Transparencia y Rendición de Cuentas

Denunciamos ante la OCDE daños causados por Cerrejón, empresas aliadas y empresas accionistas en La Guajira

La organización irlandesa Global Legal Action Network (GLAN), apoyada por la agencia internacional de desarrollo Christian Aid, la organización regional AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente) y las organizaciones nacionales de derechos humanos CINEP/PPP y CAJAR presentamos de manera simultánea tres quejas ante los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE* en Irlanda, Reino Unido, Suiza y Australia. En ellas denunciamos los múltiples impactos de la mina operada por la empresa Carbones del Cerrejón en detrimento de la vida y los derechos humanos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas de La Guajira, así como la falta de debida diligencia y el incumplimiento de los lineamientos de la OCDE. La primera queja fue presentada contra ESB (Electricity Supply Board), una empresa estatal irlandesa que compra carbón de Cerrejón; la segunda contra CMC (Coal Marketing Company) de Cerrejón, con sede en Dublín, Irlanda. Paralelamente, presentamos una tercera queja en contra de las sociedades multinacionales mineras dueñas de Cerrejón: BHP, Angloamerican y Glencore. Estas quejas se enmarcan en una estrategia integral de defensa de los derechos humanos a la salud y al ambiente sano emprendida por organizaciones que por años hemos acompañado los procesos de defensa territorial y de denuncias lideradas por comunidades Wayúu y afrodescendientes impactadas por décadas de operación carbonífera en su territorio. La exigencia de la responsabilidad empresarial es apremiante ante los recientes anuncios de las sociedades matrices de poner en venta sus acciones sin que se tenga claridad de sus históricas deudas, compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos en el país. Jenny Paola Ortiz, del CINEP, considera que: “En La Guajira, las comunidades Wayúu y afrodescendientes se están disputando el derecho a la vida frente al etnocidio y ecocidio que están viviendo resultado de la actividad minera. En diversas investigaciones y fallos judiciales, se ha demostrado la sistemática violación de derechos: más de 25 comunidades han sido desplazadas, confinadas y despojadas de sus territorios ancestrales, se han contaminado y desviado más de 17 arroyos tributarios del Ranchería —único río del departamento— y existen abusos de poder y asimetrías entre la empresa y las comunidades”. La operación minera desarrollada por la empresa Carbones del Cerrejón en La Guajira se ha dado de manera continua en detrimento de los derechos de las comunidades étnicas, desconociendo los estándares internacionales ambientales aplicables a este tipo de operaciones y en sistemático incumplimiento de las sentencias judiciales que han reconocido la responsabilidad de la empresa y el Estado ante los alegatos de violaciones a derechos hechas por las comunidades. Para Rosa María Mateus, del CAJAR: “Si no se logró cuestionar los impactos de la imposición de esta mina, es necesario que se haga una evaluación tanto de la conducta empresarial como de los pasivos ambientales y sociales que han dejado estas empresas antes de su salida del país para evitar que se consoliden escenarios de impunidad corporativa”. Dichas operaciones también han profundizado la vulnerabilidad del territorio ante la actual crisis climática dada su contribución al mercado y quema de carbón, uno de los minerales con mayor incidencia en el calentamiento global. Por su parte Liliana Ávila, abogada sénior de AIDA, señaló que “este tipo de reclamaciones evidencian la importancia de considerar los impactos climáticos que conlleva la minería de carbón en Colombia, tanto a nivel territorial como en su contribución a las emisiones globales.” Con estas quejas buscamos que las empresas domiciliadas en Irlanda suspendan sus relaciones comerciales con la empresa Carbones del Cerrejón dada su responsabilidad en violaciones a derechos humanos; que las casas matrices de Cerrejón reconozcan su corresponsabilidad en el marco de los hechos denunciados; y que todas las empresas involucradas, según su grado de responsabilidad, emprendan acciones de remediación y de restauración ambiental en el marco de la debida diligencia y de la obligación de respeto de los derechos humanos. Adicionalmente, estas quejas buscan visibilizar la situación de las comunidades afectadas por las operaciones de la empresa Cerrejón y, sobre todo, generar las condiciones necesarias para que cese la violación de los derechos de las comunidades en La Guajira y así promover el avance hacia una transición justa, participativa y progresiva en el territorio. Firman: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo (Censat – Agua Viva)   *La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización internacional que cuenta con Líneas Directrices para Empresas Multinacionales, las cuales son recomendaciones voluntarias dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales para una conducta empresarial responsable dentro del contexto global. Esta organización cuenta con Puntos Nacionales de Contacto, que son organismos constituidos por los gobiernos de los países adherentes con el fin de promover e implementar las Directrices. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107  

