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Brindando apoyo científico a comunidades para frenar los daños de la minería
La minería es una actividad económica que causa daños ambientales profundos. Con frecuencia, las comunidades en donde se realizan proyectos mineros no cuentan con información veraz, completa y objetiva acerca de sus beneficios y perjuicios.
A ello se suma la contaminación y uso excesivo del agua de ríos, lagos y otras fuentes naturales, un riesgo asociado con frecuencia a proyectos mineros cuyos daños no fueron adecuadamente evaluados antes de ser autorizados, entre otras razones porque ese análisis no se basó en la mejor información científica disponible.
Romper con esa brecha de información entre empresas mineras y comunidades afectadas es una necesidad urgente.
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Pilcomayo: El río de los pájaros herido por la minería
By Ariel Pérez Castellón, lawyer AIDA For hundreds of years, the Pilcomayo has been essential to the life of at least twenty indigenous peoples living in the river basin, which covers the territories of Bopvia, Argentina and Paraguay. Among these people are the Guarani, Weenhayek, Toba and Wichi. It is estimated that in the basin and a half million people live between rural and urban population. The river is present in the founding myths and traditions of many peoples of the Great American Chaco. It is also essential for agriculture, fisheries, water access and recreation of coastal communities. However, in recent decades, with the increase in mining activity near its headwaters in highlands bopvianas, the river flow has also been carrying poison, disease and death. Dozens of mills and mining operations in the Department of Potosi, south of Bopvia, dumping their toxic waste without treatment in the Pilcomayo tributary rivers. Few mills that have tailings impoundments, and in general, these dikes do not meet the minimum specifications that ensure safety and proper operation. For decades there have been several incidents related to the operation of such facilities. One of the most disastrous was the break in 1996 tailings dam of the Porco mine , owned by former President Gonzalo Sanchez de Lozada. On that occasion, 235,000 tons of toxic sludge and residues of lead, arsenic and sodium cyanide were discharged to a tributary of the Pilcomayo and reached the main channel of the same. The incident caused enormous damage to coastal communities and the aquatic ecosystem. Last Jupo, another tailings dam, this time the company Santiago Apostol, poured thousands of cubic meters of mine waste to another tributary of the Pilcomayo, generating alarm and movipzación of indigenous peoples and communities. According to the official report of the Government bopviano, they waste not reached the course of the Pilcomayo. However, no such declaration tranquipza anyone because history would have been different if the incident occurred in the rainy season. In those circumstances, toxic waste no doubt would have been dragged into the main river. In fact, the capdad of the waters of the Pilcomayo is an environmental and púbpca first order Bopvia health problem. Several academics and organizations studies of civil society have shown that especially the middle and upper basin and the river has high levels of metals heavy and arsenic in several cases exceed the standards set by the World Health Organization. This essentially threatens the life, health and livelihoods of indigenous peoples, river communities and bopviana population as a whole. Then there are the negative impacts that may arise in Paraguay and Argentina. Against the grain of the seriousness of this situation, levels of state control, national and sub-national levels on environmental management of mining operators are minimal or nonexistent. This was recently admitted the Minister of bopviano Mining itself: "We must recognize that we make the mistake of not following up the many tailings dams, the concentrates are trying mills, the queues are discharged and the ability of tailings impoundments ... ". Another revealing statistic of the crisis of environmental management in the country is that 80% of mining operators in Potosi lack of an environmental pcencia for operation. Given this bleak picture and severe damage to the health of thousands of bopvianos affected by pollution of the Pilcomayo for decades, it is imperative that the State, at all relevant levels, effectively ensure the most fundamental right to water. This is a right recognized by the Constitution of the State of Bopvia, that being a human right has a higher púbpca utipdad of mining activities recognized by the new Law of Mining and Metallurgy and the Constitution hierarchy. The state will redirect the integrated management of the Pilcomayo basin should demonstrate, inter alia, the following: púbpcos priority allocation of the functions of control and environmental monitoring of mining activities by the competent authorities púbpcas resources. Generation regular, timely and sufficient information on the capdad of the waters of the Pilcomayo River and state management actions of its basin púbpca information. Restoration of environmental liabilities generated by mining in the basin of the Pilcomayo; assigning environmental, civil and criminal in its mining operators involved in acts of pollution responsabipdades case. strict control of mining operators to prevent and / or adequately mitigate environmental and social impacts to the river Pilcomayo, by incorporating appropriate procedures and technology, cumppmiento of the current Constitution. Pilcomayo word comes from the Quechua words phisqu (bird) and mayu (river). It is the river of birds. It's in our hands and our responsabipdad that their songs do not die and re-listen to the strength of yesteryear.
