Transparencia y Rendición de Cuentas

Estados Unidos en la COP18: Los testarudos de siempre

Por Andrea Rodríguez (en Doha, @arodriguezosuna) y Florencia Ortuzar, asesoras legales de AIDA DOHA, QATAR. La representante de AIDA en la COP18, Andrea Rodríguez, y miembros de CAN Finance se reunieron en Doha con tres de los delegados del Gobierno de Estados Unidos, entre ellos un miembro del Standing Committee por ese país. Tres fueron los puntos principales que se abordaron en el encuentro. En primer lugar, los delegados mencionaron un informe sobre el Financiamiento de Rápido Arranque (FSF) que habrían presentado recientemente, en el que se justifica que Estados Unidos ha entregado el dinero correspondiente a los compromisos que adquirió. El problema, señalaron nuestros representantes, es que el dinero que sale del Congreso estadounidense genéricamente como “presupuesto para cambio climático” no cumple con el requisito de ser “new and additional”. Ante la ausencia de un órgano que verifique el destino de los fondos, éstos se mezclan y sus denominaciones cambian para cumplir con una y otra obligación.   El concepto “new and additional” significa que los fondos aportados para el cambio climático deben ser independientes de aquellos desembolsados para compromisos anexos. Por ejemplo, lo que el Gobierno de Estados Unidos entrega como asistencia para el desarrollo, se debería aprobar como otro ítem. Pero sucede que el Congreso autoriza una determinada suma de dinero para cambio climático sin importar hacia dónde se dirije. Los delegados estadounidenses parecen considerar que si dicho presupuesto sube un poco cada año, ya se estaría cumpliendo con el requisito de “new and additional”. Según los delegados, Estados Unidos aportó 7.5 billones de dólares por el FSF, cifra que sumada a los aportes de otros países llegaría a los 30 billones comprometidos. Nuestros representantes insistieron en que el dinero debe ser, por mandato, “new and additional”. Para los delegados estadounidenses, los fondos que salen anualmente del Congreso cumplen siempre con ese requisito. Ante esto sólo queda comentar lo absurdo que resulta su percepción ya que existe una concepción legal de lo que significa “new and additional”. Entre lo privado y lo público El segundo punto discutido en la reunión fue el Standing Committee, organismo creado para mejorar la coherencia y coordinación del financiamiento para mitigar los efectos del cambio climático. Uno de los delegados de Estados Unidos es parte del comité, razón por la cual resultó preocupante y sorprendente cuando éste manifestó simplemente que dicha instancia “le parecía útil”. Finalmente, se abordó el financiamiento a través de dinero privado o público. Estados Unidos pareció adoptar la postura de que el dinero privado debe ser usado sin más si es que así se puede solucionar un problema. Esta posición es contraria a los principios de responsabilidad que rigen las negociaciones sobre cambio climático. Es claro que nosotros no querríamos cerrar las puertas a cualquier ayuda económica, incluso si ésta viene del ámbito privado. Pero se debe actuar con cautela y teniendo siempre en cuenta que el financista privado no tiene una convención mundial que le gobierne. El financiamiento privado debería ser considerado como complementario al público, pero no puede ser el único en usarse para cumplir las obligaciones que los países desarrollados deben prestar a los países en desarrollo. No estamos tranquilos dejando el peso de la responsabilidad al mundo privado, el cual no constituye una entidad de derecho internacional, por lo que no puede asumir las obligaciones de un país. Ir a la página de CEMDA y AIDA sobre noticias y actividades de la COP18 en Doha

COP18. Termina la Cooperación a Largo Plazo: ¿Y el financiamiento?