Siete avances de AIDA en 2020

Termina un año como ningún otro. Esta nueva realidad hace que cada victoria y logro diario, por pequeño que sea, tengan un sabor más reconfortante. Por eso, estamos orgullosos de decir que en 2020 hubo avances importantes en nuestro trabajo por un ambiente sano y justicia climática en América Latina. 1. Salvaguardando alta mar A nivel mundial, más del 99% de alta mar —aguas fuera de la jurisdicción nacional— está desprotegido. Para remediarlo, durante el último año, hemos liderado la representación de América Latina en la High Seas Alliance (Alianza de Alta Mar). Hemos colaborado con gobiernos para negociar un ambicioso tratado en el marco de Naciones Unidas para proteger estas aguas y a especies migratorias clave de tiburones, ballenas, tortugas y atunes. Alta mar es esencial para la salud del océano en el largo plazo y como sumidero de carbono que ayuda a mitigar la crisis climática. 2. Incidiendo para la desinversión en la Amazonía Por casi una década, hemos trabajado para detener la represa Belo Monte, que ha desplazado a miles de indígenas y acabado con cientos de especies únicas. Este año, nuestro testimonio contribuyó a que el Fondo Global de Pensiones de Noruega, el mayor fondo estatal del mundo, excluya de su cartera de inversiones a Eletrobras, uno de los principales financiadores de la represa, debido a las violaciones de derechos ambientales y daños ambientales causados por el proyecto. Es un paso importante en la búsqueda de justicia para las comunidades afectadas. 3. Defendiendo a los páramos de la minería Continuamos protegiendo de la minería a páramos en Colombia y Ecuador. Estos bosques y humedales biodiversos, situados a gran altitud, son sumideros de carbono clave que además abastecen de agua fresca a millones de personas y son hábitat de especies amenazadas. Nuestro equipo aportó conocimientos legales y técnicos. En el caso de Santurbán, en Colombia, ayudamos a construir capacidades entre los abogados locales que ahora lideran la demanda judicial para proteger este páramo. 4. Protegiendo a personas defensoras del ambiente América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden el ambiente. Este año, AIDA reunió a más de 70 prominentes defensores y defensoras ambientales de 14 países del continente para compartir información actualizada sobre riesgos y estrategias efectivas de defensa. Los y las participantes discutieron en torno a sus retos, identificaron vacíos de conocimiento y desarrollaron nuevos enfoques para protegerse y proteger sus territorios. 5. Frenando el desarrollo energético extractivo Nuestra pericia legal y técnica ha sido fundamental para detener la expansión de los combustibles fósiles. En Colombia, continuamos con el litigio para mantener la moratoria judicial al fracking y ayudamos a impedir una mayor expansión de la minería de carbón. Apoyamos a comunidades afectadas por plantas eléctricas a carbón en Chile y lideramos los esfuerzos para que instituciones financieras internacionales rindan cuentas por financiar proyectos hidroeléctricos dañinos en Colombia y Guatemala. Este trabajo es esencial para promover una transición justa hacia una energía realmente limpia. 6. Preservando la biodiversidad marina en la Patagonia La región de Magallanes, en Chile, es hogar de algunas de las ballenas y delfines más grandes, así como una de las zonas más prístinas de nuestro planeta. La mayor amenaza ambiental para esta región es la producción industrial de salmón. Con base en nuestro trabajo previo, usamos la ley para detener el cultivo de salmón y evidenciar los daños que esa industria causa. Nuestro trabajo logró cerrar una granja de salmón y sentó un precedente para el cierre de otras siete, las cuales están bajo revisión en tribunales chilenos. 7. Fortaleciendo la gestión de tierras indígenas en Colombia En coalición con cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, continuamos protegiendo sus tierras de la minería ilegal. Frente a cientos de proyectos propuestos, ayudamos a implementar estrategias legales para demandar un nuevo plan de manejo territorial que reconozca la autoridad tradicional de los indígenas. También ayudamos a fortalecer las capacidades de las comunidades mediante talleres sobre protección ambiental.  