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Minería y derechos humanos en Colombia
Como lo anotó recientemente Manuel Rodríguez Becerra, somos muchos los que esperamos que el estudio Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista, promovido por la Contraloría General de la República, “sea punto de partida de un debate profundo y transparente que sirva para reorientar la política minera” del país. Una de las virtudes del estudio es la utilización de un sofisticado marco teórico que ubica a la minería en el contexto de la globalización contemporánea y por el que se concluye que la política minero-energética colombiana encaja en el modelo del extractivismo extremo. Dicho modelo se manifiesta en los diferentes conflictos sociales y ambientales que vive el país. Según el estudio, se trata de un proyecto económico que aplica políticas que profundizan la apertura a los capitales nacionales y extranjeros para la explotación del subsuelo; cuestión ya preocupante si se considera la debilidad del régimen regulatorio, de la institucionalidad pública y del sistema tributario en el país. Pero además es un proyecto político que ha profundizado la violencia, el desplazamiento forzado de comunidades rurales, el resurgimiento de bandas emergentes del paramilitarismo, y que ha derivado en que casi el 20% del territorio continental de Colombia esté sujeto a la solicitud y aprobación de licencias mineras. En Colombia, los impactos de los proyectos minero-energéticos están relacionados con la generación de conflictos y con la exacerbación de los ya existentes. Aquellos en los que se hace visible la tensión entre derechos inpiduales y colectivos ocupan un lugar preponderante en el estudio de la Contraloría, y algunas de sus dimensiones resultan clave en la relación minería-derechos humanos. Una primera muestra de esa tensión es que mientras la población campesina no tiene derecho formal de propiedad en cerca del 40% de la tierra que habita; poderosos capitales nacionales y extranjeros titulan bienes agrícolas y recursos naturales, logran el licenciamiento extensivo del subsuelo para la explotación de recursos naturales no renovables, e implantan modalidades para la mercantilización del uso de la tierra como el derecho real de superficie (DRS). Asimismo, el grave impacto que causan las actividades mineras legales e ilegales contradice el modelo de desarrollo sostenible adoptado en la Constitución Política de 1991. La tensión se traduce también en la pérdida de vigencia de derechos fundamentales relacionados con el derecho a disfrutar de una vida digna. El estudio menciona finalmente el nexo entre la presencia minera en los territorios en conflicto y violaciones a los derechos humanos. Teniendo en cuenta la complejidad de la dinámica minería-derechos humanos, la investigación apunta a la necesidad de considerar a la primera como un macro-sistema y no como un mero sector inpidual. Desde ese punto de vista, sus conclusiones son tajantes. De un lado, señala, la minería a gran escala es un factor constitutivo del conflicto armado y una de las principales causas del desplazamiento forzado. Por tanto, es un componente central para superar el Estado de Cosas Inconstitucional, declarado por la Corte Constitucional ante la vulneración sistemática de derechos fundamentales provocada por el delito de desplazamiento forzado, con documentación de casos en los que se ha puesto en evidencia la relación funcional entre la minería y el actuar macro-criminal (Sentencia T-025 de 2004 y Autos de seguimiento). Así, es inconsistente que se siga presentando a la minería como un sector de utilidad pública cuando está claro que sectores como la agricultura tienen una jerarquía constitucional superior por su importancia para garantizar la seguridad alimentaria y la provisión de tierra a la gran mayoría de la población rural del país. De otra parte, en términos de economía política, la globalización contemporánea ha producido una suerte de "plusvalía ecológica y cultural". La primera acumula materiales contaminantes sobrantes de los procesos extractivos en los países periféricos y consume productos “limpios” en los centrales. La segunda impone los valores “humanos” del modelo de desarrollo extractivista, negando así modelos de desarrollo sostenible como los de las comunidades étnicas y los sectores campesinos. Como bien lo anota la profesora Astrid Ulloa en su libro Perspectivas Culturales del Clima, los escenarios de transnacionalización de la naturaleza han supuesto cambios radicales en la economía del país. En los 80, el filósofo francés Michel Foucault develó con el concepto de "gubernamentalidad" las complejas redes de poder en las que el sujeto es construido y controlado y en las que se autoconstruye y autocontrola. En la globalización contemporánea, señala Ulloa, es preciso descubrir las complejas redes de poder que construyen y controlan la naturaleza. En el caso de la política minero-energética de Colombia, esta "ecogubernamentalidad" tendrá que centrarse en al menos cuatro puntos: la pérdida del control territorial de los sectores rurales por las presiones de las bandas emergentes del paramilitarismo, las guerrillas y el propio Estado; la cosificación de la naturaleza y el mercado emergente de los servicios ambientales (sumideros de carbono y proyectos de reforestación); la agenda de una geopolítica del conocimiento que defiende modelos de desarrollo extractivistas; y la construcción de un territorio global que desconoce las prácticas concretas de los territorios locales. En buena hora el estudio de la Contraloría pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno colombiano proponga un modelo de desarrollo que respete sus compromisos nacionales e internacionales de protección ambiental derivados de la Constitución Política (Artículos 8º, 58º, 79º, 80º, 333 y 334º) y de los tratados internacionales ratificados por el país (como los Convenios 169 de la OIT, de persidad Biológica y de Humedales de Importancia Internacional Ramsar, y la Convención de Cambio Climático). De lo contrario, como lo demuestra la investigación, la violación a los derechos humanos y la exclusión social será cada vez más profunda en las poblaciones próximas a las áreas de explotación minera.
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Declaración Colectiva al Gobierno de Colombia en relación con la caída de la Ley 1382 de 2010 que reformó el Código de Minas
Las organizaciones y personas firmantes de la Declaración presentamos al Gobierno de Colombia nuestras preocupaciones por las implicaciones de la caída del Código de Minas vigente hasta el 11 de mayo pasado (Ley 1382 de 2010) y la consecuente regresión al Código de Minas anterior (Ley 685 de 2001), particularmente por las graves consecuencias para el medio ambiente en el país (detalladas en el documento). Para prevenir esos impactos pedimos que se tomen las siguientes medidas: Presentar en el menor tiempo posible un proyecto de Código de Minas que supere las deficiencias de la normatividad minera y que armonice esta legislación con los deberes de protección del agua y la biodiversidad; garantizando previamente el derecho a la consulta previa, libre e informada de los grupos étnicos. Mantener la moratoria de títulos mineros hasta tanto no se presente y apruebe un nuevo Código de Minas. Decretar una moratoria de licencias ambientales de manera inmediata con el objetivo de evitar la eliminación de las cláusulas de protección ambiental.
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