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Jbdodane / FlickrBrindando apoyo científico a comunidades para frenar los daños de la minería
La minería es una actividad económica que causa daños ambientales profundos. Con frecuencia, las comunidades en donde se realizan proyectos mineros no cuentan con información veraz, completa y objetiva acerca de sus beneficios y perjuicios.
A ello se suma la contaminación y uso excesivo del agua de ríos, lagos y otras fuentes naturales, un riesgo asociado con frecuencia a proyectos mineros cuyos daños no fueron adecuadamente evaluados antes de ser autorizados, entre otras razones porque ese análisis no se basó en la mejor información científica disponible.
Romper con esa brecha de información entre empresas mineras y comunidades afectadas es una necesidad urgente.
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La ciencia como derecho humano y herramienta de justicia ambiental
Por María Fernanda Ordoñez y Andrés Ángel Según la Enciclopedia Británica, la ciencia es todo sistema de conocimientos que estudia el mundo físico y sus fenómenos, implicando observaciones imparciales y experimentación sistemática. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define ciencia como la herramienta creada por el ser humano para comprender el mundo que le rodea, siendo el acceso a ella fundamental para la toma de decisiones personales, profesionales y políticas. Si es una herramienta tan importante, ¿por qué no está al alcance de todos y todas? Queda mucho camino por recorrer en el reconocimiento mundial del derecho humano a la ciencia. Además, los avances alcanzados al momento no son del todo conocidos. El denominado derecho a la ciencia tiene sus antecedentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 27 establece “toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. También está contemplado en la Carta de la OEA (artículo 38) y en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —que entró en vigor en 1976— reconoce en su artículo 15 el derecho de toda persona a “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”. Justamente para generar mayor conciencia en la opinión pública sobre el uso responsable de la ciencia para el beneficio de las sociedades es que cada 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Grandes brechas Si bien el derecho a la ciencia es promovido por diversas organizaciones científicas de talla mundial como la American Association for the Advancement of Science (AAAS), su aplicación aún es relativamente discreta. Esto puede deberse en parte al desconocimiento y a las dificultades económicas en algunos países. En América Latina y el Caribe, las brechas socioeconómicas, raciales y de género son los grandes obstáculos para la universalización del derecho a la ciencia, íntimamente ligado a otros derechos, como el derecho a la educación. Según el informe de seguimiento de la educación en el mundo 2017-2018 de la Unesco, el 52% y el 36% de niños, niñas y adolescentes en la región no alcanzan niveles mínimos de matemáticas y lectura, respectivamente. Además, la tasa de jóvenes fuera de la escuela en edad escolar de secundaria llegó a 15,3% en 2015. Un indicador más diciente es el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a educación pública, el cual se ubica en promedio en 5,0%. En cuanto al porcentaje del PIB destinado a investigación y desarrollo, datos del Banco Mundial dan cuenta que los países que destinaron más recursos a este propósito en 2017 fueron Brasil (1,26%) y Argentina (0,54%), seguidos por Cuba (0,43%) y Costa Rica (0,42%). Y las cifras más bajas se registraron en Guatemala (0,03%), Honduras (0,04%) y Perú (0,12%). Estas cifras demuestran que existen retos profundos que enfrentar para crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho a la ciencia. La ciencia al servicio de la justicia ambiental Los avances científicos permiten encontrar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrentamos en nuestro camino hacia un futuro más justo y sostenible. En temas ambientales, la mayoría de las comunidades de la región no tiene acceso a herramientas básicas ni cuentan con entrenamiento para desarrollar programas de monitoreo independiente de parámetros ambientales, como la calidad del aire o del agua. Así, ante propuestas de grandes proyectos mineros, petroleros, agroindustriales o de otro tipo, se produce una asimetría muy pronunciada que pone a las comunidades en grave desventaja en el contexto de los conflictos socioecológicos que se puedan generar. Sin embargo, es alentador saber de comunidades empoderadas que han decidido implementar programas de monitoreo comunitario de calidad de agua, iniciativas de epidemiología popular y muchas otras que vale la pena destacar y promocionar. Existe esperanza además porque los datos de la Unesco reflejan también un avance significativo de la tasa bruta de matriculación en la educación superior entre 2000 