Por Andrea Rodríguez (en Doha, @arodriguezosuna) y Florencia Ortuzar, asesoras legales de AIDA DOHA, QATAR. Uno de las preocupaciones centrales respecto del financiamiento necesario para mitigar los efectos del cambio climático en las negociaciones de DOHA tiene que ver con la pronta disolución del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Cooperación a Largo Plazo en el Marco de la Convención (AWG-LCA). El futuro de este espacio hasta ahora apto para discutir los temas financieros es incierto. El AWG-LCA es un cuerpo subsidiario establecido bajo la Convención para llevar a cabo un proceso comprensivo que permita la total, eficiente y sustentable implementación a través de la cooperación a largo plazo. El temor que hoy existe se debe a que, su plazo de existencia, está por cumplirse y aún se desconoce dónde se discutirá sobre financiamiento cuando ello ocurra. La sociedad civil ha manifestado que no importa dónde suceda, mientras se establezca un espacio político para hablar y empujar efectivamente un asunto fundamental como el financiero para hacer frente al cambio climático. La alternativa podría ser mantener el AWG-LCA o que el espacio se genere a través del Standing Committee, la Plataforma de Durban o la misma COP. Lo importante es que se reconozca el procedimiento como tal y que se resuelva, evitando a toda costa la posibilidad de que el tema quede sin discutirse y, por ende, en un vacío total. Ir a la página de CEMDA y AIDE sobre noticias y actividades de la COP18 en Doha

AIDA envía informe a la OEA sobre los peligros del cambio climático para los derechos humanos en América Latina

La reducción dramática de acceso al agua representa uno de los impactos más graves. La inestabilidad del clima limitará el acceso al agua a millones de personas en la región tropical andina. AIDA urge medidas para proteger los derechos humanos en las comunidades más vulnerables del continente. Ciudad de México / Bogotá. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) entregó el 16 de febrero un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la relación del cambio climático y los derechos humanos. El documento llamado “Cambio climático y derechos humanos en América Latina: Una crisis humana” preparado en inglés y en español por el equipo de investigación de AIDA, detalla los efectos negativos del cambio climático para los derechos humanos al ambiente sano, a la vida, al agua, a la alimentación y a la vivienda, entre otros, para millones de personas en América Latina. El más grave de los impactos es la escasez de agua potable en América Latina.  El derretimiento de glaciares, la degradación de los humedales de alta montaña como los páramos, los patrones inestables del clima y las graves sequías, son algunas de las causas que limitarán a aproximadamente 50 millones de personas, el acceso al agua a en la región tropical andina para el 2050. “El cambio climático afecta más a quienes son menos responsables de las emisiones de efecto invernadero, en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad como las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y barrios pobres de ciudades”, afirmó el asesor legal de AIDA y co-autor del informe, Jacob Kopas. El reporte aboga por un acuerdo climático con obligaciones legales vinculantes para que los países con mayores emisores de carbono asuman su responsabilidad proporcional para la adaptación y mitigación y apoyen a los países en desarrollo. “Esperamos que la Comisión Interamericana recomiende a los gobiernos más responsables por las emisiones históricas y actuales, que cumplan con su obligación internacional de contribuir más a soluciones duraderas frente al cambio climático", añadió Kopas. Otros impactos del informe incluyen el pronóstico de más lluvias e inundaciones en el continente.  Esto tan sólo en 2010 afectó a 2,2 millones de personas y causó daños en Colombia por $USD 300 millones. También se han perdido 80% de arrecifes de coral debido en gran medida al calentamiento del agua de los océanos y a su acidificación. AIDA espera que el informe sea útil a la CIDH en la investigación continua sobre el vínculo entre los derechos humanos y el cambio climático, derivado del mandato de la Asamblea General de la OEA para investigar al respecto (Resolución 2429, XXXVIII-O/08), y también para los gobiernos y comunidades para encontrar mejores soluciones a este problema global. Para mayor información:  http://www.aida-americas.org/es/project/el-impacto-del-cambio-climatico-en-los-derechos-humanos  

AIDA presenta informe en Durban sobre el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos en América Latina