Buscando justicia para las comunidades afectadas por la represa Hidroituango

Aplaudimos la exclusión de Eletrobras del fondo petrolero noruego

El Consejo de Ética que rige al mayor fondo soberano del mundo recomendó la medida debido a la participación de la empresa estatal brasileña en el proyecto hidroeléctrico Belo Monte, asociado con graves violaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas. El pasado 13 de mayo, el fondo petrolero noruego, considerado el mayor fondo soberano del mundo, excluyó de su cartera de inversiones a doce compañías por razones éticas, entre ellas a la brasileña Eletrobras por su participación en el proyecto hidroeléctrico Belo Monte.  El fondo es gestionado por el banco público Norges Bank Investment Management, que sigue las recomendaciones que cada año hace el Consejo Ético para que las inversiones se ajusten a criterios determinados. El Consejo señaló que el proyecto Belo Monte, a cargo del consorcio Norte Energía —del cual Eletrobras es parte—, provocó “una mayor presión sobre tierras indígenas, la desintegración de las estructuras sociales de los pueblos indígenas y el deterioro de sus modos de vida” con el desplazamiento forzado de unas 20 mil personas. AIDA —como parte de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil— informó al Consejo de la situación de la población indígena y ribereña afectada por el proyecto, de los impactos sociales y ambientales del mismo, de la situación operativa de la represa y de la situación actual de las acciones judiciales nacionales e internacionales interpuestas contra el proyecto. Consideramos que la decisión del Consejo debe ser aplaudida ya que desincentiva la continuidad de proyectos no sostenibles y mal llamados de desarrollo, que amenazan la supervivencia de pueblos indígenas y tradicionales, como es el caso de Belo Monte. Creemos fundamental que los bancos, instituciones financieras internacionales y fondos monetarios tengan en cuenta los impactos probables de los proyectos que financian. Apoyar a proyectos social y ambientalmente sostenibles por encima de iniciativas que priorizan el beneficio económico y no la protección de los derechos humanos y el ambiente demuestra una inversión responsable y ética. Contacto de prensa Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107  

El derrame de petróleo que devora la vida en playas brasileñas

Fotos: Marcela Cintra / Texto: Laura Yaniz  Desde finales de agosto, las costas del noreste de Brasil registran derrames de petróleo en más de 500 puntos a lo largo de 2,500 kilómetros. Lo que comenzó con la aparición de puntos negros en algunas playas, rápidamente se convirtió en la llegada de manchas enormes de crudo que cambiaron el color de la arena. El origen sigue siendo desconocido; mientras, organizaciones locales y comunidades se organizan para limpiar las playas. Lejos de ser resuelto, el problema se agrava cada día. El avance del derrame de petróleo amenaza la vida en los manglares y en los arrecifes de coral, ecosistemas clave para la supervivencia de las especies de la zona. Además, los habitantes de las comunidades afectadas, que dependen del turismo y la pesca, ven amenazado su estilo de vida y su economía. Su salud también está en riesgo debido al consumo de alimentos marinos contaminados y la exposición directa al derrame. Ante la inacción de las autoridades, la gente limpia las playas y el mar con sus propias manos. El derrame en sí mismo, sumado a la desatención por parte del Estado, viola los derechos humanos de los habitantes de la más de 500 playas afectadas. Por eso, AIDA —junto con el Instituto Projeto Publico, Salve Maracaipe, Projeto Caribessa y Rede Minha Jampa— denunciamos estas violaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el gobierno brasileño responda ante esta crisis social y ambiental. La Relatora Especial sobre Derechos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión, Soledad García Muñoz, manifestó su solidaridad con el pueblo y las autoridades brasileñas ante la tragedia y llamó al Estado a “tomar todas las medidas necesarias para evitar un mayor deterioro de los ecosistemas afectados, tomando en consideración que el tiempo, los recursos y la actuación en clave de derechos humanos son factores claves para la efectividad de un plan de contingencia como el que la situación merece”. Y añadió: “cuanto más lentas o parciales sean las acciones, más grandes e irreparables serán los daños para la costa brasileña y su biodiversidad, como para la calidad de vida de las personas que habitan en las zonas afectadas. Se requiere una respuesta tan urgente, como sensible ante hechos tan graves de contaminación, que además pueden acelerar los efectos del cambio climático sobre costas, manglares, humedales y otros hábitats ecológicamente vulnerables.”  

