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Jbdodane / FlickrBrindando apoyo científico a comunidades para frenar los daños de la minería
La minería es una actividad económica que causa daños ambientales profundos. Con frecuencia, las comunidades en donde se realizan proyectos mineros no cuentan con información veraz, completa y objetiva acerca de sus beneficios y perjuicios.
A ello se suma la contaminación y uso excesivo del agua de ríos, lagos y otras fuentes naturales, un riesgo asociado con frecuencia a proyectos mineros cuyos daños no fueron adecuadamente evaluados antes de ser autorizados, entre otras razones porque ese análisis no se basó en la mejor información científica disponible.
Romper con esa brecha de información entre empresas mineras y comunidades afectadas es una necesidad urgente.
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Grandes represas: Energía del pasado ni limpia ni sostenible
Artículo publicado como parte del Informe Ambiental Anual 2017 de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina. Resumen Ejecutivo La energía que producen las grandes represas es ineficiente e insegura, mientras que la construcción de su enorme infraestructura es excesivamente costosa. Además, éstas degradan el ambiente y contribuyen al cambio climático. Adicionalmente, en la mayoría de los casos, la implementación de las grandes represas genera graves violaciones de derechos humanos. En suma, los costos financieros, sociales y ambientales que ha pagado la humanidad por ellas, han sido demasiado altos. Actualmente existen alternativas viables a las grandes represas incluyendo la eficiencia energética y energías alternativas limpias, como la solar y eólica. Los precios de estas tecnologías han bajado considerablemente, por lo que es posible atender las demandas energéticas existentes sin necesidad de hidroeléctricas más grandes. Es necesario y urgente entonces que los países empiecen a implementar soluciones energéticas ambiental y socialmente adecuadas a este siglo. Introducción La energía hidroeléctrica sin duda ha sido clave para el desarrollo y ha traído importantes beneficios para la sociedad, sin embargo, esto no ha sido gratuito, los costos en muchas ocasiones son mayores que los beneficios. Por ello, hoy en día considerar que la energía hidroeléctrica es limpia y sostenible es como si siguiéramos usando ábacos para hacer cálculos, cuando evidentemente hay opciones más eficientes para ello. A pesar de la existencia de alternativas, las represas siguen siendo vistas como soluciones, lo que evidencia la necesidad del cambio. En 2015 la energía hidroeléctrica representó el 16.6% de la producción mundial de electricidad proveniente de fuentes diferentes a combustibles fósiles o nucleares. En América Latina éste porcentaje asciende al 50%. Hoy existen más de 57 mil grandes represas en el mundo. Sólo en Latinoamérica operan cerca de 1000 de todos los tamaños, y alrededor de 1600 grandes represas están en proceso de construcción o planeación. De todas esas, más de 250 son para la cuenca amazónica. La necesidad de encontrar soluciones más allá de las represas es evidente. Las grandes represas son aquellas cuya cortina mide 15 metros o más, desde la base hasta la cresta o, que, teniendo una cortina de menor altura, tiene más de tres millones de metros cúbicos de capacidad5 . Éstas han provocado graves e irreversibles daños para los ecosistemas, los ciclos de los ríos y la biodiversidad, así como para las comunidades que viven aguas arriba y abajo de donde se construyen. Sus impactos socio-ambientales se han vinculado a graves violaciones de derechos humanos. Además, las grandes represas agravan el cambio climático y retardan la implementación de soluciones necesarias para lograr la transición energética que el planeta requiere. Sumado a esto, las grandes represas son excesivamente costosas y tardan tanto tiempo en ser operativas, que resultan ineficientes para atender las crisis energéticas urgentes de los países. La experiencia ha demostrado una y otra vez que las comunidades aledañas a las grandes represas, lejos de beneficiarse, se empobrecen con dichas obras. Las grandes represas además aumentan las deudas públicas de los países, intensificando las crisis económicas. Por todas estas razones las grandes represas no son energía barata, limpia ni sostenible. A continuación, el análisis de los fundamentos más importantes. Actualmente existen alternativas viables a las grandes represas que incluyen la eficiencia energética y energías alternativas limpias como la solar y eólica, cuyo precio ha bajado considerablemente, con las cuales es posible atender las demandas energéticas existentes sin depender de las grandes hidroeléctricas. De esta manera podríamos transitar hacia una economía limpia, avanzando hacia un verdadero desarrollo sostenible que no sacrifique ecosistemas, ríos, y a las poblaciones que dependen de ellos.
