Océanos

Arrecifes de coral, Océanos

Peligra el Sistema Arrecifal Veracruzano por incumplimiento de compromisos internacionales por parte del Gobierno mexicano

Organizaciones denuncian el hecho ante la Convención Ramsar, tratado internacional para la protección de humedales. Al modificar los límites del Parque Nacional, el gobierno federal busca ampliar el puerto de Veracruz. Distrito Federal, México. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante instancias internacionales la intención del gobierno mexicano de modificar los límites del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) para así ampliar el puerto de Veracruz. Ello es una violación a sus compromisos de conservar y proteger un humedal de importancia mundial. El pasado 19 de diciembre, con motivo de la autorización del proyecto de ampliación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —con apoyo de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Pobladores A.C., Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (SENDAS), Litiga OLE, Pronatura Veracruz y el doctor e investigador Leonardo Ortíz Lozano—, presentaron al Secretariado de la Convención Ramsar un reporte sobre el incumplimiento del gobierno federal de ese tratado internacional. El Sistema Arrecifal Veracruzano fue declarado Área Natural Protegida (ANP) en 1992 con el objetivo de proteger el derecho humano al medio ambiente sano y, en 2004, fue inscrito como humedal de importancia internacional en la Lista Ramsar. Si bien el Estado mexicano puede modificar los límites de los sitios que inscribe en la Lista Ramsar, esto tiene que hacerse conforme a las causales y procedimientos determinados en la Convención Ramsar. Sin embargo, el gobierno federal pretende modificar el área del PNSAV contradiciendo sus propios actos y actuando en contravención del principio de legalidad [1]. De acuerdo con la información pública obtenida de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) [2], la causal por la cual el gobierno mexicano decidió modificar los límites del PNSAV es la llamada cláusula de “error”, contenida en la Resolución VIII.22, la cual sólo puede invocarse por cambios en las características ecológicas resultantes de procesos que han degradando parte del humedal. Sin embargo, hasta ahora el gobierno federal no ha probado científicamente que se hayan modificado las características ecológicas en detrimento del humedal. Es cuestionable que la Conanp haya decidido notificar el supuesto error al Secretariado Ramsar cuando la Semarnat estaba en vísperas de autorizar la ampliación del puerto de Veracruz. El otro camino legal para modificar los límites de los sitios Ramsar es la de "motivos urgentes de interés nacional", contenido en la Resolución VIII.20, la cual implica una evaluación ambiental previa y una consulta a todos los interesados directos, algo que hasta el momento no ha ocurrido. “El gobierno federal está determinado a modificar la poligonal del PNSAV de manera ilegal toda vez que no le es jurídicamente posible proceder según los procedimientos establecidos por la Convención Ramsar”, señaló Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. Añadió que “la modificación del polígono del PNSAV y la autorización de impacto ambiental del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, son decisiones unilaterales del gobierno federal en las que los argumentos de la ciudadanía no fueron tomados en cuenta.” En resumidas cuentas, el gobierno mexicano viola la Convención Ramsar, situación que implica la transgresión de sus obligaciones internacionales sobre la conservación de un humedal de importancia internacional. De consumarse la modificación al PNSAV, el gobierno mexicano habrá lesionado el derecho al medio ambiente sano de los mexicanos en general y de los veracruzanos en particular. Por lo anterior, entre otras cosas, las organizaciones solicitaron al Secretariado de la Convención Ramsar que considere inaceptable la reducción de los límites del PNSAV, y  que la posible modificación se debata en la próxima Conferencia de las Partes que tendrá lugar en Uruguay en 2015. Notas del editor:    1.- De acuerdo con este principio general del derecho, la autoridad sólo puede hacer aquello que le está expresamente mandado por la Ley. 2.- Solicitud de información 1615100033713.

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Océanos, Contaminación Tóxica

¡Qué rico un salmón silvestre! ¿Será que todavía hay?

Por Gladys Martínes, asesora legal de AIDA Hace un tiempo conocí a don Federico, un pescador panameño con más de 26 años de experiencia y miles de historias que compartir. Don Federico contaba que, cuando empezó a pescar, veía frecuentemente delfines, ballenas, tiburones y tortugas. En todos sus viajes, la captura era súper abundante. Además, nos contó que, por ignorancia, los pescadores mataban hasta 300 delfines que se enredaban en sus redes, durante cada jornada diaria. Hoy solamente 20 años después, vemos tristemente los efectos de la pesca sin control ypescadores como don Federico tienen muchas dificultades para sobrevivir de la actividad que ha mantenido a sus familias durante siglos. Ahora es todo un evento encontrarse delfines, ballenas y tiburones. Diferentes pesquerías han colapsado o han sido cerradas por agotamiento, y enormes cantidades de tiburones mueren desangrados a causa del aleteo. Mientras tanto, las tortugas son cada vez más escasas, amenazadas por la pesca de camarón sin los excluidores de tortugas y con palangre. Sus sitios de anidación están invadidos de construcciones y la civilización; dos factores que las alejan y les impiden cumplir con su ciclo reproductivo. Los nietos de don Federico no van a poder conocer ni una pequeña fracción de los peces que su abuelo pescaba diariamente. Quizás por la falta de pulgación de información, la mayoría de personas no conocen el grave estado de los océanos y las autoridades no priorizan las medidas de conservación. En los últimos años, estudios científicos han demostrado lo que ya saben pescadores como don Federico. Las cifras hablan por sí solas : la pesca comercial es la causa principal de la desaparición del 90% de grandes especies de pelágicos como pez espada, bacalao, marlin y tiburones. Unaevaluación global de las reservas marinas silvestres demuestra que de 441 grupos de especies estudiadas 52% están totalmente explotadas, 25% sobreexplotadas y 20% moderadamente explotadas. La realidad La crisis de los océanos es evidente. La falta de políticas claras e integrales que aborden el problema; la ausencia de mecanismos de control, monitoreo y protección adecuada para estos recursos; y el bajo nivel de cumplimiento de las leyes, regulaciones y tratados internacionales vigentes relacionados al tema. Estos factores son un pretexto para no defender la posibilidad de conservar la biopersidad marina y los ecosistemas e incluso, que las generaciones futuras puedan saborear un riquísimo salmón ahumado o un filete de corvina. Los tomadores de decisiones en temas marinos en toda América Latina tienen la oportunidad de crear legislación eficaz que proteja nuestros recursos marinos. Por ejemplo, en México está aun pendiente de expedirse el Reglamento a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable luego de años de espera; mientras que Honduras y Panamá tienen cuentan con leyes de 1959. No permitan que la historia de don Federico sea una profecía sino más bien una advertencia que motivé a proteger lo que pertenece a todos ahora y en el futuro.

