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Foto: Anna Laurie Miller / AIDAConservando la Ciénaga Grande de Santa Marta
Con sus 45,000 hectáreas, la Ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande y productiva de Colombia. Allí el río Magdalena y el mar Caribe se funden. El sitio alberga una gran variedad de fauna —mamíferos, aves y peces— y flora. En su extremo sur posee un bello santuario compuesto por manglares, pantanos y bosques anfibios.
Construidas sobre las aguas tranquilas de la ciénaga y apoyadas en pilares o simples estacas de madera, están las casas de sus famosos pueblos palafíticos, habitados por pescadores desde 1800. Los más de 2,500 pobladores del lugar han visto morir los peces a causa de la degradación de la ciénaga y, al vivir en un sitio al que solo se accede por el agua, tienen pocas oportunidades laborales además de la pesca. Lo que muchos de nosotros damos por sentado, para ellos es un lujo: servir un vaso con agua o llegar a un médico en 20 o 30 minutos.
Pese a su relevancia ecológica, la Ciénaga Grande sufre actualmente un deterioro ambiental grave a causa de actividades humanas. A comienzos de diciembre de 2014, autoridades colombianas dieron cuenta, mediante fotos áreas, de las actividades ilegales que están destruyendo el lugar: incendios forestales provocados, deforestación de grandes extensiones de terreno para la agricultura y la ganadería, tala y quema de mangle, y 27 kilómetros de diques construidos ilegalmente.
El impacto de la destrucción es global ya que los manglares de la ciénaga capturan grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, apoyando la lucha mundial contra el cambio climático.
El complejo lagunar de la ciénaga fue declarado Reserva del Hombre y la Biosfera por la Unesco. Y el Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta es Parque Nacional y Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de ese tipo de ecosistemas.
AIDA y sus socios abogan para que el Gobierno colombiano cumpla sus obligaciones nacionales e internacionales de proteger la Ciénaga Grande. Después de todo, una gran variedad de flora y fauna, las comunidades locales y el clima mundial dependen de ello.
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SEMARNAT autoriza mina que pone en grave riesgo de contaminación a la Sierra La Laguna y a las comunidades aledañas
La autoridad ambiental aprobó el proyecto Los Cardones, una mina de oro a cielo abierto que amenaza seriamente con llenar de químicos tóxicos el agua que consumen las personas y la vida silvestre de la zona. Baja California Sur, México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aprobó la construcción de la mina de oro a cielo abierto Los Cardones en el área natural protegida (ANP) Sierra La Laguna. El proyecto incumple la legislación vigente sobre protección del ambiente y de la salud humana debido a que pone en grave riesgo de contaminación tóxica a la zona y a las comunidades aledañas. La empresa a cargo del proyecto busca desarrollar Los Cardones en parte del ANP para explotar oro de la cadena montañosa. Para lograrlo, pretende extraer grandes cantidades de roca hasta convertirlas en polvo, aunque cada tonelada de roca contiene solo un gramo de oro. La mezcla de lodo resultante será tratada luego con cianuro. El proceso implica la producción de enormes volúmenes de residuos tóxicos en el lugar. La mina plantea otro riesgo denominado drenaje ácido, el cual consiste en la filtración de metales tóxicos a la cuenca hídrica de la zona. “Cientos de miles de personas e incontable vida silvestre dependen del agua de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna para su supervivencia”, advirtió Haydée Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). El decreto que declara ANP al sitio prohíbe verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósito de agua, y desarrollar actividades contaminantes. Aun así, “el proyecto pretende abandonar para siempre casi 180,000 millones de kg de material potencialmente tóxico, y más de 56,000 millones de kg de jales altamente tóxicos en un dique de piedra y tierra, recubierto solo con un plástico, ubicado sobre la cabecera de la cuenca de El Carrizal, acuífero que abastece a la ciudad de La Paz”, señaló Irina Trasviña, vocera del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en BCS. El agua en la Sierra La Laguna, parte de la red mundial de reservas protegidas por la UNESCO, es de por sí escasa. En general las minas emplean ingentes cantidades de agua y Los Cardones no es la excepción. Por ello la empresa plantea extraer y desalar agua de la costa del Pacífico en una planta que consumirá mucha energía y pondrá en riesgo a la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), especie en peligro de extinción. Pero la desaladora solo es una pantalla para esconder sus verdaderas intenciones, ya que la Ley Minera le autoriza a usar de manera gratuita toda el agua que surja del enorme cráter. La desaladora también afectará al acuífero y a sus usuarios porque la empresa no planea hacer una toma directa de agua de mar, sino pozos playeros. De ese modo, succionarían una enorme cantidad de agua dulce mezclada con agua de mar, según un estudio elaborado por expertos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). "México está pasando por alto sus obligaciones nacionales e internacionales de proteger la Sierra La Laguna. Con diferentes nombres, ésta es la cuarta vez que se propone este proyecto minero. Su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aún es incompleta pues no detalla cómo se manejará el drenaje ácido y otros posibles problemas que atentan contra el ambiente y las personas", añadió Rodríguez. Legisladores, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionales, empresarios, científicos y representantes de diversos sectores locales se han opuesto al proyecto Los Cardones. A ellos se suman los más de 4,000 ciudadanos que solicitaron a SEMARNAT una reunión pública de información sobre el proyecto para expresar su rechazo al mismo, así como las más de 60,000 firmas pidiendo la cancelación de éste y otros mega proyectos mineros.