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Belo Monte: La esperanza persiste pese a la promesa fallida de desarrollo
La hidroeléctrica Belo Monte fue prometida por sus promotores como una posibilidad de desarrollo para Brasil y en particular para Altamira, la ciudad más cercana a la represa. Hace poco visité esa urbe y me queda claro que seis años después del inicio de su construcción y aproximadamente un año luego de que comenzara a operar, Belo Monte no contribuye al desarrollo sostenible. Una evidencia de ello es que, en junio pasado, Altamira fue clasificada como la ciudad más peligrosa de Brasil en un estudio elaborado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada de ese país. Según el estudio, el crecimiento rápido y desordenado ocurrido en Altamira en los últimos seis años ha tenido serias implicaciones en la cantidad de crímenes cometidos en la ciudad. El 2000, de acuerdo con datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, Altamira tenía poco más de 77 mil habitantes. Sin embargo, debido a la construcción de la hidroeléctrica, la cifra se disparó a 110 mil el año pasado. El resultado: Altamira registró la mayor tasa de homicidios del país en 2015 con 105,2 casos por cada 100 mil personas. Los números se enmarcan en un contexto muy preocupante, recogido este mes por Global Witness, cuyo informe reciente ubica a Brasil como el país con el mayor número absoluto de muertes, debido especialmente al trabajo de quienes dan sus vidas por defender la Amazonía, pues 16 de las 49 muertes ocurridas en 2016 están relacionadas con la protección del ecosistema amazónico. Condiciones insalubres Además de la violencia generalizada, la otra gran preocupación en Altamira es el saneamiento básico, el cual tiene que ver con fuentes y sistemas de abastecimiento de agua, así como con el manejo sanitario de residuos. Imagínate que durante los últimos seis años, cuando la dinámica urbana y social de la ciudad fue alterada totalmente debido a la represa, no se construyó un sistema de saneamiento básico adecuado. Así ocurrió pese a que era una condición para la construcción y operación de la represa. Pero lo único construido fue la gigantesca infraestructura hidroeléctrica. En abril de este año, un tribunal de Brasil ordenó la suspensión judicial de las operaciones Belo Monte hasta que exista una implementación adecuada del saneamiento básico en los barrios de reasentamiento urbano colectivo de Altamira. Pero la empresa a cargo de la represa se ha negado a cumplir con la sentencia, argumentando que tiene el permiso para operar. Eso demuestra la incapacidad del gobierno de evitar los abusos de la empresa. En Altamira los alcantarillados están tapados. Hay agua sucia, bichos y basura en las casas de los reubicados por la represa de #BeloMonte pic.twitter.com/5kkyNkfAM1 — Rodrigo Costa Sales (@rodrigojcsales) 13 de junio de 2017 Inversión cuestionable El escenario en torno a Belo Monte se agrava porque la empresa estatal china Grid Brazil Holding ganó la subasta para hacerse cargo del segundo sistema de transmisión de la energía a ser generada por la hidroeléctrica. La empresa ofreció 988 millones de reales (aproximadamente 300 millones de dólares), lo que me hace cuestionar las afirmaciones previas del Gobierno brasileño sobre el hecho de que la energía hidroeléctrica es barata, además de limpia. La inversión china preocupa porque la empresa ya ha sido multada varias veces por el incumplimiento de los plazos relacionados con el primer sistema de transmisión de energía. Peor aún, China no es reconocida internacionalmente por proteger los derechos humanos y el ambiente, razón por la cual la situación en Altamira puede complicarse aún más. La esperanza continúa Pese al panorama desalentador, la población urbana, así como las comunidades indígenas y ribereñas, todavía tienen esperanza de que Altamira sea una ciudad tranquila y linda otra vez. Escuché en muchos el deseo de volver a vivir los tiempos en los que se sentaban en sillas para conversar en la calle y se bañaban en las aguas del río Xingú; los tiempos de pescas colectivas y fiestas en el parque. Ello me muestra que no hay que tener miedo ni perder la esperanza. Hay muchas personas que creen en mi trabajo como defensor de la Amazonía. Por ellos seguiré trabajando para que instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual AIDA presentó el caso, considere que Brasil violó derechos humanos en razón de la construcción y operación de la represa Belo Monte. Continuaré buscando que las personas afectadas obtengan justicia y reparación.
