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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Respirar aire limpio debería ser un derecho humano: Relator Especial de la ONU

Incluso en un día despejado, la contaminación del aire en Bogotá puede ser tan intensa que el cielo se ve envuelto en una pálida neblina que se cierne sobre la ciudad. En la capital de Colombia, como en muchas urbes del continente, el aire contaminado se ha convertido en parte de la vida diaria. Pero no debería ser así.  En un reciente informe, David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre el medio ambiente y los derechos humanos, dijo que respirar aire limpio debería ser considerado un derecho humano. Aunque la mayoría de los países ha reconocido el derecho a un ambiente sano, el derecho al aire limpio todavía no goza de un reconocimiento mundial.  La contaminación atmosférica es un asesino doble: no sólo es uno de los riesgos más grandes para la salud pública mundial, también agrava la crisis climática.  Por tanto, los Estados y las instituciones e instancias de derechos humanos debe incluir en la legislación las recomendaciones del Relator. Porque combatir la contaminación del aire es lo mejor que podemos hacer para mejorar la salud pública y, al mismo tiempo, salvar al planeta. Contaminación del aire: un asesino doble Más de 6.000 millones de personas alrededor del mundo, incluidos 2.000 millones de niños y niñas, respiran un aire nocivo para su salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La contaminación del aire, interior y exterior, contribuye cada año a cerca de 7 millones de muertes prematuras a nivel mundial. Más de 300 mil de ellas ocurren sólo en el continente americano.  En todo el mundo, cientos de millones de personas sufren afecciones causadas por la contaminación del aire, considerada uno de los cinco factores principales detrás de enfermedades no transmisibles como los derrames cerebrales, cardiopatías, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y el cáncer. Las partículas finas —como las del hollín, el carbono negro, los sulfatos, los nitratos y metales pesados— aumentan significativamente el riesgo de estos padecimientos.  Además, el aire contaminado afecta de forma particular a las poblaciones más vulnerables: niños, niñas y personas adultas mayores, quienes sufren daños diferenciados que incluyen enfermedades y problemas respiratorios crónicos. Los riesgos para la salud de las comunidades pobres y de bajos ingresos, que suelen estar ubicadas cerca de fuentes de contaminación —fábricas, centrales eléctricas y carreteras altamente transitadas, entre otras— son también excesivos. Pero la contaminación del aire es más que sólo una preocupación de salud pública porque también acelera la crisis climática.  La investigación da cuenta que el carbono negro —contaminante climático de vida corta generado por la quema de combustibles fósiles, biocombustibles y biomasa—puede acelerar el derretimiento de los glaciares, contribuyendo a la inseguridad hídrica y a desastres naturales. Y el metano, otro contaminante de ese tipo, puede retener hasta 30 veces más calor que el CO2, acelerando el calentamiento global.  Ambos lados del mismo problema implican un gran costo. El Banco Mundial estima que el costo global de la contaminación atmosférica pronto superará los 5 billones de dólares por año y señala que si los países no frenan el problema, la mortalidad que éste causa a nivel mundial podría aumentar entre 50 y 100 por ciento para 2050. Los beneficios económicos de frenar el cambio climático superan por mucho los costos astronómicos causados por inundaciones, tormentas y sequías más extremas, que podrían causar pérdidas por cientos de miles de millones de dólares para fines de siglo, según un informe de la Cuarta Evaluación Nacional del Clima de Estados Unidos.  Respetando los derechos humanos Si bien reducir la contaminación del aire es una medida económica sensata, también es una cuestión de respeto de los derechos humanos. Además de violar el derecho a un ambiente sano y limpio, la mala calidad del aire puede afectar nuestros derechos a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, a la vivienda y a un nivel de vida adecuado, así como los derechos de la niñez. Así lo afirma el Relator Especial de la ONU en su informe.  Según el documento, los Estados deben elaborar de inmediato planes de acción para:   Monitorear la calidad del aire y sus impactos en la salud humana; Evaluar fuentes de contaminación atmosférica;  Hacer pública la información relacionada y emitir avisos de salud pública; Desarrollar normas, regulaciones, estándares y políticas sobre calidad del aire; Implementar los planes de acción mencionados y hacer cumplir los estándares; y Fortalecer el plan y evaluar su progreso, garantizado que los estándares se cumplan. Con estas recomendaciones, el Relator exhorta a los Estados a monitorear la calidad del aire, generar conciencia entre las personas sobre la contaminación atmosférica y hacer accesible la información al respecto. Les insta además a establecer estándares sólidos y exigibles para hacer responsables a quienes causan la contaminación. Sin estos estándares, lograr una mejor calidad del aire sería imposible.  Asimismo, los Estados deben aplicar el principio de precaución y márgenes de seguridad adecuados para proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad.  Algunas ciudades de América Latina ya están comenzando a tomar en serio el problema de la contaminación del aire. En Curitiba, Brasil, se desarrolló un sistema amplio de buses rápidos y se lanzó en 2013 un plan ambicioso para construir 300 kilómetros de nuevas ciclovías. Ahora la esperanza de vida en esa ciudad es dos años más larga que el promedio nacional y, según la OMS, Curitiba tiene una mortalidad infantil relativamente baja.  En 2014, el gobierno chileno implementó un impuesto progresivo a la contaminación atmosférica, cobrando tasas tributarias más altas a las industrias en zonas densamente pobladas para que los responsables de la contaminación rindan cuentas por los excesivos daños causados en poblaciones urbanas.  Aunque estos ejemplos muestran que es posible generar un cambio, la contaminación del aire no será resuelta de un día al otro. Y los Estados deben comenzar a establecer regulaciones ambiciosas para frenar la contaminación atmosférica. De no hacerlo, el mundo caminará tosiendo durante el siglo 21 y los impactos de la crisis climática no harán más que empeorar.

