistemas, vitales no solo para la vida marina, sino también para las poblaciones humanas. Lo anterior se debe a que lo que existe actualmente para la gobernanza en alta mar es un marco fragmentado. La actual legislación internacional tiene vacíos que dejan desprotegidas a las aguas de alta mar y que ponen en peligro a la vida marina de esa parte del planeta, explica Gladys Martínez, abogada de AIDA. Algunos de esos vacíos, detalla, son la necesidad de crear áreas marinas protegidas en alta mar o de hacer evaluaciones de impacto ambiental para actividades que actualmente ya se desarrollan allí, algo que no se contempló cuando se creó la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar (Convemar), la norma internacional vigente sobre el tema. Se espera que los vacíos sean llenados por un nuevo tratado internacional cuya negociación debe ser convocada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Representantes de gobiernos del mundo han tenido ya varias reuniones previas para preparar el camino hacia la negociación. De parte de la sociedad civil, la High Seas Alliance —una coalición integrada por 32 organizaciones no gubernamentales y de la que AIDA es parte en representación de América Latina— ha participado activamente del proceso para contribuir a la adopción de un tratado sólido. 

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Océanos

Se logra avance importante rumbo al tratado de los océanos

Los Estados reunidos en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, dieron un paso importante hacia el inicio de negociaciones de un nuevo tratado para proteger la biodiversidad en alta mar (aquel fuera de una jurisdicción nacional).  Pese a formar parte de dos terceras partes de los océanos del mundo, la vida marina en alta mar no está protegida efectivamente. Un nuevo tratado corregirá eso, poniendo en marcha medidas para proteger la biodiversidad de alta mar, rica y mundialmente significativa, y sus servicios ecosistémicos, y para administrar sosteniblemente las actividades allí desarrolladas. Aunque la redacción de la recomendación hecha por los Estados no reflejó un apoyo fuerte a que Naciones Unidas actúe hacia un tratado, permitirá que la Asamblea General de la ONU convoque a una Conferencia Intergubernamental. Las 35 organizaciones parte de la High Seas Alliance, que han promovido el tratado, estuvieron satisfechas con la recomendación de avanzar. Peggy Kalas, de la High Seas Alliance, dijo: “Es una victoria importante para los océanos y la humanidad ya que todos dependemos de ellos para tener un planeta saludable. Un nuevo tratado traerá regulación y gobernanza a la parte más descuidada y cercada del mundo. Estamos profundamente agradecidos con muchos, muchos Estados que han trabajado muy duro para lograr eso. No ha sido un logro fácil, pero su determinación de proteger los bienes comunes mundiales para toda la humanidad, ha sido inspiradora”. La decisión del Comité Preparatorio irá ahora a la Asamblea General de Naciones Unidas. La abrumadora mayoría de los Estados está presionando para que el próximo paso sea una Conferencia Intergubernamental convocada en 2018. Dicha Conferencia implicaría el comienzo de negociaciones formales sobre el texto de un nuevo tratado. "Hoy se dio un paso gigante hacia adelante por los océanos del mundo”, dijo Lisa Speer, directora del Programa Internacional de Océanos del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC). Sylvia Earle dijo: “Las naciones del mundo dieron hoy pasos importantes hacia una Conferencia Intergubernamental. El alta mar representa la mitad del mundo y necesita la regulación de la ley. A quienes han trabajado tan duro en la ONU apoyando este momento, les enviamos un océano de gratitud, continuando el camino con optimismo hacia un tratado de alta mar”. Verónica Frank, de Greenpeace, dijo: “Fue bueno ver un apoyo tan abrumador al avance del proceso y a tantas personas de todo el mundo pronunciándose por la protección de los océanos. Ahora le corresponde a la Asamblea General de la ONU dar ese paso hacia adelante por los océanos y por las personas que dependen de ellos. Cualquier cosa menor no estaría a la altura de lo que nuestro planeta azul necesita para recuperarse”.  Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), señaló: “Aplaudimos la decisión de los delegados de gobiernos de proteger casi la mitad del planeta. Desde AIDA nos sentimos muy orgullosos y agradecidos con el compromiso de las naciones latinoamericanas para que este proceso tenga éxito”. Maria Damanaki, de Nature Conservancy, expresó: “Esta es una demostración transcendental de colaboración mundial, y un paso hacia la protección de la mitad de nuestro planeta, que hoy es una tierra de nadie sin regulación. Nos unimos a nuestros colegas de la High Seas Alliance en elogiar a los Estados y organizaciones que han trabajado con empeño para que esto suceda”. "Esto representa un paso importante en un largo viaje impulsado por un gran número de Estados comprometidos. Tenemos que continuar con este impulso a través de una resolución de la Asamblea General convocando a la Conferencia Intergubernamental", añadió Tim Packeiser, de WWF. En junio, todos los Estados firmaron un llamado global a la acción por el océano, del cual  alta mar es una parte importante.  

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