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Amazon Watch / Maíra Irigaray
Buscando reparación por los daños de la represa Belo Monte en la Amazonía
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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¿Crecer a costa de la Amazonía?
(Columna publicada originalmente en Animal Político) La extensión de la Amazonia brasileña es de 5,5 millones de km2, de los cuales 44 % están protegidos legalmente. Durante la última semana, la atención del mundo se enfocó en una zona específica: la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), un área de aproximadamente 47 mil km2. La razón fue el decreto emitido el 23 de agosto pasado por el presidente brasileño Michel Temer, que abrió las puertas de la reserva para la explotación de oro, manganas, cobre, hierro y otros. Según el gobierno, la medida ayudaría a revitalizar la minería brasileña, que el año pasado representó 4 % del PIB de Brasil. Algunos días después, luego de críticas de celebridades y del movimiento ambientalista nacional e internacional, el presidente Michel Temer revocó el decreto y publicó otro con prácticamente el mismo contenido. Sin embargo, el 30 de agosto, el juez federal Rolando Valcir Spanhol anuló el decreto de Temer, considerando que hubo una violación constitucional al proceso legislativo de Brasil. Asimismo, consideró que cualquier decreto futuro que facilite la exploración de la reserva sería considerado automáticamente suspendido. La decisión del juez trae consigo una fuerte carga de democracia, la que actualmente se encuentra debilitada en varios países de América Latina. Pone un límite a la actuación de los presidentes y establece el precedente de que asuntos jurídico ambientales no pueden ser tratados con acciones políticas. Es decir, un tema de esa naturaleza debe ser ampliamente discutido nacionalmente, debe respetarse las normas nacionales e internacionales en la materia; se debe garantizar la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y otras comunidades tradicionales, y sobre todo garantizar la soberanía ciudadana. Pero, en lugar de discutir el tema con la población brasileña, Temer prefirió hacerlo con empresas de minería canadienses. Según medios nacionales y extranjeros, en marzo de este año el Ministro de Minas y Energía habría anunciado en Toronto, Canadá, la extinción de la Renca y la posibilidad de subastas para la exploración minera allí. Esto representa una fuerte evidencia de cómo el Estado está capturado por empresas, poniendo nuestras vidas y recursos naturales versus por debajo de intereses corporativos. Es importante mencionar que está ampliamente documentado que empresas mineras canadienses han sido responsables por proyectos que han generado en América Latina impactos ambientales, impactos en la salud, desplazamiento forzado, división de comunidades, criminalización de defensoras(es) de la tierra, el territorio y el ambiente, entre otros. El tema de la minería en la Amazonia brasileña es particularmente preocupante por dos razones. La primera es que los proyectos a gran escala ubicados allí no han contribuido al desarrollo, pero sí han generado impactos ambientales y en derechos humanos. La represa Belo Monte, ubicada también en el estado de Pará (como la Renca), es el ejemplo más emblemático de cómo un megaproyecto contribuyó a la deforestación, la disminución drástica del caudal del río Xingú, la muerte de peces, la desaparición de especies, el quiebre de tejidos sociales, la división de comunidades, el incremento de la violencia, la prostitución infantil, etc. Solo el Ministerio Público Federal ha interpuesto un total de 27 acciones civiles públicas, entre ellas una que alega que hubo un etnocidio de los pueblos indígenas de la Volta Grande del río Xingú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus manos una petición sobre el tema y reconoce, desde el año 2011, que hay una situación de gravedad y urgencia para las comunidades indígenas aledañas a la construcción de la hidroeléctrica. La segunda razón es que el estado de Pará ha sido considerado uno de los estados más violentos de Brasil. Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, Pará concentra 30% de las muertes relacionadas con conflictos agrarios en Brasil. En mayo de este año, por ejemplo, el estado fue escenario de la Chacina de Pau Darco (matanza en la ciudad de Pau D’arco), en la cual más de 10 personas murieron durante una incursión policial en una hacienda en una zona rural del país. No hay duda de que la instalación de un proyecto minero en la Renca implicaría un incremento de los conflictos en Pará. Finalmente —pese a que seguramente existen muchas razones más—, la ruptura de un dique de relaves mineros, desastre ambiental ocurrido en el municipio de Mariana en 2015, fue clave para saber que Brasil no está listo para lidiar con los riesgos de la minería. El hecho causó la muerte del río Doce, contaminación de otras fuentes de agua, proliferación de enfermedades, pérdida de fauna y flora, etc. El Estado no ha tenido la capacidad de reparar y compensar a las víctimas. Y, casi dos años después, todavía hay presencia de desechos tóxicos en la zona. En suma, es importante que Brasil repiense su modelo de crecimiento y desarrollo: megaproyectos en la Amazonía han representado un retroceso en términos ambientales y sociales, de derechos humanos , pero no en materia de desarrollo. La verdad es evidente y obvia: si Brasil efectivamente quiere crecer, la mejor manera de hacerlo es protegiendo la Amazonía y sus pueblos.