Llaman a tomar medidas para proteger los derechos humanos de las comunidades más vulnerables. Durban, Sudáfrica. El miércoles 7 de diciembre de 2011, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante los delegados que participan en las negociaciones climáticas en Durban, Sudáfrica, un informe donde se detallan los efectos negativos del cambio climático sobre los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, al acceso al agua, a la salud, a la alimentación y a la vivienda para millones de personas en América Latina. “El cambio climático es la causa del mayor perjuicio a los derechos humanos de aquéllos que son los menos responsables por las emisiones de gases de efecto invernadero- comunidades vulnerables e históricamente desfavorecidas como campesinos, pueblos indígenas y la gente más pobre de las ciudades urbanas”, afirmó el abogado de AIDA Jacob Kopas.  “Los gobiernos que son desproporcionadamente responsables de las históricas y actuales emisiones tienen una obligación internacional de contribuir más a las soluciones duraderas”. El impacto más perturbador de todos los que han sido detallados en el informe es la reducción drástica del acceso al agua dulce en América Latina.  El incremento del descongelamiento de los glaciares, la degradación de los humedales en los páramos de alta montaña, los patrones meteorológicos erráticos y las duras sequías limitarán de aquí al año 2050, el acceso al agua a más de 50 millones de personas en la región tropical andina. Otros impactos incluyen lluvias e inundaciones más fuertes, fenómeno que ya ha afectado a 2.2 millones de personas y ha ocasionado US$300 millones de dólares en daños sólo en Colombia durante el año 2010; y la pérdida del 80% de los arrecifes de coral del Caribe debido en gran parte a un incremento en las temperaturas y la acidificación del océano. “Las partes deben entender que no es posible cerrar los ojos ante el problema del cambio climático. Tenemos que actuar ahora mismo para ayudar a que las comunidades más afectadas del mundo puedan enfrentar el cambio climático y para ello debemos garantizar soluciones urgentes y alcanzables como el Fondo Verde Climático aquí en Durban”, dijo Andrés Pirazzoli, abogado de AIDA, quien repartió el informe entre los delegados participantes de las negociaciones. AIDA respalda al Fondo Verde Climático, destinado a financiar la adopción de tecnologías bajas en carbono, además de programas de adaptación en el mundo en vías de desarrollo. AIDA publicó un informe esta semana donde da a conocer una investigación formulada para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revela el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos.  El informe exhorta a la aprobación de un tratado climático vinculante y exhorta a los emisores más grandes a que sufraguen los gastos de las medidas de adaptación y mitigación en el mundo en vías de desarrollo.

Incidiendo ante el Fondo Verde del Clima

Comisiones de la Cámara de Diputados reciben de organizaciones ciudadanas propuesta de modificación al Proyecto PEF 2011, y se les invita a ser consistentes con las metas de cambio climático

Para publicación inmediata 11 de noviembre, 2010.   Diputados representantes de la Comisión Especial de Cambio Climático y la Comisión de Medio Ambiente se suman a iniciativa de organizaciones de la sociedad civil para la construcción y diálogo de una Política Efectiva de Financiamiento en materia de Cambio Climático     Ciudad de México, México – A unos días de la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (PPEF 2011), representantes de la iniciativa denominada “Grupo de Financiamiento para Cambio Climático” de la sociedad civil, hicieron entrega a las comisiones de la Cámara de Diputados de Presupuesto y Cuenta Pública, Cambio Climático, Energía, Transporte, Medio Ambiente, Agricultura, Género y al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; un documento de recomendaciones de modificación al PEF 2011, basada en los objetivos de reducción efectiva de emisiones de gases de efecto invernadero para el combate al cambio climático en sectores estratégicos como energía, transporte, bosques y agricultura.   Al respecto, el Diputado César Daniel González Madruga, Secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático, señaló que la colaboración entre el Poder Legislativo y la sociedad civil es fundamental y estratégica en términos de avanzar hacia la construcción de una política de financiamiento que considere objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, como la mayor amenaza que enfrenta la humanidad a nivel mundial”.   Los representantes de las organizaciones impulsoras de esta iniciativa comentaron que el Poder Legislativo es una actor clave capaz de hacer la diferencia en la política climática nacional, a fin de que la actuación de nuestro país sea consistente con las metas propuestas en el marco de las negociaciones internacionales, reflejadas tanto en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), como en otras medidas que pueden ayudar a cumplir con dichas metas. “México ha sido uno de los principales impulsores de la creación de una arquitectura financiera internacional, y si bien contar con más recursos provenientes de otros países es necesario, es más urgente hacer un uso efectivo y transparente de los recursos que actualmente tiene el Gobierno para promover medidas contundentes de combate y adaptación al cambio climático.   En este contexto, el trabajo del Grupo de Financiamiento para Cambio Climático -en colaboración con las comisiones de Cambio Climático- marca un precedente importante, no sólo para dar a conocer las propuestas de modificación al proyecto PEF 2011 en sectores estratégicos como energía, transporte, bosques y agricultura durante la presente negociación presupuestaria, sino también como una oportunidad para que México, sede de la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático a celebrarse en unas cuantas semanas, presente al mundo acciones concretas e inmediatas que avalen su compromiso con la atención a dicho fenómeno.   Finalmente, los representantes de las más de 10 organizaciones además de los diversos actores que conforman dicha iniciativa confiaron en que el Poder Legislativo, en respuesta a esta propuesta ciudadana sobre ajustes estructurales al proyecto de Presupuesto de Egresos y la respectiva asignación de presupuesto para acciones prioritarias en la lucha contra el cambio climático; acogerá estas recomendaciones y será un actor decisivo para comenzar a crear una estructura financiera que permita a nuestro país hacer frente al cambio climático de manera decisiva.     Organizaciones firmantes: El Barzón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte del Tecnológico de Monterrey (CEDAN), el Centro de Transporte Sustentable (CTS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Clima Integral, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Fundación Heinrich Bell, Greenpeace México y Oxfam México.     Notas: La versión electrónica del documento de recomendaciones al proyecto PEF 2011 está disponible en la página: www.cemda.org.mx      Para mayor información contactar: Claudia Gómez-Portugal M. / [email protected] / Cel. (55) 1850 6827 Mariana Gutiérrez / [email protected] / Cel. (55)1502 0125 Sakbe Comunicación Ambiental / Tel. (55) 5264 3777