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Océanos

Admitido Amparo para Proteccion de las Tortugas Baulas, Costa Rica

    PARA PUBLICACION INMEDIATA 30, Marzo 2005 CONTACTOS: Rolando Castro, CEDARENA, (506) 283-7080, [email protected] Anna Cederstav, AIDA (510) 550-6748, [email protected]   ADMITIDO AMPARO PARA PROTECCION DE LAS TORTUGAS BAULAS   SAN JOSE, Costa Rica—La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica admitió para su estudio un Recurso de Amparo interpuesto en contra de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Municipalidad de Santa Cruz y el Ministerio de Hacienda, adicionando al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por la violación del derecho constitucional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derivado de la falta de protección del Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMB). En su Resolución, la Sala Constitucional solicitó informes a los demandados y suspendió las autorizaciones de las construcciones en el Parque.   El amparo, interpuesto por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), y sus organizaciones participantes costarricenses, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y Justicia para la Naturaleza (JPN), busca la protección efectiva del PNMB, creado en 1995 con el fin de proteger la anidación de tortugas marinas Baula o Laúd. La demanda se interpuso para impedir construcciones dentro del parque nacional que afectarían el ecosistema en el que estas tortugas anidan.   Las tortugas baula son animales jurásicos, contemporáneos de los dinosaurios y sobrevivientes de la época de las glaciaciones, declaradas internacionalmente como en peligro crítico de extinción. Esta especie requiere de condiciones particulares para la anidación, por lo cual el impacto de los seres humanos en las playas y las luces de las construcciones propuestas tendrían una severa afectación sobre ella.   Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones se creó el Parque Nacional Marino Las Baulas, que incluye las playas de Carbón, Ventanas, Langosta y Playa Grande, constituyéndose en la zona más importante de anidación de esta especie en el Océano Pacífico Oriental. De hecho, el 80% de las tortugas baula que anidaron en Costa Rica entre el 2001 y 2002 lo hicieron en el PMNB. Otras playas de anidación en Costa Rica ya han sido destruidas, como Flamingo y Tamarindo, por la falta de planificación.   “Buscamos evitar que pase lo mismo en el Parque Marino Las Baulas,” afirmó Anna Cederstav, Directora de Programas de AIDA. “Costa Rica tiene una oportunidad importante para proteger esta especie que es patrimonio de la humanidad, además de ser un valioso recurso económico para el país.”   La Procuraduría General de la República, en un informe del 2004, exhortó a las autoridades a abstenerse de autorizar construcciones en el Parque, dada la fragilidad de las baulas. Sin embargo, esta recomendación no se ha cumplido hasta el momento, ni las autoridades han acatado sus funciones. La Municipalidad de Santa Cruz debe velar por los intereses locales y la protección del ambiente de su jurisdicción. LA SETENA, por su parte, debe velar para que los proyectos que se construyan en áreas ambientalmente frágiles como las áreas protegidas, no causen impactos negativos en estas. El MINAE debe expropiar los terrenos necesarios para consolidar el Parque y el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para realizar las expropiaciones.   Las ONGs interpusieron el recurso de amparo debido al incumplimiento de estas obligaciones. Además, para evitar el daño irreparable que las construcciones pueden causar, mientras se realizan los procesos de expropiación. “La suspensión de las obras y de los permisos envía un claro mensaje a la SETENA y a la Municipalidad que entratándose de parques nacionales se debe actuar con sumo cuidado y no aprobar proyectos que pongan en peligro el fin mismo del parque”, aseguró Rolando Castro, abogado de CEDARENA. “Confiamos en que la Sala Constitucional decidirá a favor de las tortugas baula, especie que como ha dicho la Sala no nos pertenece por ser un recurso compartido y altamente migratorio. El PNMB tiene un gran potencial como destino turístico y científico, y es una fuente importante de ingresos económicos”. Este caso sentaría un importante precedente ya que hay otros parques nacionales bajo un riesgo similar, no sólo en Costa Rica sino en toda la región.  

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