y 2015, que pasó de 22% a 46%. Asimismo, muchas organizaciones de la sociedad civil están apoyando el reconocimiento del derecho a la ciencia en la región. En AIDA, el conocimiento científico es empleado para fortalecer nuestras estrategias legales para proteger a las personas y entornos de la región. En octubre de 2019, participamos en la Conferencia sobre Ciencia, Tecnología y Derechos Humanos organizada por la AAAS. Allí explicamos el nexo entre ciencia y defensa de los derechos humanos y cómo lo aplicamos en nuestro trabajo. Dos meses antes, en agosto, la UNESCO organizó un taller en Argentina, el primero desarrollado por ese organismo en América Latina, para discutir el desarrollo e implicaciones del derecho a la ciencia, definiéndolo como uno de los ejes principales de su trabajo en la región. Aunque lentamente, estamos avanzando en el reconocimiento y promoción de tan importante derecho, lo que nos llena de esperanza. Evidentemente, queda mucho por hacer. Fortalecer el derecho a la ciencia en América Latina es vital para promover sociedades más justas y sostenibles, donde las brechas socioeconómicas, raciales y de género no sean impedimento para acceder a la información como bien común. Es indispensable involucrar a personas capacitadas y comprometidas con la investigación y con la sociedad en proyectos, organizaciones y entidades que promueven la justicia social y ambiental. Además, el apoyo de los y las profesionales científicos es fundamental en los procesos de transferencia de conocimiento entre países y regiones y es indispensable para la elaboración de políticas públicas efectivas y eficientes. Finalmente, cabe señalar que la ciencia no sólo debe contribuir a superar las asimetrías de información entre actores de la sociedad, sino que debe practicarse y desarrollarse en un marco de respeto a los derechos de la naturaleza y a los derechos humanos. Desde AIDA continuaremos promoviendo el derecho a la ciencia, construyendo capacidades nuevas y fortaleciendo las existentes, tanto de nuestros socios como de las comunidades que apoyamos.
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Impactos a perpetuidad. El legado de la minería
A pesar de que la minería a gran escala tiene el potencial de contaminar el agua de una cuenca por siglos, incluso, por milenios, la mayoría de países de América Latina carece del concepto de impactos a perpetuidad. La mitigación de este tipo de impactos cuesta miles de millones de dólares al año en países como Estados Unidos y, en ellos, los pasivos son frecuentemente asumidos por el Estado. En nuestra región, existen proyectos de estas características y no se cuenta con las herramientas para gestionar dichos impactos o evitarlos. El concepto "impacto a perpetuidad" (perpetual impact) se utiliza ampliamente tanto en normativa como en literatura cientiífica y de políticas públicas de varios países para describir daños ambientales que tienen dos características esenciales: persistencia indefinida (más allá del largo plazo) e incertidumbre irresoluble, que, a su vez, derivan en desafíos institucionales insalvables. Este tipo de impactos tiene consecuencias ambientales y económicas gravísimas que se omiten en las evaluaciones de impacto ambiental. Este documento, dirigido a la ciudadanía, a organizaciones de la sociedad civil, academia y tomadores de decisiones, pretende introducir el concepto y sus características, brindar ejemplos de afectaciones y estrategias alrededor del mundo y presentar propuestas para su urgente inclusión en la normativa, en las políticas públicas y en las decisiones económicas y políticas. El primer capítulo ofrece un marco conceptual de trabajo para tratar los impactos a perpetuidad, provee ejemplos de los que genera la minería (destrucción del paisaje y de elementos naturales y disminución de la calidad de agua) y brinda criterios para reconocerlos y diferenciarlos de otros tipos de impactos. Posteriormente, se describen algunos casos relevantes de minería en los que se han generado impactos a perpetuidad. Luego, se hacen síntesis de los marcos regulatorios de algunos países de América en materia de impactos mineros y se lleva a cabo un análisis sobre el estado de preparación de cada uno de los países mencionados en el tema de impactos a perpetuidad. Finalmente, y sobre la base de lo anterior, se desarrollan algunas propuestas, diseñadas con el objetivo de evitar esta clase de impactos y algunas conclusiones. Descarga el informe
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Aprendiendo de Mendoza, Argentina: “El agua no se negocia”