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Desmantelando el mito de las grandes represas
En nuestro planeta, menos del 2.5% del agua es dulce. De ella, menos de un tercio se encuentra en estado líquido y de ese porcentaje, menos del 1.7% fluye por ríos. Según la Comisión Mundial de Represas (CMR), al año 2000 se habían construido más de 45,000 represas, interrumpiendo más del 60% de los ríos del mundo. Las represas son barreras artificiales edificadas para detener o regular el curso de un río, produciendo un embalse de agua. Antes se construían también para riego o control de inundaciones, pero hoy, en su mayoría, para generar electricidad. La energía hidroeléctrica generada por las represas es barata, pues una vez construida la obra el agua funciona como recurso inagotable que se renueva gratuita y constantemente. Además, es considerada “no contaminante” porque no requiere la quema de combustibles ni la adición de elementos externos al agua. Por ello se han construido tantas represas en muy poco tiempo. En los años 70, cuando se alcanzó un pico en la tendencia, se inauguraban en promedio de dos a tres grandes represas por día en alguna parte del mundo. Pero las centrales hidroeléctricas sí producen impactos ambientales y sociales que no por ser menos conocidos resultan menos nocivos. El peligro está en la falsa creencia de que son una opción verde. Nuestro desafío es informar al público lo que está en juego cuando se detiene el flujo de un río, tal vez para siempre. Impactos de las grandes represas Entre los impactos socio-ambientales más notorios de las grandes represas están el desplazamiento forzado, el empobrecimiento y la pérdida de formas de vida que afectan a las personas. Estas obras también dejan su huella en el ambiente causando deforestación y degradación de ecosistemas, graves daños a la biodiversidad que incluyen la extinción de especies e importantes emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras agravantes del cambio climático. Estos impactos resultan más alarmantes si consideramos que las represas tienen una vida útil limitada, de 50 a 150 años. La CMR fue creada por el Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza en 1998, como respuesta a la creciente oposición mundial a las grandes represas. Su mandato fue revisar la eficacia de las grandes represas y desarrollar lineamientos para su planificación y desarrollo. La Comisión fue integrada por 12 representantes de un amplio espectro de intereses relacionados con represas, incluyendo gobiernos, ONG y operadores de represas, entre otros. El resultado fue el informe Represas y Desarrollo: El Reporte Final de la Comisión Mundial de Represas. Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones, publicado en 2000. En él se concluye que si bien las represas han hecho una contribución importante y significativa al desarrollo humano, otorgando considerables beneficios, el precio ha sido en demasiados casos inaceptable y a menudo innecesario, especialmente en términos sociales y ambientales. Además, la CMR demostró que en muchos casos las represas no logran los beneficios proyectados y que los mismos son en general exagerados. Para conocer más detalles sobre los costos socio-ambientales de las represas, consulta Grandes Represas en América, ¿Peor el Remedio que la Enfermedad?, informe publicado por AIDA en 2009. La represa Belo Monte, construida en el río Xingú en la Amazonía brasileña, es un ejemplo de cómo estas enormes obras de infraestructura pueden traer más problemas que beneficios. De concluirse, Belo Monte será la tercera hidroeléctrica más grande del mundo y ya está causando graves estragos en pueblos indígenas, comunidades ribereñas y en el ambiente. Las irregularidades en torno a la obra se han plasmado en más de 20 acciones judiciales en su contra. En AIDA trabajamos de cerca con las personas afectadas. Conoce más detalles de la obra y de nuestra labor. Lo impactante es que, al final del día, Belo Monte parece no ser tan buena idea. Además de los daños irreversibles y conflictos generados, estudios técnicos dan cuenta que la represa será ineficiente e insuficiente: producirá solo 40% de su capacidad instalada durante los 3 a 5 meses de la temporada seca, y para un óptimo funcionamiento requiere la construcción de represas adicionales río arriba, causando más daños a la selva y sus habitantes. Conclusión Si bien las grandes represas han tenido un importante papel en el desarrollo de los países, no son la