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Belo Monte: La esperanza persiste pese a la promesa fallida de desarrollo
La hidroeléctrica Belo Monte fue prometida por sus promotores como una posibilidad de desarrollo para Brasil y en particular para Altamira, la ciudad más cercana a la represa. Hace poco visité esa urbe y me queda claro que seis años después del inicio de su construcción y aproximadamente un año luego de que comenzara a operar, Belo Monte no contribuye al desarrollo sostenible. Una evidencia de ello es que, en junio pasado, Altamira fue clasificada como la ciudad más peligrosa de Brasil en un estudio elaborado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada de ese país. Según el estudio, el crecimiento rápido y desordenado ocurrido en Altamira en los últimos seis años ha tenido serias implicaciones en la cantidad de crímenes cometidos en la ciudad. El 2000, de acuerdo con datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, Altamira tenía poco más de 77 mil habitantes. Sin embargo, debido a la construcción de la hidroeléctrica, la cifra se disparó a 110 mil el año pasado. El resultado: Altamira registró la mayor tasa de homicidios del país en 2015 con 105,2 casos por cada 100 mil personas. Los números se enmarcan en un contexto muy preocupante, recogido este mes por Global Witness, cuyo informe reciente ubica a Brasil como el país con el mayor número absoluto de muertes, debido especialmente al trabajo de quienes dan sus vidas por defender la Amazonía, pues 16 de las 49 muertes ocurridas en 2016 están relacionadas con la protección del ecosistema amazónico. Condiciones insalubres Además de la violencia generalizada, la otra gran preocupación en Altamira es el saneamiento básico, el cual tiene que ver con fuentes y sistemas de abastecimiento de agua, así como con el manejo sanitario de residuos. Imagínate que durante los últimos seis años, cuando la dinámica urbana y social de la ciudad fue alterada totalmente debido a la represa, no se construyó un sistema de saneamiento básico adecuado. Así ocurrió pese a que era una condición para la construcción y operación de la represa. Pero lo único construido fue la gigantesca infraestructura hidroeléctrica. En abril de este año, un tribunal de Brasil ordenó la suspensión judicial de las operaciones Belo Monte hasta que exista una implementación adecuada del saneamiento básico en los barrios de reasentamiento urbano colectivo de Altamira. Pero la empresa a cargo de la represa se ha negado a cumplir con la sentencia, argumentando que tiene el permiso para operar. Eso demuestra la incapacidad del gobierno de evitar los abusos de la empresa. En Altamira los alcantarillados están tapados. Hay agua sucia, bichos y basura en las casas de los reubicados por la represa de #BeloMonte pic.twitter.com/5kkyNkfAM1 — Rodrigo Costa Sales (@rodrigojcsales) 13 de junio de 2017 Inversión cuestionable El escenario en torno a Belo Monte se agrava porque la empresa estatal china Grid Brazil Holding ganó la subasta para hacerse cargo del segundo sistema de transmisión de la energía a ser generada por la hidroeléctrica. La empresa ofreció 988 millones de reales (aproximadamente 300 millones de dólares), lo que me hace cuestionar las afirmaciones previas del Gobierno brasileño sobre el hecho de que la energía hidroeléctrica es barata, además de limpia. La inversión china preocupa porque la empresa ya ha sido multada varias veces por el incumplimiento de los plazos relacionados con el primer sistema de transmisión de energía. Peor aún, China no es reconocida internacionalmente por proteger los derechos humanos y el ambiente, razón por la cual la situación en Altamira puede complicarse aún más. La esperanza continúa Pese al panorama desalentador, la población urbana, así como las comunidades indígenas y ribereñas, todavía tienen esperanza de que Altamira sea una ciudad tranquila y linda otra vez. Escuché en muchos el deseo de volver a vivir los tiempos en los que se sentaban en sillas para conversar en la calle y se bañaban en las aguas del río Xingú; los tiempos de pescas colectivas y fiestas en el parque. Ello me muestra que no hay que tener miedo ni perder la esperanza. Hay muchas personas que creen en mi trabajo como defensor de la Amazonía. Por ellos seguiré trabajando para que instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual AIDA presentó el caso, considere que Brasil violó derechos humanos en razón de la construcción y operación de la represa Belo Monte. Continuaré buscando que las personas afectadas obtengan justicia y reparación.
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Belo Monte debe cumplir con condiciones antes de seguir operando
Un tribunal federal de Brasil suspendió la licencia de operación de la represa Belo Monte debido a que Norte Energía, empresa a cargo del proyecto, no ha completado los trabajos de saneamiento básico en la ciudad de Altamira, directamente afectada por la hidroeléctrica. La decisión del tribunal responde a un recurso legal presentado por el Ministerio Público Federal. Las obras de saneamiento eran una condición para la licencia otorgada por el Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) y debían completarse antes del llenado del embalse de la represa, lo que no ocurrió. "Esta es la primera vez que un tribunal federal suspende un recurso de suspensão de segurança respecto a Belo Monte; ese recurso garantizaba el funcionamiento de la hidroeléctrica aunque la empresa no hubiera completado las condicionantes de la licencia. En la práctica, la decisión significa que las operaciones de la represa deben parar inmediatamente, aunque la construcción de obras pendientes pueda continuar”, explicó Marcella Ribeiro, abogada de AIDA. “Más allá de una cuestión relacionada a la falta de saneamiento básico, este fallo representa un paso fundamental para que la empresa a cargo del proyecto cumpla adecuadamente con las condiciones para operar, las cuales favorecen a la población afectada. Esperamos que la justicia brasileña continúe garantizando la protección de los derechos de las comunidades afectadas por la represa frente al interés corporativo”.
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