A finales del año pasado, los ciudadanos de Mendoza, Argentina, fueron protagonistas de una de las manifestaciones sociales más relevantes de la provincia. El objetivo era contundente: la defensa del agua. Personas de todas las edades, miembros de ONG, asambleas ambientalistas y movimientos antimineros, científicos y académicos salieron a las calles exigiendo al gobierno local dar marcha atrás a la modificación de la Ley 7722, conocida como “la guardiana del agua” o “ley del pueblo”. Es una norma fundamental para la protección del agua en Mendoza porque prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias químicas tóxicas en las actividades mineras, las cuales contaminan gravemente ríos, lagos y otras fuentes naturales de agua. Promulgada el 21 de junio de 2007, esta ley es resultado de una larga lucha por parte de la sociedad civil. Un retroceso en la protección ambiental El gobierno pretendía modificar la Ley 7722 con otra norma, la Ley 9209, que permitía “el uso de sustancias químicas [entre ellas el cianuro], mezclas o disoluciones de ellas, que aseguren la sostenibilidad del proyecto [minero]”. La justificación para eliminar la prohibición del uso de cianuro y otros elementos tóxicos era “garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico y asegurar el cumplimiento de la actividad minera”. El uso de cianuro en la minería legal es cada vez es menos frecuente debido a los riesgos que implica su fabricación, transporte y uso. Los compuestos de cianuro suelen ser altamente tóxicos en su forma gaseosa o disueltos en agua. Teniendo en cuenta que el límite de cianuro en agua potable para consumo humano seguro es cuatro gotas por litro, las concentraciones usadas en minería presentan riesgos bastante altos. Además, existe abundante evidencia de derrames y pérdidas de cianuro en instalaciones mineras durante su transporte y de múltiples casos de muerte masiva de fauna en instalaciones mineras, particularmente de aves migratorias. Por si fuera poco, la modificación legislativa buscaba flexibilizar los procedimientos de control y vigilancia ambientales pues establecía que ya no era obligatorio que la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto minero fuera ratificada por ley, bastando únicamente la firma de un funcionario de la Secretaría de Ambiente de la provincia para autorizar el proyecto. Ello atentaba contra la efectividad de la Ley 7722. Estos cambios promovidos por el gobierno de Mendoza vulneraban los principios de protección ambiental del país, entre ellos el de sustentabilidad, contenidos en la Constitución y otras normas de carácter nacional que las provincias están obligadas a cumplir y enriquecer. Por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. La respuesta ciudadana La movilización en contra de esta modificación, que pretendía dar vía libre al uso de sustancias de altísimo impacto ambiental, superó cualquier precedente y se convirtió en un ejemplo para toda la región al lograr revertir una iniciativa ya aprobada por los legisladores de Mendoza. La desaprobación social de la nueva ley se multiplicó. Bajo los lemas "el agua no se negocia” y “el agua vale más que el oro”, la sociedad organizada de Mendoza expresó su rechazo. Las manifestaciones populares, las más grandes de la historia de Mendoza, comenzaron el 22 de diciembre. Al día siguiente, 50 mil personas se reunieron al frente de la Casa de Gobierno Provincial tras un recorrido de más de 100 kilómetros iniciado en la población de San Carlos, en el Valle de Uco, y que pasó por los pueblos aledaños. Las personas movilizadas tenían la misma reivindicación: La Ley 7722 no se toca. Pese al evidente rechazo popular, el Gobernador de Mendoza promulgó la reforma. Miles de vecinos autoconvocados se concentraron en el kilómetro cero —entre las calles San Martín y Garibaldi— de la capital provincial para exigir la derogación de la norma. El 26 de diciembre, ante la constante y creciente presión social, el Gobernador anunció que no reglamentaría la nueva ley. Esa medida paliativa no convenció y las movilizaciones se intensificaron. El Gobernador decidió entonces dar marcha atrás a la modificación de la Ley 7722 y el viernes 27 anunció que iba a enviar un proyecto de ley para derogarla, lo que finalmente ocurrió el lunes 30. El caso de Mendoza deja una lección valiosa a todos los países América Latina: Cuando la ciudadanía conoce y toma conciencia de la importancia de la naturaleza y de la magnitud de los peligros que enfrenta, es muy difícil doblegarla. Los conflictos socioambientales no solo responden a quiénes detenten el control de los recursos naturales, sino también a las consideraciones de afectaciones en un entramado social bastamente complejo. Para los seres humanos y no humanos, la naturaleza es parte constitutiva de nuestra identidad, cultura y costumbres. Somos parte de ella y ella de nosotros. Es una red viva e interconectada. Por ello debemos ser sus principales defensores. La actualización pronta y necesaria del concepto de “desarrollo sustentable” es uno de los desafíos del Derecho Ambiental en el siglo XXI. No podemos concebir un desarrollo que atente contra la naturaleza e ignore los derechos humanos. Conoce más sobre el uso de cianuro en la minería.
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