panacea de energía limpia que se creía. El hecho de que sus impactos no sean abiertamente conocidos resulta un arma de doble filo, pues se han llegado a promover desmedidamente. También es importante cuestionar el paradigma que plantea el aumento constante del consumo como única vía hacia el crecimiento económico y la prosperidad. A la vez, es crucial promover la eficiencia energética como política pública fundamental en el desarrollo de los países. Las grandes represas solo deberían implementarse tras un análisis real de sus costos y beneficios, teniendo la plena seguridad de que no existen mejores alternativas. De llegarse a esa conclusión, su construcción debe hacerse con plena participación y consentimiento de las comunidades afectadas, y garantizado el cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos. Si los ríos del mundo son como las venas del cuerpo, no es mero romanticismo considerar que el flujo continuo del agua tiene una razón de ser. "Represar el río es como obstruir las venas de una persona. Afecta todo el cuerpo, y después viene la enfermedad. Es lo mismo con el río. El agua, las montañas, la tierra, los animales es la vida de la gente indígena. La vida de la gente está en el agua. Somos como nutrias" (Indígena Embera-Katio, Colombia)
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Incorporando las necesidades de la gente en la lucha contra el cambio climático
Cada día escuchamos una nueva historia sobre una comunidad afectada por los cambios extremos en el clima. Son relatos de fuertes sequías que dejan sin alimento al ganado y sin agua a los cultivos, de lluvias que causan serias inundaciones o de olas de calor intenso que provocan incendios forestales. Esta realidad local no puede quedar al margen de las decisiones que se están tomando a nivel internacional sobre el financiamiento de actividades de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Como organización de la sociedad civil, AIDA trabaja para que las preocupaciones de las comunidades más afectadas por esa problemática global sean tomadas en cuenta por gobiernos e instituciones financieras. “Tenemos la capacidad técnica para apoyar las decisiones que los gobiernos deben tomar con relación al cambio climático. Ellos pueden apoyarse en nosotros para dar soluciones efectivas a esa problemática con base en ese conocimiento, investigación, experiencia de trabajo a nivel local y relacionamiento con las comunidades. Las decisiones internacionales tienen incidencia directa en el plano nacional y local porque los proyectos a financiar serán implementados en los países. Malas decisiones se traducirán en malos proyectos”, explica Andrea Rodríguez, abogada de AIDA. Nuestra intención de velar por los intereses de las comunidades más vulnerables nos ha llevado a seguir muy de cerca el desarrollo del Fondo Verde del Clima (FVC), una nueva institución que se espera canalice la mayor cantidad de recursos económicos para que los países en desarrollo enfrenten con éxito el cambio climático. Dada la importancia de integrar la voz local a las discusiones internacionales, nos interesa mucho contribuir a que la participación de la sociedad civil sea cada vez más óptima. En ese sentido, asistimos a la reunión anual de los Climate Investment Funds (CIF), realizada el pasado mes en Montego Bay, Jamaica. Los CIF son fondos multilaterales de financiamiento climático que otorgan recursos a 48 países en desarrollo para que enfrenten los efectos del cambio climático y reduzcan sus emisiones contaminantes. Operan hace seis años y son uno de los mayores fondos internacionales de financiamiento para el clima. Por ello nos pareció útil aprender de su trabajo con miras a fortalecer la participación pública en el FVC, el cual está muy próximo a entrar en operación. En la reunión anual de los CIF, compartimos con los asistentes nuestra experiencia como observadores de la sociedad civil en el Fondo Verde. Aunque aún no podemos acceder a toda la información relativa al Fondo, hemos logrado ser escuchados en consultas con el Secretariado de la institución. “Es importante compartir experiencias de lo que sirve y lo que no, asegurar que la sociedad civil replique las buenas experiencias y corrija las que no han funcionado. La sociedad civil no va a criticar los procesos porque comparte con los otros actores el objetivo común de conseguir un cambio paradigmático ante los impactos del clima”, afirma Rodríguez.
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