Banco Interamericano de Desarrollo investigará al proyecto Hidroituango

En medio de la crisis humanitaria causada por la hidroeléctrica en la cuenca del río Cauca, Colombia, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó una investigación de los estándares ambientales y sociales del propio Banco. Washington D.C. En una decisión histórica, el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una investigación internacional de su brazo privado BID Invest por su inversión en el proyecto Hidroituango, ubicado en el departamento de Antioquia, pero que ha tenido un impacto devastador para miles de personas en cuatro departamentos y 27 municipios de Colombia. La investigación tendrá como objetivo principal establecer si —al financiar este megaproyecto en una región de Colombia que sigue siendo afectada por altos niveles de violencia y el renaciente conflicto armado— el Banco cumplió o no con los estándares sociales y ambientales que está obligado a observar, y si hay una relación entre ello y los graves daños sufridos por las comunidades afectadas. “Como personas afectadas por Hidroituango, exigimos que la investigación sea rigurosa e independiente”, declaró Isabel Zuleta, vocera de Movimiento Ríos Vivos de Colombia, que representa a las comunidades afectadas. “Por más de una década, nuestras comunidades han denunciado los graves problemas que el proyecto ha causado y que se agudizaron con las múltiples emergencias que iniciaron desde el 2018 y aún no cesan. Esperamos que con esta investigación internacional las voces de las víctimas y opositores al proyecto por fin sean escuchadas”. La investigación tiene su origen en una queja presentada por 477 personas afectadas por el proyecto Hidroituango. En ella, las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos y pertenecientes al mismo, resaltan que las políticas del Banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. En la queja, las comunidades demuestran que el proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permitió la participación de las comunidades ni el acceso a información, y que se ha desarrollado en un contexto de violaciones a los derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza y una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua. Evidencian además una permanente discriminación por decidir oponerse al proyecto y por ser mujeres afectadas. Todo ello, señalan, contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. Asimismo, el reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica, la cual ha puesto en peligro la vida de miles de personas, quienes han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la represa. Lo que comenzó con el taponamiento con cemento de dos túneles, terminó en la obstrucción de otro túnel y luego en un incremento drástico del caudal del río, deslizamientos de tierra, inundaciones y el desplazamiento continuo de miles de personas de sus hogares. Ningún otro proyecto de desarrollo ha causado una crisis humanitaria de tal magnitud en Colombia. Todo ello ha desnudado la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto, el cual fue autorizado de todas formas. El estado de emergencia en la zona no ha cesado y el riesgo de que la represa colapse no ha sido descartado por el gobierno ni por las entidades de control del Estado colombiano. No obstante, es importante resaltar que las comunidades buscaron entrar en un proceso de diálogo y mediación del conflicto entre la empresa a cargo del proyecto y Ríos Vivos a través del mecanismo de rendición de cuentas del BID. Pero la empresa se negó al diálogo, por lo que, dando continuidad al proceso, ese mecanismo recomendó la investigación. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia y espera generar 2.400 MW aunque lleva cerca de dos años la inundación aún no genera energía, tiene un embalse de 79 kilómetros que inundó un área de 4.500 hectáreas sin retirar la capa vegetal, lo que está generando grandes cantidades de gas metano con efecto invernadero, sin terminar la obra, informar, reubicar ni compensar a las comunidades. El BID Invest ha invertido millones de dólares en el proyecto y ha facilitado la inversión de mil millones de dólares adicionales de otros bancos internacionales. Dichas inversiones se mantienen a pesar de la grave crisis del proyecto. Contactos de prensa: Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos, [email protected]   Carla García Zendejas, Center for International Environmental Law, [email protected]                                              Victor Quintanilla, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected] Nota para editores: La indagación es llevada adelante por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo, una instancia internacional de rendición de cuentas que atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. La investigación tendrá lugar en un plazo máximo de nueve meses, dada la alta complejidad del caso. Entre los aspectos que se investigarán se encuentran los siguientes: Si se evaluó adecuadamente el área de influencia y la identificación de la población afectada. El aumento de la conflictividad e inseguridad en la zona de la represa, y los impactos diferenciales sobre las mujeres. La participación de las comunidades, que en opinión de ellas ha sido altamente deficiente. La relación entre el proyecto y los daños causados. Las deficiencias en los reasentamientos y las supuestas compensaciones. La evaluación y acceso a información sobre el riesgo de desastres.  