Organizaciones ciudadanas inician proceso de construcción y diálogo hacia una política efectiva de financiamiento en materia de cambio climático

Para publicación inmediata 4 de noviembre, 2010   Para mayor información contactar: Claudia Gómez-Portugal M., Sakbe Comunicación Ambiental, Tel. (55) 5525 6136 / Cel. (55) 1850 6827, [email protected]     Enviarán a la Cámara de Diputados propuesta de modificación al PEF 2011, basada en los objetivos de reducción efecitva de emisiones de gases de efecto invernadero para el combate al cambio climático en sectores estratégicos como energía, agricultura, transporte y bosques   Ciudad de México, México – El cambio climático es el reto más grande que enfrenta la humanidad y sus impactos traerán severos costos económicos y sociales a México. Por ello y con el objetivo de lograr una asignación, manejo y distribución adecuada y transparente de los recursos federales para la adaptación y mitigación al problema, más de 10 organizaciones de la sociedad civil y diversos actores independientes lanzan una iniciativa de construcción y diálogo para una política efectiva de financiamiento en materia de cambio climático.   De acuerdo con las organizaciones que conforman este esfuerzo, un primer paso elemental en la consecución de los compromisos internacionales que México ha asumido en la materia1, es modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, para dar prioridad y redireccionar recursos a aquellos sectores considerados clave para el cumplimiento de las metas nacionales de reducción de emisiones en el corto, mediano y largo plazo1, tales como el transporte, forestal, energético y agropecuario.   “Como ciudadanas y ciudadanos activos, con experiencia en presupuestos sectoriales e investigación y análisis sobre la situación de los sectores energía, agricultura, transporte, bosques y protección ambiental, hemos adoptado el tema de financiamiento como articulador de sinergias. Es así que hemos venido trabajando en la conformación de propuestas de financiamiento posibles, inmediatas y efectivas, para el cumplimiento de objetivos concretos en materia de cambio climático para los sectores señalados, mismas que consideramos fundamentales para modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF 2011, basadas en la premisa de que el cambio climático es un tema transversal cuya atención depende de la participación de todos los sectores causantes del problema así como de aquellos que padecen sus consecuencias”, dijo Dolores Rojas de Oxfam, México.   Las organizaciones presentarán al Congreso una serie de recomendaciones sectoriales, mismas que esperan sean tomadas en cuenta por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, no sólo para su trabajo durante la presente negociación presupuestaria, sino también como una oportunidad para que México, sede de la COP16 a celebrarse en unas cuantas semanas, presente al mundo acciones concretas e inmediatas.   “Las organizaciones impulsoras de esta iniciativa consideramos que el Poder Legislativo puede hacer la diferencia en la política climática, para que la actuación de nuestro país sea consistente con las metas propuestas en el marco de las negociaciones internacionales, reflejadas no sólo en su Programa Especial de Cambio Climático (PECC), sino también de otras medidas que pueden ayudar a cumplir con dichas metas. Lo anterior es importante porque México ha sido uno de los principales impulsores de la creación de una arquitectura financiera internacional y si bien, contar con más recursos provenientes de otros países es necesario, es más urgente hacer un uso efectivo y transparente de los recursos que actualmente tiene el Gobierno, para promover medidas efectivas de combate y adaptación al problema”, afirmó Jorge Villareal de la Fundación Heinrich Böll.   