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Ruta urgente para mejorar la calidad del aire en Ciudad de México

La reciente contingencia ambiental extraordinaria por la mala calidad del aire que se presentó en Ciudad de México y en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), afectó la salud y los derechos humanos de la población, así como la economía y las actividades en la zona, evidenciando la urgencia de responder a las necesidades de la población para garantizar una buena salud y calidad de vida. Por ello, las organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad de Aire (OCCA) y otras aliadas, exigimos a los gobiernos de las entidades federativas que participan en la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y a las autoridades federales, la implementación de las medidas descritas en este comunicado. De acuerdo con anuncios oficiales recientes, la mala calidad del aire que respiran actualmentelas y los habitantes de la ZMVM se debe a incendios en la región, altas temperaturas, falta de viento y lluvias. Ante dichas declaraciones, el OCCA y organizaciones aliadas destacan que el grave problema de los incendios no es un hecho excepcional, sino un fenómeno que irá al alza ante escenarios cada vez más frecuentes y extremos de variabilidad meteorológica derivados del cambio climático. Igualmente, cabe destacar que el problema de calidad del aire y el cambio climático están estrechamente vinculados a formas urbanas desconectadas y dispersas, que en México se relacionan con las políticas de vivienda promovidas desde la federación por una gestión inadecuada de los usos de suelo e inversiones en infraestructura vial orientadas a servir principalmente al automóvil particular. Abordar el problema de calidad del aire de manera aislada no dará soluciones eficaces o de fondo. Por ello, el OCCA y organizaciones aliadas exhortan a las autoridades federales y locales a tomar medidas congruentes con financiamiento suficiente, bajo una perspectiva de derechos humanos, transparente y participativa, que contribuyan a reducir la contaminación en el mediano y largo plazo. Las estrategias que el Observatorio y organizaciones aliadas proponen seguir son las siguientes: Actualizar las estrategias de gestión de la demanda del tránsito vehicular; Incorporar una perspectiva de accesibilidad urbana en políticas y proyectos, impulsando la articulación de la planeación del transporte y de los usos del suelo; Triplicar la inversión en movilidad sustentable; Proporcionar información con perspectiva de salud ambiental a través de mecanismos participativos y transparentes; Controlar las emisiones de fuentes naturales; y Reforzar el marco jurídico e institucional. Reiteramos nuestra disposición para participar en un diálogo abierto y transparente con la CAMe y las autoridades federales y locales, con el fin de avanzar en la implementación de lasacciones propuestas. Lee el comunicado completo aquí

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Derechos Humanos

Organizaciones internacionales condenan asesinato de familiar de dirigente de Ríos Vivos de Colombia

El movimiento Ríos Vivos, que agrupa a las personas afectadas por la represa Hidroituango, denunció el asesinato de la señora Diana Gutiérrez, en el municipio de Tarazá, Antioquia. Pedimos a las autoridades investigar prontamente los hechos y sancionar a los responsables. El pasado jueves 6 de mayo, fue asesinada en el municipio de Tarazá, Antioquia, la señora Diana Gutiérrez, prima hermana de William Gutiérrez, dirigente de Ríos Vivos y presidente de la Asociación de Pescadores y Barequeros de Puerto Valdivia.  De acuerdo con reportes de medios de comunicación, personas armadas arrojaron una granada en un establecimiento comercial y abrieron fuego, asesinando a dos personas e hiriendo a otras siete. Los miembros del movimiento han sufrido también múltiples amenazas, intimidaciones y violaciones a derechos humanos por su defensa del territorio y del río Cauca, en particular frente al proyecto Hidroituango.  De otro lado, las comunidades de varios municipios asentados aguas abajo del río Cauca, represado para implementar la hidroeléctrica, viven con miedo e incertidumbre ante una posible catástrofe. La amenaza es inminente debido a la prolongada y grave crisis por la que atraviesa desde hace meses ese proyecto.  Asimismo, las comunidades que perdieron sus medios de vida y de subsistencia con el represamiento súbito del río se encuentran en absoluto abandono estatal, sin alimentos y con riesgo permanente por decenas de derrumbes en la zona del embalse.  La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y el International Accountability Project (IAP) expresamos nuestro apoyo a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en Colombia, agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos. Exigimos al Estado colombiano investigar cuanto antes el atentado en el que resultó muerta la señora Gutiérrez, establecer la identidad de los responsables y sancionarlos de manera oportuna y ejemplar. Condenamos categóricamente este ataque y demandamos garantías para las personas defensoras del ambiente en el país, en particular para los integrantes de Ríos Vivos.   

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