CIDH analizará retrocesos de Bolsonaro a la protección de derechos indígenas

En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil evidenciarán cómo las medidas adoptadas por la administración de Jair Bolsonaro hacen que Brasil retroceda décadas en la protección de los derechos humanos. Río de Janeiro, Brasil. El próximo 9 de mayo, organizaciones de la sociedad civil, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciarán la grave situación de los pueblos indígenas de Brasil por las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, las cuales representan grandes retrocesos en la protección de los derechos humanos y vulneran las obligaciones internacionales del país en esa materia. La audiencia fue solicitada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, Conectas, Fórum Teles Pires, Operação Amazônia Nativa y la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) con el objetivo de que se establezcan medidas y acuerdos para impedir nuevos retrocesos y exigir la reversión de las acciones ya realizadas que amenazan a los pueblos indígenas. La audiencia será parte del 172 Periodo de Sesiones de la Comisión, que tendrá lugar en Kingston, Jamaica, del 3 al 10 de mayo próximos. En ellas las organizaciones documentarán cómo el gobierno de Bolsonaro realizó cambios legislativos, de política pública, de política exterior y otros estructurales que violan el mantenimiento del modo de vida de los pueblos indígenas de Brasil, así como sus derechos a la vida, a la cultura, a la alimentación, al ambiente sano, al acceso a agua potable y a la delimitación de sus tierras ancestrales, entre otros. Las medidas del nuevo gobierno que disminuyen la protección legal y administrativa de los pueblos indígenas incluyen: La transferencia de funciones clave del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Agricultura. La precarización del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. El debilitamiento del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad y del proceso para otorgar permisos ambientales. La amenaza de abrir tierras indígenas a los daños de la minería. Las medidas adoptadas por el Ministerio de Ambiente que fragmentan el ordenamiento jurídico que garantiza las condiciones mínimas para la protección del ambiente y de los derechos indígenas. La transferencia de la competencia para la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio a manos del Ministerio de Agricultura. La amenaza de retirar a Brasil de tratados internaciones como el Acuerdo de París y otros valiosos para la protección del ambiente y de los derechos humanos. Además de estos retrocesos, las organizaciones denuncian que la situación se agrava con el aumento de los índices de deforestación e invasión de tierras indígenas, y de la violencia contra defensores y defensoras del ambiente y los derechos humanos. Consulte el informe presentado ante la Comisión para la audiencia (en portugués). Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Eloy Terena (Brasil), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), [email protected], +55 61 9695-1377  

Comissão analisará retrocessos de Bolsonaro à proteção dos direitos indígenas

Em uma audiência perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as organizações da sociedade civil demonstrarão como as medidas adotadas pela administração de Jair Bolsonaro fazem o Brasil retroceder décadas na proteção dos direitos humanos. Rio de Janeiro, Brasil. No próximo dia 9 de maio, organizações da sociedade civil, em audiência perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), denunciarão a grave situação dos povos indígenas do Brasil diante das medidas adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, as quais representam grandes retrocessos na proteção dos direitos humanos e violam as obrigações internacionais do país nessa área. A audiência foi solicitada por diversas organizações da sociedade civil, como a Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), International Rivers, Conectas, Fórum Teles Pires e Operação Amazônia Nativa, com o objetivo de estabelecer medidas e acordos para impedir novos retrocessos e exigir a reversão das ações do Governo que já foram tomadas e ameaçam os povos indígenas. A atividade faz parte do 172º Período de Sessões da Comissão que acontece na cidade de Kingston, Jamaica, entre 3 a 10 de maio. Representantes do Governo Federal devem participar da audiência pública. As organizações irão denunciar à CIDH como o governo Bolsonaro realizou alterações nas legislaturas, nas políticas públicas, nas políticas externas e em outras vias estruturais que violam a manutenção do modo de vida dos povos indígenas do Brasil, bem como seus direitos à vida, à cultura, à alimentação, a um ambiente saudável, ao acesso à água potável, à delimitação de suas terras ancestrais, entre outros. As novas medidas governamentais que diminuem a proteção legal e administrativa dos povos indígenas incluem: A transferência de funções-chave do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura; A precarização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Enfraquecimento do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade e o processo de concessão de licenças ambientais; A ameaça de abertura das terras indígenas aos danos da mineração; As medidas adotadas pelo Ministério do Meio Ambiente que fragmentam o sistema legal responsável pela garantia de condições mínimas na proteção do meio ambiente e direitos indígenas; A transferência da competência de demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio para o Ministério da Agricultura; A ameaça de retirar o Brasil do Acordo de Paris e outros tratados internacionais valiosos para a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos. Além desses retrocessos, as organizações denunciam que a situação é agravada pelo aumento das taxas de desmatamento e invasão de terras indígenas, assim como nos índices de violência contra defensores do meio ambiente e dos direitos humanos. Consulte o informe apresentado perante à Comissão para a audiência Contatos de imprensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Eloy Terena (Brasil), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), [email protected], +55 61 9695-1377  