Entre las recomendaciones de las organizaciones, para el Sector Energía se señala la necesidad de reasignar más recursos para la eficiencia energética a través del fortalecimiento de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y sus programas de ahorro energético; así como el impulso al aprovechamiento de energías renovables, para lo cual se le deben destinar al menos 3 mil millones de pesos anuales al Fondo para la Transición Energética. Al respecto, Sandra Guzmán del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señaló que estas medidas son posibles si se priorizan aquellos programas y acciones dirigidas a promover la eficiencia energética en todos los sectores económicos y sociales, en vez de contemplar la construcción de nuevas centrales de generación eléctrica para cubrir la demanda creciente y evitar la construcción de más proyectos que utilizan combustibles fósiles como los que aparecen en el presupuesto.   Respecto al Sector Transporte, Gabriela Niño del Centro de Transporte Sustentable resaltó que es necesario destinar más recursos a la reactivación de las vías férreas por ser una alternativa eficiente e inmediata para reducir emisiones y restar recursos al sistema carretero que contribuye con la mayor parte de las emisiones del sector; y asegurar la continuidad y los recursos del programa de transporte masivo (PROTRAM) –parte del Fondo Nacional de Infraestructura - con el cual se promueve la implantación de sistemas de transporte urbano masivo, como catalizador de calidad de vida, salud y reducción de emisiones.   “En el Sector Forestal se deben redireccionar al menos 600 millones hacia programas que promuevan el manejo forestal sostenible para lograr la conservación activa de los ecosistemas forestales terrestres, los manglares y los almacenes de carbono”, afirmó Iván Zúñiga del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).   Para el Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación2, es necesario asignar recursos para la constitución urgente del fondo de agua y energía el cual deberá convertirse en el instrumento para la recarga, conservación y mantenimiento de los mantos acuíferos, la reducción de la energía para el bombeo de agua y la tecnificación del riego agrícola. “Este fondo será la base para llevar acabo acciones de mitigación y adaptación en la agricultura ante el cambio climático, mediante un esquema de acceso al financiamiento para el ordenamiento sustentable de acuíferos y tecnologías para el ahorro de agua y energía”, señaló Alfonso Cuellar del Barzón.   Las organizaciones abajo firmantes confían en que el Poder Legislativo,en respuesta a esta iniciativa ciudadana sobre ajustes estructurales, fortalecimiento de capacidades, establecimiento de mecanismos económicos y la respectiva asignación de presupuesto; acoja estas recomendaciones y sea un actor decisivo para comenzar a crear una estructura financiera que permita a nuestro país hacer frente de manera contundente al cambio climático. Dichas recomendaciones serán enviadas en los próximos días a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados sobre el proyecto PEF 2011.     Organizaciones firmantes: El Barzón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte del Tecnológico de Monterrey (CEDAN), el Centro de Transporte Sustentable (CTS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Clima Integral, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Fundación Heinrich Bell, Greenpeace México y Oxfam México.       Notas: El Gobierno Federal ha establecido metas a nivel internacional para combatir el fenómeno tales como la reducción de 50 millones de toneladas de CO2 en 2012, la reducción de 30% de las emisiones en 2020 y 50% en 2050 De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones al 2006, la categoría de agricultura, bosques y otros usos del suelo contribuyó con casi 19 por ciento de las emisiones totales del país. Por su parte, el sector transporte es responsable del 34 por ciento de las emisiones de CO2e en nuestro país, mientras que la generación de energía representa el 27.3 por ciento de las emisiones GEI totales del país. El sector forestal es responsable del 12.4% de las emisiones del país por la deforestación, la degradación y el cambio de uso de suelo.