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Carta de la sociedad civil sobre el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos en México
En una carta dirigida a la Secretaría de Gobernación de México, el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se desmarca, luego de dos años, del proceso de elaboración del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Por medio de la presente, como Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos agradecemos el espacio de diálogo durante los últimos dos años en que hemos participado en la elaboración del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, incluyendo la reunión del martes pasado. En seguimiento a nuestras conversaciones, después de un profundo análisis del proceso y del último texto recibido; y a pesar de que consideramos que hemos aportado nuestro mayor esfuerzo para que el Programa esté a la altura de los compromisos y necesidades de nuestro país en la materia, hemos decidido desmarcamos de la elaboración del Programa. Como es de su conocimiento, durante este tiempo hemos realizado un importante trabajo brindando insumos sustantivos para alcanzar el mejor resultado. Por ejemplo, hemos movilizado recursos propios para generar un Diagnóstico de Línea Base independiente; ayudado a documentar la situación a nivel nacional para fortalecer la visita a México del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU el año pasado; participado en todas las reuniones del Grupo Nacional de Trabajo y en otras de subgrupos; participado en los seminarios y reuniones regionales de socialización y brindado comentarios por escrito y verbalmente para el mejoramiento de los textos y el proceso. Por ello, consideramos que a lo largo de estos dos años, hemos participado activa y responsablemente para que la Dirección a su digno cargo cuente con información de calidad que retoma experiencias internacionales para abordar cabalmente los tres Pilares de los Principios Rectores en el marco del Programa Nacional. Reconocemos que nuestro trabajo logró que se mejoraran algunos aspectos del borrador inicial difundido en el mes de marzo de este año. Sin embargo, la última versión del Programa no cumple con los estándares internacionales en la materia al no atender adecuadamente algunos temas clave que mencionamos más abajo. Reconocemos también que el proceso de socialización realizado tuvo en cuenta algunos de nuestros comentarios, como la integración de diferentes actores sociales, la ampliación de los tiempos para recibir comentarios, así como la apertura de un proceso en línea. Al mismo tiempo, consideramos que varios aspectos señalados en numerosas ocasiones no se resolvieron, entre ellos, la necesidad de tener una clara hoja de ruta y que la discusión sobre el contenido del Programa se mantuviera activa en el marco del Grupo Nacional de Trabajo para realizar un proceso transparente y multipartícipe. Respecto al contenido del Programa, las prioridades que hemos definido desde el inicio del proceso y que consideramos que no están atendidas en el documento son: Mejoramiento del acceso a la justicia y a la remediación para las comunidades afectadas por la actividad empresarial. El Pilar 3 de los Principios Rectores claramente establece como fundamental la necesidad de incluir estas herramientas en cualquier Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Específicamente, en materia de acceso a la justicia, el Programa no retoma la recomendación y conclusión del seminario de discusión del Programa, de implementar la reforma a la Ley de Amparo de 2013 mediante la cual se puede señalar a las empresas como autoridad responsable cuando cometan violaciones a los derechos humanos. Resaltar y reconocer la debida diligencia de las empresas para identificar, evitar, mitigar y en su caso remediar daños de forma contundente en el Programa. El texto por ahora tampoco incorpora la necesidad de publicación de las evaluaciones de impacto ambiental y social (que por ley no son públicas), ni el considerar procesos de debida diligencia en toda la cadena de valor, incluyendo beneficiarios reales. No se establecen acciones para asegurar la transparencia en el sector privado ni se reconoce la obligación expresa de las empresas de respetar los derechos humanos. Inclusión en el programa de mecanismos sólidos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y reconocimiento de la figura de los informantes (whistleblowers). No se insta a las empresas a manifestarse pública y contundentemente en contra de los ataques e intimidación a estos actores tal y como recomendó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. El derecho a la seguridad de estos actores y en particular en el contexto de grave crisis de derechos humanos que vive el país, es fundamental para que las empresas respeten los derechos humanos. Reconocimiento de la consulta previa, y procesos de consentimiento libre, previo e informado como derecho, y su resultado como vinculante. El borrador del Programa hasta ahora restringe su aplicación a los pueblos y comunidades indígenas excluyendo a comunidades campesinas y equiparables con problemáticas similares. Además, este derecho no se vincula con la responsabilidad de la debida diligencia de las empresas tal y como recomienda Naciones Unidas. Explícito reconocimiento de la responsabilidad de garantizar los derechos humanos por parte del Estado cuando funge como actor económico. El texto del Programa alcanzado no cuenta con lineamientos fuertes para las empresas de participación o control estatal, ni en los procedimientos de compras públicas, que den el ejemplo para el sector privado, tal y como establecen los Principios Rectores. Por lo anteriormente expresado las organizaciones que integramos el Grupo Focal nos abstenemos de avalar el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos que ha sido desarrollado y cuyo borrador nos fue compartido en días pasados. Dado que la elaboración y publicación de dicho Programa llegará a su fin, mantendremos nuestro compromiso como sociedad civil de vigilar la implementación y evaluación de los temas de Empresas y Derechos Humanos, incluyendo el Programa Nacional, con el objetivo de mejorar las políticas públicas y la rendición de cuentas empresarial en el país. Atentamente, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Oxfam México; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Grupo Focal es acompañado por Brigadas de Paz Internacional (PBI) y por la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente (AIDA).
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