Tribunal de arbitraje del Banco Mundial se niega a escuchar a afectados por minería en Santurbán

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), parte del Banco Mundial, declinó aceptar un escrito legal (Amicus Curiae) que iba a ser presentado por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y organizaciones internacionales aliadas. Bucaramanga, Bogotá, Washington, Ottawa, Ámsterdam. Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil rechazaron la respuesta negativa del Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a aceptar un escrito legal (Amicus Curiae) dentro del proceso del arbitraje internacional de Eco Oro Minerals Corp. contra Colombia. En esa instancia cursa una demanda de arbitraje internacional contra la nación andina por parte de la empresa canadiense en mención, que pretende ejecutar el proyecto de minería aurífera Angostura en el páramo de Santurbán, ubicado al nororiente del país. La demanda cuestiona las decisiones adoptadas por el Estado colombiano para proteger sus páramos, humedales de alta montaña que son fuente natural de agua para el 70% de sus habitantes. El arbitraje fue iniciado ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial que está a cargo de la resolución de controversias entre inversionistas y Estados. Colombia  podría ser condenada a pagar $746 millones de dólares, una sanción sin precedentes para el país. “En el momento en que los Estados de Latinoamérica acogen los principios de democracia ambiental con la adopción del Acuerdo de Escazú, el CIADI va en dirección contraria. Es lamentable que ante el movimiento regional por transparencia y participación el CIADI se constriña aún más, solo generando más ira y desconfianza, no solo ante este mecanismo, sino frente al sistema de arbitraje de inversores contra Estados a nivel mundial”, declaró Carla García Zendejas, abogada del Center for International Environmental Law (CIEL). “Las comunidades afectadas por la minería en Santurbán deben ser escuchadas y pueden aportar elementos cruciales para el caso”, sostuvo Carlos Lozano, abogado sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Las organizaciones consideran que el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán tiene un interés significativo en el resultado del proceso, y que la experticia que habrían podido proveer al Tribunal habría sido de ayuda para una mejor decisión del caso. Del mismo modo, urgen al CIADI a ampliar la participación ciudadana y transparentar sus procedimientos para la toma de decisiones, trascendentales para el interés público de los países cuyos Estados son sometidos a su jurisdicción. Encuentre aquí más información. Contactos de prensa: Alix Mancilla, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, [email protected], +14373459881 Kristen Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272, Manuel Perez Rocha, Institute for Policy Studies, [email protected] +1 240 838 6623  

Detrás de las represas: inversiones del BNDES en Belo Monte e Hidroituango

Para cambiar es esencial conocer. Para conocer, dialogar. Y, para dialogar, presentamos este informe. Analizamos la aplicación de los estándares internacionales existentes para hidroeléctricas a partir de dos de las inversiones más importantes del BNDES: Hidroituango y Belo Monte. Del análisis se desprenden evidencias y se ofrecen conclusiones y recomendaciones que brindarán al Banco, a las organizaciones y a las comunidades involucradas, elementos concretos para contribuir en la mejora del desempeño futuro de la institución financiera. Esperamos que estos aportes fortalezcan el diálogo con el BNDES facilitando la identificación de opciones hacia un mayor cumplimiento de los valores que el Banco ha adoptado, particularmente la transparencia y la responsabilidad social y ambiental.       Lee el informe completo Descarga el Resumen Ejecutivo Lee el informe en portugués Descarga el Resumen Ejecutivo en portugués Lee el Resumen Ejecutivo en inglés